Adrián Miguel Mendoza Segura

Expediente 235/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
235/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
23/07/2019

Partes del expediente

  • Adrián Miguel Mendoza Segura
  • Director de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de uno de julio de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido auto, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. ...Además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del último párrafo del artículo vigésimo primero. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, deberá llevarse a cabo la digitalización de la demanda y la sentencia respectiva, así como de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido. Finalmente, devuélvase a la Secretaría Técnica de Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, las copias certificadas constantes en un tomo del expediente administrativo 87/2018 de su índice. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el diecinueve de junio del año en curso, en el recurso de queja 111/2019 de su índice, y en cuyos puntos resolutivos establecen lo siguiente: Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 01 DE JULIO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Agréguese a los autos el oficio de cuenta de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el diecinueve de junio del año en curso, en el recurso de queja 111/2019 de su índice, y en cuyos puntos resolutivos establecen lo siguiente: "PRIMERO. Se declara infundada la presente queja. SEGUNDO. Se desecha la ampliación de la demanda de amparo. Acuse de recibo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia en vigor, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Reanudación de Procedimiento. Ahora bien, toda vez que en proveído de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, se ordenó la suspensión del procedimiento en virtud de la interposición del recurso de queja en contra del auto de veintiocho de marzo del año en curso, dejándose sin efectos la hora y fecha de la audiencia constitucional hasta en tanto se resolviera el medio de impugnación en comento, lo que en la especie ya aconteció; en consecuencia, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo, se ordena la reanudación del procedimiento. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, como se advierte del siguiente estudio. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo revela que la parte quejosa reclama su baja respecto del cargo público que desempeñaba como Policía Preventivo del Municipio de Atlixco, Puebla, derivado de la no aprobación de la evaluación de control de confianza, así como su ejecución. En esas condiciones, se considera que el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación." En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." Del precepto legal trascrito en primer término, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando ello resulte de alguna disposición de la ley o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que del segundo se desprende que es obligación del quejoso señalar en la demanda de amparo a la autoridad o autoridades responsables; lo anterior, en virtud de que al no cumplir tal señalamiento, no podría analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, por no haberse llamado al juicio a la autoridad que lo emitió y, por tanto, el juicio de amparo resultaría improcedente. En el caso concreto, los antecedentes del caso informan lo siguiente: a) En su demanda inicial de amparo, la parte quejosa reclamó, en esencia, su baja respecto del cargo público que desempeñaba como Policía Preventivo del Municipio de Atlixco, Puebla, derivado de la no aprobación de la evaluación de control de confianza, así como su ejecución (fojas 2 a 17). En dicho escrito designó como autoridades responsables a las siguientes: 1) Director de Seguridad Pública; 2) Directora de Recursos Humanos y 3) Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, todos del Municipio de Atlixco, Puebla. b) Mediante acuerdo del catorce de febrero del dos mil diecinueve, este juzgado federal previno a la parte quejosa, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda inicial de amparo, tal como enseguida se advierte (fojas 68 a 70): "Ahora bien, mediante proveído de once de febrero del presente año, el Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Municipal y la Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, ambos de Atlixco, Puebla, remitieron copia certificada del expediente administrativo *** del índice de la primera autoridad, sin embargo, se reservó su acuerdo hasta en tanto la parte quejosa diera cumplimiento a la prevención realizada en el proveído del seis de febrero de dos mil diecinueve, lo cual ya aconteció. En consecuencia, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexan a sus respectivos oficios, las cuales se admiten y se desahogan por su propia y especial naturaleza, mismas que serán relacionadas en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo. En ese sentido, de las citadas constancias remitidas por las autoridades responsables se advierte lo siguiente: a) Acuerdo de nueve del octubre de dos mil dieciocho, en el que se inició el expediente administrativo ***, instaurado en contra de Adrián Miguel Mendoza Segura, firmado por el Presidente, Secretario Ejecutivo, Primer Vocal, Segundo Vocal y Tercer vocal, todos de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia del Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla. b) Oficio de veintisiete de septiembre del año pasado, del Director General del Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla, mediante el cual informa el resultado de evaluación de control de confianza aplicada a Adrián Miguel Mendoza Segura. c) Oficio DGSPG/690/2018 mediante el cual el Director General de Seguridad Pública y Gobernanza del Municipio de Atlixco, Puebla, remitió el listado de los elementos de seguridad pública que no aprobaron el examen de control de confianza, al Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia del referido Ayuntamiento, para iniciar los trámites administrativos. d) Oficio CSPCHJ-43/2019 de diez de enero de dos mil diecinueve del Secretario Técnico de la Comisión Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia del Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, por el cual citó a *** a efecto de notificarle los referidos resultados. e) Diligencia de once de enero de dos mil diecinueve, a través de la cual se puso a la vista de *** el resultado de no aprobado emitido por el Director del General del Centro Único de Evaluación de Control y Confianza del Estado de Puebla, de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, diligencia que fue firmada por el quejoso y por el Secretario Técnico y Auxiliar "B", adscritos a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia del Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, así como por el Presidente, Secretario Ejecutivo, Primer Vocal, Segundo Vocal y Tercer vocal, todos de la referida Comisión. f) En la misma fecha, se ordenó el archivo del procedimiento administrativo por haber alcanzado su objetivo. De la anterior relatoría de constancias se advierte la participación de una autoridad distinta a las señaladas como responsables, así como diversos actos que dieron origen a la baja reclamada; en consecuencia, con fundamento en el artículo 111, en relación con el diverso numeral 108, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste:  Si es su deseo ampliar su demanda inicial y designar como autoridad responsable a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia del Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, como órgano colegiado  Si es su deseo señalar como acto reclamado todo lo actuado en el expediente administrativo *** del índice de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia del Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, instaurado en su contra. Apercibido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá este juicio de amparo únicamente respecto a los actos y autoridades responsables señaladas en la demanda inicial." c) Por auto del quince de marzo del año en curso, se hizo constar que la parte quejosa no amplió su demanda inicial de amparo; en consecuencia, se indicó que no se tiene por ampliada su demanda de amparo y se tienen como actos reclamados y autoridades responsables, los señalados expresamente en el escrito inicial de la demanda de amparo (foja 94). d) Enseguida, mediante escrito presentado el veintisiete de marzo del dos mil diecinueve, la parte quejosa presentó un escrito de ampliación de demanda, a través del cual pretendió designar como autoridad responsable al Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, a quien deseaba reclamar la orden de despedirme de mi trabajo como policía preventivo municipal (fojas 130 a 145). e) Por auto del veintiocho de marzo del año en curso, se determinó desechar la ampliación de demanda que se propuso, bajo los siguientes razonamientos esenciales (fojas 146 a 151): ? Del estudio comparativo entre el acto reclamado en la demanda inicial y por el que se pretende ampliar se puede concluir que, en esencia, se trata del mismo acto que consiste en la baja como policía preventivo municipal y sus consecuencias jurídicas. ? Es innecesario señalar como autoridad responsable al Secretario de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, pues desde el escrito inicial de demanda fue designado con ese carácter el Director de Seguridad Pública de esa demarcación municipal; por lo tanto, se trata de la misma autoridad aunque con diferente denominación orgánica. ? Además, del estudio integral del escrito de ampliación, se advierte que lo que pretende realmente es que el Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, sea llamado como responsable, pues participó con su otra calidad de Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera; Honor y Justicia de la Policía Municipal; sin embargo, desde la admisión de la demanda de amparo, se le dio vista al quejoso para ampliar su demanda por lo que hace a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera y Honor y Justicia de Atlixco, Puebla, sin que hubiera hecho uso de ese derecho. f) Dicha determinación fue recurrida a través del recurso de queja ***, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que se declaró infundado mediante resolución del diecinueve de junio del dos mil diecinueve. Ahora bien, como se adelantó, la parte quejosa reclamó su baja respecto del cargo público que desempeñaba como Policía Preventivo del Municipio de Atlixco, Puebla, derivado de la no aprobación de la evaluación de control de confianza, así como su ejecución. Al respecto, es preciso traer a colación que el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Atlixco, Puebla, establece que el proceso de permanencia y desarrollo es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos para continuar en el servicio activo de las instituciones policiales. En ese sentido, son requisitos de permanencia en las instituciones policiales, entre otros, el previsto en el artículo 120, fracción VI, de dicho ordenamiento reglamentario, es decir, aprobar los procesos de evaluación de control de confianza. Por otro lado, se establece en ese propio ordenamiento reglamentario, que la separación y retiro es el procedimiento mediante el cual cesan los efectos del nombramiento y se da por terminada la relación jurídica entre el policía de manera definitiva. Los policías podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas corporaciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y en su caso, solo procederá la indemnización. Asimismo, se establece que las causales de separación son ordinarias y extraordinarias, siendo esta última el incumplimiento de los requisitos de permanencia que debe mantener en todo tiempo el policía. En forma específica, el artículo 173 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Atlixco, Puebla, dispone que la separación del Servicio Profesional de Carrera Policial motivada por una causal extraordinaria por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia se realizará mediante el siguiente procedimiento: a) El superior jerárquico y la Comisión Municipal deberá presentar queja fundada y motivada ante la Comisión de Honor, en las cuales se deberá señalar el requisito de ingreso o permanencia que presuntamente haya sido incumplido por el policía, adjuntando los documentos y demás pruebas que se consideren pertinentes; b) Una vez recibida la queja, la Comisión de Honor deberá verificar que no se advierta alguna causal de improcedencia que se encuentre señalada en los requisitos de ingreso o permanencia, y que presuntamente hayan sido incumplidos por el policía, y que se hayan adjuntado los documentos y las demás pruebas correspondientes, de advertirse que el escrito de queja carece de los requisitos o pruebas señalados en el párrafo anterior, requerirá a la parte quejosa para que subsane las diferencias en un término de treinta días hábiles. Transcurrido dicho término, sin que se hubiere desahogado el requerimiento, dará vista al Órgano Interno de Control para los efectos legales que correspondan y se procederá a desechar la queja. c) Cuando la causa del procedimiento sea a consecuencia de la no aprobación de las evaluaciones a que se refiere el procedimiento de desarrollo y promoción, la Comisión de Honor requerirá a la Comisión Municipal, la remisión de copias certificadas del expediente que contenga los exámenes practicados al policía. De reunir los requisitos anteriores, la Comisión de Honor, dictará acuerdo de inicio, notificará al titular de la unidad administrativa de la adscripción del policía y citará a este último a una audiencia, notificándole que deberá comparecer personalmente a manifestar lo que a su derecho convenga, en tomo a los hechos que se le imputen, corriéndole traslado con el escrito de queja; d) La Comisión de Honor notificará la queja al policía, corriéndole traslado con el escrito de queja y lo citará a una audiencia que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a la citación, para que manifieste lo que a su derecho convenga, adjuntando los documentos y demás elementos probatorios que estime pertinentes. Si deja de comparecer, sin causa justificada a la audiencia, ésta se desahogará sin su presencia y se tendrán por ciertas las imputaciones hechas en su contra y se dará por precluido su derecho a ofrecer pruebas y a formular alegatos; e) Contestada que sea la queja por parte del policía, dentro de la propia audiencia, Se abrirá la etapa de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas. Si las pruebas requieren de preparación, la Comisión de Honor proveerá lo conducente y señalará fecha para su desahogo, la que tendrá lugar dentro de los quince días siguientes; f) Concluido el desahogo de pruebas, si las hubiere, el policía podrá formular alegatos, en forma oral o por escrito, tras 10 cual se elaborará el proyecto de resolución respectivo; g) El superior jerárquico podrá suspender temporalmente al policía, siempre que a juicio de la Comisión de Honor, así convenga para el adecuado desarrollo del procedimiento o para evitar que siga causando perjuicio o trastorno al Servicio Profesional de Carrera para los integrantes de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, hasta en tanto la Comisión de Honor resuelva lo conducente; h) Una vez otorgada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, la Comisión de Honor resolverán sobre la queja respectiva. El Presidente de la Comisión de Honor podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando estimen pertinente; y i) Al ser separado del servicio, el policía, deberá entregar al funcionario designado para tal efecto, toda la información, documentación, equipo, materiales, identilicaciones, valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega recepción. J) Contra la resolución de la Comisión de Honor, que recaiga sobre el policía, por alguna de las causales de separación extraordinaria a que se refiere este Reglamento, no procederá recurso administrativo alguno. Por lo tanto, con base en lo expuesto, se concluye que a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia del Municipio de Atlixco, Puebla, le corresponde decretar la separación del servicio profesional de carrera policial motivada por una causa extraordinaria ante el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, como lo es no aprobar los procesos de evaluación de control de confianza. Sirve de sustento a lo anterior, por identidad de razones, la tesis PC.XV. J/23 A del Pleno del Decimoquinto Circuito, de la Décima Época, que establece lo siguiente: "ACUERDO DE INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO. LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, ES LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EMITIRLO. Si bien es cierto que de la interpretación de los artículos 180, 188, 189, 196, 197 y 198 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California, expedido conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Seguridad Pública de la entidad, pudiera concluirse que la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, actuando como órgano colegiado y el Presidente de dicha Comisión ante su secretario, se encuentran facultados indistintamente para emitir el acuerdo de inicio de los procedimientos del régimen disciplinario; también lo es que, atento al principio de reserva de ley, las facultades encomendadas en el Reglamento citado son insuficientes para estimar que el presidente de la Comisión sea una autoridad legalmente competente para emitir dicho acuerdo, tomando en consideración que el legislador ordinario otorgó esa facultad de forma exclusiva a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, en el artículo 153 de la ley referida. En ese sentido, la Comisión del Servicio Profesional de Carrera es la autoridad competente para emitir el acuerdo de inicio de los Procedimientos del régimen disciplinario, aunado a que la legislación indicada, en su artículo 109, fracción II, establece que será la Comisión la autoridad encargada de resolver sobre la suspensión preventiva del miembro, al inicio del procedimiento de separación definitiva o de remoción del cargo." No obstante ello, a pesar de que el quejoso controvirtió su baja respecto del cargo público que desempeñaba como Policía Preventivo del Municipio de Atlixco, Puebla, derivado de la no aprobación de la evaluación de control de confianza omitió señalar como autoridad responsable a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia del Municipio de Atlixco, Puebla, a pesar de que en términos del artículo 173 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Atlixco, Puebla, a dicho ente colegiado le corresponde decretar la separación del servicio profesional de carrera policial motivada por una causa extraordinaria por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia. Lo anterior, no obstante que expresamente se le requirió para tal efecto, tal como se advierte del auto del catorce de febrero del dos mil diecinueve (fojas 68 a 70). En ese contexto, es evidente que la omisión de la parte quejosa de señalar como autoridad responsable a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia del Municipio de Atlixco, Puebla, impide examinar la determinación de dar de baja al quejoso respecto del cargo público que desempeñaba derivado de la no aprobación de la evaluación de control de confianza, porque de hacerlo se privaría a dicha autoridad la posibilidad de defender el acto de que se trata. Lo anterior, encuentra sustento en los siguientes criterios emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." "AUTORIDAD RESPONSABLE, OMISIÓN DE LA. Debe sobreseerse en el amparo cuando esté comprobado en autos que los actos que se reclaman proceden de una autoridad que no ha sido designada como responsable, ni llamada a juicio, ni oída en el procedimiento respectivo, pues es, jurídicamente, imposible examinar la constitucionalidad de esos actos, ya que ese examen tendría que hacerse necesariamente, en un procedimiento unilateral y a espaldas de la autoridad que verdaderamente tiene el carácter de responsable y, por tanto, el derecho de justificar la legalidad de sus procedimientos." "AUTORIDADES RESPONSABLES, FALTA DE SEÑALAMIENTO DE LAS, EN EL AMPARO. El juicio de amparo es una controversia que se suscita ente el quejoso y la autoridad responsable y, por lo mismo, tiene que ser ésta designada exactamente, para que sea oída y darle oportunidad a que justifique o intente justificar sus actos, para que el Juez federal decida sobre sí se ha violado alguna garantía constitucional, y como esto no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si no se designa a la autoridad de quien realmente ha emanado el acto que se reclama, puede resolverse sobre la constitucionalidad de él, si se señalan como responsables a otras que tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión, o que no han ejecutado actos de la autoridad que ha intervenido en el hecho que se reclama de determinado funcionario, debiendo sobreseerse en el amparo cuando se incurra en tal omisión." De ahí que ante la omisión de señalar como autoridad responsable a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia del Municipio de Atlixco, Puebla, no es factible examinar la determinación de dar de baja al quejoso respecto del cargo público que desempeñaba derivado de la no aprobación de la evaluación de control de confianza, dado que no fue llamada a juicio por causas atribuibles a la parte quejosa. Lo anterior es así, en virtud de que el señalamiento de las autoridades responsables queda a cargo exclusivamente del peticionario de amparo, pues en atención al principio de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 6 de la Ley de Amparo, la acción constitucional sólo puede enderezarse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto que se reclame, por lo que el Juez de Distrito está imposibilitado para llamar oficiosamente a aquellas autoridades que no fueron señaladas como responsables pues, en todo caso, sólo debe prevenirlo con el apercibimiento relativo. En el entendido que la causa de improcedencia objeto de estudio impide estudiar los actos de ejecución que señaló el quejoso, dado que no los reclamó por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad [en todo momento] la hizo depender de su baja como Policía Preventivo del Municipio de Atlixco, Puebla, derivado de la no aprobación de la evaluación de control de confianza. Finalmente, es oportuno señalar que esta determinación no contraviene la obligación que deriva del artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Federal, en el sentido de que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, ni mucho menos el derecho a un recurso judicial efectivo, pues ello no es fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales en el juicio de amparo. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. En esas circunstancias, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

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