Adriana Avilés Salgado

Expediente 385/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
385/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
21/06/2022

Partes del expediente

  • Adriana Avilés Salgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintiséis de mayo del año en curso por el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto causa estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiéranse a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el Subdirector de Asuntos Constitucionales y Amparos de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador, en representación del Gobernador del Estado de Michoacán, toda vez que en auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito del autorizado Luis Magaña Magaña, mediante el cual informa que la menor quejosa Regina Díaz Avilés, el veintisiete de abril y dieciocho de mayo ambos del dos mil veintidós le fueron aplicadas la primera y segunda dosis de la vacuna contra el virus COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, anexando el comprobante de vacunación respectivo. Asimismo, se tiene por recibido el escrito del apoderado de la Secretaría de Salud de Michoacán, Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán, mediante el cual, en cumplimiento realizado en autos, informa que la menor quejosa Regina Díaz Avilés, si se presentó el día veintisiete de abril y dieciocho de mayo ambos del dos mil veintidós para la aplicación de la primera y segunda dosis, respectivamente, de la vacuna contra el virus COVID-19, de la farmacéutica Pfizer, anexando copia donde se advierte el consentimiento de la madre para dicha aplicación. Ahora bien, del estado de autos que guarda el presente asunto, se aprecia que el ocho de abril del año en curso Adriana Avilés Salgado en representación de su menor hija Regina Díaz Avilés, compareció a esta instancia constitucional a reclamar del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de otras autoridades, lo siguiente: La omisión de aplicar a la menor Regina Díaz Avilés la vacuna contra la nueva variante del virus SARS-CoV-2. Ahora bien, se advierte que en esta fecha se recibió el escrito de la parte quejosa por el cual informa que el veintisiete de abril y dieciocho de mayo ambos del dos mil veintidós le fueron aplicadas a la menor Regina Díaz Avilés la primera y segunda dosis de la vacuna contra el virus COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, anexando el comprobante de vacunación respectivo. Lo expuesto se corrobora con las manifestaciones y constancias que se sirvió allegar la promovente del amparo, a las cuales de conformidad con los artículos 129, 130, 197, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles se les concede valor probatorio pleno, por constituir documentos públicos. Establecido lo anterior, en la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior revela que, al momento de promover la demanda de amparo, existía el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de aplicar a la menor Regina Díaz Avilés la vacuna contra la nueva variante del virus SARS-CoV-2; sin embargo, durante la substanciación del presente juicio, cesaron los efectos de dicho acto al haber completado su esquema de vacunación, con lo cual se restituyó a la menor quejosa en el pleno goce de sus derechos, como si le hubiera concedido la protección constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos la omisión reclamada a la autoridad responsable. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en el mes de febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues es claro que el acto reclamado dejó de existir, por tanto, estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Atento lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con veinte minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos que guarda el presente asunto, se advierte que por acuerdo de veinte de abril del año en curso el apoderado de la Secretaría de Salud de Michoacán, Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán, informó que a las diez horas del veintisiete de abril de dos mil veintidós la menor quejosa acompañada de sus familiares podría acudir a las instalaciones de la jurisdicción sanitaria número uno, ubicada en Calle Plan de Ayutla número 78, colonia Chapultepec Sur de esta ciudad, para el efecto de que le fuera aplicada la primera dosis de vacuna contra el virus COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, previamente la autorización signada por alguno de sus progenitores. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; requiérase a la parte promovente del amparo para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto la notificación que se realice del presente auto se sirva informar lo siguiente: Sí la menor quejosa acudió a la cita programada para recibir el biológico de que se trata; e, Informe la fecha aproximada que le corresponde a la menor para la segunda aplicación de la vacuna referida en virtud de lo informado por las autoridades en materia de salud. De igual forma, requiérase a la responsable para el efecto de que dentro del plazo de tres días computado legalmente, se sirva informar las fechas en que la quejosa recibirá su esquema de vacunación contra Covid-19. Asimismo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; requiérase a la parte promovente del amparo para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto la notificación que se realice del presente auto se sirva informar si la menor ********************le fue aplicada la primera dosis de la vacuna contra el virus COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, anexando el comprobante de vacunación respectivo. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondrá multa individual por $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional), equivalente a cien unidades de medidas de actualización, de conformidad con el artículo 158, en relación con los diversos 237, fracción I y 259 del ordenamiento legal en cita. Comuníquesele a la autoridad responsable, que podrá remitir lo solicitado, por vía postal al domicilio de este juzgado el cual es calle Lacas de Uruapan, número 31, colonia Vasco de Quiroga, Morelia, Michoacán; por vía fax al número 01 44 33 21 54 41 o al correo electrónico 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx Asimismo, téngase por recibida la guía de Servicio Postal Mexicano que contiene el oficio 7269 dirigido al Titular de la Comisión Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la secretaria de Salud, con sede en la Ciudad de México, con la leyenda "destinatario desconocido". En tal virtud, envíese de nueva cuenta el citado oficio con el domicilio correcto a la autoridad responsable. En consecuencia, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós para su verificativo. Notifíquese por lista, mediante oficio a la autoridad responsable y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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