Adán Silva Gallardo

Expediente 461/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
461/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
09/07/2018

Partes del expediente

  • Adán Silva Gallardo

Actuaciones

  1. Principal

    A sus autos el escrito de cuenta, signado por ********************, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que refiere, previa razón de recibo que se deje en autos para constancia.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días que tuvo el promovente para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del proveído dictado el cinco de junio del presente año, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho; consecuentemente, se declara que dicho acuerdo queda firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, no se tramitó incidente de suspensión y no existen documentos originales exhibidos por la quejosa.

  3. Principal

    Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por ********, por propio derecho; en contra de actos del juez Segundo Civil del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); bajo el registro número 461/2018. Análisis de la procedencia del juicio de amparo En razón de lo narrado, se estudia primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, de rubro y texto: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, 107 fracción V, aplicado a contrario sensu, y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, presentada por********, por derecho propio, en contra de acto atribuidos al juez Segundo Civil del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato. Lo que se hace en atención a las siguientes consideraciones El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra establece Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Del análisis integral del escrito inicial de demanda de amparo, emerge que el quejoso reclama la resolución de nueve de mayo de dos mil dieciocho, dictada dentro del juicio de tercería excluyente de preferencia C-185/2016, por la cual resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de dieciocho de abril del año en curso, en el que se tuvo al quejoso por desistido de una prueba documental. De la lectura de la demanda de amparo, se advierten los siguientes antecedentes 1) En el Juzgado Segundo Civil del Partido Judicial de Celaya, se tramitó el juicio sumario hipotecario C521/2015, promovido por José Álvaro Rodríguez Camarena en contra de Ernesto Silva Arellano, en el cual se dictó sentencia definitiva el cinco de enero de dos mil dieciséis, en el que se condenó al demandado a las prestaciones reclamadas., y en el procedimiento de ejecución se determinó emplazar al hoy quejoso como acreedor al aparecer en el certificado de gravámenes. 2) El quince de abril compareció el quejoso al citado juicio sumario hipotecaria a promover tercería excluyente de preferencia, la cual, al tramitarse por cuerda separada, se registró con el número de expediente *** 3) El once de julio de dos mil diecisiete, el quejoso ofreció como prueba documental copia certificada del contrato de mutuo de fecha doce de diciembre de dos mil doce, celebrado entre *********, ante la fe del notario público número Diecinueve de esta ciudad, por lo que solicitó se requiriera a dicho notario para que expidiera copia certificad de dicho contrato; prueba que se admitió por auto de doce de julio siguiente. 4) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho se tuvo al quejoso por desistido de dicha probanza al no aportarla directamente en el término de tres días; en contra de esta determinación el inconforme interpuso recurso de revocación. 5) El nueve de mayo de dos mil dieciocho se resolvió el recurso de revocación, en el cual al declararse inoperantes los agravios, se confirmó el auto impugnado. En razón a lo anterior, como se precisó, procede desechar de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, interpretado a contrario sensu y 172, fracciones III y XII, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo". De la lectura de los preceptos legales transcritos, se desprende que respecto a las violaciones que se cometan durante el procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, de acuerdo al inciso b, de la fracción III, del artículo 107 constitucional, o que tengan sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos del numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como cuando afecten a personas extrañas al juicio. En efecto, conforme a la aludida ley de la materia, el amparo indirecto respecto de actos dentro de juicio, sólo procede en los siguientes casos de excepción: a) Cuando se trate de actos cuya ejecución sean de imposible reparación y, b) Cuando afecten a personas extrañas al juicio. Así pues, debe establecerse una interpretación congruente con el texto constitucional, de lo que debe entenderse por actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. En cuanto al tema que se aborda, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en los derechos humanos previstos en la carta magna, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate. Es aplicable al caso la jurisprudencia 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, del Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone literalmente lo siguiente: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En estos casos, (los de excepción) la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto ante el juez de Distrito, sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, pues como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Sin embargo, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. En efecto, los actos de naturaleza adjetiva, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental, sino que tan solo hacen la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Ante todo, se debe destacar que la Ley de Amparo, en su artículo 172, señala qué actuaciones son consideradas como violaciones al procedimiento en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, y que afectan las defensas del quejoso, cuya impugnación debe hacerse al reclamar la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, mediante el juicio de amparo directo. Dentro de esas violaciones al procedimiento, se encuentran las que desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. En tal virtud, el medio idóneo para impugnar el auto que admite o desecha una prueba legalmente ofrecida en el procedimiento y ordena su desahogo, es el amparo directo. Por tanto, si se tiene en cuenta que la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de nueve de mayo de dos mil dieciocho, dictada dentro del juicio de tercería excluyente de preferencia ***, por la cual resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de dieciocho de abril del año en curso, en el que se tuvo al quejoso por desistido de una prueba documental. De lo anterior, resulta claro que el acto reclamado en el caso, no debe ser considerado como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, porque no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental de la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que a través del citado acto no se incurre en infracción de derechos sustantivos, sino que sus efectos conllevan la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, los cuales pueden ser reparados a través de una resolución favorable en el procedimiento respectivo de la tercería y, en caso de no ser así, el mismo podría ser impugnado en amparo directo como violación procesal, conforme a lo establecido por los artículos 171 y 172, fracción III y 174, todos de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 892, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." (Época: Octava Época, Registro: 207226, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, Materia(s): Común, Tesis: 3a. 20/90, Página: 236) Así como, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./. 126/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De los artículos 976, 977 y 978 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el segundo de los preceptos citados establezca que se tramitarán en forma incidental, pues esta mención sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, la tercería decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Además, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo Por tanto, la resolución reclamada, no constituye un acto procesal de imposible reparación ya que, del proceder del juzgado responsable no depende la suerte de todo el juicio de la tercería, de ahí que no viola ningún derecho sustantivo en su perjuicio, sino que tal acto se trata de una violación procesal que solo produce efectos formales o intraprocesales, los cuales, en caso de que se obtenga una sentencia definitiva favorable a sus intereses, se extinguirán sin ocasionar ningún perjuicio en sus derechos sustantivos y, en caso contrario, podrá alegar tal violación en el amparo directo que promueva contra el fallo definitivo En efecto, se reitera, que por regla general los actos procesales que se relacionan con el desahogo, admisión, desechamiento o no recepción de pruebas, no afectan materialmente en forma directa e inmediata los derechos sustantivos del oferente o de su contraparte, pues sus efectos jurídicos son intraprocesales En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por ********, en contra del acto que reclama del juez Segundo Civil del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, localizable en la página 648, del tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio Así como, la tesis V.3o.111 k sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XV-II, febrero de 1995, en la página 489, que establece: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio". Designación de domicilio y autorizados. Se tiene designado domicilio para recibir notificaciones en calle ***, de esta ciudad; y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********, en virtud de que sus cédulas profesionales se encuentran inscritas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y la persona restante en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal citado, toda vez que no se encuentran en ese supuesto. Habilitación de días y horas para notificaciones. Finalmente, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

  4. Principal

    Por este medio se notifica ala parte quejosa, el proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho, mismo que a ala letra dice: Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por ********, por propio derecho; en contra de actos del juez Segundo Civil del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); bajo el registro número 461/2018. Análisis de la procedencia del juicio de amparo En razón de lo narrado, se estudia primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, de rubro y texto: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, 107 fracción V, aplicado a contrario sensu, y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, presentada por********, por derecho propio, en contra de acto atribuidos al juez Segundo Civil del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato. Lo que se hace en atención a las siguientes consideraciones El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra establece Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Del análisis integral del escrito inicial de demanda de amparo, emerge que el quejoso reclama la resolución de nueve de mayo de dos mil dieciocho, dictada dentro del juicio de tercería excluyente de preferencia C-185/2016, por la cual resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de dieciocho de abril del año en curso, en el que se tuvo al quejoso por desistido de una prueba documental. De la lectura de la demanda de amparo, se advierten los siguientes antecedentes 1) En el Juzgado Segundo Civil del Partido Judicial de Celaya, se tramitó el juicio sumario hipotecario C521/2015, promovido por José Álvaro Rodríguez Camarena en contra de Ernesto Silva Arellano, en el cual se dictó sentencia definitiva el cinco de enero de dos mil dieciséis, en el que se condenó al demandado a las prestaciones reclamadas., y en el procedimiento de ejecución se determinó emplazar al hoy quejoso como acreedor al aparecer en el certificado de gravámenes. 2) El quince de abril compareció el quejoso al citado juicio sumario hipotecaria a promover tercería excluyente de preferencia, la cual, al tramitarse por cuerda separada, se registró con el número de expediente *** 3) El once de julio de dos mil diecisiete, el quejoso ofreció como prueba documental copia certificada del contrato de mutuo de fecha doce de diciembre de dos mil doce, celebrado entre *********, ante la fe del notario público número Diecinueve de esta ciudad, por lo que solicitó se requiriera a dicho notario para que expidiera copia certificad de dicho contrato; prueba que se admitió por auto de doce de julio siguiente. 4) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho se tuvo al quejoso por desistido de dicha probanza al no aportarla directamente en el término de tres días; en contra de esta determinación el inconforme interpuso recurso de revocación. 5) El nueve de mayo de dos mil dieciocho se resolvió el recurso de revocación, en el cual al declararse inoperantes los agravios, se confirmó el auto impugnado. En razón a lo anterior, como se precisó, procede desechar de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, interpretado a contrario sensu y 172, fracciones III y XII, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo". De la lectura de los preceptos legales transcritos, se desprende que respecto a las violaciones que se cometan durante el procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, de acuerdo al inciso b, de la fracción III, del artículo 107 constitucional, o que tengan sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos del numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como cuando afecten a personas extrañas al juicio. En efecto, conforme a la aludida ley de la materia, el amparo indirecto respecto de actos dentro de juicio, sólo procede en los siguientes casos de excepción: a) Cuando se trate de actos cuya ejecución sean de imposible reparación y, b) Cuando afecten a personas extrañas al juicio. Así pues, debe establecerse una interpretación congruente con el texto constitucional, de lo que debe entenderse por actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. En cuanto al tema que se aborda, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en los derechos humanos previstos en la carta magna, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate. Es aplicable al caso la jurisprudencia 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, del Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone literalmente lo siguiente: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En estos casos, (los de excepción) la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto ante el juez de Distrito, sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, pues como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Sin embargo, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. En efecto, los actos de naturaleza adjetiva, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental, sino que tan solo hacen la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Ante todo, se debe destacar que la Ley de Amparo, en su artículo 172, señala qué actuaciones son consideradas como violaciones al procedimiento en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, y que afectan las defensas del quejoso, cuya impugnación debe hacerse al reclamar la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, mediante el juicio de amparo directo. Dentro de esas violaciones al procedimiento, se encuentran las que desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. En tal virtud, el medio idóneo para impugnar el auto que admite o desecha una prueba legalmente ofrecida en el procedimiento y ordena su desahogo, es el amparo directo. Por tanto, si se tiene en cuenta que la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de nueve de mayo de dos mil dieciocho, dictada dentro del juicio de tercería excluyente de preferencia ***, por la cual resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de dieciocho de abril del año en curso, en el que se tuvo al quejoso por desistido de una prueba documental. De lo anterior, resulta claro que el acto reclamado en el caso, no debe ser considerado como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, porque no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental de la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que a través del citado acto no se incurre en infracción de derechos sustantivos, sino que sus efectos conllevan la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, los cuales pueden ser reparados a través de una resolución favorable en el procedimiento respectivo de la tercería y, en caso de no ser así, el mismo podría ser impugnado en amparo directo como violación procesal, conforme a lo establecido por los artículos 171 y 172, fracción III y 174, todos de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 892, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." (Época: Octava Época, Registro: 207226, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, Materia(s): Común, Tesis: 3a. 20/90, Página: 236) Así como, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./. 126/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De los artículos 976, 977 y 978 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el segundo de los preceptos citados establezca que se tramitarán en forma incidental, pues esta mención sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, la tercería decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Además, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo Por tanto, la resolución reclamada, no constituye un acto procesal de imposible reparación ya que, del proceder del juzgado responsable no depende la suerte de todo el juicio de la tercería, de ahí que no viola ningún derecho sustantivo en su perjuicio, sino que tal acto se trata de una violación procesal que solo produce efectos formales o intraprocesales, los cuales, en caso de que se obtenga una sentencia definitiva favorable a sus intereses, se extinguirán sin ocasionar ningún perjuicio en sus derechos sustantivos y, en caso contrario, podrá alegar tal violación en el amparo directo que promueva contra el fallo definitivo En efecto, se reitera, que por regla general los actos procesales que se relacionan con el desahogo, admisión, desechamiento o no recepción de pruebas, no afectan materialmente en forma directa e inmediata los derechos sustantivos del oferente o de su contraparte, pues sus efectos jurídicos son intraprocesales En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por ********, en contra del acto que reclama del juez Segundo Civil del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, localizable en la página 648, del tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio Así como, la tesis V.3o.111 k sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XV-II, febrero de 1995, en la página 489, que establece: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio". Designación de domicilio y autorizados. Se tiene designado domicilio para recibir notificaciones en calle ***, de esta ciudad; y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********, en virtud de que sus cédulas profesionales se encuentran inscritas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y la persona restante en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal citado, toda vez que no se encuentran en ese supuesto. Habilitación de días y horas para notificaciones. Finalmente, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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