Adrián Ivan Rivera Portillo

Expediente 1029/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1029/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
08/05/2017

Partes del expediente

  • Adrián Ivan Rivera Portillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de diez de abril de dos mil diecisiete, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. En consecuencia, toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social Estatal Número Uno, en Aquiles Serdán, Chihuahua; con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, acorde a lo dispuesto por el artículo 2o. de dicha Ley, gírese atento exhorto vía electrónica, a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que notifique al referido quejoso el presente proveído, solicitando acuse de recibo correspondiente. Otorgándose plena jurisdicción al juez exhortado, a fin de dar cumplimiento a lo antes indicado, facultándolo para que ordene se practiquen todas las diligencias necesarias para ello, y acuerde todas las promociones tendientes a lograr el cumplimiento de la diligencia encomendada. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado a la parte quejosa por auto de veintitrés de marzo del año en curso, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el expediente de amparo indirecto *******, promovido por *******. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el seis de diciembre de dos mil dieciséis, turnado el día siguiente hábil a este juzgado, ******* demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, a quien le reclamó la orden de traslado y su respectiva ejecución. Trámite del juicio. Por auto de seis de diciembre dos mil dieciséis, se admitió la demanda de amparo e integrado que fue el juicio y celebrada la audiencia constitucional, el diez de enero del dos mil diecisiete, se dictó la sentencia, en la que se determinó lo siguiente: [.] se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que: 1. El Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales en el Estado deje insubsistente el oficio *******, de once de marzo de dos mil catorce, exclusivamente respecto del aquí quejoso. 2. Como consecuencia de lo anterior, al tratarse de una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, el solicitante del amparo deberá ser reingresado al Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, en el que se encontraba antes de la existencia de los actos reclamados. 3. Dicho traslado deberán efectuarlo bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo con las medidas de seguridad que estimen necesarias para lograr el cometido. [.] Proveído por el que causó ejecutoria la sentencia. En auto de primero de febrero del presente año, causó ejecutoria, dicha sentencia, por lo que, se requirió a las autoridades de referencia, entre otras, dieran cabal cumplimiento a los efectos precisados. Determinación emitida por la Autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria. Mediante oficio y anexo recibidos en este Juzgado el trece de febrero del año en curso, el Supervisor Estatal de la Unidad de Amparos, Traslados y Derechos Humanos de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua, informó que el quejoso *******, quedó internado el nueve de febrero de dos mil diecisiete, en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, residente en Chihuahua, y anexó copia certificada del oficio de ingreso. Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°. Vista a las partes. En proveído de catorce de febrero del año en curso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa personalmente, con la determinación dictada por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestará lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. El que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Del análisis comparativo entre los efectos para los que se concedió el amparo a ******* y lo resuelto por la autoridad responsable, se colige que la autoridad responsable ordenó el traslado del quejoso, quien fue ingresado al Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, en Chihuahua, el nueve de febrero de dos mil diecisiete, donde se encontraba internado antes de la ejecución de los actos reclamados. Conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgador advierte que al dictar el fallo la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión, que el quejoso al desahogar la vista que se le dio en auto catorce de febrero del año en curso, haya señalado que era su deseo ser trasladado al Centro de Reinserción Social Estatal Número Siete en Parral, Chihuahua; toda vez que, ese aspecto no fue materia de la litis constitucional, en medida de que el acto reclamado únicamente versó sobre el traslado que se ejecutó del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, residente en Aquiles Serdán, Chihuahua, al Centro de Reinserción Estatal Número Tres, en esta ciudad, por ende, en términos del articulo 77, fracción I, de la ley de Amparo, la restitución en el goce de los derechos transgredidos sólo consistía en retornarlo al lugar en que se encontraba recluido con antelación al Centro de Reinserción Estatal Número Tres, en esta ciudad; y no ha otro centro penitenciario; de ahí que sea infundado lo que adujó en ese aspecto y quedan a salvo sus derechos para que ante las autoridades que corresponda pueda realizar la solicitud de lo que pretende. En consecuencia, toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social Estatal Número Uno, en Aquiles Serdán, Chihuahua; con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, acorde a lo dispuesto por el artículo 2o. de dicha Ley, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, en Turno, con sede en la ciudad de Chihuahua, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que notifique al referido quejoso, el presente proveído y entregue copia simple del mismo; solicitando acuse de recibo correspondiente. Otorgándose plena jurisdicción al juez exhortado, a fin de dar cumplimiento a lo antes indicado, facultándolo para que ordene se practiquen todas las diligencias necesarias para ello, y acuerde todas las promociones tendientes a lograr el cumplimiento de la diligencia encomendada. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el telegrama de cuenta, remitido por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual acusa recibo del exhorto *******, del índice de este juzgado, ordenando su diligenciación, el cual ya obra diligenciado en el presente asunto; de lo cual toma conocimiento este órgano jurisdiccional. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto ******* ha quedado cumplida. Notifíquese, por exhorto al quejoso y por oficio a la autoridad responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; primero de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia en que se concedió el amparo solicitado por *******, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, en atención a que la ejecutoria de referencia, otorgó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que: [.] 1. El Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales en el Estado deje insubsistente el oficio *******, de once de marzo de dos mil catorce, exclusivamente respecto del aquí quejoso. 2. Como consecuencia de lo anterior, al tratarse de una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, el solicitante del amparo deberá ser reingresado al Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, en el que se encontraba antes de la existencia de los actos reclamados. 3. Dicho traslado deberán efectuarlo bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo con las medidas de seguridad que estimen necesarias para lograr el cometido. [.] Por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192, de la Ley de Amparo, requiérase al Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua, por sí y como superior jerárquico del Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, residente en Chihuahua y Director del Centro de Reinserción Estatal Número Tres, en esta ciudad; así como al Fiscal General del Estado, como superior de la primera autoridad; para que le ordene cumplir con la citada determinación, esto es, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que queden legalmente notificados de este proveído, informen a este Juzgado sobre el cumplimiento que den a la sentencia de amparo o, en su defecto, sobre las medidas que tomen tendentes a tal cumplimiento, lo que deberán acreditar con las constancias respectivas; lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 192, párrafo tercero, del ordenamiento antes invocado, esto es, se procederá conforme a lo dispuesto por el numeral 258 y 260, fracción I de la Ley de Amparo, esto es, se le impondrá como sanción el equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización previstas en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito. Apoya lo anterior, la tesis I.13o.T.3 K (10a.), aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, de Octubre de 2013, Tomo 3, materia común, página 1767, del siguiente tenor: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). La base toral de las facultades que la ley otorga a las autoridades para actuar con el propósito de lograr la finalidad que la misma les señala, implica la posibilidad de optar entre dos o más decisiones, y se encuentra subordinado a que se respeten los presupuestos procesales para hacer cumplir sus determinaciones. En este sentido, el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego. Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, define el vocablo "luego" como el adverbio de tiempo que tiene por significado "prontamente, sin dilación"; a partir de lo anterior, el propio instrumento en consulta define la locución adverbial "desde luego" como aquello que debe ocurrir "inmediatamente, sin tardanza". De esta manera, el presupuesto procesal que estableció el legislador para la imposición de esa multa, consiste en que ésta se determine "desde luego", esto es, inmediatamente, sin tardanza; por tanto, al requerir el cumplimiento de la sentencia en que se concedió el amparo, el juzgador debe individualizar su monto y no en un acuerdo posterior. Notifíquese; personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de enero de dos mil diecisiete. VISTO para resolver el juicio de amparo 1029/2016-II, promovido por *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el seis de diciembre de dos mil dieciséis, turnado el mismo día a este juzgado, ******* demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, de quien reclamó la orden de traslado del centro de reclusión en que se encontraba privado de su libertad deambulatoria a uno diverso y, posteriormente, al que se encuentra en esta ciudad. SEGUNDO. Derechos humanos que se estimaron vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos humanos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18 y 21 Constitucionales. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. En proveído de seis de diciembre de dos mil dieciséis, se radicó la demanda bajo el consecutivo 1029/2016-II, se admitió a trámite; asimismo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal correspondiente; por último, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se efectuó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos provenientes de una autoridad administrativa que se ejecutó dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el impetrante reclama la orden de traslado del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con residencia en Aquiles Serdán, al diverso Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en Ciudad Juárez, ambos del Estado de Chihuahua. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua y Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia del acto que les fue atribuido, consistente en la orden de traslado del quejoso. La aceptación de la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias de autos, de las que se deduce que por oficio *******, de once de marzo de dos mil catorce, el Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales en el Estado, ordenó que el quejoso y otros, fuera trasladado del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con residencia en Aquiles Serdán, al diverso Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con sede en Ciudad Juárez, donde actualmente se encuentra recluido; de ahí que deba tenerse por cierta la existencia del acto. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia y conceptos de violación. Al no existir causas de improcedencia o de sobreseimiento hechas valer por las partes, ni que este juzgador advierta oficiosamente, se impone abordar el estudio de los conceptos de violación que aparecen insertos en la demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos, toda vez que la Ley de la materia no establece como obligación para el juzgador que se transcriban para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Determinación que adopta este órgano jurisdiccional. Los conceptos de violación resultan esencialmente fundados, al ser suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como preámbulo al análisis de la cuestión efectivamente planteada, el presente asunto no se analizará en función a las reglas particulares de esta materia (administrativa), porque con motivo de las reformas a los artículos 18 y 21 constitucionales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho y que entraron en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas, que se extendió al modelo del sistema penitenciario al establecerse que se organizará sobre la base de respeto a los derechos humanos. Por ello, actualmente no corresponde a las autoridades administrativas la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y de los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, dentro de lo cual se debe comprender al traslado de internos, sino a las autoridades judiciales, en particular a los jueces a quienes la Ley encomienda la ejecución en materia penal; y será a la luz de esta particular naturaleza que se analizará la constitucionalidad del acto tildado de ilegal. Apoya esta consideración, la jurisprudencia P./J. 18/2012 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, de Octubre de 2012, Tomo 1, materia común, página 17, del siguiente tenor: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA." y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.", respectivamente, sostuvieron que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro. Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ya no persiste el contexto constitucional bajo el cual fueron sostenidos dichos criterios, por lo que han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Por ello, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que sea óbice a este criterio el hecho de que la orden de traslado que constituya el acto reclamado en un juicio de amparo hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada. En la especie, el solicitante del amparo aduce sustancialmente que el mandamiento emitido por la autoridad responsable para trasladarlo del centro penitenciario en el que se encontraba recluido, esto es, del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con residencia en Aquiles Serdán, al Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en Ciudad Juárez, ambos del Estado de Chihuahua, vulnera sus derechos humanos de debido proceso y legalidad, porque la única autoridad facultada para variar el lugar en que quedó a disposición del Juez de la causa a algún procesado o sentenciado, es el Juez de Garantía o de Ejecución de Penas, pero no las autoridades administrativas. Como se adelantó, lo alegado por el quejoso es fundado, al ser suplido en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracciones II y III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para evidenciar la transgresión a los derechos el quejoso, es oportuno preciar que el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que sólo una autoridad competente, a través de mandamiento escrito, en que se funde y motive la causa legal del procedimiento, estará en posibilidad de emitir un acto de molestia sobre una persona, su familia, domicilio, papeles o posesiones. Por su parte, en el artículo 18 constitucional, en lo que interesa, se establece las siguientes premisas: Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de reclusión será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. Asimismo, el artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Federal estatuye que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Sobre este tópico, en la jurisprudencia P./J. 20/2012, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIII, octubre de 2012, tomo 1, materia constitucional, página 15, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que a partir de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondía, en exclusiva, al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encontraran las relativas al traslado de los sentenciados. Lo estimado por el legislador se corrobora en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión del 4 de octubre de 2007 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consistían en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos podrían suceder eventos que debe deberían ser supervisados por la autoridad judicial, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios, así como el lugar donde debía extinguirse la pena. Asimismo, el Alto Tribunal consideró que como en dicha iniciativa se precisó que una de las finalidades de la reforma planteaba la necesidad de restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional, debía prevalecer que la determinación relativa al traslado de sentenciados de un centro penitenciario a otro, se encontrara reservada al Poder Judicial, conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El criterio jurisprudencial P./J. 20/2012, al que se ha hecho referencia, es del siguiente tenor: MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en términos del artículo quinto transitorio del decreto respectivo, corresponde en exclusiva al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados, lo que se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión del 4 de octubre de 2007 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consisten en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos suceden muchos eventos que debe supervisar la autoridad judicial como, por ejemplo, la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios o el lugar donde deba extinguirse la pena, siendo esta iniciativa la única en la que se hizo referencia a reservar la atribución citada a la autoridad judicial, entre las valoradas expresamente en el dictamen de origen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la referida Cámara, presentado en la sesión del 11 de diciembre de 2007, que a la postre daría lugar a las citadas reformas constitucionales, en el cual se precisó que estas reformas plantean restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional. Esta base jurídica pone de manifiesto que tratándose de delitos que merezcan pena privativa de la libertad, dará lugar a la prisión preventiva, que para dicha reclusión preventiva se destinarán centros especiales y, que las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos; asimismo, que tratándose de la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial; lo que también resulta aplicable tratándose del cumplimiento de la pena impuesta en el proceso penal. En esa línea de pensamiento, es inconcuso que en tratándose del traslado de reos de un centro penitenciario a otro, la autoridad judicial es la única competente para ordenarlo, pues así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la interpretación que realizó sobre el artículo 21, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea que se encuentren recluidos con motivo del establecimiento de la medida de prisión preventiva o en ejecución de la pena impuesta, porque con la referida orden de traslado, se modifican las condiciones en que el individuo afecto a una causa penal debe permanecer en prisión (preventiva o compurgando la pena impuesta), y el único ente facultado para variar el lugar en que ella se desarrolle es el Juzgador que la fijó. Además, tratándose de la prisión preventiva es necesario considerar que la orden de traslado afecta el derecho fundamental consistente en que aquélla se cumpla en el lugar del juicio, lo que a su vez, podría afectar o imposibilitar la realización de otros derechos rectores del proceso penal y elevados a rango fundamental, por estar inmersos en los artículos 16, tercer párrafo, 17, segundo párrafo, 18, primer párrafo, y 20, apartado A, fracciones III a IX, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: a) celeridad, que se efectúa en condiciones que coadyuvan a la rápida solución del caso -y no en las que tiendan a hacer lenta esa decisión-; b) inmediatez, que tiende a asegurar la presencia real entre Juez e inculpado y que sea el mismo juzgador que participa en el desahogo de las pruebas quien las pondere al momento de juzgar; y c) defensa plena, consistente en que el inculpado, de manera personal -no sólo a través de un defensor-, esté en posibilidad real de participar en la preparación y desahogo de pruebas y del uso de medios de impugnación que la ley le brinda; de ahí la necesidad de que sea el juez de proceso quien sea el que determine en lugar donde deba quedar recluido el procesado. En la especie, de las constancias que obran en autos, se aprecia que el solicitante del amparo manifestó que se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua; de igual modo, aparece que mediante la emisión del oficio *******, de once de marzo de dos mil catorce, el Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales en el Estado, con sede en Chihuahua, ordenó el traslado, entre otros, del aquí quejoso ******* al Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con sede en Ciudad Juárez, lugar en el que actualmente permanece internado. En este orden de ideas, si la orden de traslado reclamada fue emitida por el Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua y no así por el juez o jueces ante los cuales se encuentre a disposición -ya sea en la fase de juicio o en ejecución de la sentencia-, que son las autoridades competentes para emitir dichos actos, es evidente que se trastoca en perjuicio del ahora inconforme el derecho humano contemplado en el artículo 16 constitucional, en el sentido de que todo acto de autoridad debe emanar de autoridad competente, requisito que, en la especie, no se cumple, pues como se dijo, la orden de traslado de mérito fue emitida por tales autoridades penitenciarias. No obsta que la autoridad emisora de la orden de traslado haya justificado su determinación en que son determinaciones necesarias para lograr la correcta reinserción del interno a la sociedad, pues como quedó expuesto, aun en ese supuesto carecía de facultades para emitir de propia cuenta la orden de traslado relativa, dado que corresponde en exclusiva al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados; de ahí que el acto reclamado sea inconstitucional. Tampoco es óbice, que el comunicado que contiene la orden de traslado del impetrante del amparo, se encuentre fundamentado en los artículos 1, 2, fracciones III, IV, V, 8, 16, fracciones I, inciso a) y b), II, inciso a), fracción III, inciso c), d) y e), 17, 22, 42, 53, 54, 59, 123, 146, 148, 154 y 155, de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, pues con independencia de que en ellas se establezca: 1) la competencia de la autoridad administrativa en la administración del sistema penitenciario; 2) que atañe a los procesados que se encuentren internados en los centros de reinserción estatales o distritales, de tratamiento especial, o instituciones abiertas del Estado; 3) que corresponde a la Dirección General, como unidad administrativa del Gobierno del Estado, asumir la dirección y organización del Sistema, quien cuenta con diversas atribuciones y facultades; 4) que para el traslado de procesados será necesaria la autorización expresa del juez de la causa a cuya disposición se encuentre, salvo los casos de notoria urgencia en los que se ponga en peligro la vida o la integridad física de los internos o la seguridad y el orden del Centro, debiendo notificar a dicha autoridad al siguiente día hábil y, 5) que si el traslado del sentenciado es necesario o urgente, la Dirección general lo ejecutará, aún sin el consentimiento del interno, debiendo mediar una razón inmediata o grave que lo justifique, hipótesis en las cuales dará aviso inmediato al juez de ejecución para los efectos a que haya lugar; esas facultades que atribuye la legislación local no pueden contravenir lo preceptuado en los artículos 18 y 21 constitucionales. Menos aún constituyen un obstáculo las razones, acontecimientos y circunstancias que motivaron la determinación de quienes ordenaron trasladar al aquí quejoso, pues si bien se adujo que se ordenó el traslado atendiendo a la seguridad y el orden de los establecimientos penitenciarios, y por estar facultado para ello; esas circunstancias no tienen el alcance de inobservar el requisito constitucional de competencia conferido al Poder Judicial para autorizar, a través de resolución, el traslado de procesados o sentenciados; de ahí que deba prevalecer en una interpretación conforme respecto de la orden de traslado de procesados o sentenciados, que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 20/2012 antes transcrita. En tales condiciones, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que carece de competencia legal para ello, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que: 1. El Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales en el Estado deje insubsistente el oficio *******, de once de marzo de dos mil catorce, exclusivamente respecto del aquí quejoso. 2. Como consecuencia de lo anterior, al tratarse de una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, el solicitante del amparo deberá ser reingresado al Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, en el que se encontraba antes de la existencia de los actos reclamados. 3. Dicho traslado deberán efectuarlo bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo con las medidas de seguridad que estimen necesarias para lograr el cometido. Cabe aclarar que la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos que se precisan, no implica que la autoridad competente no pueda eventualmente trasladar al procesado a algún otro centro de reclusión distinto de aquél en donde se encuentre, pues ello estaría permitido si el caso concreto se ubica en las hipótesis constitucionales respectivas y, en su caso, es determinado por la autoridad judicial competente. Dados los efectos por los cuales se concede el amparo, resulta innecesario el análisis de los restantes conceptos de violación contenidos en la demanda, pues en cumplimiento a esta sentencia quedarán sin efectos todos los aspectos impugnados en los que se sustentó el acto reclamado y, además, el presente juicio no versó sobre la constitucionalidad de las normas aludidas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 168, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, tomo VI, materia común, página 113, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A *******, respecto de la orden de traslado reclamada y su ejecución. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente al quejoso. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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