Adea Pastrana Ocampo
Expediente 94/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 94/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Adea Pastrana Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra el proveído de veinticuatro de abril del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, transcurrió para la parte a quien pudiera causarle perjuicio, del ocho al diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, al haber sido notificada por lista de acuerdos el tres del mismo mes y año, sin que lo haya hecho valer. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívense las actuaciones como asunto concluido. Ahora, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), y penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, al haberse sobreseído fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; asimismo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, y pasados treinta días de este plazo, se deberá destruir con posterioridad al VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS. Además, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
ACTUARIO: SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la demanda de amparo que les dio origen, se advierte que Adea Pastrana Ocampo señaló dentro del capítulo del acto reclamado, lo siguiente: "A).- La omisión o negativa a dar respuesta a la solicitud de Inscripción de la Resolución de Transmisión de Derechos por Sucesión Legítima, realizada mediante la solicitud de trámite número 30220002016, de fecha 21 de febrero del año 2022; y la negativa a expedir a mi favor el certificado parcelario que me acredite como ejidataria del ejido Altillo, Barra de Palmas del Municipio de Nautla, Veracruz, derivado de dicha solicitud." En ese orden de ideas, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, a través del oficio DEV/AJ/1279/2023, de uno de marzo del año en curso,1 se advierte que en atención a la solicitud de trámite 30220002016 a través del diverso oficio DEV/AJ/1278/2023, de esa misma fecha, se efectuó la respuesta a la quejosa, informándole que la sentencia dictada dentro del expediente 716/2016 del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Uno, con sede en esta ciudad, quedó debidamente inscrita bajo el folio 30TM00002016 de veintiocho de julio de dos mil diecisiete, y le fue expedida la constancia de derechos agrarios individuales que la acredita como ejidataria del poblado Altillo Barra de Palmas, municipio de Nautla, Veracruz, asimismo, le indicó que el certificado de derechos parcelarios que solicitó, no fue ordenado en la sentencia en comento. Además, la autoridad responsable informó que puso a disposición de la quejosa en el módulo de atención a trámites de dicha delegación, la respuesta a su solicitud de trámite número 30220002016 y la constancia de derechos agrarios individuales que la acreditan como ejidataria del ejido Altillo Barrada de Palmas, municipio de Nautla, Veracruz, previa identificación y firma de recibido, en un horario de diez a catorce horas, de lunes a viernes; por ello, en auto de ocho de marzo del año en curso, 2 se ordenó correr traslado a la quejosa con el oficio en comento, de lo cual quedó debidamente notificada el quince de marzo del año en curso.3 Luego, de la relación armónica de la precisión del acto reclamado con el contenido de las constancias allegadas a los autos del juicio de amparo en que se actúa, resulta inconcuso que la actitud omisiva tildada de inconstitucional por parte de la responsable ha dejado de existir y por ende sus consecuencias legales han dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa; por lo tanto, la suscrita analizará de oficio la actualización de la causa de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En ese contexto, cabe destacar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto, en este caso omisivo, no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En esta tesitura, si el acto que se reclama por esta vía es en esencia la omisión de dar respuesta a la solicitud de trámite número 30220002016, de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, y la negativa de expedir a su favor el certificado parcelario que la acredite como ejidataria del ejido Altillo, Barra de Palmas del Municipio de Nautla, Veracruz, derivado de dicha solicitud, y en este momento procesal obra en autos copia certificada del oficio DEV/AJ/1278/2023, de uno de marzo del año en curso, en el que se efectuó la respuesta a la quejosa, informándole que la sentencia dictada dentro del expediente 716/2016 del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Uno, con sede en esta ciudad, quedó debidamente inscrita bajo el folio 30TM00002016 de veintiocho de julio de dos mil diecisiete, y le fue expedida la constancia de derechos agrarios individuales que la acredita como ejidataria del poblado Altillo Barra de Palmas, municipio de Nautla, Veracruz, asimismo, le indicó que el certificado de derechos parcelarios que solicitó, no fue ordenado en la sentencia en comento; resulta evidente que han cesado los efectos de la omisión reclamada. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99,4 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Lo subrayado es propio). No es óbice a la anterior determinación que se desconozca si la quejosa ya acudió a las instalaciones de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, por los documentos en comento; toda vez que, resulta ocioso esperar a que la impetrante del amparo acuda a recoger el oficio DEV/AJ/1278/2023, de uno de marzo del año en curso, en el que se efectuó la respuesta a la quejosa, informándole que le fue expedida la constancia de derechos agrarios individuales que la acredita como ejidataria del poblado Altillo Barra de Palmas, municipio de Nautla, Veracruz, toda vez que la tramitación del juicio no puede estar sujeta al arbitrio de las partes. En ese tenor, al haberse analizado de oficio la actualización de la causa de improcedencia respecto a la cesación de efectos del acto reclamado, se debe proceder a lo estipulado por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en la jurisprudencia número 2a./J. 9/98,5 cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". (Lo subrayado es propio). En este orden de ideas, una vez que se ha acreditado que los efectos del acto reclamado han cesado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, la suscrita considera menester sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003,6 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo subrayado es propio). En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las nueve horas con treinta minutos del nueve de mayo de dos mil veintitrés. Además, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Asimismo, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito,7 que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y a la autoridad responsable
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y a la autoridad responsable.
- Principal
Xalapa-Enríquez, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que establece el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se encuentre en oportunidad de conocer e imponerse del informe justificado rendido por la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, puesto que éste comenzó a computarse en esta fecha, y fenecerá el treinta de marzo próximo, al haber sido notificada por lista de acuerdos el quince de marzo del año en curso, de conformidad con la notificación personal ordenada en dicho acuerdo. En mérito de lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el ocho de marzo pasado, se tuvo al Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, informando que puso a disposición de la quejosa en el módulo de atención a trámites de dicha delegación, la respuesta a su solicitud de trámite número ********************y la constancia de derechos agrarios individuales que la acreditan como ejidataria del ejido ********************, municipio de ********************, previa identificación y firma de recibido, en un horario de diez a catorce horas, de lunes a viernes. Al respecto, toda vez que hasta este momento procesal se desconoce si la quejosa ya acudió por los documentos correspondientes; requiérase al Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para que, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, informe si la quejosa acudió a sus instalaciones por la respuesta efectuada y la constancia de derechos agrarios individuales, asimismo, deberá de acompañar copia certificada de las constancias correspondientes o, en su defecto, manifieste la imposibilidad legal que tenga para dar cumplimiento al requerimiento; en la inteligencia que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, indíquese a la nombrada autoridad responsable que sigue surtiendo efectos el apercibimiento formulado en auto de tres de febrero de dos mil veintitrés, para que de ser el caso, comunique el cambio de situación jurídica, si han ocurrido causas notorias de sobreseimiento y remita copias certificadas completas y legibles de las constancias que guardan relación con el acto reclamado y sean necesarias para la solución del juicio constitucional. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a la autoridad responsable.
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