Adrian Jimenez Enriquez

Expediente 676/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
676/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Adrian Jimenez Enriquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte, que en proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó la devolución de constancias del juicio laboral ********************/2022, al Tribunal de Arbitraje Municipal, con residencia en esta ciudad, a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el cual recibió el día diez de octubre de dos mil veintitrés, sin que a la fecha la responsable se haya informado sobre el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Requiere nuevamente cumplimiento Por lo tanto, se requiere nuevamente al Tribunal Arbitraje Municipal, con residencia en esta ciudad, para que en el término de tres días, computados legalmente, cumpla con la ejecutoria del presente juicio y remita las constancias, en copia certificada, que así lo acrediten. En el entendido de que el amparo y protección de la Justicia Federal, se concedió al quejoso ********************, para los siguientes efectos: De inmediato, corra traslado a la parte demandada, con el escrito de ofrecimiento de pruebas de la parte actora, como lo ordenó en auto de diez de octubre de dos mil veintidós, Hecho lo anterior, celebre la audiencia de pruebas y alegatos, conforme al artículo 165 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua. Apercibimiento Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así o de informar la imposibilidad que tiene para acatar el fallo, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 192, en relación con los diversos 238 y 258, ambos de la Ley de Amparo, esto es: se le impondrá como sanción multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374 (diez mil trescientos setenta y cuatro 00/100 pesos moneda nacional), previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a la autoridad requerida. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos Agréguese a los autos el oficio que remite el Presidente del Tribunal de Arbitraje Municipal, con residencia en esta ciudad. Devolución de constancias Se tiene a dicha autoridad solicitando la devolución de constancias del juicio natural 46/2022, de su índice, recibidas en este Juzgado en auto de veintitrés de agosto del año en curso, a fin de cumplir con el fallo protector, misma que causa ejecutoria el veintiocho de septiembre de la presente anualidad. En consecuencia, se ordena devolver de inmediato los autos originales del juicio laboral 46/2022, del índice de la autoridad oficiante. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Declaratoria de causa ejecutoria Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, por la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa transcurrió sin que ninguna de las partes se hubiera pronunciado al respecto. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento de cumplimiento de sentencia En la sentencia dictada en el presente asunto se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal, al quejoso ********************, para el efecto siguiente: De inmediato, corra traslado a la parte demandada, con el escrito de ofrecimiento de pruebas de la parte actora, como lo ordenó en auto de diez de octubre de dos mil veintidós, Hecho lo anterior, celebre la audiencia de pruebas y alegatos, conforme al artículo 165 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente Tribunal de Arbitraje Municipal del Municipio de Juárez, Chihuahua, para que, dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, dé cumplimiento a la sentencia de amparo y lo informe a este Juzgado, lo que deberá acreditar con copia certificada de las constancias respectivas. Apercibimiento Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así o de informar la imposibilidad que tiene para acatar el fallo, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 192, en relación con los diversos 238 y 258, ambos de la Ley de Amparo, por lo que Se le impondrá como sanción multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10, 374. 00) previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Ahora bien, según lo dispuesto por los arábigos 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, debería de requerirse al superior jerárquico de la autoridad responsable para que ordene a la referida autoridad el cumplimiento de la ejecutoria; sin embargo, para efectos de dicho cumplimiento la citada autoridad no tiene superior jerárquico. En razón de lo anterior, se conmina al Presidente Tribunal de Arbitraje Municipal del Municipio de Juárez, Chihuahua, para que, dentro del término concedido, dé cumplimiento a la sentencia emitida en este amparo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de agosto de dos mil Visto para resolver, el juicio de amparo 676/2023-IV, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. El cinco de julio de dos mil veintitrés, se recibió en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, la demanda de amparo promovida por *******, contra la autoridad responsable y acto reclamado precisados en el considerando segundo, misma que fue turnada a este Juzgado en la misma fecha, donde ser recibió al día siguiente. Segundo. Derecho que el quejoso estimó vulnerado. El quejoso estimó vulnerado en su contra el derecho previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión de la demanda y trámite. En auto de siete de julio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda a trámite, por lo que se requirió su informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclama una omisión dentro de un juicio de índole laboral que se tramita en el territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. Previo al análisis de las constancias de autos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama del Tribunal de Arbitraje Municipal del Municipio de Juárez, Chihuahua, la dilación en la tramitación del juicio ordinario burocrático *******, pues desde la última actuación ahí dictada el diez de octubre de dos mil veintidós (sic), no se ha avanzado en la secuela procesal. Tercero. Existencia del acto reclamado. En su informe justificado, el Presidente del Tribunal de Arbitraje Municipal del Municipio de Juárez, Chihuahua, manifestó que es cierto el acto reclamado y posteriormente, remitió los autos originales del expediente ********************/2022, del que derivan los actos reclamados, de los que se advierte que efectivamente, desde el auto de diez de octubre de dos mil veintidós (no así el que señala el quejoso de diecinueve de agosto de dos mil veintidós), no se ha avanzado en la secuela procesal. Dichas constancias, por ser las originales relativas al juicio natural, cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Por lo tanto, se tiene fehacientemente demostrada la existencia de la omisión reclamada. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia, por lo tanto, se continúa con el análisis de fondo, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación, ya que la omisión reclamada se analizará precisamente conforme a los formulados, además, como se precisará en el considerando siguiente, al quejoso le asiste la suplencia de la queja. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. En primer lugar, se precisa que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso, es la parte trabajadora (en su tiempo, al servicio del Municipio de Juárez, Chihuahua) en el juicio de origen. Ahora bien, como se indicó en el considerando segundo, el quejoso reclamó del Tribunal de Arbitraje Municipal del Municipio de Juárez, Chihuahua, la dilación en la tramitación del juicio ordinario burocrático *******, pues desde la última actuación ahí dictada el diez de octubre de dos mil veintidós, no se ha avanzado en la secuela procesal. El concepto de violación que aduce al respecto, es fundado. En efecto, lo anterior, implica un retardo en la impartición de justicia, en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone lo siguiente: Artículo 17. (.). Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Del texto invocado, se desprende que la garantía de administración de justicia que prevé el artículo 17 Constitucional, contiene varios principios de derecho subjetivo a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, dicha garantía de administración de justicia está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por tanto, es claro que todas aquellas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los principios que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso que nos ocupa. Sirve de sustento, a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 299, del rubro siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. Así como, la tesis visible en la página ciento noventa y uno, del Tomo IV, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, que dispone: ADMINISTRACION DE JUSTICIA. Los tribunales estarán siempre expeditos para administrar justicia, en los términos y plazos que fije la ley, no debiendo aplazar sus resoluciones, ni aun so pretexto de oscuridad de la ley, pues, en ese caso, deben atenerse, para fallar, a los principios generales de derecho; pues lo contrario constituye una verdadera denegación de justicia. Precisado lo anterior, en el caso, se tiene que el aquí quejoso ********************, originalmente presentó su demanda laboral, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, donde fue turnada a la Junta Especial número tres, la cual, en auto de catorce de junio de dos mil veintidós, determinó que carecía de competencia legal para conocer de dicha controversia laboral. Debido a lo anterior, una vez que se recibieron los autos del juicio natural en el Tribunal de Arbitraje Municipal del Municipio de Juárez, Chihuahua, el Presidente del mismo, en auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, radico el expediente con el número *******, tuvo al aquí quejoso ejerciendo la acción de despido injustificado en contra del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, Chihuahua, designando apoderados legales y autorizados, así como señalando domicilio para oír y recibir notificaciones; en el propio auto requirió a las partes para que en un término de tres días, computados legalmente, regularizaran sus escritos, ajustándose a las formalidades previstas en el Código Administrativo del Estado de Chihuahua, que regula tal controversia. Luego, mediante escritos recibidos en el Tribunal responsable, los días cinco de septiembre (parte demandada) y siete de octubre de dos mil veintidós (parte actora), los apoderados legales de las partes actora y demandada, ofrecieron pruebas; al respecto, en auto de diez de octubre de dos mil veintidós, se les tuvo anunciando los medios de convicción señalados en dichos escritos y con los mismos se ordenó dar les vista, respectivamente, para que en un plazo de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera. Posteriormente, habiendo mediado la promoción y tramitación de diverso juicio de amparo *******, promovido por el aquí quejoso, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, en auto de dos de enero de dos mil veintitrés, se recibió la sentencia ahí dictada, en la cual se determinó el sobreseimiento del mismo. Por último, de los autos originales que remitió el Tribunal responsable, se advierten las siguientes notificaciones: - una notificación personal a la parte actora, realizada el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, respecto del acuerdo de catorce de agosto de dos mil veintitrés, sin que se advierta, de los autos originales del juicio natural, que en ésta fecha se haya dictado proveído alguno. - una notificación personal a la parte actora, realizada el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, mediante la cual le corrió traslado con el escrito de ofrecimiento de pruebas de su contraparte, exhibido el cinco de septiembre de dos mil veintidós. - una notificación personal a la parte demandada, realizada el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, mediante la cual le corrió traslado con el acuerdo de catorce de agosto de dos mil veintitrés y anexos, proveído que, se insiste, no se advierte en las constancias originales del expediente que nos ocupa. Pues bien, de tales actuaciones se desprende que la última de ellas, dictada a fin de avanzar en la secuela procesal, fue el auto de diez de octubre de dos mil veintidós, en el cual tuvo a las partes actora y demandada, anunciando los medios de convicción señalados en sus escritos presentados ante el Tribunal responsable, los días cinco de septiembre (parte demandada) y siete de octubre de dos mil veintidós (parte actora), por lo que se ordenó darles vista con los mismos, respectivamente, para que en un plazo de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera. En relación con lo anterior, únicamente se tiene certeza de que se corrió traslado a la parte actora, con el escrito de ofrecimiento de pruebas de la parte demanda, lo que ocurrió, como se indicó líneas arriba, el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Respecto a la tramitación de la controversia natural que nos ocupa, regulada por el Código Administrativo del Estado de Chihuahua, el artículo 165 de dicho ordenamiento legal, dispone lo siguiente: ARTICULO 165. El procedimiento para resolver todas las controversias que se sometan al Tribunal y Juntas Arbitrales se reducirá a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia, a la respuesta que se dé en igual forma y a una sola audiencia en la que se presentarán las pruebas y alegatos de las partes y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del Tribunal o Juntas se requiera la práctica de diligencias posteriores, en cuyo caso se ordenará se lleven a cabo, y, una vez efectuadas, se dictará la resolución que corresponda. Conforme a dicha norma, el procedimiento para resolver controversias ante los Tribunales Arbitrales, se compone de las siguientes etapas: Presentación de la demanda, por escrito o verbalmente por medio de comparecencia. La respuesta a la demanda, por escrito o verbalmente por medio de comparecencia. La celebración de una sola audiencia en la que se presentarán las pruebas y alegatos de las partes, en la cual se pronunciará resolución. Esto último, a excepción de que el Tribunal de Arbitraje requiera la práctica de diligencias posteriores, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo, y una vez efectuadas, se dictará la resolución que corresponda. En el caso, desde el diez de octubre de dos mil veintidós, tuvo a las partes actora y demandada anunciando los medios de convicción señalados en dichos escritos y con los mismos, y en cumplimiento a lo ahí ordenado en el sentido de dar vista a las partes con dichos escritos, respectivamente, únicamente se tiene noticia fehaciente de que se dio vista a la parte actora, con el escrito de ofrecimiento de pruebas de la parte demandada, el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, pero no se tiene certeza de que se haya dado vista a la parte demandada, con el escrito de la parte actora, pues no se advierte la notificación correspondiente. De manera que, si esta demanda de amparo se promovió el cinco de julio de dos mil veintitrés, fecha en la cual se depositó en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y desde el diez de octubre de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a las partes, respectivamente, con sus escritos de ofrecimiento de pruebas, esto evidentemente para poder avanzar en la secuela procesal, lo cual no ha ocurrido respecto de la parte demandada, es inconcuso que existe una dilación procesal por casi nueve meses, que es el término que ha transcurrido entre una y otra fechas. Por lo que, evidentemente transcurrieron, con exceso, los cuarenta y cinco días naturales que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó como plazo de inactividad procesal, para ser considerada como retardo en la impartición de justicia, reclamable a través del amparo indirecto, por considerar que vulnera la garantía relativa prevista en el citado artículo 17 Constitucional. En efecto, lo anterior se encuentra plasmado en la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 33/2019 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materias Común y Laboral, Décima Época, marzo de 2019, con registro digital 2019400, del rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTIVAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. En consecuencia, al vulnerarse en perjuicio del quejoso su derecho a la pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 Constitucional, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, al quejoso *******, a fin de que el Tribunal de Arbitraje Municipal del Municipio de Juárez, Chihuahua, realice lo siguiente: De inmediato, corra traslado a la parte demandada, con el escrito de ofrecimiento de pruebas de la parte actora, como lo ordenó en auto de diez de octubre de dos mil veintidós, Hecho lo anterior, celebre la audiencia de pruebas y alegatos, conforme al artículo 165 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua. Lo anterior, en el entendido de que esta sentencia solo podrá declararse cumplida, hasta que en el juicio natural, se avance a la etapa procesal siguiente (audiencia de pruebas y alegatos), toda vez que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procesal en la que se sitúa dicho acto dentro del juicio natural, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 1, diciembre de dos mil trece, Tomo I, materia común, página 732, del tenor siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. De ahí que resulte evidente que la presente concesión no se haga extensiva al dictado del laudo o sentencia, pues a la fecha no se ha celebrado la audiencia de pruebas y alegatos, de manera que no sería en el caso, viable conceder respecto de los actos futuros que se pudieran dar dentro del procedimiento de origen, esto, de igual forma, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil trece, tomo I, página 732, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, fracción II y demás relativos de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, en contra de la autoridad y acto reclamado precisados en el considerando segundo, para los efectos de la parte final del último considerando. Notifíquese en lista y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

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