Adalberto Rodríguez Castillo

Expediente 321/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
321/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
26/04/2022

Partes del expediente

  • Adalberto Rodríguez Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Vista la diligencia de notificación de cuenta, de la que se advierte que el promovente Adalberto Rodríguez Castillo, manifestó desistirse del presente juicio de amparo; ahora bien, debido a que dicha circunstancia se externó ante la presencia de un funcionario con fe pública, se tiene la plena certeza de la identidad y voluntad del impetrante de amparo, para realizar ese acto procesal. En este contexto, cabe precisar que en el caso particular, aún no se ha admitido la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos, puesto que mediante proveído de veintiocho de marzo del año en curso, únicamente se radicó la demanda, registrándola bajo el número de juicio de amparo 321/2022-I-A, del índice de este Juzgado, y en acuerdo de cuatro de abril pasado, se previno al promovente para que aclarara diversos puntos de la misma. Posteriormente, en diligencia de notificación de veinticuatro de abril del año en curso, el promovente Adalberto Rodríguez Castillo, manifestó desistirse de la demanda de amparo; por ello, expresar que no es su deseo continuar con el presente juicio de amparo, evidencia su falta de interés en la prosecución del juicio que promovió y, por ende, su deseo de no desahogar la citada prevención; por lo tanto, resulta procedente tener por no presentada la demanda de amparo que nos ocupa, ya que opinar lo contrario equivaldría a contravenir uno de los principios fundamentales del juicio de amparo en relación a la voluntad de quien lo promueve, es decir, que se siga a instancia de parte agraviada, y que a contrario sensu se comprende que el gobernado, en cualquier etapa en la que se encuentre el juicio, válidamente pueda renunciar a la actividad jurisdiccional que se generó sobre el conflicto planteado por éste. Sustenta el razonamiento que antecede la jurisprudencia 2a./J. 33/2000, postulada por la Segunda Sala del nuestro Máximo Tribunal, que a la letra dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". En mérito de lo anteriormente expuesto, resulta innecesario esperar a que concluya el término de cinco días concedido al aquí quejoso en auto de cuatro de abril pasado, para que cumpliera con lo requerido, en virtud de que el impetrante de amparo puede desistirse en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad, lo que a su vez, como se dijo, evidencia su deseo de no desahogar la referida prevención; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se les conminó, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda que dio origen a los presentes autos. Por otra parte, atento al desistimiento expreso, se debe apuntar que la parte quejosa no puede retractarse del mismo, tal y como se estableció en la Jurisprudencia número 2ª/J.161/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada." (Lo subrayado es propio). En consecuencia, con apoyo en los artículos 83, fracción III, 86 de la Ley de Amparo; y 356, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE EL PRESENTE AUTO HA QUEDADO FIRME. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículos 18, Fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse tenido por no presentada la demanda, asimismo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, se deberá destruir con posterioridad al VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese personalmente al quejoso en su lugar de reclusión.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, doce de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibida la diligencia actuarial de cuenta, de la que se advierte que el promovente de amparo Adalberto Rodríguez Castillo, al momento de la notificación personal del proveído de cuatro de abril del año en curso, manifestó ante la actuarial judicial lo siguiente: "EN FECHAS ANTERIORES, SIN RECORDAR LA FECHA ME DESISTÍ DE ESTE AMPARO." Ahora bien, toda vez que el auto de cuatro de abril del presente año, es el único acuerdo que se ha ordenado notificar al aquí quejoso y en razón de las manifestaciones realizadas en la diligencia de cuenta, a fin de tener certeza de la voluntad de la parte quejosa, requiérasele para que en el acto de la notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo desistirse de la tramitación del presente juicio, apercibido que de no hacerlo así, se continuará con el procedimiento de este juicio. Finalmente, se ordena a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional que se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social, número 5 Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, y notifique al quejoso Adalberto Rodríguez Castillo, el presente acuerdo, haciéndole entrega de copia autorizada del mismo, quien deberá asentar tal circunstancia en la razón que para tal efecto realice. Notifíquese personalmente al quejoso en su lugar de reclusión.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, cuatro de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 10518/2022 signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al que se anexa copias certificadas del juicio de amparo 257/2022/VII-B de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Malcomn Barrón Evangelista y otros, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, mismas que le fueron solicitadas en acuerdo de veintiocho de marzo pasado; al respecto, agréguese para que obran como correspondan y surtan sus efectos legales conducentes. Ahora bien, toda vez que en auto de veintiocho de marzo del presente año, se reservó acordar lo conducente respecto de la demanda de amparo promovida por el quejoso Adalberto Rodríguez Castillo, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, la cual fuera registrada en el Libro de Gobierno respectivo con el número 321/2022-I-A, hasta en tanto fueran recibidas las copias certificadas solicitadas al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, lo cual ya aconteció. Al respecto, se acuerda OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR AL PROMOVENTE. Este órgano Federal analizó la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 112 y 114, fracción II, y 108, fracciones IV y V, que en lo referente establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: (...) II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; (.) Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)." De los preceptos transcritos, se advierte que es obligación del gobernado indicar con precisión el acto reclamado y antecedentes del mismo; lo anterior, con la finalidad de reunir los requisitos que establecen los numerales 108 y 114 de la Ley de Amparo. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que el promovente de amparo señala como actos reclamados los siguientes: "1.-AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CAMARA DE DIPUTADOS Y SENADORES A) EL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCILO 97 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL AL NO ESTABLECER EL RESPETO AL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN CON QUE CUENTA TODO GOBERNADO SIENDO VIOLATORIO LOS ARTÍCULOS 1 Y 8 CONSTITUCIONALES Y TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE. B) LOS DECRETOS POR EL CUAL SE EXPIDEN RESPECTIVAMENTE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL Y CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES AL NO ESTABLECER EL RESPETO AL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN PARA LA INCIACIÓN DE CONTROVERSIA JUDICIAL Y DEBIDO PROCESO A FIN DE SOLICITAR Y PRONUNCIAR EL DICTAMEN DE PROPOSICIÓN PARA LA CONCESIÓN DEL INDULTO. 2. A TODOS LAS AUTORIDADES CITADAS COMO RESPONSABLES C) LA VIOLACIÓN EL ARTÍCULO 8, 14, 17 CONSTITUCIONALES AL NO GARANTIZAR SU EJERCICIO AUN Y CUANDO LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS NO LA PREVEAN. 3. A LA CAMARA DE DIPUTADOS Y SENADORES D) LA OMISIÓN DE PRONUNCIAR UN ACUERDO A NUESTRA PETICIÓN DEL INDULTO Y HACERLO CONOCER EN UN BREVE TERMINO AL PETICIONARIO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8 CONSTITUCIONAL." Asimismo, señaló como autoridades responsables a las siguientes: "C. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CÁMARA DE DIPUTADOS Y SENADORES, CONGRESO DE LA UNIÓN. JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN CUERNAVACA MORELOS QUIEN INSTRUYE LA CAUSA PENAL 222/2003 JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN TOLUCA ESTADO DE MÉXICO QUIEN INSTRUYE LA CAUSA PENAL 35/2003 JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO EN TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO EN VERACRUZ, QUIEN INSTRUYE LA CAUSA PENAL 51/2010 JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN XALAPA, VERACRUZ QUIEN INSTRUYE LA CAUSA PENAL 108/2003 JUEZ CUARTI DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUIEN INSTRUYE EL SIPE 1415/2017 JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, RESIDENTE EN XALAPA, VERACURZ, QUIEN ACTUA COMO JUEZ DE EJECUCIÓN. JUEZ NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL RECLUSORIO SUR PREVENTIVO SUR VARONIL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUIEN INSTRUYE LA CAUSA PENAL 17/2019-II." Ahora bien, al analizar íntegramente la demanda de cuenta, la suscrita advierte ciertas deficiencias, toda vez que de las manifestaciones realizadas por los promoventes de amparo, en específico del aquí quejoso Adalberto Rodríguez Castillo, se advierte que fue omiso en realizar algún pronunciamiento respecto a los antecedentes de los actos que reclama en el presente juicio. De igual modo, omite señalar cuáles son los actos que reclama en concreto a cada uno de los Jueces señalados en su demanda, toda vez que de un análisis de la misma, se advierte que a Malcomn Barrera Evangelista, le es instruida la causa penal 222/2003 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Cuernavaca Morelos, a Nereo Mejía Quintanilla, le es instruida la causa penal 35/2003 de la estadística del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Toluca, Estado de México, a David Jiménez Hernández, se le instruye el proceso penal 51/2010 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Tuxpan de Rodríguez Cano en Veracruz, a Tomas Flores Reyes, se le instruye el proceso penal 108/2003, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Veracruz, con sede en esta ciudad y a Romualdo López Cabrera, se le instruye el SIPE 1415/2017 de la estadística del Juzgado Cuarto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en México, por lo que lo anterior genera incertidumbre respecto a cuáles son los actos que reclama el citado Rodríguez Castillo, a cada uno de los Jueces señalados en su demanda. De igual modo, se advierte que el promovente Adalberto Rodríguez Castillo señala como actos reclamados, entre otros, la omisión de dar contestación a su petición de indulto y que la misma se le haga saber en un breve término; sin embargo, como se señaló en líneas que anteceden del escrito de demanda no se aprecia los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, pues únicamente se narran diversas peticiones que presentaron ante diversos jueces los restantes quejosos que signan esta demanda. De modo que, no se adviertan los hechos o antecedentes relativo a la petición de indulto del quejoso Adalberto Rodríguez Castillo, por el cual se tramitó el presente juicio de amparo, ni el juez ante el cuál fuera realizada dicha solicitud. Por otro lado, también combate los decretos por lo que se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 97 Bis del Código Penal Federal; al respecto, es pertinente destacar que las normas jurídicas pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo, en distintos momentos, según sea su naturaleza, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concretice la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En el primer caso, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecta su interés jurídico, para que surja su derecho a solicitar el amparo, a partir de su entrada en vigor, en este caso para demostrar su interés jurídico deberá demostrar que es titular de un derecho que es limitado, restringido, o desconocido por la hipótesis normativa en que se ubica. En el segundo caso, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, será a partir de ese acto que el gobernado promoverá el juicio de amparo, en el que deberá demostrar la titularidad del derecho, que es afectado por el acto de aplicación impugnado y la norma que lo funda, también reclamada. Es decir, para la impugnación de las normas a través del juicio de amparo debe quedar acreditado que se produjeron efectos en la esfera jurídica de quien solicita la Protección Federal, ya sea porque la entrada en vigor de las mismas los produzca de inmediato, o porque dichos efectos se hayan producido por una actuación, ya sea que se trate de un acto de autoridad o que, tratándose de actos de un particular, éstos vinculen al peticionario a la ley, por actualizarse los supuestos de la norma. Ahora, en el caso que se analiza, el impetrante de amparo omitió precisar si dichas legislaciones las combate en su carácter de autoaplicativas o heteroaplicativas; y, en caso de ser este último, no señala cuál es el acto de aplicación del precepto y legislación combatida, ni a qué autoridad se lo atribuye; lo cual resulta indispensable, atendiendo a que en la demanda de amparo se señalaron diversos jueces que conocen de distintos procesos penales que se les instruye a los restantes quejosos, por los cuales se realizó la separación de la demanda que nos ocupa; de ahí que sea indispensable para proveer el presente ocurso precisar lo antes expuesto. Por consiguiente, tomando en consideración que es obligación del impetrante de amparo indicar, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, a fin de reunir los requisitos que establecen los mencionados numerales de la ley de la materia, previo a acordar sobre la admisión del escrito de demanda, es menester, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracción II, y 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, requerir a la parte quejosa para que al momento de la notificación, o bien, dentro del término de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo, deberá cumplimentar lo siguiente: PRIMERO. Narrar de manera cronológica los hechos o antecedentes relativos a la petición de indulto que solicitó, así como a qué juez se la presentó. SEGUNDO. Precisar si las legislaciones y precepto que combate son en carácter de autoaplicativas o heteroaplicativas; y, en caso de ser este último, señalar cuál es el acto de aplicación del precepto y legislación combatida, y a qué autoridad se lo atribuye. TERCERO. Deberá señalar cuáles son los actos que reclama a cada uno de los Jueces señalados en su demanda. Tiene aplicación al caso la tesis número I.7º.A. 100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990, tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado en párrafos que antecede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Toda vez que el promovente se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente," con residencia en la congregación de Cerro León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, las notificaciones deben llevarse a cabo en el citado centro de reclusión, como lo establece el inciso a), fracción I, del artículo 26 de la Ley de Amparo. DESIGNACIÓN DE DEFENSOR PÚBLICO. Ahora, tomando en consideración que el quejoso se encuentra privado de su libertad y a fin de no dejarlo en estado de indefensión; en consecuencia, gírese atento oficio al Titular de la Delegación Estatal del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en Veracruz, Veracruz, con el propósito que de no tener inconveniente legal alguno, dentro del término de tres días, contado a partir de que se encuentre debidamente notificado, designe un defensor público federal para que represente al quejoso Adalberto Rodríguez Castillo, en el presente juicio de amparo, o bien, manifieste la imposibilidad legal que tenga para ello; con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículos 237 fracción I y 259 ambos de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente al promovente de amparo en su lugar de reclusión y por oficio al Titular de la Delegación Estatal del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en Veracruz, Veracruz.

  4. Principal

    Xalapa, Veracruz, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta signado por el titular de la Notaría Pública número Quince de la Décima Primera Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, informa que bajo el acta número sesenta mil trescientos setenta y nueve, hizo constar la designación como albacea a Justo Félix Fernandez Chedraui, del proceso sucesorio a bienes de Maximino Fernández Ávila. Por otra parte, el notario de mérito solicita se tenga como delegado al mencionado en su escrito, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo: al respecto, no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que, el citado notario no tiene calidad de autoridad responsable en el presente juicio de amparo. Finalmente, atento a lo acordado en el primer párrafo requiérase a la parte quejosa para que en el término de tres días, computado legalmente, proporcione el domicilio actual y correcto de Justo Félix Fernandez Chedraui con el fin de emplazarlo a juicio y no dejarlo en estado de indefensión, o bien, manifieste bajo protesta de decir verdad si tiene algún impedimento legal para ello, con el apercibimiento que de no hacerlo, se realizará la investigación del domicilio por conducto de diversas autoridades administrativas y, en de resultar negativa ésta, se procederá a realizar el emplazamiento del tercero interesado mediante edictos a costa de la parte quejosa, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción III, incido b) de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Blanca Ofelia Prieto Vega, secretaria que autoriza y da fe

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