Adalberto Vázquez Blanco
Expediente 1094/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1094/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Adalberto Vázquez Blanco
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa... ha causado ejecutoria...archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo y concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en la ciudad del mismo nombre, a través del cual informa que en proveído de doce de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio de amparo ********************, de su índice, determinó insistir en la incompetencia planteada a este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, para conocer del juicio de amparo promovido por Adalberto Vázquez Blanco, y plantea el respectivo conflicto competencial, por lo que en el mismo acuerdo, ordenó la remisión del original del juicio de amparo 1094/2019-VI, del índice de este Juzgado, formado con motivo del diverso ********************, de su índice, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en Puebla, en turno, para la solución de dicho conflicto. Al respecto, agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de mérito, para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar; asimismo, estese en espera de que el superior jerárquico determine lo que en derecho corresponda, a efecto de proveer lo conducente.
- Principal
Téngase por recibido el oficio 67849/2019, signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, con sede en Puebla, Puebla, al que anexa el juicio de amparo indirecto número 1160/2019, de su índice, formado con motivo de la demanda presentada por Adalberto Vazquez Blanco, contra actos del Centro Federal de Reinserción Social Número 5, de Villa Aldama, Veracruz y otras autoridades. Al respecto, se acuerda: Fórmese juicio y regístrese bajo el número 1094/2019-VI-B. Ahora bien, el juzgado federal oficiante, mediante proveído de veintiocho de noviembre de la presente anualidad, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto por razón de territorio, al estimar que quien debe conocer de la presente demanda de amparo lo es el Juzgado de Distrito en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz. Razones del Juez de Distrito oficiante para declinar la competencia. 1. De la demanda de amparo se advirtió que reclama en esencia la falta de salvaguardar su integridad física y psicológica, así como la protección de su salud con motivo de lesiones que ha sufrido por parte de los internos y custodios del centro penitenciario donde se encuentra recluido, lo que constituye actos negativos con efectos positivos, que conllevan una ejecución material, por lo que para determinar la competencia del juez para conocer del asunto se debe atender al lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. 2. Refiere que el quejoso se encuentre recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5, en Villa Aldama, Veracruz, por lo que la ejecución del acto tildado de inconstitucional, se surte en esta entidad federativa. Motivos para rechazar la competencia. A criterio de este órgano jurisdiccional el acto reclamado existe pluralidad de actos reclamados, unos con ejecución y otros carecen de ejecución. Se afirma lo anterior porque el impetrante de amparo señaló en su demanda como actos reclamados los siguientes: ".1) De la primera autoridad señalada como responsable reclamo la omisión de salvaguardar, prevenir y garantizar la integridad física y Psicológica del suscrito, así como el derecho a la protección de la salud, que impacta de forma directa en el bien jurídico tutelado que en la vida del suscrito, puesto que con tal omisión restringe el goce de los derechos humanos antes citados reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales, así mismo la negativa a recibir peticiones de forma verbal y/o escrita de parte del suscrito y/o familiares a efecto de lograr un traslado a un Centro Penitenciario diverso." De la transcripción anterior se tiene que el quejoso combate: 1. La omisión por parte de las autoridades de salvaguardar, prevenir y garantizar la integridad física y psicológica del quejoso. 2. La negativa de recibir peticiones de forma verbal o escrita, a fin de que sea trasladado a otro centro penitenciario. Acotado lo anterior, se considera que el acto reclamado consistente en la negativa a recibir peticiones de forma verbal y/o escrita de parte del suscrito y/o familiares a efecto de lograr un traslado a un Centro Penitenciario diverso, no implica la realización de una obligación de hacer o dar, sino una omisión por parte del Centro de Reclusión señalado como responsable; así, dicho acto, per se, no requiere de una actuación posterior que lo complemente y, por tanto, carece de ejecución material. En ese sentido, para determinar la competencia de actos que no requieren ejecución es necesario acudir a las reglas que establece la actual Ley de Amparo en su artículo 37, mismo que enseguida se transcribe. "CAPÍTULO V Competencia Sección Primera Reglas de Competencia (.) Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (Énfasis añadido.) Del precepto legal preinserto, se desprenden tres reglas fundamentales para determinar la competencia de los juzgados de Distrito al conocer del juicio de amparo, a saber: Será competente el juzgado de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito o empiece a ejecutarse en uno y continúe en otro; será competente cualquiera de los juzgados de esas jurisdicciones, y se atenderá al criterio de prevención en el conocimiento de la demanda; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juzgado de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. De lo antes expuesto se desprende la intención del legislador en el sentido de facilitar al quejoso el acceso al servicio de administración de justicia por permitirle que, cuando el acto pueda ejecutarse en más de un lugar, opte por presentar la demanda ante cualquiera de los juzgados de Distrito que ejerzan jurisdicción sobre los mismos; y todavía con mayor amplitud, al posibilitar que la instancia de amparo se entable ante cualquier juzgado de amparo si el acto no requiere ejecución material. Resulta palpable entonces que las posibilidades de la parte quejosa, para elegir al juzgado que conocerá de la demanda, se ven limitadas cuando el acto reclamado conlleva ejecución material; y que, en caso contrario, no habrá restricción territorial, por lo que el afectado podrá acudir ante cualquier resolutor de amparo sin importar el lugar donde resida, sin ignorar, desde luego, del grado y la vía pertinentes. Postura jurídica que encuentra soporte en las consideraciones sustentadas por el Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver el conflicto competencial 6/2013 de su índice, de donde derivó la tesis XXVI.1 K (10a.), de rubro y texto: "INCOMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LOS AUTOS NO EXISTE INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA DETERMINAR EL LUGAR EN QUE TENDRÁ EJECUCIÓN EL ACTO RECLAMADO, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PRESENTA LA DEMANDA. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador prescindió de atender al lugar de residencia de las autoridades responsables como criterio para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto. En este sentido, dicho ordenamiento dispone que la competencia se surte de acuerdo con las reglas siguientes: a) A favor del Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto autoritario puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda, y c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, la competencia le corresponderá al juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, resulta manifiesta la intención de facilitar a los gobernados el acceso al servicio de administración de justicia, de ahí que cuando las constancias que obran en autos no aporten información suficiente para determinar el lugar en que tendrán ejecución los actos reclamados, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponda al Juez ante quien se presentó la demanda respectiva, pues es dable presumir que el quejoso opta por el tribunal al que le resulta más sencillo acudir, lo que es congruente con el aludido cambio normativo introducido en la Ley de Amparo vigente en materia de competencia." (El subrayado es propio). Así, las resaltadas circunstancias conllevan a discrepar del criterio del Juez declinante, en tanto que el acto reclamado consistente en la negativa a recibir peticiones de forma verbal y/o escrita de parte del suscrito y/o familiares a efecto de lograr un traslado a un Centro Penitenciario diverso, por lo que debe aplicarse la regla del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, para determinar la competencia, en tanto que para aplicar esa regla, además de que el acto reclamado no requiera ejecución material, necesariamente debe existir la voluntad expresa y clara del interesado de optar por determinado tribunal para el conocimiento del juicio. Y, lo que en el caso acontece, es que la parte quejosa presentó la demandada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, y de esta forma expresó de manera clara, el tribunal para el conocimiento del juicio de amparo, entonces, se estima aplicable la regla del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, ante la voluntad expresa de la parte quejosa de optar por el tribunal al que le resulta más sencillo acudir, y así definir cuál debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia se surte a favor del juez de distrito ante quien se haya presentado la demanda de amparo, cuando el acto reclamado no conlleve ejecución material. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo. Así, se considera que la competencia radica en el Juez de Distrito declinante, pues fue ante quien se promovió la demanda de amparo de conformidad con el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Resulta necesario precisar que en el presente asunto se reclaman actos que carecen de ejecución (la negativa a recibir peticiones de forma verbal y/o escrita de parte del suscrito y/o familiares a efecto de lograr un traslado a un Centro Penitenciario diverso) y un acto que tiene ejecución material (omisión por parte de las autoridades de salvaguardar, prevenir y garantizar la integridad física y psicológica del quejoso), es decir, nos encontramos ante una pluralidad de actos, por ende, ante esa situación conforme al principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, esto es, ante el Juzgado declinante, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, se colige que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto de los Juzgados de Distrito del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, dado que el promovente optó por acudir ante aquél. Es aplicable la tesis aislada I.16o.A.9 K (10a.), emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de contenido siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro." Por otro lado, atendiendo a los principios de accesibilidad y celeridad que rigen la impartición de justicia, acorde a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace hincapié en que no es casualidad que el legislador realizara tal distinción al idear la mecánica a seguir para fijar la competencia de los juzgados de Distrito y de los Tribunales Colegiados de circuito al conocer de los juicios de amparo que les corresponden. En mérito de lo anterior, devuélvase el expediente relativo al juicio de amparo 1160/2019, del índice del Juzgado declinante. Fórmese cuaderno de antecedentes. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en la demanda de amparo y como su autorizado con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo a Aquiles Ramírez Rodríguez, ya que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, no se cuenta con registro alguno. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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