Adolfo Zacarías Ruíz

Expediente 689/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
689/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
09/08/2021

Partes del expediente

  • Adolfo Zacarías Ruíz

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto de veintisiete de julio de dos mil veintiuno que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso arábigo 8.1.2 numeral 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. ESCRITO Vista la demanda promovida por ***z, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese con el número 689/2021-III-D. DESECHAMIENTO En el Presente asunto, se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracciones XXI en relación con el 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: *** XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, señalando que es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento, lo cual sirve de lineamiento para identificar cuál de las deteminaciones que se dictan en el período de ejecución de sentencia, es factible de ser impugnada vía amparo indirecto, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. (.) Así las cosas, se aprecia que se surte la causa de improcedencia que establece el citado numeral, respecto del acto reclamado consistentes en: En ese contexto, sobre el acto reclamado precisado anteriormente, el artículo 61, fracción XXI de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, circunstancia que puede actualizarse en dos hipótesis diversas, a saber: por revocación y por sustitución. El primer supuesto opera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo de ellos se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto inicialmente reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sólo cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; sino también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto inicialmente reclamado, constituye una situación jurídica que destruye o sustituye la que dio motivo al amparo. En este sentido, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, ya sea por revocación o por sustitución; por ende, cuando ello ocurre como en el presente asunto procede desechar la demanda, por ser clara la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no es el que directa e inmediatamente está surtiendo sus efectos contra el quejoso, ni los surtirá, sino que la posible existencia del agravio personal y directo emana de una fuente diversa. Lo anterior es así, pues un procedimiento judicial se conforma por una serie de actos procesales, concatenados y estrechamente relacionados entre sí, de tal manera que, la existencia de uno, constituye la base y sustento para la emisión de otro posterior, sobre esa base, cada nuevo acto que se sustenta en el anterior, lo sustituye de inmediato en sus efectos jurídicos. En esa tesitura, la formulación de acusación de diecinueve de noviembre de dos mil quince, reclamada al Agente del Misterio Público adscrito al Centro de Justicia para las mujeres con sede en Toluca, Estado de México, dentro de la carpeta 565760970130715, quedó sustituida procesalmente por la sentencia emitida el once de octubre de dos mil diecisiete, en la causa penal 146/2016 de la estadística del Juzgado Oral del Distrito Judicial de Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México y esta a su vez por el auto de seis de diciembre de esa anualidad, que inadmitió el recurso de apelación interpuesto en contra de dicha resolución, así como con el amparo directo 65/2018, de la estadística del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el que negó el amparo solicitado en contra de dicha inadmisión, y por ende, cesaron en sus efectos. Lo anterior, toda vez que la resolución emitida el once de noviembre de dos mil quince-sustituye el diverso de diecinueve de noviembre de esa misma anualidad, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente el acto reclamado, dejan de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Diciembre de 2009, Página 1492, Tesis I.3o.C.769 C, Materia Civil, que dispone:**** Así como la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable e la página 841, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Décima Época, que refiere: *****, al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." Máxime que sobre el proceso penal del cual deriva el acto reclamado, ya existe cosa juzgada y por la presente vía no es la forma para atacar las violaciones que pretende la parte quejosa. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con lo dispuesto en el diverso precepto legal 107, fracción IV, párrafos segundo y tercero, todos de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Adolfo Zacarías Ruiz, por notoriamente improcedente. DOMICILIO Practíquense las notificaciones a la parte quejosa, a través de la lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme al artículo 29, fracción I, de la ley de la materia, por así haberlo solicitado. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. MEDIO ALTERNO DE COMUNICACIÓN Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como "medio de comunicación alterno" (no procesal) el correo electrónico proporcionado por la quejosa, a saber *** APARTADO ESPECIAL PARA ACTUARIOS. De conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. Asimismo, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 5/2021. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. ***

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