Adrian Flores Rascón

Expediente 333/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
333/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
08/03/2019

Partes del expediente

  • Adrian Flores Rascón

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de marzo de dos mil diecinueve. Acuse de recibo. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, procedente del Juzgado Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual acusa de recibo del expediente número 928/2018/9M de su índice, de lo anterior se toma conocimiento para los efectos a que haya lugar. Cúmplase. Así lo acordó y firma Israel Flores Rodríguez, Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Jesús Geovani Rojas García, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

     Causa estado. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de queja en contra del auto de doce de febrero del dos mil diecinueve, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese el presente como asunto concluido. Destino del cuaderno principal. De conformidad con el acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Transferencia al centro archivístico judicial. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Por otra parte, devuélvase al Juzgado Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla el expediente 928/2018/9M, así como un sobre cerrado que contiene once pagarés todos por la cantidad de siete mil pesos, se solicita el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

     Quejoso solicita copias.  Prevención a recurso de revisión. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, expídase a su costa la copia certificada que solicita, previa razón que de su recibo se deje en autos, autorizando para recibirlas a la persona que indica. Asimismo, en cuanto al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones y a la persona que autoriza para recibirlas, dígasele que se acordó lo conducente en proveído del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Por otra parte, téngase por recibido el escrito suscrito por el quejoso ***, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva del veintidós de enero de dos mil diecinueve dictada en el presente juicio. Ahora bien, con fundamento en el artículo 88, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo , requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de tres días siguientes a que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba tres copias más de su escrito de agravios, pues las que exhibe resultan insuficientes, en virtud de que para la substanciación del recurso de revisión se requieren seis copias; esto es, (una) que se agrega al expediente, (dos) para las autoridades responsables, (una) para el tercero interesado, (una) para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y (una) que se remite al Tribunal Colegiado en Turno, junto con el original, para que a su vez el Tribunal corra traslado al Agente del Ministerio Público de su adscripción. Apercibido que de hacer caso omiso a lo anterior, se tendrá por no interpuesto el recurso de revisión planteado, en términos del citado numeral. Notifíquese personalmente a la quejosa.

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 12 DE FEBRERO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): "San Andrés Cholula, Puebla, doce de febrero de dos mil diecinueve. ? Se acepta competencia. ? Se desecha demanda. Se acepta competencia. Téngase por recibido el oficio II-79/2019 suscrito por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual remite el expediente de amparo directo DC-66/2019 de su índice del que se advierte que mediante auto dictado por el pleno de ese órgano colegiado el seis de febrero de dos mil diecinueve declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo que motivó ese juicio, por no encuadrar el acto reclamado en uno de las hipótesis previstas en el artículo 170 de la Ley de Amparo; asimismo, remite el expediente relativo a las diligencias de ofrecimiento de pago seguido de consignación (medios preparatorios) número 928/2018/9M y anexos, promovido por ***, como deudor principal y *** como aval. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado acata la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese el recibo correspondiente. Estudio de la demanda. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 333/2019-IX; asimismo, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. ****, ambos por propio derecho. Autoridad responsable. Juez Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla. Acto reclamado. El auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho dictado dentro del expediente número 928/2018/9M, por el que se desechó las diligencias de ofrecimiento de pago seguido de consignación (medios preparatorios a juicio). Desechamiento. Del análisis integral de la demanda de amparo, es procedente su desechamiento por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Incluso, el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del País ha sostenido que es factible desechar una demanda de amparo, cuando el acto reclamado no sea de imposible reparación, tal como lo plasmó en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto".  Causa de improcedencia (definitividad) Ahora bien, respecto del referido acto reclamado, este órgano jurisdiccional, advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De la disposición normativa transcrita, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente, contra actos respecto de los cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, aunque la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o bien cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Lo anterior, pues el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2017117, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada el ocho de junio de dos mil dieciocho, de rubro y texto siguientes. "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En ese contexto, debe decirse que del análisis integral a la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado constituye el auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho dictado dentro de las diligencias de ofrecimiento de pago seguido de consignación del expediente número 928/2018/9M (medios preparatorios a juicio). Asimismo, para una mejor comprensión del asunto es oportuno aclarar que en el escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil dieciocho cuyo conocimiento tocó al juzgado responsable, se desprende que la pretensión de la parte actora -quejosos- se constriñe a promover medios preparatorios o actos prejudiciales consistentes en una diligencia de ofrecimiento de pago seguido de la consignación en favor de ***. Lo anterior es así ya que de los hechos que narra en su escrito litigioso se desprende que en diciembre de dos mil catorce firmaron cien pagarés divididos en dos tantos, del uno al cincuenta respectivamente, por la cantidad de siete mil pesos de moneda nacional ($7,000.00), y que cada mes se pagaría uno de esos pagarés se hasta que se liquidaran en su totalidad, asimismo refiere que el primer tanto ya fue cubierto en su totalidad. También, de sus hechos se advierte que en el mes de octubre de dos mil dieciocho, sin existir una razón o motivo aparente el acreedor o beneficiario de los títulos no permitió realizar el pago correspondiente, por lo que no ha cumplido con la obligación consignada en los restantes títulos de crédito, y que ellos tienen plena convicción de pagar como lo han estado haciendo. No obstante lo anterior, debe decirse que dicha diligencia de consignación la presentó con el objeto de evitar incurrir en incumplimiento y mora, puesto que tiene la obligación de cumplir con el pago señalado en esos pagarés. En ese contexto, resulta palmario que la pretensión de los quejosos con dicha diligencia es preparar una excepción de pago con motivo de que el acreedor de los títulos de crédito se niega a recibir el pago correspondiente respecto de aquellos que le falta cubrir y que se obligó a pagar, de ahí que el fin que persigue en realidad sea preparar un posible juicio que pudiese ejercitar el acreedor ante la falta de pago de esos documentos. Cabe precisar que similar consideración fue sostenida también por el pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, puesto que en la resolución del seis de febrero de dos mil diecinueve -auto por el cual declaró carecer de competencia legal- refirió que el auto que se impugna en la demanda, es relativo a actos preparatorios de un juicio o prejudiciales, ya que en el caso concreto con dicha diligencia de ofrecimiento y consignación de pago no se obtiene una declaratorio de liberación de la obligación adquirida. Una vez identificada la naturaleza del proveído que constituye el acto reclamado en la presente instancia, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto establecida en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; puesto que contra la determinación reclamada resulta procedente el medio ordinario de defensa denominado "recurso de apelación", previsto en el artículo 1153 del Código de Comercio vigente al momento de promoción, el que debió agotarse previamente al ejercicio de la acción constitucional. Lo anterior, a efecto de dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo. Ahora bien, el artículo 1153 del Código de Comercio, establece lo siguiente: "Art. 1,153. El juez puede disponer lo que crea conveniente, ya para cerciorarse de la personalidad del que solicita la diligencia preparatoria, ya de la urgencia de examinar a los testigos. Contra la resolución del juez que conceda la diligencia preparatoria no cabe recurso alguno. Contra la resolución que la deniegue habrá el de apelación en ambos efectos si fuere dictada por un juez de primera instancia, o el de revocación si fuere dictada por juez menor o de paz." Es oportuno recordar que constituye un obstáculo para dar entrada a una demanda de amparo, la existencia de un recurso ordinario o algún medio de defensa previsto en la ley que rige el procedimiento del cual emana el acto reclamado, a través del cual sea factible obtener la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado; lo que obedece a la necesidad de dar cumplimiento al denominado principio de definitividad que impera en el juicio constitucional. Lo anterior, con las excepciones que se señalan en los incisos a), b) y c), las cuales en el presente asunto no se actualizan. Ahora bien, en relación con el precepto legal invocado se advierte que las resoluciones que nieguen los medios preparatorios son apelables si son dictadas por un juez de primera instancia, o el de revocación si fuere un juez menor o de paz. En el caso, se estima que contra la resolución dictada el diez de diciembre de dos mil dieciocho dentro de las diligencias de ofrecimiento de pago seguido de consignación del expediente número 928/2018/9M, que se reclama en vía amparo, era procedente el recurso de apelación en términos del artículo 1153 del Código de Comercio; medio de impugnación que debió agotarse previamente al juicio de amparo promovido. Apoya lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXX, Quinta Época, Materia Común, consultable en la página 1406, con el rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Para que exista la causa de improcedencia basada en que no se agotó el recurso ordinario, previamente a la interposición del amparo, basta que la ley del acto conceda el recurso que al interponerse, provocaría la suspensión, independientemente de que ésta se hubiera concedido o no, en el incidente del juicio de garantías." También sirve de apoyo la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, Novena Época, Materia Civil, con el rubro y texto: "DEFINITIVIDAD, PRINCIPIO DE. NECESIDAD DE AGOTARLO CUANDO LA INTERLOCUTORIA QUE RESOLVIÓ EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN CONFORME AL CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO. Cuando el procedimiento se sigue de acuerdo con una legislación reformada no aplicable, los recursos que se interpongan deben ser a la luz de la normatividad correcta. Si en el caso concreto se siguió un juicio bajo el Código de Comercio anterior a la reforma de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, pero de las constancias de autos se advierte que es aplicable el reformado, es inconcuso que los recursos que se contengan en este último deben ser interpuestos por la parte quejosa antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de agotar el principio de definitividad, porque la interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación de intereses es impugnable a través del recurso de apelación, que se introdujo en el artículo 1348 del Código de Comercio en su texto actual, pues el hecho de que dicho acto se apoyara indebidamente en su texto anterior no aplicable, no constituye impedimento para promover el recurso ordinario, porque su procedencia emana directamente de la ley y representa el medio ordinario para impugnar la incorrecta fundamentación del acto." Cabe precisar que los medios preparatorios al ser actos prejudiciales no debe atenderse a la cuantía para que proceda el recurso de apelación, puesto que se trata de procedimientos autónomos al juicio y cuyo objeto, en sentido genérico, es la constitución de alguna prueba para la demostración de algún hecho vinculado con el derecho del promovente para estar en aptitud de demandar o defenderse. Desde esa arista, es que al no existir en sentido estricto controversia alguna entre quienes participan, es que no puede aplicarse la regla de cuantía para la procedencia del recurso de apelación, aunado a que se trata de actos prejudicales en donde no se reclama cuantía alguna, si no la constitución de algún derecho el cual debe considerarse como de cuantía indeterminada. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA RESOLUCIÓN QUE LOS DENIEGUE ES APELABLE CON BASE EN LA REGLA ESPECIAL QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE APLICAR LA NORMA GENERAL (INAPLICABILIDAD DE LOS ARTÍCULOS 1339 Y 1340 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, VIGENTES HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2014). Resulta inaplicable a los citados medios preparatorios a juicio lo establecido en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, vigentes hasta el 26 de diciembre de 2014, dado que contienen reglas generales aplicables a los juicios mercantiles respecto de la procedencia del recurso de apelación considerando el monto del negocio; así, el primer párrafo del citado artículo 1339 expresamente dispone que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a quinientos treinta y nueve mil setecientos cincuenta y seis pesos con cincuenta y ocho centavos. Ello se reitera en el numeral siguiente, al negarse el acceso al recurso de alzada aludiendo específicamente a los "juicios mercantiles", cuando por la cantidad reclamada se sustancien en juzgados de paz o de cuantía menor, así como en el supuesto de que el valor del mismo sea inferior a la citada cantidad, en la hipótesis de que sea un Juez de primera instancia el que conozca del proceso, dicha regla está indicada para los autos, acuerdos, interlocutorias y sentencias, es decir, en general, para actos emitidos en la tramitación y para las resoluciones dictadas en el juicio mercantil, lo que excluye a los actos procesales (medios preparatorios) que se lleven a cabo previa su instauración. En ese contexto, deben interpretarse de manera armónica las disposiciones especiales contempladas para los medios preparatorios, excluyendo las normas generales (artículos 1339 y 1340) en razón a que de manera expresa en el diverso artículo 1153, segundo párrafo, se señala que resulta irrecurrible la resolución que admite a trámite dicha diligencia, mientras que aquella que la deniegue podrá recurrirse en apelación, la que se tramitará en ambos efectos. Lo anterior lleva a establecer que la regla especial excluye la posibilidad de aplicar la norma general." Es pertinente destacar que el hecho de que se haya actualizado la causa de improcedencia en el presente asunto, no es contraria al principio de progresividad por lo que se refiere al derecho al recurso judicial efectivo, pues ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio constitucional y así evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razones, en los siguientes criterios de la Segunda Sala del Alto Tribunal: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales." En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por ser notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y dese de baja el presente expediente. Por ultimo consérvese por separado el cuaderno original del juicio de origen y el sobre que se remitieron para facilitar su manejo, y una vez que cause estado la presente determinación devuélvase a su lugar de origen. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizados. Se tiene como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, el cual tiene debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Información reservada. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Notifíquese personalmente a la parte quejosa".

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