Adolfo Reyes García

Expediente 1508/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1508/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Adolfo Reyes García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Requerimiento de Cumplimiento En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que se le notifique la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo, esto es: "De no haberlo hecho, inmediatamente a partir del día siguiente al que cause ejecutoria, emita una respuesta fundada y motivada, respecto del escrito de aceptación de pensión presentado por la parte quejosa el veintiuno de abril de dos mil veintitrés; asimismo, de ser procedente, deberá emitir el calendario de pagos, a efecto de que la parte quejosa pueda recibirlos, conforme a lo emitido en el dictamen de pensión en el que se determinó que tiene ese derecho; y Notifíquese la respuesta emitida a dicha solicitud a la parte quejosa." Apercibimiento Bajo apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se impondrá a la persona física que ostente el cargo de su titular, una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. Sin perjuicio de lo anterior, dado que la responsable no tiene superior jerárquico, para efectos del cumplimiento de esta ejecutoria, también se le apercibe para que, en caso de no acatar la actual determinación, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    S e n t e n c i a Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo 1508/2023-II; y, R e s u l t a n d o PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y los actos reclamados siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS (.) JEFA DEL DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS (.) IV.- ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN DE REALIZAR EL PAGO DE PENSIÓN a que tengo derecho, por parte de las autoridades responsables, en cumplimiento al Dictamen de Pensión que se me informó en su atento oficio número ++++++ de fecha 31 de marzo de 2023, mismo que se acompaña al presente escrito en copia fotostática simple como ANEXO UNO para que produzca sus efectos legales conducentes". Por estimarlo, en esencia, violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que radicó la demanda con el número 1508/2023-II, por auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se desechó parcialmente la demanda y únicamente se admitió respecto de la "Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios", se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público Federal, se requirió el informe de ley, seguido el juicio en sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer, tramitar y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado el siete de junio de dos mil veintiuno y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se reclama un acto de naturaleza omisiva que no precisa ejecución material. SEGUNDO. Fijación del Acto Reclamado y Autoridad Responsable. De la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que obran en el expediente, se obtiene que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: La omisión de dar contestación al escrito de aceptación de pensión que presentó ante la Unidad de Atención al Derechohabiente el ********************; y como consecuencia de ello, la falta de pago de pensión TERCERO. Existencia del Acto Reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Es aplicable al caso, la tesis 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Sexta Sección- Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, página 830, que dice: "Informe Justificado Afirmativo. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con la documental exhibida por la parte quejosa adjunta a su escrito de demanda, la cual tiene valor en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el suscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." La autoridad responsable al rendir su informe de ley invocó la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa no observó el principio de definitividad, a través del juicio contencioso administrativo, con sustento en el ordinal 229, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Esta es infundada. Al respecto, el artículo 61, fracción XX, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" Del precepto legal reproducido, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; esto es, el principio de definitividad. Asimismo, que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En la especie, el acto reclamado consiste en la omisión de dar contestación al escrito de aceptación del dictamen de pensión que presentó ante la responsable el ********************; y como consecuencia de ello, la falta de pago de pensión. Ahora bien, de conformidad con el marco normativo expuesto, se estima que el acto reclamado antes señalado sí se encuentra en la excepción al principio de definitividad prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a que se reclaman actos relacionados con la omisión de dar respuesta a una petición efectuada, como violación directa al derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, al no existir diversa causa de improcedencia hecha valer o advertidas de oficio, se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de Violación. No se transcriben los conceptos de violación, por no exigirlo algún precepto de la ley de amparo, además de que con ello no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, Mayo 2010, página 830, de rubro siguiente: "Conceptos de violación o agravios. Para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo es innecesaria su transcripción." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa, en esencia, aduce la violación a sus garantías contenidas en el artículo 8° de la Constitución General de la Republica, ya que la autoridad responsable no ha dado respuesta a su petición formulada el ********************, en donde se aceptó la pensión emitida en el dictamen respectivo y como consecuencia de ello, la falta de pago de su pensión. Pues bien, el precepto de violación que hace valer es fundado, puesto que, como lo aduce la parte quejosa, la autoridad responsable, transgrede el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° Constitucional que a la letra dice: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio de derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Como se ve, el precepto legal invocado, establece uno de los derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna, que es el "derecho de petición", en virtud de que todo gobernado tiene la facultad de acudir ante cualquier autoridad, formulando por escrito una solicitud, y ante dicho escrito, las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo por escrito que sea congruente con lo que se le solicitó, dentro de un breve término. Sirve de apoyo lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia, siguiente: "Petición. La existencia de este derecho como garantía individual para su salvaguarda a través del juicio de amparo requiere que se formule al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." (Época: Novena Época; Registro: 189914; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Abril de 2001; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 42/2001; Página: 126). En ese sentido, los artículos 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipio; 75, párrafo segundo y 96 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; así como el Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado en el periódico oficial "Gaceta de Gobierno" el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en lo que interesa, disponen: "Artículo 73. El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente. Si en el término señalado no se ha otorgado la pensión, el Instituto queda obligado a efectuar el pago de la pensión probable que se determine, sin perjuicio de continuar el trámite para el otorgamiento de la pensión definitiva. (.)" "Artículo 75. Cuando la solicitud carezca de algún requisito formal o no se adjunten los documentos respectivos, se requerirá al promovente para que, en un plazo de cinco días hábiles corrija o complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la solicitud. El Instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. El escrito de respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite, a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución." Artículo 96. El Instituto cubrirá puntualmente el pago de las pensiones y podrá determinar o modificar los procedimientos de pago a los pensionados y pensionistas." "207C0401520101L DEPARTAMENTO DE PENSIONES OBJETIVO: Realizar las acciones relacionadas con la determinación de las prestaciones de pensiones, seguro por fallecimiento y estímulo por permanencia en el servicio, otorgadas por el Instituto, derivadas del sistema solidario de reparto. FUNCIONES: - Aplicar los incrementos del monto diario de pensión aprobados por el Consejo Directivo, conforme a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. - Calcular y determinar las cantidades a pagar para los pagos por primera vez por concepto de pensiones y estímulo por permanencia en el servicio, así como aplicar el monto autorizado por el Consejo Directivo para el pago del seguro por fallecimiento. - Ejecutar, en el ámbito de su competencia, las sentencias o requerimientos de las autoridades judiciales o administrativas para su debido cumplimiento. - Mantener actualizadas las bases de datos de pensiones y de seguros por fallecimiento, para el control de los beneficios otorgados. - Ejecutar las acciones relacionadas con el otorgamiento de pensiones, verificando que el cálculo de los montos diarios se realice conforme a los parámetros establecidos. - Elaborar el informe de las actividades que realiza el Comité de Pensiones para el conocimiento del Consejo Directivo. - Revisar que las solicitudes recibidas en el departamento cumplan con los requisitos establecidos por la legislación de seguridad social para el otorgamiento de la prestación. - Verificar el cumplimiento de los requisitos para el trámite de pensiones, seguros por fallecimiento y estímulos por permanencia en el servicio. - Verificar que se realicen los registros de supervivencia, altas, bajas y cambios realizados en la nómina de pensionadas y pensionados y pensionistas, a fin de controlar la procedencia de los pagos que el Instituto eroga quincenalmente por este rubro. - Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia." De los preceptos legales transcritos se aprecia, en lo que aquí interesa, que es al Instituto a quien corresponde pagar de manera puntual las pensiones otorgadas, actividad que, deberá efectuarse por conducto del Departamento de Pensiones, quien cuenta con un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, para resolver respecto a la solicitud planteada y para el supuesto de que no se haya otorgado la pensión solicitada, el Instituto queda obligado a efectuar el pago de la pensión correspondiente. En el presente asunto, como lo acredita la parte quejosa con copia certificada del acuse de la aceptación de pensión de ********************; se advierte que realizó una petición por escrito, de manera pacífica y respetuosa, en donde aceptó el pago de la pensión contenida en el dictamen respectivo, del cual se evidencia que a la emisión del presente fallo ha transcurrido en exceso el plazo de treinta días que establecen las legislaciones citadas con antelación; sin embargo, no se aprecia que se haya emitido una respuesta por parte de la autoridad responsable. En este orden, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo para el efecto de que la autoridad responsable, realice lo siguiente: De no haberlo hecho, inmediatamente a partir del día siguiente al que cause ejecutoria, emita una respuesta fundada y motivada, respecto del escrito de aceptación de pensión presentado por la parte quejosa el ********************; asimismo, de ser procedente, deberá emitir el calendario de pagos, a efecto de que la parte quejosa pueda recibirlos, conforme a lo emitido en el dictamen de pensión en el que se determinó que tiene ese derecho; y Notifique la respuesta emitida a dicha solicitud a la parte quejosa. Sin que el contenido o sentido de dicha determinación, ni actuaciones subsecuentes, sean objeto de análisis en el presente juicio. Finalmente, se hace hincapié que, como se dijo en el acta de audiencia que antecede, no obsta que a la fecha de la emisión de la presente sentencia, trascurra el plazo que establece el artículo 117 de la ley de la materia, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado; en virtud a que atendiendo la naturaleza del acto reclamado, el sentido de la sentencia no causará afectación a ninguna de aquéllas. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R e s u e l v e: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa, contra el acto atribuido al Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, precisado en el considerando segundo de este fallo y para los efectos establecidos en el similar último de esta resolución.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación de cuenta, se advierte que en términos de las Circulares 28/2023 y 29/2023, de diecinueve y veinticinco, ambas de octubre de dos mil veintitrés, signadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declararon inhábiles los días del dieciséis al veintinueve de mes y año en curso, en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo que generó que no se celebrara la audiencia constitucional señalada para el dieciocho de octubre del año en curso. Por tanto, se señalan para la celebración de la audiencia constitucional las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Finalmente, se hace del conocimiento que el suscrito es consciente de que el paro de labores de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, generó un impacto en la administración de justicia; por lo que de conformidad con los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género, que rigen la carrera judicial, en términos de lo dispuesto en el artículo 100, en relación con el 17, ambos constitucionales, se tomarán las medidas correspondientes a fin de subsanar el impacto que se haya podido generar a las partes. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO RESPECTIVO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS: Toluca, Estado de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación y registro Vista la demanda promovida por ********************, por propio derecho; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1508/2023-II. Desechamiento parcial De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, del análisis íntegro del escrito de demanda, se obtiene que la parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; De quienes sustancialmente reclama: La omisión de dar contestación al escrito de aceptación de pensión que presentó ante la Oficina de Atención al Derechohabiente el ********************; y como consecuencia de ello, la falta de pago de pensión de retiro por edad y tiempo de servicios. Sentado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo citado de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, el suscrito advierte la actualización de la contendida en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción ll (aplicado a contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (...)" La disposición prevista en la fracción XXIII transcrita, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que se relaciona con las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional que derivan de la Carta Magna y de la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el propio artículo 61, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo ordenado en el artículo 5°, fracción II, de la citada legislación de la materia. Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoquen los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, establecieron diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis PXXVII/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "Autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo son aquellos funcionarios de organismos públicos que con fundamento en la ley emiten actos unilaterales por los que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "autoridades para efectos del juicio de amparo. El término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. En este orden de ideas, es importante señalar que dada la naturaleza del acto reclamado (omisión de dar contestación al escrito de aceptación de pensión que presentó ante la Oficina de Atención al Derechohabiente el ********************; y como consecuencia de ello, la falta de pago de pensión de retiro por edad y tiempo de servicios), no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo el Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, pues carece de facultades para dar contestación al escrito de aceptación de pensión que solicita la parte quejosa; ya que, en términos del Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado en el periódico oficial "Gaceta de Gobierno" el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, solo el Departamento de Pensiones tiene las facultades para dar contestación respecto al pago de los derechos que han sido reconocidos en los dictámenes de pensión correspondientes, emitidos por el Comité de ese Instituto, siempre y cuando acrediten reunir los requisitos legalmente establecidos, conforme a lo dispuesto en el ordenamiento legal en cita y demás legislaciones aplicables. En ese sentido, dado que el Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, no cuenta con las facultades para atender la petición de la parte quejosa; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción ll, ambos de la ley de la materia, el último aplicado a contrario sentido, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha parcialmente la demanda de amparo respecto de dicha autoridad. Admisión Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, admítase la demanda de amparo únicamente respecto de la autoridad responsable: Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Incidente de Suspensión Al no haberse solicitado, no se tramita el incidente de suspensión. Ministerio Público Federal Por otra parte, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5, fracción IV, de la ley reglamentaria, por lo que se deja a disposición copia de la demanda en la sección de actuaría. Audiencia constitucional Se fijan las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De igual forma, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se le notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. Requerimiento a la Autoridad Responsable Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. En el entendido de que podrá rendir el citado informe y anexos en un plazo menor al señalado, lo cual contribuirá en una pronta impartición de justicia en favor del justiciable, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 constitucional, con el apercibimiento que de ser omisa, se impondrá una multa a su titular de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64 de la ley de la materia, de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato; asimismo, se solicita que haga saber la existencia de amparos promovidos previamente por la parte quejosa, para lo cual deberá precisar el estado procesal de los mismos y el juzgado del conocimiento; en caso de no hacerlo, se hará acreedora a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 251, del ordenamiento invocado. Pruebas Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda, debiendo dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Empero, respecto a las constancias relativas al expediente formado con motivo de su solicitud de pensión, se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto la responsable rinda su informe justificado o transcurra el plazo concedido para tal efecto. Domicilio Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Acceso expediente electrónico Asimismo, se autoriza la consulta del expediente en su versión electrónica a través del usuario "********************", por encontrarse registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se comisiona al oficial judicial "A", para que actualice los campos respectivos a fin de que la citada parte procesal pueda acceder al expediente electrónico. Exhorto a la parte quejosa para señalar usuario para oír y recibir notificaciones De conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se exhorta a la parte quejosa para que designe el usuario que precisó en el proemio de su demanda, para efecto de oír y recibir notificaciones. Medio de comunicación alterno Asimismo, se tiene como medio alterno de comunicación no procesal y por excepción, el correo electrónico que proporciona, para efectos del sumario en que se actúa. Autorizados En relación a las personas que designa como autorizadas; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciada o licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

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