Adrián Víctor Cano Moreno
Expediente 1007/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1007/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/11/2020
Partes del expediente
- Adrián Víctor Cano Moreno
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. TCC resuelve recurso de revisión. Visto el oficio del Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Administrativa del Sexto Circuito, a través del cual remite el expediente original del juicio de amparo, testimonio de la ejecutoria del tres de septiembre de dos mil veinte, dictada en el amparo en revisión 330/2019, misma que en sus puntos resolutivos establece: "PRIMERO. Es FUNDADA la revisión adhesiva interpuesta por el Presidente de la República. SEGUNDO. Se REVOCA la sentencia dictada el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, por el Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo 286/2019. TERCERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, contra el artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 y la Regla 2.3.19. de la Sexta Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de enero de dos mil diecinueve." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), glósense las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes. Acúsese de recibo del expediente original del juicio de amparo, del testimonio y del voto particular del Magistrado Miguel Ángel Ramírez González. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;..." Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia que determinó sobreseer en el juicio y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documento(s). Toda vez que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, en términos del artículo 18 del Acuerdo General citado, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlo, previa copia certificada que de éste se deje en autos, apercibida que de no hacerlo podrá ser destruido junto con el expediente; en el entendido que deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente, y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. No obstante, se hace de su conocimiento que deberá atender a los lineamientos referidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal a recoger los documentos originales exhibidos. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 1007/2020-V; asimismo, se advierten los siguientes datos: *** No se soslaya que la parte quejosa manifestó su interés por reclamar del Director General de Proyectos Estratégicos *** Sin embargo, tales señalamientos no constituyen propiamente actos reclamados en forma destacada sino argumentos tendentes a evidenciar las consecuencias derivadas de la emisión del oficio reclamado. Cuestión previa: La demanda de amparo no es urgente: La parte quejosa solicita que se dé a la demanda de amparo el trámite de urgente de conformidad con el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, el mencionado Acuerdo General ha dejado de tener vigencia, pues fue sustituido por el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veintiuno de octubre de dos mil veinte. Máxime que el acto reclamado no encuadra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 20 de la Ley de Amparo. Desechamiento: Ahora, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. *** La improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que promueve la parte quejosa deriva, esencialmente, del hecho consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales la ley que los rige prevé un recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, esto es, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Como se ve, el artículo en cuestión enarbola el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que tiene su razón de ser en la extraordinariedad que caracteriza a ese medio de control constitucional, que implica que sólo puede solicitarse cuando se han agotado las vías ordinarias; en el entendido que sólo será exigible el agotamiento de un juicio, recurso o medio de defensa, si se encuentra previsto en la ley. Además, establece que la necesidad de agotar el principio de definitividad se encuentra condicionada a: 1) que con la interposición del juicio, recurso o medio de defensa ordinario se puedan suspender los efectos de los actos impugnados; 2) que para el otorgamiento de dicha suspensión no se establezcan mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo; y 3) que no se prevea un plazo mayor al que establece la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión provisional; supuestos que de no cumplirse actualizan una excepción al mencionado principio, con independencia de que los actos reclamados sean o no suspendibles. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 115/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). *** Del referido precepto y del criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que existen excepciones al principio de definitividad, a saber: a) Si el acto reclamado afecta a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emana; b) Si se trata de un acto administrativo respecto del cual la ley que lo rige exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para suspender su ejecución; c) Si el acto reclamado implica una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; d) Si el acto reclamado implica peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; e) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal, o el acto reclamado carezca de fundamentación; f) Cuando el juicio, recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; g) Cuando se reclama una ley con motivo del primer acto de aplicación, en términos del artículo 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. f) Se trate de un acto administrativo unilateral cuya fundamentación y motivación pueda ser complementada por la autoridad en el informe justificado. En el caso concreto, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado ***. Con base en lo anterior, se determina que en contra de dicho acto la parte quejosa debió promover juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. En efecto, el artículo 4, apartado A, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla dispone lo siguiente: "Artículo 4. El Tribunal tendrá competencia para conocer de: A. Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal o municipal con facultades de autoridad, y los particulares." De la disposición normativa transcrita se desprende que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado tendrá competencia para conocer de las controversias de carácter administrativo y fiscal que susciten entre la administración pública estatal o municipal con facultades de autoridad y los particulares. Es decir, la norma invocada brinda la posibilidad de instar la acción de nulidad a favor de cualquier gobernado que se vea afectado por actos administrativos que las autoridades de la administración pública estatal o municipal dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en su perjuicio. Ahora, dado que el reclamo de la parte quejosa se centra en *** se considera que se actualiza el supuesto previsto en el citado artículo 4, apartado A, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. En efecto, el juicio de amparo indirecto es improcedente, pues antes de promover esta acción constitucional, la parte quejosa tenía a su alcance el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, dado que se reclama un acto emitido por autoridades del orden municipal en ejercicio de su potestad administrativa. Además, en el caso no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad a que antes se hizo referencia. En primer orden, porque los actos reclamados no implican una violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal, además tampoco importa peligro de la privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de ese ordenamiento supremo. Además, no se combate una ley con motivo de su primer acto de aplicación. Por otro lado, la parte quejosa no alegó en su demanda violaciones directas a la Constitución Federal, pues si bien en el primer concepto de violación expuso que el oficio reclamado vulnera el derecho humano a la salud, lo cierto es que en los restantes conceptos de violación propuso diversos planteamientos de legalidad, como lo relativo a que el acto reclamado transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica, ya que las autoridades municipales responsables son incompetentes para emitir el oficio que se reclama, que la sanción que se impuso es excesiva y que trastoca el derecho que toda persona tiene al uso y goce de sus bienes. Lo anterior, revela que los planteamientos que formuló la parte quejosa constituyen cuestiones de legalidad que bien pueden ser planteadas en sede contencioso administrativa; por lo tanto, la sola circunstancia de que en la demanda de amparo se planteen violaciones de diversos preceptos constitucionales, no releva a la parte quejosa de la obligación de agotar ese medio ordinario de defensa. Al respecto, resulta ilustrativo el siguiente criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional del País: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. *** Así como el siguiente criterio jurisprudencial del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que establece lo siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. *** En este punto, es importante acotar que el oficio reclamado no carece de fundamentación, ya que en él se invocaron los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 452 del Reglamento de Construcciones del Estado de Puebla, así como los diversos 213, 214, 215, 216, 227, 228, 229, 230, 231 y 232 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, para sustentar la sanción administrativa que se decretó. Este órgano jurisdiccional no soslaya que el oficio reclamado no se encuentra dirigido a la parte quejosa y que en él se precisó que el predio objeto de la orden de clausura es propiedad, posesión y/o responsabilidad de Sergio Escalona. Sin embargo, la parte quejosa acotó que pretende controvertir el oficio reclamado dada su calidad de arrendatario de ***. A partir de ello, se advierte que la parte quejosa aduce contar con interés legítimo para controvertir el oficio que reclama; sin embargo, tal particularidad no impide que acuda al juicio contencioso administrativo local, ya que en esa instancia ordinaria también se admite la procedencia de una pretensión que se sustente en un interés cualificado, tal como se puede apreciar del artículo 15 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, que establece lo siguiente: "Artículo 15. Solo podrán intervenir en juicio los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público; e interés legítimo, quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico, tanto de un sujeto determinado, como de los integrantes de un grupo de individuos, diferenciados del conjunto general de la sociedad." Al respecto, resultan ilustrativos los siguientes criterios jurisprudenciales de la Segunda Sala del Alto Tribunal: "INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. *** "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. *** Por lo tanto, no se podrían desbordar los causes que establece el propio sistema judicial pretextando para ello la tutela de un interés legítimo, pues no existe ninguna disposición que ordene que el juicio de amparo sea la única vía para obtener la protección y tutela de un interés cualificado. Por otro lado, el acto reclamado sí podría ser cuestionado a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, pues el mencionado juicio se prevé en una ley y no en un reglamento. Asimismo, no se actualiza la hipótesis descrita en el inciso a), ya que la parte quejosa al promover esta demanda exhibió el oficio que se reclama, lo cual permite concluir que no desconoce el acto administrativo que cuestiona. De igual forma, es preciso acotar que el oficio que se reclama tampoco participa de la naturaleza de aquellos que se catalogan como actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral. En efecto, al emprender el análisis del artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, la Segunda Sala del Alto Tribunal dispuso que tales actos se suscitan cuando no tiene intervención el gobernado y, por lo tanto, son discrecionales, por corresponder precisamente a la naturaleza de la acción administrativa, es decir, porque configuran la voluntad unilateral y concreta emitida por la autoridad administrativa cuyos efectos son directos e inmediatos. Por lo tanto, es posible concluir que el oficio no puede catalogarse como un acto materialmente administrativo emitido en forma unilateral, ya que deriva de la instrumentación de diversos actos realizados en sede administrativa. En consecuencia, no es posible considerar que se actualice la regla prevista en el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, ni la excepción al principio de definitividad que prevé el diverso 61, fracción XX, de ese ordenamiento jurídico. Entonces, lo único que podría actualizar una excepción al principio de definitividad sería que la ley que rige el acto exigiera mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución, o previera un plazo mayor al que establece la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sin embargo, en relación con ese tema, cabe señalar que la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos reclamados, ni establece un plazo mayor para su otorgamiento. Se concluye lo anterior en términos del siguiente cuadro comparativo: Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. Ley de Amparo. Plazo para proveer la provisional: 24 horas (artículo 55, fracción III, inciso c). 24 horas (artículo 112). Requisitos: -Que sea solicitada. -Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 55, fracción I). -Que sea solicitada. -Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 128). Plazo para rendir informe: 48 horas (artículo 55, fracción III, inciso d). 48 horas (artículo 138, fracción III). Cuándo se puede solicitar: Desde el escrito inicial o en cualquier momento antes de la sentencia definitiva (artículo 55, fracción III, inciso a). En cualquier momento mientras no se dicte sentencia ejecutoria (artículo 130). Además, debe indicarse que el artículo 55 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla es de contenido esencialmente igual al numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la ejecución del acto impugnado. Consecuentemente, es factible estimar que el juicio contencioso local no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. En vista de lo anterior, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Por último, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la improcedencia del juicio constitucional, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. *** "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. *** Consecuentemente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de ese ordenamiento jurídico. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizado(s): Se tiene como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. Comunicación no procesal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/202013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se tiene a la quejosa señalando la cuenta de correo electrónico oscarpca5@yahoo.com.mx, a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con la parte en el presente juicio de amparo. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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