Adolfo Ramírez Chávez

Expediente 1226/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1226/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/08/2023

Partes del expediente

  • Adolfo Ramírez Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra la determinación que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente En acatamiento al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de agosto de dos mil veintitrés. Radicación y registro Vista la demanda promovida presuntamente por ********************en favor de ********************con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena se registre con el número de expediente 1226/2023-IV-A. En ese orden, se procede al estudio de las causas de improcedencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 6° del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De acuerdo con el artículo 6º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o de la indebida aplicación de la ley. Por tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar el cese de esa violación. Por su parte, el artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa establece: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." En este orden de ideas y tomando en consideración que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien cause agravio la ley o el acto que se reclame y sólo podrá seguirse por el agraviado, por sí o a través de su representante legal o su defensor; de ahí que todo escrito presentado ante un procedimiento judicial debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo la demanda que da inicio al juicio, constituyendo esto un requisito formal esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante para ejercitar cualquier derecho que le haya sido violado, máxime que la misma es indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales. Por tanto, si la demanda de amparo no se suscribe o bien, si ésta no se suscribiese con firma autógrafa, debe entenderse que propiamente no existe quejoso y la demanda resultaría improcedente. En estas circunstancias, debe decirse que la ausencia de firma en la demanda de amparo no constituye una irregularidad en la misma, susceptible de aclaración en términos de lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendente a darle curso, en la medida que, al no encontrarse firmado o bien, no firmado en forma autógrafa, constituiría un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. En el caso particular, se considera actualizada la citada causal de improcedencia, en virtud que el escrito de demanda que nos ocupa carece de firma por parte de la promovente ********************así como del directo quejoso ******************** Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 218142, de título, subtítulo y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4° y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". Así como, la tesis aislada visible Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de título, subtítulo y texto siguientes: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito sin firmar, de cualquier naturaleza, a nadie obliga, pues para que tenga validez debe estar firmado o autorizado por alguien que aparezca como responsable de su contenido. De acuerdo con lo anterior, es lícito desechar una demanda de amparo que carece de la firma del solicitante, sin que sea óbice el que haya firmado un ocurso por el que exhibió la demanda, porque es precisamente en ésta en la que debe constar la firma del quejoso puesto que en la demanda es en la que se solicita la protección constitucional y en la que se expresan los elementos necesarios para que la solicitud sea eficaz". Por lo tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5° fracción I, interpretando a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la presente demanda, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de la Materia. Cobra aplicación la tesis aislada, visible en la página noventa y seis, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Volumen 175-180, sexta parte, de título, subtítulo y texto siguientes: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa". No pasa inadvertido para el suscrito el hecho de que el promovente señala como actos reclamados la tortura, tratos crueles e inhumanos, así como, la privación ilegal de la libertad del directo quejoso ********************es decir, de los contemplados el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional. Ello es así, pues si bien el primer precepto establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y los peticionarios se encuentren imposibilitados para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad, también cierto es que no releva a la parte promovente de firmar de forma autógrafa o electrónica el escrito respectivo. De igual forma tampoco se inadvierte que la demanda fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, que conforme al artículo 3º, último párrafo de la Ley de Amparo y el diverso 17 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, no se requiere firmar de manera electrónica la demanda cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; sin embargo sí es exigible que el escrito respectivo se firme aunque sea de forma autógrafa para evidenciar la voluntad de instar el juicio de amparo. En ese sentido, en el caso, la demanda de amparo se presentó a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y no solo carece de la firma electrónica de la persona promovente en representación del quejoso, sino también carece de firma autógrafa, lo que torna jurídicamente imposible que este órgano de control constitucional pueda dar trámite a la misma. Lo cual, significa que la promovente o la parte quejosa no expresó su voluntad para que se tramite el juicio de amparo y, que al no cumplirse el principio de instancia de parte agraviada, se surte el supuesto de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los numerales 3º y 6º, del mismo ordenamiento legal. Al respecto, se invoca la tesis de jurisprudencia en materia común P./J. 8/2019 (10a.), consultable a página 79 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, correspondiente a abril de 2019, Tomo I, Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida.". Como se puede ver, sólo releva a la parte quejosa de firmar la demanda de manera electrónica cunando se reclamen los actos previstos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, más no así de plasmar la firma autógrafa en el escrito de demanda. Por tanto, si la demanda que se atiende carece tanto de firma autógrafa del promovente o del directamente quejoso, lo procedente es que deba desecharse de plano, pues es evidente que la falta de firma del accionante o directo agraviado, se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, pues no puede decirse que exista certeza respecto de quién intentó la acción constitucional; es decir, la identidad y voluntad del o los promoventes de la demanda de amparo. En las condiciones apuntadas, al advertirse tal motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************en favor de ******************** Domicilio Toda vez que en el escrito de demanda no se señaló domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), téngase para tal efecto las listas que se publican en el Portal Consejo; ello, hasta en tanto designe uno diverso en la residencia de este juzgado de Distrito o su zona conurbada o bien, aporte un usuario debidamente registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Consulta del expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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