Adrián Torres Perea y Otros.

Expediente 719/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
719/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
03/01/2022

Partes del expediente

  • Adrián Torres Perea y Otros.
  • Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en funciones de Juez de Control
  • Adrián Torres Perea

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de enero de dos mil veintidós. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión provisional y definitiva, el incidente de suspensión original es depurable, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con la fracción I, inciso a), del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de diciembre de dos mil veintiuno. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 719*2021-I, promovido por *****. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el once de octubre de dos mil veintiuno, turnado a este Juzgado el mismo día, ****, promovieron demanda de amparo contra las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo. Segundo. Tramitación de la demanda. Mediante auto de once de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de referencia, la que se registró bajo el expediente 719*2021*IV, se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se emplazó a los terceros interesados y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró conforme al acta que antecede, quedando el asunto en estado de dictar sentencia, que es lo que ahora se hace. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, el Acuerdo General 03*2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado se verificó dentro del territorio en que este juzgado ejerce jurisdicción y en el mismo puede ocurrir su ejecución. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se precisa que los quejosos reclamaron los siguientes actos, de las autoridades que a continuación se señalan: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- En su calidad de Autoridad Ordenadora, el C. Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial Bravos, en funciones de Juez de Control. B).- El Coordinador o comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones adscrito a Ordenes de Aprehensión. C).- El Coordinador o Comandante de la policía ministerial y*o Agencia Estatal de Investigaciones adscrito a la Dirección de Control Interno, Zona Norte. IV. ACTOS RECLAMADOS: A).- De las Autoridades Ordenadoras reclamo la orden de APREHENSIÓN, emitida a las autoridades señaladas como ejecutoras para que los suscritos seamos privados de la libertad, propiedades o posesiones; y/o para que los suscritos sean presentados en calidad de imputados y/o en calidad de indiciados, sin que medie un procedimiento penal seguido con las formalidades esenciales de todo proceso, y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, a través de un mandamiento escrito de la Autoridad competente que funde y motive la causa legal de dicho procedimiento. B*.- De las Autoridades Ejecutoras, se reclama la ejecución de actos en contra de los Quejosos de cualquier índole, sea en la etapa de investigación des formalizada y*o complementaria, misma que pretenden ejecutar en contra de nuestra libertad, propiedad o posesiones sin que se haya seguido juicio o procedimiento previo, en donde se me haya oído y vencido previamente. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. El Jefe de Grupo de la Unidad de Inspección Interna, Zona Norte de la Fiscalía en Control, Análisis y Evaluación, negó el acto consistente en la ejecución de actos de molestia y*o privativo o restrictivo de su libertad, ni como autoridad ordenadora, ni como autoridad ejecutora, a fin de ejecutar una orden de aprehensión; sin que los quejosos, hubieren controvertido dicha negativa. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto al acto reclamado a la autoridad apuntada en las líneas previas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: *** IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y ***. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. La Juez de Tribunal de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado, pues el veintiocho de agosto de dos mil veintiuno, dictó orden de aprehensión en contra de los aquí quejosos *****, dentro de la causa penal 5520*2021, por los delitos de robo agravado, descrito y sancionado, por el artículo 208 fracción I, en relación con el numeral 211 fracciones VI y XI, y 212 del Código Penal del Estado, abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 256, fracción I, del mismo ordenamiento legal, y extorsión previsto en el numeral 204 Bis, fracciones I, III, IV y VII inciso b*,del Código Penal del Estado, en la forma de comisión prevista en el artículo 18, fracción I y 21 fracción III, todos del Código Penal del Estado. Asimismo, la Juez responsable remitió copia certificada de la solicitud del agente del Ministerio Público y de la orden de aprehensión reclamada, constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues se remitió copia certificada de la misma, expedida por un Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en Funciones de Juez de Control, del Distrito Judicial Bravos, quien conforme al artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, cuenta con fe pública, funcionario que estampó su firma en la leyenda correspondiente, así como el sello oficial de dicho órgano jurisdiccional. Por su parte, el Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, en su informe justificado, manifestó que es cierto el acto atribuido por el quejoso *****, y negó respecto a los diversos quejosos **** y ****; sin embargo, tales negativas se desvirtúan, pues la existencia de la orden de aprehensión reclamada quedó fehacientemente demostrada, de manera que, su ejecución es inminente. Quinto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, en el caso, no se advierte la actualización de causales de improcedencia, ni las partes hacen valer ninguna. Sexto. Conceptos de Violación. Los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, se tienen por reproducidos en este apartado, por ser innecesaria su trascripción, puesto que la Ley de Amparo no establece en precepto alguno tal obligación y con esa omisión no se priva a los quejosos de derecho alguno, máxime que, por la naturaleza del acto reclamado, como se indicará, opera la suplencia de la queja. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a.*J. 58*2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, en la pág. 830; de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Séptimo. Estudio de fondo. Como se indicó en el considerando segundo, los quejosos ****, reclamaron del Juez de Tribunal de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, la orden de aprehensión dictada en su contra, en la causa penal 5520*2021, por los delitos de robo agravado, descrito y sancionado, por el artículo 208 fracción I, en relación con el numeral 211 fracciones VI y XI, y 212 del Código Penal del Estado, abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 256, fracción I, del mismo ordenamiento legal, y extorsión previsto en el numeral 204 Bis, fracciones I, III, IV y VII inciso b), del Código Penal del Estado, en la forma de comisión prevista en el artículo 18, fracción I y 21 fracción III, todos del Código Penal del Estado. En relación al dictado de una orden de aprehensión, el artículo 16 Constitucional, en sus párrafos primero y tercero dispone lo siguiente: Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De lo anterior se desprende que los requisitos para la emisión de una orden de aprehensión, son los siguientes: a) Que sea dictada por autoridad judicial; b) Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c) Que existan datos que acrediten que se cometió ese hecho considerado por la ley como delito y que esos datos demuestren que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; y, d) Que exista mandamiento escrito debidamente fundado y motivado. Este último punto se refiere a que todo acto de molestia, como lo es la orden de aprehensión, debe estar fundado y motivado, esto es, que la autoridad que lo emita, debe expresar detalladamente los motivos que produjeron la emisión del mismo y el fundamento legal en que apoye su determinación. En apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que informa, se cita la tesis XIX.2º.J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 666, del Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: ORDEN DE APREHENSION. FALTA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De conformidad con lo establecido por el artículo 16 constitucional, toda orden de aprehensión debe contener como requisitos esenciales los siguientes: a).- que sea dictada por autoridad judicial; b).- que preceda a ésta, una denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c).- que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado. Además, como requisito de todo acto de autoridad, la orden de aprehensión debe estar debidamente fundada y motivada, debiéndose entender por motivación que en el acto de autoridad han de señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas en forma pormenorizada, que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo; siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. De ahí que no basta con que el Juez de la causa haga una relación de las pruebas existentes en la averiguación previa y concluya que se encuentran probados los elementos del tipo penal respectivo, así como la probable responsabilidad penal del indiciado. Aunado lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente los requisitos de forma y fondo establecidos por el artículo 16 Constitucional, párrafos primero y tercero, ya señalados, sino que debe atenderse a lo previsto en los demás artículos que tutelan los derechos de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz los derechos fundamentales del indiciado, tutelados en la Constitución Federal. Lo anterior, dado que podrían actualizarse las hipótesis siguientes: 1) Que en la orden de aprehensión se aplique una ley retroactivamente en perjuicio de la parte quejosa. 2) Que la orden haya sido librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 3) Que las autoridades jurisdiccionales, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense. Las anteriores consideraciones se encuentran determinadas en la jurisprudencia por contradicción de tesis 31/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999, página 285, materia Penal, Novena Época, con registro digital 193892, del rubro y texto siguientes: ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre las cuales descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. Indicado lo anterior, es menester contestar, en ese momento, el primer concepto de violación que hacen valer los quejosos, consistente en que, no se les respetó su garantía de audiencia, prevista en el artículo 14 Constitucional; concepto de violación que resulta infundado, pues como se determinó, la orden de aprehensión es un acto de molestia, que no precisa respetar dicha garantía, sino estar debidamente fundado y motivado en términos del citado artículo 16 Constitucional. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Julio de 1996, página 5, materia Común, Novena Época, con registro digital 200080, del rubro y texto siguientes: ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. Ahora bien, ya que el resto de la argumentación de los quejosos se refiere a que no está demostrado que se haya cometido un hecho considerado por la ley como delito, ni la probabilidad de que ellos lo hayan cometido o participado en su comisión, tales conceptos de violación se entienden estudiados y contestados al momento de realizar el estudio oficioso de la orden de aprehensión reclamada, cuya suplencia de la queja opera de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Pues bien, en el caso, se tiene que el Juez responsable dictó orden de aprehensión en contra los quejosos ****, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de robo agravado, descrito y sancionado, por el artículo 208 fracción I, en relación con el numeral 211 fracciones VI y XI, y 212 del Código Penal del Estado, abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 256, fracción I, del mismo ordenamiento legal, y extorsión previsto en el numeral 204 Bis, fracciones I, III, IV y VII inciso b), del Código Penal del Estado, en la forma de comisión prevista en el artículo 18, fracción I y 21 fracción III, todos del Código Penal del Estado. Lo anterior, con la competencia legal para ello, pues se trata de hechos ocurridos dentro de su jurisdicción territorial y que constituyen delitos del orden común, sin que se tenga noticia, hasta el momento, de que los quejosos pertenezcan a una entidad estatal que amerite someterlos a un fuero especial. Al respecto, se tiene que, en efecto, dicha orden de captura fue emitida por una autoridad judicial competente; asimismo, se tiene que a su emisión precedieron las denuncias de ****, ante el agente del Ministerio Público, de catorce de enero de dos mil veinte, quince de enero de dos mil veinte y veintidós de enero de dos mil veinte, respectivamente. Con lo anterior, se cumplen los requisitos constitucionales señalados en los incisos a), b) y c), arriba descritos. Indicado lo anterior, corresponde analizar si la orden de captura reclamada, cumple con el resto de los requisitos constitucionales señalados, es decir: que del material probatorio existente en la carpeta de investigación, se desprendan datos que acrediten que se cometió un hecho considerado por la ley como delito y que esos datos hagan probable la participación de los indicados en su comisión o que hayan participado en su comisión (inciso c); que la orden de aprehensión reclamada, se encuentre debidamente fundada y motivada (inciso d); que en la orden de aprehensión se aplique una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso (inciso 1); y, que la orden haya sido librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho *nciso 2*. Antes de iniciar el análisis de lo anterior, es necesario precisar, respecto a la demostración de la existencia de un hecho considerado como delito por la ley, que basta con que el juez encuadre la conducta en la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, esto con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo *objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa y posterior del proceso penal. Lo anterior implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito, para el dictado de una orden de aprehensión, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto, por identidad de razones, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 35*2017 10ª*, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Pues bien, para comenzar el estudio de la orden de aprehensión, propiamente, se relacionan los datos de prueba que tomó en cuenta la Juez responsable, derivadas de la carpeta de investigación relativa, los cuales hizo de su conocimiento el agente del Ministerio Público solicitante, en cumplimiento al artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales: 1.- Denuncia interpuesta el catorce de enero de dos mil veinte, por ****, ante la Representación Social. 2.- Comparecencia de quince de enero de dos mil veinte, ante el agente del Ministerio Público por ****. 3.- Pericial en psicología, realizado el veintinueve de enero de dos mil veinte, a la víctima **** por la perito ****, adscrita a Servicios Periciales y Ciencias Forenses Zona Norte. 4.- Denuncia interpuesta el quince de enero de dos mil veinte, por ****, ante el órgano investigador. 5.- Acta de nacimiento de la víctima menor de edad de iniciales ****., de la que se desprende que su fecha de nacimiento es el quince de junio de dos mil cinco. 6.- Pericial en psicología, realizado el quince de enero de dos mil veinte, a la víctima menor de edad de iniciales ****., por el perito ****, adscrito a Servicios Periciales y Ciencias Forenses Zona Norte. 7.- Denuncia interpuesta el veintidós de enero de dos mil veinte, por ****, ante el órgano investigador. 8.- Pericial en psicología, realizada el veintitrés de enero de dos mil veinte, a la víctima ****, por el perito ****, adscrito a Servicios Periciales y Ciencias Forenses Zona Norte. 9.- Oficio número FGE-14S.3/1/605/2020 de fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, signado por la licenciada ********, Coordinadora General de agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte. 10.- Parte informativo de veinticinco de febrero de dos mil veinte, bajo el número de informe 37/2020 elaborado por el oficial de la Agencia Estatal de Investigación, adscrita a la Dirección de Inspección Interna Zona Norte licenciada ****. 11.- Parte informativo de fecha trece de junio de dos mil veinte con número de oficio FGE-7C.6*2*146*2020 elaborado por la Oficial de la Agencia Estatal de Investigación adscrita a la Dirección de Inspección Interna, Zona Norte licenciada ****. 12.- Oficio número FGE-10C.3.7.3*107*2020 expedido el veintitrés de enero de dos mil veinte, signado por el licenciado ****, encargado de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad Zona Norte. 13.- Oficio número SSPE*CES-10C.3.7.3*760*2020 de veinticuatro de junio del dos mil veinte, signado por la licenciada ****, encargada de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad Zona Norte. 14.- Comparecencia del testigo **** de veinticuatro de junio del dos mil veintiuno, ante el agente del Ministerio Público. 15.- Oficio número DII.589*2021 de fecha veintinueve de junio del año en curso, signado por el licenciado ****. 16.- Oficio número DII-206*2021 de fecha primero de julio de dos mil veintiuno, signado por el licenciado ****, adscrito a la Dirección de Inspección Interna Zona Norte. Ahora bien, en términos del artículo 141, primer párrafo, fracción III y segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público presentó a la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, en turno, solicitud para girar orden de aprehensión y en vista de los datos de prueba que se desprenden de las diligencias arriba descritas, expuso lo siguiente: *** En consecuencia, en función de los datos expuestos, reseñados y valorados a la luz de los artículos 261, 263 y 265 del Código Nacional de Procedimiento Penales, nos permiten concluir que quedaron demostrados los hechos que la ley señalan como delito de EXTORSIÓN CON PENALIDAD AGRAVADA tipificado en el artículo 204 Bis, fracciones I, III y VII inciso c*, del Código Penal, en perjuicio de **** y ****, pues se tiene por cierto *aún en grado de probabilidad*, que el trece de enero de dos mil veinte, varios sujetos pertenecientes a una institución policial, le pidieron a la víctima **** la cantidad de $**** pesos, a cambio de su libertad, ya que de lo contrario lo dejarían detenido ya que le sembrarían armas y droga, lo anterior en las instalaciones de la comisión Estatal de Seguridad, en esta ciudad, ejecutando una intimidación y/o violencia moral, sobre la víctima debido al temor de ver amenazada su libertad, a quien uno de los sujetos le pasa un teléfono celular para que le solicite a su esposa **** la cantidad referida, y diversos sujeto (sic) activo le solicita a esta lleve el dinero a las instalaciones de la Comisión antes referida, ubicada en Eje Vial Juan Gabriel y **** Avenida Sanders, en esta ciudad. lugar al que ese mismo acudió la pasivo, aproximadamente a las 18:40 horas e hizo entrega de la cantidad aludida, a cambio de la libertad de su esposo **** y de que no le fabricaran delitos. SÉPTIMO.-Ahora bien, respecto a la probabilidad de que los indiciados ***** participaron en los hechos constitutivos de los ilícitos de ROBO AGRAVADO, acaecido en perjuicio de José Antonio Quintana Sánchez y el menor de iniciales *****.; así como ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio del menor de iniciales ****., y EXTORSION que se dio cometido en perjuicio de **** y *****, la misma a criterio de ésta Resolutora se encuentra acreditada con los antecedentes de investigación ya invocados y valorados de conformidad a los razonamientos señalados en el considerando que antecede, de los que destaca: La imputación directa que a los indiciados les hace la víctima *****., al señar(sic) que los activos, se apoderaron de la cantidad de $*****. 0 pesos moneda nacional en efectivo que traía en la bolsa delantera de su pantalón, así como también se llevaron un celular de la marca Motorola, de color negro, modelo Z3, propiedad de su menor hijo de iniciales ****; dicho que se ve robustecido con la denuncia del menor de edad *****., rendida ante la Representación Social. Aunado, a las declaraciones de ***** esposa de ******, y los amigos de éste de nombres *****, así como *****. trabajadora del *****, quienes fueron coincidentes en decir que dicho dinero si lo traía consigo Quintana Sánchez, ya que en el mes de diciembre de 2019, lo ganó en un torneo de gallos, además de que la esposa de la víctima, *****. sabe que dicho dinero lo tenía en su casa. Además, el menor de iniciales *****.., señalo que un agente fue quien le dijo "de que se ríen pendejos, vengo a dar risa o que", para posteriormente a ello, lanzarle un golpe en la espalda, lastimándose en la mano derecha así como un raspón en la nariz ya que se golpeó en un escalón, además de que al menos cuatro agentes fueron los que le quitaron su teléfono celular. Así mismo, con el dictamen en psicología del menor de edad de iniciales *****.., elaborado por el psicología *****, en el cual se acredita un daño o alteración emocional en razón de los hechos materia de estudio, y dicho perito arribó a la conclusión de que, se recomienda que "el menor reciba atención psicoterapéutica de diez sesiones, esto como seguimiento a su estado emocional y a fin de atender de manera oportuna las posibles afectaciones que pudieran ir surgiendo así como para subsanar y reencuadrar la experiencia traumática referida, así mismo se recomienda medida de protección al denunciante. Lo anterior se vio robustecida con el oficio CES-10C.3.7.3*407*2020, en el que se informa respecto a las unidades 009, 046, 180 y 394 así como roles de servicio de fecha 30 de enero de 2020 y fichas laborales de los CC. *****., ***** y ***** , las cuales acreditan la calidad de servidores públicos, debido a que los activos se encuentran adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad, y que estaban en ejercicio de sus funciones en la fecha de los hechos. Aunado al dicho del testigo ***** quien refirió quienes fueron los elementos que acudieron al lugar de los hechos, e incluso mencionó que unidades tripulaban, manifestando que también acudió una fémina de nombre ***** (dato que se corrobora con el dicho del menor víctima, quien ante el psicólogo que lo valoró manifestó que una mujer esculcaba su casa), así también se corroboró con la puesta a disposición realizada a la víctima *****, ante el agente del Ministerio Público, en la cual aparecen tres de los elementos, ***. Sobre todo, con el dicho de los testigos y víctimas presenciales, los cuales refirieron que fue un grupo de entre ocho y quince personas los que arribaron al domicilio en el cual sucedieron los hechos y que estos trasladaron a ***. Visto lo anterior, se tiene por acreditada-obviamente de manera probable- la intervención de los indiciados *** , en los hechos constitutivos de los delitos de ROBO AGRAVADO, descrito y sancionado, sin prejuzgar, por el artículo 208 fracción I, en relación con el numeral 211, fracciones VI y XI y 212 fracción I, del Código Penal del Estado, acaecido en perjuicio de *** y el menor de iniciales ***; así como el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 256 fracción I, del mismo ordenamiento legal, en perjuicio del menor de iniciales ***.; y EXTORSION previsto en el numeral 204 BIS, fracciones I, III, IV y VII inciso b*, del Código Penal del Estado, cometido en perjuicio de José Sánchez y Heidi Franciela Olavez Holguin. En la forma de comisión prevista en el artículo 18 fracción I y 21 fracción III -todos- del Código Penal del estado. (.) Esto es, a fin de dar cumplimiento al segundo párrafo del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público, especificó que los tipos penales de que se tratan, es: El de extorsión, previsto y sancionado, en su consideración, en el artículo 204 Bis, fracción I, III, IV y VII inciso B* del Código Penal Vigente para el Estado de Chihuahua; que su ejecución fue consumada e instantánea y que los indiciados actuaron como coautores materiales de los mismos; lo anterior, en términos de los artículos 17, fracción I, 18, fracción I y 21, fracción III, del Código Penal del Estado de Chihuahua. El de robo, artículo 208, fracción I, en correlación al 211 fracciones VI y XI, en relación al artículo 212 fracción I y II, ilícito de comisión instantánea, a título doloso con una participación de coautor de conformidad con lo que establece las fracciones I de los artículos 17, 18 y 21 fracción III, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. El de abuso de autoridad, artículo 256, fracción I, de comisión instantánea, a título doloso con una participación de coautor, de conformidad con lo que establece los artículos 17, fracción I, 18 fracciones I y 21 fracción III todos estos del Código Penal del Estado de Chihuahua. Pues bien, la Jueza responsable estimó que con los datos de prueba que se desprenden de las diligencias mencionadas, se demuestra la concreción de hechos considerados por la ley como delitos, esto es, robo agravado, descrito y sancionado, sin prejuzgar, por el artículo 208 fracción I, en relación con el numeral 211, fracciones VI y XI y 212 fracción I, del Código Penal del Estado; así como el delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 256 fracción I, del mismo ordenamiento legal; y extorsión previsto en el numeral 204 Bis, fracciones I, III, IV y VII inciso b), del Código Penal del Estado. En la forma de comisión prevista en el artículo 18 fracción I y 21 fracción III -todos- del Código Penal del Estado, dichos artículos establecen: Artículo 208. A quien con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena total o parcialmente, se le impondrá: I. Cuando el valor de lo robado no exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de treinta a cien veces el valor de dicha Unidad *** Artículo 211. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se aplicará prisión de uno a tres años, cuando el robo: *** Vl. Se cometa con la intervención de dos o más personas. Xl. Cuando se cometa por un servidor público que actúe en ejercicio y con motivo de sus funciones. *** Artículo 212. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se aplicarán de dos a diez años de prisión, cuando el robo: I. Se cometa en el interior de un lugar cerrado, habitado o destinado a habitación, o en sus dependencias, al que no se haya tenido libre acceso. Artículo 256. Se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y de cien a quinientos días multa a quien en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas: I. Ejerza violencia a una persona sin causa legítima, la vejare o la insultare. Artículo 204 Bis. A quien por cualquier conducto, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia moral o intimidación, a realizar, omitir o tolerara un acto, en su perjuicio o de algún tercero, se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y de cien a ochocientos días multa. Se impondrá prisión de treinta a setenta años, cuando en la comisión del delito se dé alguna de las siguientes modalidades: I. Se logre que la víctima o un tercero, entregue alguna cantidad de dinero o algún bien u objeto para evitar el daño con que se amenaza; III. Intervengan dos o más personas; VII. El sujeto activo del delito: b* Sea, o haya sido, o se ostente sin serlo, integrante de alguna institución policial o servidor público en alguna de las áreas de prevención o persecución del delito, administración de justicia o reinserción social. En caso de que hubiere sido servidor público, se le aplicará la inhabilitación por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, la cual comenzará a partir de que recobre su libertad. En caso de que el sujeto activo sea servidor público, se le impondrá, además, la destitución del cargo en cuanto esté firme la sentencia, o El subrayado es nuestro. Lo anterior, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 141, fracción III, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, tal como lo estimó, los hechos considerados como delitos, descritos en dichos preceptos, se configuran, en este momento procesal, con los datos de prueba que se desprenden de las denuncias de ***, el menor de edad de iniciales ****, en compañía de su madre ***, ante el agente del Ministerio Público, de catorce de enero de dos mil veinte, quince de enero de dos mil veinte y veintidós de enero de dos mil veinte, respectivamente. De la denuncia realizada por ***, se advierte que esencialmente manifestó que el motivo de su comparecencia era para denunciar que el día trece de enero de dos mil veinte, aproximadamente a las quince y dieciséis horas, se encontraba en su domicilio en compañía de su esposo ***, fueron a su otra casa por unos muebles para llevarlos a su casa, y cuando regresó su cuñado le dijo que se llevaron a su esposo en unas patrullas, y que el hijo de su esposo le manifestó que se habían metido varios agentes a la casa que los habían golpeado, que habían llevado a su papá y la camioneta de él, que llamó al 911 y le dieron un número de reporte, después de cierto tiempo, aproximadamente como las diecisiete horas con treinta minutos le hablaron por teléfono y que al contestar era su esposo y le dijo que necesitaba conseguir dinero cincuenta mil pesos, para que lo soltaran y ella le comentó que iba a tratar de conseguirlos porque el banco ya estaba cerrado a esa hora, después de haber recaudado la suma que le solicitaron, antes de llegar a Soriana recibió más llamadas de su esposo diciéndole que se apurara, dándole las instrucciones para entregar el dinero esto es que se fuera caminando hasta las instalaciones de la Estatal que esta enseguida de Soriana Sanders, y que cuando estuviera en camino les marcara a ese número de celular, después de haber entregado el dinero y esperar casi por más de dos horas, fue junto con otras personas a la Fiscalía a preguntar por su marido, para ver si ahí estaba detenido, donde le comunicaron que sí, que por los delitos contra la salud, al día siguiente que lo vio le preguntó qué había pasado que porque lo habían llevado detenido, si ella había entregado el dinero, y él le contesto que ellos le habían dicho que ella no les había dado nada que por eso lo consignaron, además de que le preguntó por el dinero que llevaba en su pantalón que eran como veinte mil pesos, mismo que había ganado en una pelea de gallos, y él le dijo que se lo habían quitado, es por eso que ella acudió a interponer la denuncia. Aunado a la denuncia interpuesta por el menor de edad de iniciales *****, en compañía de su madre ***, el quince de enero de dos mil veinte, a las doce horas con cinco minutos ante el agente del Ministerio Público, quien reseñó que el trece de enero de dos mil veinte, aproximadamente a las dieciséis horas se encontraba en casa de su papá, estando con su tío, ya que su papá había salido a comprar carne para hacer comida, que había pasado como cinco minutos, cuando escucho ruido en la parte de abajo, y entraron tres policías a su cuarto y le pidieron su teléfono celular, dando la descripción del mismo, así como de la persona que se lo quitó, le ordenaron que bajara a la sala con su tío, se sentó a un lado de él, que entro otra persona y les dijo que dónde estaban las armas, él y su tío se soltaron riendo, por lo que les dijeron que se hincaran y los empezaron a golpear a él y a su tío, golpeándose en un escalón, después bajaron los demás oficiales, que salieron corriendo y el subió a ver qué pasaba, y se dio cuenta de que la camioneta de su papá estaba ahí, que un policía se la llevó y en una de las unidades se llevaron a su papa *** detenido dando una descripción de lo que alcanzó a ver. Por último, el veintidós de enero de dos mil veinte, a las doce horas con ocho minutos, compareció ***, a denunciar que el trece de enero de dos mil veinte, aproximadamente a las quince horas, al salir de su casa y abordar su troca, observó que tres unidades de la Policía Estatal, dando el número de una de ellas que fue el que alcanzó a ver, ya que lo agarraron y lo bajaron de su camioneta quitándole el dinero que llevaba en su pantalón, mismo que ganó en una pelea de gallos, dando los datos del palenque en donde lo ganó. Asimismo, manifestó que al estar en las instalaciones de la Estatal lo tuvieron arriba de la unidad aproximadamente cuatro horas, que ahí lo hicieron que hablara con su esposa y diciéndole que le pidiera dinero para que lo dejaran ir o le iban a sembrar armas y drogas, y al comunicarse con su esposa le contestó que iba a ver dónde los conseguía, que después lo bajaron y lo metieron a unas oficinas donde había unas celdas y ahí lo dejaron un rato después fueron por él lo subieron a una de las unidades y lo hicieron hablarle otra vez a su esposa para darle instrucciones de cómo debía entregar el dinero, después de un rato le comentaron que su esposa no les entregó el dinero por lo que lo iban a llevar a la Fiscalía por las armas y drogas que le iban a sembrar, de todo lo anterior dio descripción de lo que vio, y esa es la razón por la que fue a presentar su denuncia. Denuncias que, como lo expresó la Jueza responsable, merecen credibilidad, pues la narración de hechos probablemente delictuosos, la realizaron ***, el menor de edad de iniciales ****., en compañía de su madre ***, dando cuenta de las circunstancias; además, efectivamente se concatena con los datos de prueba que se extraen de la comparecencia ante la Representación Social, de cada uno de ellos. Dichas declaraciones, la Jueza responsable, aunado a las declaraciones de los amigos de ***, mismas que coincidieron al decir que éste llevaba dinero ganado en una pelea de gallos, uno de ellos prestó dinero para recaudar lo que le fue solicitado a *** esposa de ***, así como el dicho del testigo ***, quien manifestó quienes eran los elementos que acudieron al lugar de los hechos, e incluso mencionó qué unidades tripulaban, lo que se corrobora con la consignación de la víctima ante Fiscalía, en la que aparecen tres de los oficiales, y los periciales psicológicas de las tres víctimas quienes dieron cuenta pormenorizada de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos. Asimismo, del menor de edad de iniciales ****., se acreditó un daño o alteración emocional en razón de los hechos materia de estudio, arribando a la conclusión de que el menor recibiera atención psicoterapéutica, como seguimiento a su estado emocional y con la finalidad de atender de manera oportuna las posibles afectaciones que pudieran ir surgiendo, así como subsanar el trauma. Ahora bien, como lo señaló la Jueza responsable, también se cuenta con el oficio CES-10C.3.7.3*407*2020, en el que se informa respecto a las unidades 009, 046, 180 y 394, así como roles de servicio de data treinta de enero de dos mil veinte y fichas laborales de los aquí quejosos, las que acreditan que son servidores públicos, debido a que se encuentran adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad, y que estaban en ejercicio de sus funciones en la fecha de los hechos. Las denuncias y comparecencias de las víctimas de las que se advierte que fueron esencialmente las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron; información a la cual, acertadamente, la Jueza responsable, otorgó credibilidad, pues fue recabada por un agente ministerial, precisamente con motivo y ejercicio de sus funciones. Conforme a los datos de prueba descritos acertadamente valorados en términos de los artículos 260, 261, 263 y 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tal como lo concluyó la Jueza responsable, es posible llegar al conocimiento, al menos en grado de probabilidad y en esta etapa procesal, de que el trece de enero de dos mil veinte, aproximadamente entre las quince y diecisiete horas , en el domicilio ubicado en Calle Congo, número siete mil setecientos veintiuno, de la colonia Campestre Virreyes, se ejecutaron los actos de robo agravado y abuso de autoridad, en perjuicio del menor de edad de iniciales ****. y su padre *** . Asimismo, se llevó a cabo el diverso delito de extorsión en perjuicio de ***, en las instalaciones de la comisión Estatal de Seguridad, ubicadas en Eje vial Juan Gabriel y Avenida Sanders, en esta ciudad. Así pues, como determinó la Jueza responsable, en el momento en que dictó la orden de aprehensión reclamada, existían datos de prueba suficientes para estimar que, como lo expuso el agente del Ministerio Público al solicitar dicha orden de captura, se llevaron a cabo los hechos considerados por la ley como delitos de robo agravado, descrito y sancionado, sin prejuzgar, por el artículo 208 fracción I, en relación con el numeral 211, fracciones VI y XI y 212 fracción I, del Código Penal del Estado; así como el delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 256 fracción I, del mismo ordenamiento legal; y extorsión previsto en el numeral 204 Bis, fracciones I, III, IV y VII inciso b*. del Código Penal del Estado. En la forma de comisión prevista en el artículo 18 fracción I y 21 fracción III -todos- del Código Penal del Estado. Finalmente, como lo concluyó la Jueza responsable, al encontrarse acreditada la probabilidad de que el indiciado cometió el delito, se actualiza el segundo de los requisitos de fondo exigidos por el artículo 16 Constitucional para librar una orden de aprehensión, en el caso, se satisface la exigencia prevista en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, la comparecencia de los imputados pudiera verse demorada o dificultada, en virtud de lo expuesto por la Representación Social en el escrito de su solicitud, existe peligro de sustracción de los imputados atendiendo a lo dispuesto por el artículo 168 del citado código, en cuanto al *máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate.*. En conclusión, al resultar del estudio oficioso de la orden de aprehensión reclamada dictada el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, por la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, que se dictó observando los requisitos del artículo 16 Constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues con los datos de prueba que se desprenden de las diligencias llevadas a cabo en la carpeta de investigación relativa, en este momento, se encuentra demostrado lo siguiente: a* la verificación de hechos que el Código Penal del Estado de Chihuahua, en sus artículos 208 fracción I, en relación con el numeral 211, fracciones VI y XI y 212 fracción I, artículo 256 fracción I, del mismo ordenamiento legal; y el numeral 204 Bis, fracciones I, III, IV y VII inciso b), los cuales señalan como delitos robo agravado, abuso de autoridad y extorsión. b* la probabilidad de que *** , hayan cometido dichos ilícitos, c*la necesidad de cautela, y d*que la orden de aprehensión reclamada está debidamente fundada y motivada. Por lo tanto, al encontrarse demostrado, al menos en grado de probabilidad la comisión de un hecho considerado por la ley como delito, de la misma manera, la probabilidad de que a los aquí quejosos lo cometieron dolosamente y como coautores del mismo, así como al estar fundada y motivada la orden de aprehensión reclamada conforme a lo expuesto al realizar su estudio oficioso, los conceptos de violación relativos que hicieron valer los quejosos, resultan infundados. Aunado a lo anterior, se advierte que la Jueza responsable respetó las formalidades previstas en los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la emisión de una orden de aprehensión, no aplicó retroactivamente la ley, pero aplicó la vigente aplicable y expedida con anterioridad. En consecuencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos ***** en relación con dicho acto reclamado; negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a las autoridades policiacas señaladas como responsables, pues no se les reclamó por vicios propios. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, en contra de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Informe Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado mediante auto de uno del mes y año en curso, informa que, por error, se asentó en el primer resolutivo de la orden de aprehensión de veintiocho de agosto de la presente anualidad, que el delito de abuso de autoridad que se sigue a los aquí quejosos en la causa penal *******, era en perjuicio de la víctima menor de edad de nombre cuyas iniciales son *******. En consecuencia, se tiene por inexistente, para los efectos del presente juicio de amparo, a la víctima menor de edad de nombre cuyas iniciales son *******. Por lo que háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de diciembre de dos mil veintiuno. Informe Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Inspección Interna Zona Norte, residente en estas ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado a través del proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, informa que en la carpeta de investigación con número único del caso *******, no existe la víctima menor de nombre cuyas iniciales son *******, por lo que se encuentra imposibilitada a efecto de remitir el domicilio de dicho menor. Requerimiento Juez responsable existencia víctima menor de nombre cuyas iniciales son ******* Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que, del informe justificado rendido por la Juez del Tribunal de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional mediante auto de nueve de noviembre de la presente anualidad, se desprende que mediante resolución de veintiocho de agosto del año en curso, libró orden de aprehensión en contra de *******, ******* y *******, entre otros delitos, por el de abuso de autoridad cometido en perjuicio de la víctima menor de nombre cuyas iniciales son *******. En consecuencia, requiérase a la Juez del Tribunal de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, a fin de que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, informe a esta juzgadora si, dentro de la causa penal *******, existe la víctima menor de nombre cuyas iniciales son *******, para lo cual, remítasele copia simple de la comunicación oficial que se atiende en el presente auto. Con el apercibimiento, que de no hacerlo o dejar de manifestar la imposibilidad que tenga para ello, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, previstas en el numeral 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional ($4,481.00). Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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