Adán Darío Cuevas Herrerías

Expediente 879/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
879/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
15/11/2018

Partes del expediente

  • Adán Darío Cuevas Herrerías

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos sin mayor proveído el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual el juez Único Civil de Partido en Cortazar, Guanajuato, devuelve debidamente diligenciado el despacho local 344/2018, mismo que fue enviado para notificar al quejoso el proveído de diecinueve de octubre del año en curso; toda vez que por auto de seis de noviembre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo.

  2. Principal

    Vistos los escritos de cuenta, signados por ***** ; toda vez que de la notificación personal (proveído de diecinueve de octubre del año en curso, por el que se previno al promovente), practicada al quejoso mediante comparecencia de veintinueve de octubre pasado, se advierte que este, bajo protesta de decir verdad manifestó que a la fecha de la citada comparecencia no ha recibido notificación alguna del citado proveído; consecuentemente, se toma en consideración la manifestación realizada por el promovente del amparo, por lo que se tiene por cumplida la prevención aludida y en atención al contenido del citado escrito, se provee lo siguiente: Desechamiento de la demanda Ahora bien, es preciso señalar que la procedencia del juicio de amparo es de estudio preponderante, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Bajo ese contexto, este juzgador estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Dicho principio, consistente en que por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección constitucional En ese sentido, es preciso apuntar que el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: "...Acto reclamado Es violatorio de mis derechos constitucionales el acuerdo dictado por el C. JUEZ DE PARTIDO DE LO CIVIL, ÚNICO EN CORTAZAR, GUANAJUATO, así como su validación por tener carácter de fedatario el C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PARTIDO DE LO CIVIL, ÚNICO EN CORTAZAR, GUANAJUATO, de fecha 26 de septiembre del año en curso, dictado dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, en el juicio ejecutivo mercantil, con número de expediente M-009/20106 y que bajo protesta de decir verdad me enteré hasta el día tres de octubre de dos m mil dieciocho, toda vez que no me proporcionaban el expediente para ver el acuerdo mencionado, ya que se encontraba en trámite de acuerdo una promoción de la adjudicataria, acuerdo que a la letra dice Dígase al promovente que no ha lugar (sic) de conformidad lo (sic) solicitado, ya que como obra en autos del presente expediente, existe gravamen en primer lugar y grado a favor del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES; por lo que con fundamento en el artículo 500 del Código Federal de Procedimientos Civiles: ".sólo se pagará (sic) el importe de su crédito después de haber sido pagados los acreedores preferentes, cuando ya hubiere sentencia firme que defina sus créditos, o reservada la cantidad necesaria para cubrir principal, intereses y costas de dichos créditos Reclamo dicho acuerdo porque el precepto con el que pretende dar cumplimiento a su resolutivo inaplicable y por tanto ilegal, ya que sin ninguna justificación que lo sustente y motive, se transcribe de manera fragmentada dicho precepto, de manera tendenciosa y fuera de contexto, ya que el precepto, considerado sin mutilación alguna, hace referencia a la aplicación del producto de la venta del remate en almoneda, en juicios donde hay varios embargos, lo que explicara la necesidad de un orden de prelación para los pagos, pero es el caso de que EN EL JUICIO EN CUESTIÓN NO EXISTE NINGÚN OTRO EMBARGO; asimismo, hace referencia a que se debe esperar a que se dicten sentencias, porque ilógicamente supone el juzgador la existencia de otro u otros juicios, sin que mencione el juzgador si es en el mismo juzgado o en otro tribunal, sin embargo, NO EXISTE EVIDENCIAS DE OTRO JUICIO, NI SE TIENE NOTICIA DE LA EXISTENCIA DE ALGUNO; finalmente, es de tener en cuenta que no consta en autos ninguna promoción de persona alguna por el que se haga valer algún derecho, incluyendo al INFONAVIT, por lo que oficiosamente el juzgador pretende reconocer derechos que no le han pedido, infringiendo la norma que le prohíbe actuar de oficio en beneficio de alguien, y en especial de quienes no son partes en el juicio; por lo que el precepto transcrito es MUTILADO para fundamentar el acuerdo impugnado e INTERPRETADO ERRONEAMENTE Y FUERA DE CONTEXTO, razón por lo que la aplicación que s ele pretende dar es jurídicamente aberrante, independientemente de que el juzgador se excede e sus funciones y facultades al validar oficiosamente derechos de terceros al juicio sin previa petición b) Por otra parte, el C. JUEZ DE PARTIFO DE LO CIVIL, ÚNICO EN CORTAZAR, GUANAJUATO y el C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PARTIDO DE LO CIVIL, ÚNICO EN CORTAZAR, GUANAJUATO, han dictado acuerdos de manera oficiosa e ilegal (como es la revocación de acuerdos sin fundamento ni razón ni motivación alguna, pero el acabose ha sido lo actuado a partir de que se celebró el remate en almoneda del inmueble embargado, el día 29 (VEINTINUEVE) de agosto del año dos mil dieciocho, fecha a partir de la cual se han dictado proveídos en mi perjuicio y que, en aras de la prudencia no impugné en su momento, hasta ahora que el acuerdo señalado me deja en completa y total indefensión, de conformidad con los conceptos de violación que más adelante describiré con toda puntualidad De lo antes transcrito se desprende que el auto de veintiséis de septiembre del año en curso, por el que se reconoce como acreedor preferente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, fue dictado en ejecución de sentencia dentro del juicio ejecutivo mercantil M-009/2016 de origen, donde el quejoso funge como parte actora Acto respecto del cual, el promovente del amparo no agotó el principio de definitividad, previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues al ser parte en el juicio de origen, estaba obligado a interponer el medio ordinario de defensa que establece el Código de Comercio, esto es, el recurso de revocación, previsto en el numeral 1334 Cierto, este precepto legal prevé la procedencia del recurso de revocación en contra de los actos que no fueren apelables; luego por razón de la cuantía del negocio [la cual asciende a la cantidad de $150,833.00 (ciento cincuenta mil ochocientos treinta y tres pesos 00/100 moneda nacional), información que se desprende de los antecedentes del acto reclamado narrados por el propio quejoso en su escrito de desahogo]; el auto por el que se reconoce al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como acreedor preferente no era apelable, por tanto, como se dijo, el quejoso debió impugnarlo a través del recurso de revocación Ello es así, pues el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y el principio de definitividad que rige su procedencia obliga al gobernado a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establecen para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria En efecto, la causal de improcedencia en cuestión, se refiere a cuando se reclaman resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 401, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, decima época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno Lo anterior es así, puesto que cuando existe certeza -como en el caso- de que contra el acto reclamado en un juicio de amparo procede un recurso ordinario dentro del procedimiento del que deriva, en términos de lo previsto en el numeral 61 fracción XVIII, de la ley de la materia, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 del propio ordenamiento legal Apoya al anterior razonamiento, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, localizable en la página 648, del tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio Cabe precisar que la presente conclusión, se estima armónica con los derechos de la parte quejosa reconocidos por el constituyente en relación con el acceso efectivo a una impartición de justicia pronta, pues de las constancias que remitió la responsable se tiene la certeza que el quejoso es parte y que el auto que reclama debió haberlo impugnado a través del recurso de revocación, por lo que, aún con los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, a la aquí alcanzada Domicilio. Téngase como domicilio del promovente el que indica en su diverso escrito registrado con el número 12047, toda vez que el mismo se encuentra dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, esto es, el ubicado en calle *****, en esta ciudad

  3. Principal

    Recepción de escrito de demanda. Vista la demanda de amparo presentada por *********, por propio derecho, en contra de actos del juez de Partido de lo Civil, único en Cortazar, Guanajuato y otra autoridad; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 879/2018-VI. b) Prevención. Previamente a proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, 110 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días y bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: Narre los antecedentes del acto reclamado, es decir, señale cada una de las etapas del juicio ejecutivo mercantil *** de origen, de donde deriva el acto reclamado. Señale a cuánto asciende la cuantía principal del asunto, es decir el monto por el que fue suscrito el documento base de la acción. Cuestiones las requeridas que resultan indispensables para estar en aptitud de determinar la procedencia de la demanda de amparo y fijar adecuadamente la litis constitucional. Esta prevención deberá ser desahogada directamente por el propio promovente, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal por falsedad que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, pagina trescientos cuarenta y ocho, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". En el entendido, que de tener conocimiento de actos realizados en la tramitación del presente juicio constitucional que puedan resultar constitutivos de alguno de los delitos previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, en términos de los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la invocada ley, se dará vista al agente del Ministerio Público Federal, a fin de que los investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." En la inteligencia de que deberá exhibir copias suficientes de su ocurso aclaratorio, para correr traslado a las partes. c) Apercibimiento. Apercibido que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por NO PRESENTADA la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. d) Domicilio y autorizados. Sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos relacionados con el presente asunto, el que refiere en su demanda de amparo, toda vez que se encuentra fuera de la residencia este juzgado federal. Sin embargo, por única ocasión y por la naturaleza del asunto, con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2, gírese atento despacho al juez Único Civil de Partido en Cortazar, Guanajuato, para que en auxilio de la justicia federal y por delegación de facultades de este juzgado, se sirva notificar al quejoso **********, en el domicilio ubicado en calle ****, el presente proveído. Se instruye al servidor público encargado de realizar la diligencia encomendada, requiera al quejoso para que, dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación indicada, de ser su deseo, señale domicilio en la ciudad de Celaya, Guanajuato, para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal se le harán por lista que se fije en los estrados del órgano jurisdiccional exhortante, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia. Acorde con las facultades delegadas por el órgano jurisdiccional emisor, y con fundamento en lo establecido por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de la diligencia encomendada, previa razón asentada por el funcionario encargado de diligenciar la encomienda formulada. Por otra parte, téngase como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que indica, toda vez que no fueron proporcionados mayores datos que justifiquen que tales autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogada, tales como su número de cédula profesional o de inscripción ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. e) Habilitación de días y horas para notificaciones. Finalmente, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. f) Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. g) Requerimiento de copias a autoridad señalada como responsable. No obstante lo anterior, a efecto de mejor proveer, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al juez Único Civil de Partido en Cortázar, Guanajuato, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que reciba el oficio correspondiente, narre vía correo electrónico a la dirección 8jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, de manera sucinta el estado procesal en que se encuentra el juicio ejecutivo mercantil ***de su índice, presentado por *********; es decir, de manera enunciativa indique las actuaciones realizadas con posterioridad a la recepción de dicho juicio, hasta la etapa en la que se encuentra actualmente. Lo anterior, sin perjuicio que de manera ordinaria, remita en copia certificada la totalidad de las constancias con las que acredite lo manifestado. Apercibido, que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien días, conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 27/2004, Registro 181833, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, página 354, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO ADMINISTRATIVO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER, PERO NO POSTERGAR SU DECISIÓN. En términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, a falta de disposición expresa debe atenderse a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento legal que en el artículo 79 establece que para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier persona y de cualquier documento, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. En este contexto, tratándose de la suspensión provisional en el juicio de amparo administrativo, debe considerarse que la regla general es que una vez satisfechos los requisitos a que aluden los artículos 120 y 124 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe proveer de inmediato sobre dicha solicitud; sin embargo, esto no obsta para que cuando se prevenga al promovente para que subsane alguna irregularidad de la demanda, en el mismo acuerdo se requiera a las autoridades responsables la presentación de algún documento que se considere indispensable para mejor proveer, pero una vez desahogada la prevención al quejoso, acatado o no el requerimiento formulado a las responsables, el Juez de Distrito debe proveer de inmediato en relación a la suspensión de los actos reclamados."

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