Adelaida Sanchez Mendez
Expediente 315/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 315/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Adelaida Sanchez Mendez
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, tres de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de once de abril del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes, por lo que deberán archivarse las actuaciones al tratarse de un asunto concluido Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo y concedido la suspensión de plano, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. EXHORTACIÓN, CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMUNICACIONES CON EL PERSONAL JURISDICCIONAL. Conforme al artículo 257, fracción I, 261 y 263, fracciones II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a las partes a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. De igual forma, se les hace saber que respecto de comunicaciones no procesales, se les brindará la atención vía telefónica, a través del equipo telefónico con que cuenta este Juzgado de Distrito o a través del correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. De manera excepcional se podrá hacer uso de tales medios para comunicaciones procesales, únicamente en el caso de que no cuenten con acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que se conservará el registro respectivo de las comunicaciones realizadas hasta la conclusión del presente asunto. De igual manera, se hace de su conocimiento, que en caso de que alguna de las partes se presente físicamente a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, a consultar el presente expediente, dicha consulta se realizará de manera electrónica, a través del equipo de cómputo con que se cuenta en este órgano jurisdiccional, el cual también podrá ser utilizado para acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y para la participación en videoconferencias con el personal de este órgano jurisdiccional. Se precisa que los equipos telefónicos y de cómputo a que se hace mención, se ubican en el área de recepción de este órgano jurisdiccional y su uso y atención al público será de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos, en días hábiles. DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por *************, en favor de su madre ************* contra el acto que reclama de Director de la Unidad Médica (Clínica Hospital Xalapa) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad y otras. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 315/2023/VI/A. SE ADMITE en sus términos la demanda de que se trata, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo primero, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108 y 110 de la Ley de Amparo. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete, haciéndole entrega de una copia de la demanda de garantías. REPRESENTANTE ESPECIAL. De conformidad con el artículo 8° de la Ley de Amparo, se tiene a *************, como representante de la directa quejosa *************, ello atendiendo a lo manifestado en el escrito de demanda respecto a que ésta dado a su estado actual de salud, está físicamente imposibilitada para presentarla, y que se encuentra acreditado en autos, a través del acta de nacimiento que al efecto ofreció el promovente, que aquella es su madre. SUSPENSIÓN DE PLANO. Ahora, toda vez que la parte quejosa solicita la suspensión de plano de los actos reclamados, se provee lo siguiente: SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. Es conveniente precisar que el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre los que figura el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud; por tanto, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud, mismo que permita a los individuos el acceso a otros derechos humanos como el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación; en este sentido, el objetivo consistente en proteger el derecho a la salud de los pacientes es un fin público, pues excede el mero interés de los particulares al ser una meta inherente del Estado mexicano, por lo que se pondera que con el otorgamiento de la suspensión no se afecta el interés social ni se trasgrede el orden público. Así, el acceso a la salud, establecido tanto en tratados internacionales como en el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que debe ser garantizado a favor de cualquier ser humano que se encuentre dentro del territorio nacional y en este caso a favor de las personas derechohabientes que se encuentran sujetos a una institución de salud pública, implicando a que están bajo el resguardo y responsabilidad del Estado, quien tiene la obligación de velar por la salud de éstos y respetar su dignidad, además que de permitir la continuación de la omisión de la que se duele la directa quejosa, conlleva la posibilidad de que la afectación a su salud pueda ser irreparable aun cuando posteriormente se le practicaran los tratamientos y estudios necesarios, y se le otorgara la atención que requiere, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127, fracción II, de la Ley de Amparo, sería físicamente imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho humano cuya protección reclama. Cabe citar al caso, la tesis número 1a. XXIII/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 626, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, cuyo contenido literal es el siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. IMPONE DEBERES TANTO A LOS PODERES PÚBLICOS COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL ÁMBITO DE LA SALUD. El derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone deberes complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los tribunales; pero también a los particulares, tales como los médicos, hospitales privados, empleadores y administradores de fondos de pensiones y jubilaciones. En consecuencia, del análisis del contenido y estructura del derecho fundamental a la salud, se desprende que éste es vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente, posee eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Por ello, en los asuntos de su conocimiento, los tribunales deben atender a la influencia de los valores que subyacen en el derecho a la salud, fungiendo como un vínculo entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto. Así las cosas, en virtud de la fuerza normativa de la Constitución, no resulta compatible concebir que los hospitales privados y su personal médico son regidos únicamente bajo figuras de derecho privado, en especial cuando estos sujetos obran en aras a la protección de la salud de las personas. En efecto, en virtud de la complejidad de los sistemas jurídicos en la actualidad, y de la estrecha relación entre sus componentes normativos, es claro que existen numerosos ámbitos en los cuales no se puede hacer una división clara y tajante entre derecho público y privado. Lo anterior se actualiza en el ámbito de los hospitales privados y su personal médico, ya que su actuar tiene repercusiones en la protección de la salud de los pacientes. En conclusión, no puede negarse que el objetivo consistente en proteger el derecho a la salud de los pacientes es un fin público, pues excede el mero interés de los particulares al ser una meta inherente del Estado mexicano". (Lo subrayado es propio) Ahora bien, la quejosa manifiesta en su demanda de amparo, que las autoridades responsables niegan a la directa quejosa la prestación de un servicio público y proporcionar una adecuada y amplia atención médica respecto al padecimiento que no le ha sido diagnosticado con exactitud y realizar estudios o análisis clínicos. Asimismo, refiere que el veintiséis de marzo de dos mil veintitrés, la agraviada ingresó vía ambulancia particular al área de urgencias con crisis convulsivas, que en la guardia de ese mismo día al veintisiete siguiente, se informó a sus familiares que presentaba lesión cerebral irreversible, asimismo, en esa misma data, el médico de guardia informó que presentaba muerte cerebral. De igual manera, a partir del veintiocho de marzo siguiente, la directa quejosa fue abandonada por parte del personal médico, dándola de baja de la distribución de bolsas o productos para realizar diálisis. El treinta de marzo del año en curso, se presentó la doctora *************, quien refirió que si querían realizarle una encefalograma para saber el daño neurológico, debían hacerlo de forma particular, retirándole todos los medicamentos y sin informarles su estado de salud, negándoles el reporte si le suministran medicamentos, dializan y si se asea y aspira. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 125 y 127, fracción I de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a favor de *************, para los efectos que enseguida se precisan. LOS EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN consisten en que las autoridades responsables realicen lo siguiente: 1. De manera inmediata le proporcionen la atención y el tratamiento médico que requiere la quejosa *************; lo anterior, a fin de no*************ocasionarle una afectación mayor a la salud, debiendo las*************autoridades responsables, a través del médico adscrito, tomar las*************medidas adecuadas para su atención, proporcionándole, según corresponda los tratamientos, medicamentos, cirugías que sean necesarias para preservar su salud, incluyendo tratamientos paliativos, todo ello bajo su más*************estricta responsabilidad, lo que se determina así, atendiendo a*************que el bien jurídico involucrado en este asunto es precisamente, la*************salud de la quejosa, por lo tanto deberá actuarse con la celeridad y*************eficacia que el médico respectivo reporte a las autoridades*************responsables, a fin de respetar el derecho de la quejosa a la vida y*************a salvaguardar su integridad física. Se cita, por sus consideraciones jurídicas, la tesis aislada*************I.7o.A.316 A, Novena Época, emitida por el Sétimo Tribunal*************Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Tomo XX,*************Septiembre de 2004, página 1880, con número de registro*************180445, del Semanario Judicial de la Federación con rubro y texto*************siguientes:*************"SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CONTRA LA*************ORDEN DE NO PROPORCIONAR EL TRATAMIENTO MÉDICO QUE PREVIAMENTE SE SUMINISTRABA AL QUEJOSO. El derecho a la salud, consagrado por el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la tesis P. XIX/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. Por tanto, si el peticionario de garantías señala como acto reclamado la orden de dejar de proporcionar medicamentos y servicio médico, necesarios para el tratamiento de una enfermedad, que recibía con anterioridad a la presentación de la demanda, debe concederse la suspensión solicitada, al reunirse los requisitos contemplados por el artículo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que la consumación del acto reclamado sería de difícil reparación, pues podría implicar un deterioro irreversible en las condiciones de salud del agraviado; además, con el otorgamiento de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público." REQUERIMIENTO URGENTE A LAS RESPONSABLES. Con motivo de la suspensión de oficio y de plano decretada, se requiere a las autoridades responsables, para que: En el término de veinticuatro horas comuniquen a este Juzgado, a través de oficio, la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a los efectos de la suspensión de plano concedida a la quejosa; debiendo agregar copia certificada escaneada o digitalizada de las constancias correspondientes que acrediten su dicho. Es oportuno aclarar que el término citado transcurre de momento a momento, sin tomar en consideración días y horas inhábiles. APERCIBIMIENTOS A LAS RESPONSABLES, con motivo del anterior requerimiento, se les realizan los siguientes apercibimientos consistentes en que: 1. La violación a esta suspensión entraña el delito establecido en la fracción III, del numeral 262 de la Ley de Amparo, relativo a que se desobedezca un auto de suspensión debidamente notificado. 2. El no informar sobre las medidas tendentes al cumplimiento de la suspensión, puede dar lugar a que se actualice la comisión de un delito en términos de lo dispuesto por el artículo 215 del Código Penal Federal, por cuanto hace a la desobediencia, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL se señala para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, conforme lo establece el artículo 115 de la Ley de Amparo. SE PIDE INFORME JUSTIFICADO a las autoridades señaladas como responsables, en términos de los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto que se les reclama, salvo prueba en contrario. Lo anterior, sin perjuicio que en sentencia se les imponga una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, el informe solicitado, podrá ser remitido a este Juzgado vía ordinaria, al correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx por medio de cuenta de correo o vía telegráfica; sin embargo, salvo que resulte estrictamente indispensable, las autoridades responsables deberán abstenerse de remitir su informe por más de uno de los mencionados medios; esto a fin de evitar la duplicidad innecesaria de actuaciones. SE FORMULAN PREVENCIONES en aras de tutelar el derecho fundamental de administración de justicia contenido en el artículo 17 constitucional, evitando trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual para optimizar los recursos humanos y materiales a efecto de orientarlos en función de la resolución expedita del juicio: I. A las autoridades responsables, para que al rendir su informe justificado: a) Proporcionen un correo electrónico en el cual se les puedan realizar las subsecuentes notificaciones, así como número de teléfono móvil para su confirmación. b) Comuniquen el cambio de situación jurídica, y en su caso, si han ocurrido causas notorias de sobreseimiento. En caso de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c) Remitan copia certificada completa y legible de las constancias que guardan relación con el acto reclamado y sean necesarias para la solución del juicio constitucional. En caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. d) Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que, en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. II. A la parte quejosa: a) Proporcionar un correo electrónico y un número de teléfono móvil para mantener contacto con este juzgado en futuras ocasiones. b) Que para el caso que alguna de las autoridades señaladas como responsables sea inexistente, o bien, su denominación sea incorrecta y no sea posible notificarla, una vez que se le dé vista de esa circunstancia, precise corrija o aclare el nombre de ésta, con el apercibimiento que de no hacerlo, entonces se le sancionará declarándola inexistente y suspendiendo de inmediato toda comunicación, sin que sea dable pronunciarse nuevamente al respecto, en la sentencia que en su caso se dicte. Ello, porque del análisis sistemático y armónico de los artículos 5º, fracción II, 108, fracción II, y 115 de la Ley de Amparo, se desprende que son parte en el juicio la autoridad o autoridades responsables, y que es obligación de la parte quejosa al formular su demanda de amparo, expresar a quiénes le otorga ese carácter, para efecto de que se les pida el informe justificado. RESPECTO AL TERCERO INTERESADO. A que se refiere la fracción III del artículo 5, de la Ley de Amparo, no existe dada la naturaleza del acto que por esta vía se reclama. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la parte quejosa la documental que anexó a su escrito de demanda, así como la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones, de las cuales se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Respecto a la prueba de informes a cargo de la Unidad Médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto, obren agregados en autos los informes justificados que en su caso rindan las autoridades responsables. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, el que indica y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ************* puesto que de la consulta efectuada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se constató que cuentan con registro de cédula profesional; y a *************, únicamente para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado la parte quejosa. Sirve de apoyo la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, con registro 2021840, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." DATOS DE CONTACTO. Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico y números telefónicos, que señala el ocursante, a través de los cuales se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2002576, cuyo rubro se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, para el caso de que al intentar notificar a la autoridad señalada por la parte quejosa como responsable, el fedatario judicial de la adscripción sea informado que la denominación efectuada en la demanda no es la correcta, se faculta a dicho Actuario para que proceda a realizar lo establecido en el artículo 272 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, esto es, para que en dicho acto coloque una línea delgada sobre la denominación incorrecta la cual deberá salvar (firmar), y asiente la denominación correcta; ello, con la finalidad de que dicha autoridad quede notificada del presente acuerdo y esté en aptitud de rendir su informe. En el entendido de que si la autoridad responsable se opone a recibir el oficio correspondiente por estar testado, el Actuario deberá proceder a practicar la notificación de conformidad con lo ordenado en el numeral 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, debiendo levantar la razón correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley d Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. Glosa de promociones sin acuerdo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, conforme a lo previsto en el artículo 17 Constitucional, así como para realizar una labor judicial eficiente, se ordena al Secretario que corresponda, únicamente certificar y agregar a los autos aquéllas promociones de las que resulte intrascendente dictar acuerdo. Lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) Promociones ya acordadas en autos; b) Duplicación de informes y comunicaciones recibidas; c) Piezas postales devueltas que hayan sido proveídas con anterioridad, resulte innecesario su acuerdo o, el expediente esté archivado como concluido; d) Acuses de recibo; y, e) Solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas en este auto). Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, signifíquese a las partes que la expedición de copias será únicamente respecto a un tanto de las constancias solicitadas; sin embargo, en caso de que se solicite más de un juego, deberán exponer las razones que justifiquen tal solicitud. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J. 20/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación, publicada en la página 308, Tomo I, Mayo de dos mil diecisiete, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2014287, de rubro siguiente: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO". Además, indíquese a las partes que pueden obtener copia de las constancias que obren en el expediente electrónico, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del citado Acuerdo General 12/2020, que establece: "Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente". USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN. Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita.
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