Adolfo Rogerio Zamora González

Expediente 999/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
999/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
15/11/2016

Partes del expediente

  • Adolfo Rogerio Zamora González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.

  2. Principal

    VISTOS; para resolver el juicio de amparo 999/2016, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito recibido el uno de julio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, y remitido en esa fecha, por razón de turno a este Juzgado Quinto de Distrito, Adolfo Rogerio Zamora González, por propio derecho solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisa: "(.) III. AUTORIDAD RESPONSABLE: El C. Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Toluca de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. IV. ACTOS RECLAMADOS: La omisión en que incurrió el C. Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Toluca de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, al no resolver respecto de la solicitud de expedición de copias certificadas de la Averiguación Previa número 16318062002512, con número económico 322/2012 de la cual el hoy quejoso es uno de los imputados, copias certificadas, las cuales fueron solicitadas mediante escrito presentado ante la Fiscalía Regional de Toluca de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, con fecha 15 de junio de 2016, sin que hasta el día de hoy, se haya dado respuesta alguna. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Mediante proveído de cuatro de julio de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional registró el ocurso de demanda bajo el número 999/2016; asimismo, desechó su trámite. TERCERO. Recurso de queja. Inconforme con la determinación anterior, el quejoso interpuso recurso de queja en su contra, el cual correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien por resolución emitida en el expediente 120/2016 de su índice, determinó declarar fundado el medio de impugnación. CUARTO. Admisión de la demanda. En consecuencia, por acuerdo de veintiséis de septiembre del presente año, se a trámite la demanda, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente legalmente para conocer y resolver el juicio de garantías planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso b, de la Constitución General de la República; 1° fracción primera, 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades con residencia dentro de la demarcación territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos que se reclaman. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo ha de observar para establecer cuál es el acto reclamado, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar el acto reclamado en la demanda. Sobre el particular se invocan la jurisprudencia P./J. 40/2000, así como la tesis aislada P. VI/2004, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros, respectivamente, dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD ; y, ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO . Por así desprenderse del estudio integral de la demanda de amparo, se obtiene que el acto que reclama la parte quejosa y por el cual se admitió a trámite, es: La omisión de acordar su solicitud de quince de junio del presente año, respecto a la expedición de copias certificadas, dentro de la carpeta de investigación 16318062002512, número económico 322/2012. TERCERO. Análisis de la existencia del acto reclamado. Ahora bien, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para que, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, ya que, al no ser ciertos los actos combatidos, es innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causa de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo precedente la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro establece: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. En ese sentido, en la especie, el acto reclamado se presume cierto, en tanto que si bien no existe informe justificado que avale esa circunstancia, lo cierto es que el quejoso exhibió una documental que acredita la petición que elevó el quince de junio de la anualidad que transcurre y cuya omisión en el despacho se reclama en esta instancia constitucional. TERCERO. Causales de improcedencia. Una vez que ha sido estudiada la existencia de los actos reclamados, previo al estudio de la materia de fondo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público cuyo estudio es oficioso y preferente, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Cobra aplicación la jurisprudencia número 814, de rubro, "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En la especie, se advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 108, fracción III y 5, fracción II de la propia legislación, que textualmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)". De los preceptos transcritos, se infiere que no es posible entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, cuando éste no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. En ese sentido, es menester precisar lo que debe entenderse por autoridad, para efectos de la controversia de amparo que se resuelve. Así, para los fines que aquí interesan, es evidente que la palabra autoridad tiene el matiz de poder o fuerza consubstancial tanto a entidades como a funcionarios para hacer cumplir sus determinaciones. La autoridad en nuestros días se entiende como el órgano del Estado investido de facultades de decisión o de ejecución que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, como violatorio de garantías o del sistema de distribución de competencias entre la Federación y los Estados, que está obligada a rendir el informe justificado correspondiente y a quien corresponde defender la constitucionalidad de dicha ley o acto. Ahora bien, recordemos que el presente juicio se señaló como autoridad responsable al C. Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Toluca de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. En ese sentido, por acuerdo de veintinueve de septiembre del presente año, se hizo efectivo el apercibimiento con el que se conminó a la parte quejosa y se dejó de tener a la autoridad referida en el párrafo que precede, con la calidad de responsable, pues la misma resultó inexistente. De ahí que si en el caso, el peticionario de amparo omitió señalar adecuadamente la autoridad responsable que emitió el acto reclamado, no resulta factible, desde el punto de vista jurídico, examinar la constitucionalidad del evento controvertido, debido a que no se llamó a aquélla a juicio, pues el quejoso necesariamente debió señalar a la autoridad que realizó la omisión que se reclama, a fin de llamarla a juicio, requerirle su informe justificado y estar en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del evento controvertido, pues de lo contrario, se llegaría al absurdo de exigir a un tercero su intervención en el juicio, cuando éste no es el responsable del acto reclamado. Norma el criterio expuesto, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTORIDAD ORDENADORA NO SEÑALA COMO RESPONSABLE. Si la autoridad ordenadora no fue señalada como responsable, no es dable estudiar la constitucionalidad del acto reclamado." En consecuencia, se estima que se materializa la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias 108 y 659, sustentadas de manera respectiva por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída.". "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73 fracción XVIII en relación con los artículos 11 y 116 fracción III del mismo ordenamiento legal.". No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que en el presente caso opere la suplencia de la queja a favor del quejoso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso b) de la ley de la materia. En efecto, los alcances de la suplencia de la queja, no facultan al juez constitucional para hacer la designación de determinada autoridad responsable, pues únicamente el directo agraviado sabe qué acto le afecta y quién lo emitió. Es decir, la suplencia de la queja opera para deficiencias en los conceptos de violación, incluso ante la ausencia de los mismos, pero si el peticionario de amparo incumplió con la obligación de señalar la autoridad que materialmente incurrió en la omisión de la que se duele, es evidente que los alcances de la figura establecida en el artículo 79 de la Ley de Amparo, no abarcan dicha circunstancia. Orienta esta determinación, la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "QUEJA, SUPLENCIA DE LA, EN MATERIA PENAL. NO PUEDE ABARCAR LA ALTERACIÓN DEL ACTO RECLAMADO IMPUTÁNDOSELO A UNA AUTORIDAD DIVERSA A LA SEÑALADA. Aun cuando en materia penal debe suplirse la deficiencia de la queja conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción II, de la Constitución y 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, ésta no opera para ser alterado el acto reclamado imputándosele a determinada autoridad, sino que tiene por objeto perfeccionar, completar o aclarar las deficiencias en que el quejoso haya incurrido al formular los conceptos de violación en su demanda de garantías, o incluso formularlos ante la ausencia de estos, pero sujetándose estrictamente al señalamiento que aquél hubiera hecho de los actos y autoridades responsables.". De igual manera es aplicable, la jurisprudencia 711, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO. Si bien es verdad que el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, establece que, en materia penal, operará la suplencia de la queja, aun ante la ausencia de conceptos de violación, o de agravios del reo, también es cierto que la suplencia de la deficiencia de la queja, en materia penal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo en comento, consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado. Sin embargo, tal suplencia de la queja no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III y 5, fracción II de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en el ordinal 63, fracción V, de la propia ley, respecto al acto reclamado y autoridad precisada en el considerando cuarto de esta ejecutoria. Resultan aplicables, las tesis de la Segunda Sala y de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo respectivo rubro y tenor son: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción XVIII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA. Es correcto considerar que se surten los supuestos de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, si se invoca el artículo 193, Bis de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, antes de sus últimas reformas (idéntico al 193) de la Ley Reformada), que se refiere a la obligatoriedad de observar la Jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal, e igualmente una tesis Jurisprudencial, puesto que la indicada tesis Jurisprudencial, relacionada con el artículo 193 Bis, de la Ley en cita, constituye la disposición legal a que alude dicha fracción." Sin que se pueda considerar que la anterior determinación transgreda el derecho fundamental del quejoso a tener acceso a un recurso judicial efectivo que combata el acto de autoridad del que se duele, toda vez que el amparista sí tuvo a su disposición un medio de impugnación extraordinario -juicio de amparo-, pero, si el peticionario de garantías no lo hizo valer atendiendo a las hipótesis de procedencia legales, no equivale a que no exista dicho juicio o éste no sea eficaz para combatir el acto de autoridad, pues esa circunstancia es un requisito o presupuesto formal de procedencia insoslayable para la adecuada impartición de justicia. Tiene aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." De igual modo, con la determinación desarrollada en la presente sentencia, tampoco se puede establecer que se transgrede el principio pro homine estatuido en el artículo 1 de la Carta Magna, que menciona que la ley se debe interpretar en la forma que más favorezca a las personas. Lo anterior es así, pues la aplicación de ese principio, no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo, como lo es soslayar una causa de improcedencia; en el entendido que la misma emerge del contenido literal de la Ley de Amparo, sin que medie algún tipo de interpretación, pues es el propio texto de los artículos de esa legislación antes destacados, los que establecen la hipótesis que en la especie se actualiza. Cobra aplicación por su contenido esencial, la tesis de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que en su rubro y texto dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Es por ello que, como ya se refirió, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Finalmente, al haberse decretado el sobreseimiento en la presente controversia, no procede analizar los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo. Sustentan lo antes vertido, por identidad substancial, las tesis 509 y 1028, emitidas por las anteriores integraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, respectivamente, de rubros: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXIII y 63, fracción V, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Adolfo Rogerio Zamora González, respecto del acto reclamado a la autoridad que precisada quedó en el resultando primero y en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6258/2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciadoLuis Alberto Castro Velázquez, secretario que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que surtan los efectos legales conducentes la razón actuarial de cuenta, en la que el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, hace constar su imposibilidad para notificar el oficio 20559/2016 dirigido al Agente del Ministerio adscrito a la Fiscalía Regional de Toluca, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en atención a las manifestaciones vertidas en la misma. Atento a lo precisado, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiséis de los cursantes y se deja de tener como responsable a la autoridad enunciada, para los efectos del presente cuaderno; por tanto, suspéndase toda comunicación con la misma. Notifíquese; y personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. AGREGA OFICIO DE COLEGIADO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio 6097, signado por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual remite el original del juicio de amparo 999/2016, un legajo de copias certificadas constante de veinticuatro fojas útiles y testimonio de la resolución de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, emitida en el recurso de queja 120/2016, de su estadística, cuyo punto resolutivos sin del tenor siguiente: "UNICO.- Es fundado el recurso de queja interpuesto por el amparista Adolfo Rogerio Zamora, por tanto, se revoca el impugnado auto de cuatro de julio de dos mil dieciséis, pronunciado en el juicio de amparo indirecto 999/2016, y se ordena acordar lo que legalmente proceda en torno a la admisión de su demanda" ACUSE DE RECIBO. Envíese el acuse de recibo correspondiente a la superioridad en mención. ORDEN DE GLOSAR ACTUACONES DEL CUADERNO DE ANTECEDENTES. Glósense únicamente las actuaciones originales relativas al cuaderno de antecedentes. ADMISIÓN. Atento a lo anterior, y en estricto cumplimiento a la resolución de ocho de septiembre del año en curso último señalada en el párrafo que precede, se acuerda, visto el escrito de demanda promovida por Alfonso Rogerio Zamora, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Toluca de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, que los hace consistir en: La omisión de la solicitud sobre la expediente de copia certificadas de la indagatoria 16318062002512, número economico 322/2012, solicitada con carácter de imputado el quince de junio último. Lo anterior, por considerarlos violatorios de los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se apertura incidente de suspensión por no obrar solicitud en su escrito inicial de demanda. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las diez horas con quince minutos del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en términos de lo previsto en el artículo 115 de la actual ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. De conformidad con lo previsto por el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde, mediante notificación personal con copia autorizada del escrito de demanda y de este proveído. SOLICITUD DEL INFORME JUSTIFICADO Y CONSTANCIAS. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la ley de la materia, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días; asimismo, en el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, deberá remitir copia certificada, legible y completa de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de quinientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, según lo previsto en el numeral 260, fracción II, de la ley en comento. En el entendido que, de ser posible, dicho informe deberá ser enviado a este juzgado de Distrito, VÍA FAX al número telefónico oficial (01.722) 2.36.05.00, extensiones 3255 y/o 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial 5jdo2ctoac@correo.cjf.gob.mx; en formato PDF, en el cual aparezca la firma del funcionario autorizado para suscribirlo; así como los signos distintivos de la autoridad que lo remita, debiéndose constatar vía telefónica el envío y recepción del mismo; ello con independencia de su remisión por la vía ordinaria. APERCIBIMIENTO DE INEXISTENCIA DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Se apercibe al quejoso que en caso de que la autoridad que designó en la demanda haya sido nominada incorrectamente, la misma se tendrá por inexistente y se dejará de tener comunicación con ella. En apoyo de la determinación aquí asumida, se cita la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. (9ª Época, S. J. F. y su Gaceta, Tomo XXIX, Materia Común, Marzo de 2009). Así como la tesis aislada, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo. (9ª Época, S. J. F., Tomo XII, Materia Común, Septiembre de 1993). CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, primer párrafo, de la actual ley reglamentaria del juicio de amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado, pues de no cumplir con esa obligación se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la legislación en cita. PRUEBAS. Hasta el día de la fecha no se han presentado prueba alguna, siendo omiso. EMPLAZAMIENTO TERCERO INTERESADO. Se reserva proveer lo conducente en relación a la notificación de la instauración del presente asunto a diversa persona a la que le resulte el carácter de tercero interesado, hasta en tanto la responsable remita las documentales de donde emanan los actos reclamados y por lo expuesto por el quejoso en su escrito de demanda. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de la demanda. AUTORIZADOS. De acuerdo a la reforma del artículo 12 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio del año en curso, se tiene por autorizados en términos amplios a las personas respecto de las cuales se haya cumplido con los extremos previstos en su segundo párrafo; es decir, aquellas que acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y se hayan proporcionado los datos correspondientes. De igual forma, se autoriza en términos restringidos a las mencionadas si no se cumplió con dichos requisitos, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectúen dichas acotaciones SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. PROTECCIÓN DE DATOS. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda su solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testaran las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. SISTEMA ELECTRÓNICO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES. De la misma forma, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace del conocimiento de las partes, que para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. Finalmente, se ordena comunicar a las autoridades responsables que las notificaciones que resulten durante la tramitación del presente juicio se les practicarán por medio de lista, que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, acorde con el criterio jurisprudencial que enseguida se cita, salvo aquéllas que, por su trascendencia, se les deban notificar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la ley en cita, a saber, mediante oficio. Sustenta por su contenido la anterior determinación, la jurisprudencia 176/2012, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Jaime Arzate Romero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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