Adrián Martínez Ruíz

Expediente 8/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
8/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • Adrián Martínez Ruíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de once de abril del presente año, en que se sobreseyó, en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a nueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Encargada de la Administración Postal, Parque Central, en esta ciudad, al cual adjunta copia certificada de los acuses postales relativos a los oficios 10999/2023 y 11000/2023, registrados bajo los códigos 401018 y 401019, dirigidos al Congreso ya la Gobernadora, ambos del Estado de Chihuahua, de los cuales, se desprende que quedaron notificados de la sentencia de once de abril pasado. Lo anterior, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 de Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.IRS

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el once de abril del presente año, se dictó sentencia en el presente asunto, sin que al día de hoy obren las piezas relativas a las autoridades responsables foráneas, Congreso y Gobernador, ambas del Estado de Chihuahua. Atento a lo anterior, requiérase a la Encargada de la Administración Postal Parque Central, del Servicio Postal Mexicano, Dirección Regional Norte, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído, remita las piezas postales identificadas con los oficios 10999/2023 y 11000/2023, con registros bajo los códigos ********************, o en su caso, remita, copias certificadas de las mismas. Apercibida que de incumplir con lo que aquí se ordena, o bien, no informar oportunamente el impedimento que tuviere para ello, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, que asciende a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de Amparo, previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad postal. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a once de abril de dos mil veintitrés. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 8/2023-V, promovido por ********************, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este Juzgado de Distrito el mismo día, ********************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, así como del Municipio, Ayuntamiento y Tesorero, estos últimos del Municipio de Juárez, Chihuahua, de quienes reclamó esencialmente el régimen fiscal que prevé el impuesto predial como ingreso para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, y establece el mecanismo de cálculo, a través de los siguientes ordenamientos legales: A) Decreto No. LXVI/APLIM/0********************6/2021 I. P. O, por medio del cual se expide la LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL, 2022, específicamente de los numerales 17 al 26 de dicho ordenamiento y mediante los cuales se actualiza el cobro del IMPUESTO PREDIAL. B) Decreto No. 850/95 XVIII P.E. por medio del cual se expide el CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, específicamente el contenido de los articulo ********************5 al 151 de dicho ordenamiento y por medio de los cuales se regula el cobro del impuesto predial. C) Decreto No. 786-06 I P.O. por medio del cual se reforman los artículos 21 al28 de la LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y por medio de los cuales se implementa el método para el cálculo del valor catastral, terreno y construcción, así como las tablas de valores. Todo lo anterior relacionado con el impuesto predial. D) Decreto No. LXVI/APTVV /********************65/2021 I. P. O por medio del cual se expide la TABLA DE VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y CONSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, mediante los cuales se actualiza los métodos de cobro del IMPUESTO PREDIAL. Segundo. Derechos que el quejoso estimó transgredidos. El quejoso consideró que con los actos reclamados se vulneró en su perjuicio el derecho previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de ******************** de enero de dos mil veintitrés, se registró la demanda con el número 8/2023-V y se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual tuvo ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis integral de las constancias que integran el presente juicio: Del Congreso del Estado de Chihuahua, la discusión, aprobación y expedición de los siguientes ordenamientos legales: Decreto 850/95 XVIII PE, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ********************, mediante el cual se expidió el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, específicamente los artículos ********************5 al 151; Decreto 786/2********************6 I.P.O. publicado en el Periódico Oficial Estatal el veintisiete de diciembre de dos mil seis, por medio del cual se reforman los numerales 21 al 28 de la Ley de Catastro Decreto LXVI/APLIM/0********************6/2021 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veinti******************** de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual se aprobó la Ley de Ingresos para el municipio de Juárez, Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós; taxativamente los artículos 17 al 26. Decreto LXVI/APTVV/********************65/2021 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado, el quince de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual se aprobó la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Municipio de Juárez, Chihuahua, durante el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Que prevén el impuesto predial como ingreso para el ejercicio fiscal dos mil veintidós y establecen el mecanismo fiscal de cálculo. b) De la Gobernadora del Estado de Chihuahua, la promulgación y publicación de los ordenamientos legales reclamados. c) Del Municipio y Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, la expedición del presupuesto de las leyes de ingresos y la tabla de valores impugnados. d) Del Tesorero del Municipio de Juárez, Chihuahua, la aplicación de las normas impugnadas, a través de la recepción del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. En su informe justificado, el Secretario de la Presidencia Municipal y del H. Ayuntamiento y Encargado del Despacho de los asuntos de la Presidencia por Ministerio de Ley del Municipio de Juárez, Chihuahua, manifestó que no son ciertos los actos que se le endilgan. Por su parte, la Tesorera del Municipio de Juárez, Chihuahua, manifestó que es cierto el acto que se le endilga, en cuanto al cobro, recepción y recaudación del pago del impuesto predial a cargo del quejoso. Con independencia de lo afirmado por la responsable, se deduce que la aplicación y ejecución de los preceptos impugnados por esta vía no le son imputables. En relación con lo expuesto en el párrafo precedente, debe precisarse que efectivamente, la aplicación de los preceptos reclamados, a través del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, no le es imputable a la citada autoridad municipal. Lo anterior es así, ya que el acto concreto de aplicación de una ley, no sólo lo constituye el proveniente de una autoridad, sino que puede provenir de un particular que actúa por mandato expreso de la ley; en esta hipótesis, se reputa como tercero auxiliar de la administración pública, o bien, del propio agraviado, cuando en acatamiento a lo establecido en la norma reclamada, la cumple, sin que la autoridad, en ejercicio de sus facultades de imperio, lo conmine a ello. En el caso, consta en autos el siguiente documento original: Certificado de ingresos ********************, relativo al pago de $********************(********************pesos ********************/1******************** moneda nacional), por concepto de impuesto predial del segundo bimestre de dos mil veintiuno al sexto bimestre de dos mil veintidós, correspondiente al bien inmueble identificado con la cuenta catastral ********************-********************2-****************************************. Documento al que se reconoce valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues al haber sido expedido por una autoridad como lo es la Tesorería Municipal y contener el código "qr" que así lo demuestra, adquiere la calidad de documento público, del cual se advierte que no existió, por parte de las autoridades responsables municipales, la aplicación de los ordenamientos legales reclamados, a través del cobro del impuesto predial para los ejercicios fiscales dos mil veintiuno y dos mil veintidós, pues de su contenido no se aprecia que el pago se haya efectuado en acatamiento a una orden de dichas autoridades en ese sentido, sino que la quejosa realizó el pago descrito de manera espontánea. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.153/2********************7, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVI, de ******************** de ********************, materia común, página 367, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Asimismo, es aplicable al caso, por analogía, la tesis 1673, emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1167, del tomo I, materia constitucional, sección precedentes relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2********************0, que estatuye: LEYES, AMPARO CONTRA. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. La existencia de un acto de autoridad no puede lógicamente hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; de modo que la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con lo cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que les atribuyó a las autoridades ejecutoras. Si bien la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, esto no quiere decir que tal cumplimiento de la norma por el particular deba serle atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el término de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en la hipótesis prevista por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. En consecuencia, ante su inexistencia, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables a que se refiere este considerando. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. En sus informes justificados, el Congreso y la Gobernadora, ambos del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia de los actos que respectivamente se les reclamaron, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación, de los Decretos reclamados. Además, la existencia de cada uno de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 65/2********************0, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, del Tomo XII, de ******************** de 2********************0, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época, con registro digital 19********************52, del rubro y texto siguientes: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Quinto. Precisión especial. Es necesario precisar que, en atención a que este juicio de amparo se promovió contra ordenamientos legales de carácter general (indicados en el considerando segundo), con motivo del que el quejoso estima, fue el primer acto de aplicación con efectos en su ámbito de derechos, la técnica jurídica que opera en este asunto para su resolución, es la que se expone a continuación: En principio, se verificará si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que efectivamente concrete en perjuicio del peticionario de amparo la hipótesis jurídica controvertida, Si el acto de aplicación resulta ser el primero, deberá analizarse si en relación con el mismo se actualiza alguna causa de improcedencia, pues de ser así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada; y De resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, deberá analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a éstas, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 4********************, del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, jurisprudencia SCJN, compilación al dos mil, materia Constitucional, Séptima Época, con registro 9********************346, que establece: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Así como la tesis de jurisprudencia 71/2********************0, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, de ******************** de 2********************0, materia Constitucional, Novena Época, con registro digital 191311, del rubro y texto siguientes: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Sexto. Improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, esto conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Se advierte que, en el asunto en estudio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, en relación con los numerales 17, fracción I, y 18 del mismo ordenamiento legal, que disponen lo siguiente: [.] 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] En relación con el tema de los plazos para promover la demanda de amparo, existe jurisprudencia la cual no contraviene lo dispuesto en la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y conforme a lo dispuesto en su artículo sexto transitorio, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." (Número P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero 2011, novena época, materia común; con número de registro 163172). Los artículos y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente, cuando no se promueva dentro del término de quince días (regla general) o en el plazo de treinta días (regla especial). En el primer caso, el plazo de quince días debe computarse a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y, 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En cambio, tratándose del juicio de amparo contra normas autoaplicativas, el legislador federal estableció que la demanda deberá promoverse dentro del plazo de treinta días, contado a partir de las cero horas del día en que entre en vigor la disposición reclamada. Ahora, cuando se reclame una norma general con motivo del primer acto de aplicación, ello deberá ocurrir dentro del plazo de quince días, a partir de que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo en que se le haya individualizado, o al en que haya tenido conocimiento de ellos o se ostente sabedor. En ese aspecto, es importante destacar que la diferencia que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, de las leyes o disposiciones generales desde el punto de vista de sus efectos, de individualización condicionada o incondicionada, en leyes heteroaplicativas y autoaplicativas, explica el momento en que cada una de ellas causa un perjuicio a su destinatario y, por consiguiente, determina el momento oportuno para promover el juicio de control constitucional. En este orden de ideas, son autoaplicativas las disposiciones que por su sola entrada en vigor causan un perjuicio a la esfera jurídica de derechos del gobernado; por otro lado, son heteroaplicativas las normas que para actualizar el perjuicio requieren de un acto posterior de aplicación. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. Así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada; pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. La distinción apuntada se explica jurisprudencialmente en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, página ******************** que es del tenor siguiente: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Por tanto, de lo anterior, se desprende que las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma; es decir, las autoaplicativas o bien, si requieren de alguna actuación que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión, o sea, las heteroaplicativas. En el primer caso, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecta su interés jurídico, para que esté en aptitud de ejercitar la acción de amparo dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, fracción I de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días, según las reglas establecidas en el mencionado artículo 17, primer párrafo de la legislación en cita. En el caso que se analiza, de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte lo siguiente: La parte quejosa ocurre al juicio de amparo para impugnar, el que a su decir, es el primer acto de aplicación de la ley que tilda de inconstitucional, que se llevó a cabo el ******************** de diciembre de dos mil veintidós; por ello, promueve su demanda de amparo reclamando como norma heteroaplicativa. Sin embargo, una vez que la Tesorera del Municipio de Juárez, Chihuahua, rindió su informe justificado, destaca que refirió que la demanda de amparo presentada por el justiciable resultaba extemporánea, pues el ******************** de ******************** de dos mil veintidós, se le notificó la liquidación del adeudo con crédito número ********************de ******************** del citado mes y año, en relación con el adeudo del impuesto predial comprendido del segundo bimestre de dos mil veintiuno al tercer bimestre de dos mil veintidós. Así, a fin de acreditar su dicho, remitió copia certificada del expediente relativo al crédito ********************, de ******************** de ******************** de dos mil veintidós, dirigido a ********************, con domicilio en la calle ********************, número ********************(********************), interior ******************** (********************), colonia ********************, con número de cuenta ********************, por concepto del adeudo del pago del impuesto predial, entre otros, relativo al periodo de marzo-abril de dos mil veintiuno a mayo-junio de dos mil veintidós; por lo que el ocho de ******************** de dos mil veintidós, se dejó citatorio en el inmueble precisado con antelación y el ******************** siguiente se realizó el acta de notificación de la liquidación de ******************** de los mismos. Documentales cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°. Atento a lo anterior, el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara si era su voluntad ampliar su demanda de amparo en cuanto a dicho acto -liquidación y notificación-; por lo que al no localizar el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, según constancia actuarial de dos de febrero del mismo año, el tres siguiente se ordenó que dicha notificación se llevara a cabo por lista, aunado a ello el seis de marzo del año que transcurre, se notificó vía correo electrónico a la quejosa, sin que se hubiere pronunciado en el plazo concedido para tal efecto. En ese sentido, el plazo para de promover su demanda de amparo transcurrió a partir del diez de ******************** de dos mil veintidós, día siguiente al que se le notificó el adeudo del pago del impuesto predial respecto del ejercicio fiscal dos mil veintidós. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. Bajo ese contexto, el plazo de quince días comentado concluyó el treinta de ******************** de dos mil veintidós, descontándose los días trece, ********************, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de ******************** de dos mil veintidós, por ser inhábiles, en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo. De ahí que, si la presente demanda se presentó el cuatro de enero de dos mil veintitrés -según se aprecia de la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua-, es claro que su promoción fue extemporánea, ya que la acción de amparo se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17, de la Ley de Amparo; de ahí que, esa presentación fuera de término, trae la consecuencia de que el acto de que se trata, sea considerado como consentido tácitamente. Con motivo de lo expuesto, se tiene que el juicio de amparo resulta improcedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, no constituye el primero que efectivamente concretó en perjuicio del peticionario de amparo la hipótesis jurídica controvertida. Bajo ese panorama, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, razón por la que debe SOBRESEERSE en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley en cita. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia de que se trata, no se estudiarán los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, dado que los mismos van encaminados a demostrar la violación de derechos fundamentales por los actos reclamados, lo que esta Juzgadora se encuentra impedida para analizar, atento al sobreseimiento decretado en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia II.3o. J/58, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Distrito, registro digital ********************, Octava Época, Materia Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 70, de octubre de 1993, página 57, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados en los considerandos tercero, cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades y al representante social de la federación adscrito. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano