Adrián Miguel Licona Mayyet
Expediente 320/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 18 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 320/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 18/03/2022
Partes del expediente
- Adrián Miguel Licona Mayyet
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Manifestaciones en torno a vista de cumplimiento Agréguese a los autos el escrito de Francisco Cuevas Pozos ?asesor jurídico del menor R.R.S.P.? mediante el cual realiza manifestaciones en torno al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el sentido que la autoridad responsable no ha cumplido el fallo protector, en atención a que no ha validado la incorporación del quejoso al Programa para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, tampoco ha señalado fecha cierta en que ocurrirá dicha validación. Se vincula a autoridad al cumplimiento Al respecto, la Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Puebla informó que la solicitud de incorporación del quejoso al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente para el ejercicio fiscal 2022, no ha sido validada porque dicha acción es facultad de la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, que es la responsable del programa y que se encuentra sujeta a las estimaciones y disponibilidad presupuestal del programa. Ahora, en la sentencia definitiva se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "VII. DECISIÓN En atención a los razonamientos expuestos y a fin de restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que se estimó vulnerado, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Secretaría de Bienestar Federal, Delegación Puebla, en un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: Establezca el día y la hora en la que el menor quejoso, por conducto de su persona adulta auxiliar, podrá acudir al módulo de atención que corresponda para presentar la documentación requerida con el objeto de que se registre y se valore su solicitud de incorporación al programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad y, de ser el caso, se inicie el trámite o procedimiento correspondiente. Lo anterior, con las debidas medidas sanitarias y de sana distancia necesarias con motivo de la contingencia sanitaria global ocasionada por la propagación del virus SARS-CoV2. Cabe precisar que una vez que se reciba y registre la solicitud del menor quejoso, la Secretaría responsable podrá -con plena libertad- determinar si cumple o no con los criterios de elegibilidad y requisitos de acceso, de acuerdo a lo establecido en las reglas de operación analizadas y a la disponibilidad presupuestal del programa referido. Además, durante el desarrollo del trámite que corresponda, la responsable deberá proporcionarle a la parte quejosa la información correspondiente de manera clara y oportuna, así como atención y apoyo para ingresar al programa, lo que desde luego se realizará sin costo o condicionamiento alguno, en aras de coadyuvar en la obtención de un apoyo económico que permita su inclusión con menos barreras en la sociedad. En el entendido de que si para realizar el trámite la parte quejosa necesita de alguno de los documentos que exhibió como prueba en el presente juicio de amparo, deberán ponerse a sus disposición para que los recoja." En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo requiérase a la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios del Programa para el Desarrollo en el Estado de Puebla, como autoridad vinculada para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo; lo anterior, en los términos y condiciones precisada en los párrafos que anteceden. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis: "SENTENCIAS DE AMPARO. ESTAN OBLIGADAS A SU CUMPLIMIENTO. TODAS LAS AUTORIDADES QUE DEBAN INTERVENIR EN SU EJECUCION, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. El hecho de que alguna autoridad no haya sido señalada como parte en el juicio de amparo, no implica que no esté obligada a cumplir con el fallo protector, por el contrario, a su cumplimiento se obligan todas aquellas autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución." Pues no obstante que no figura como autoridad responsable en este juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido consistente en definir que para dar cabal cumplimiento a una sentencia de amparo se podrá vincular a las autoridades cuya intervención resulte necesaria, aun cuando no hayan sido señaladas como responsables, tal como lo revelan los siguientes criterios jurisprudenciales: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." Se apercibe a la autoridad vinculada, que en caso de ser omisa al presente requerimiento, se le impondrá´ una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y vía electrónica al representante especial del menor R.R.S.P.
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