Adán Darío Cuevas Herrerías

Expediente 953/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
953/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
02/12/2019

Partes del expediente

  • Adán Darío Cuevas Herrerías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el auto de once de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según el artículo 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que se dictó un auto en el que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio. Finalmente, resulta innecesaria la retención de los tres tomos de pruebas, formados con las constancias que anexó a su informe justificado la autoridad responsable juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad; por tanto, se ordena su devolución.

  2. Principal

    Vistos los escritos signados por el quejoso ********* y *********, apoderada legal del tercero interesado *********, por los que pretenden formular alegatos y además la segunda nombrada trata de ofrecer pruebas de su parte; al respecto, agréguense únicamente para que consten, toda vez que el once de noviembre de dos mil diecinueve, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. Por otra parte, respecto de las personas que pretende autorizar la apoderada de la parte tercera interesada, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve.

  3. Principal

    Visto el estado de autos se evidencia que la parte quejosa reclama en la presente instancia la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en los autos del juicio ejecutivo mercantil número *** del índice del Juzgado Cuarto Civil de partido de esta ciudad, mediante la cual confirmó el proveído de catorce de agosto de esa anualidad, en el que se determinó que no ha lugar acordar de manera favorable la petición del aquí quejoso, consistente en entregarle el producto de la venta en almoneda del inmueble embargado. En tal virtud, se advierte que en la especie se surte de manera notoria y evidente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo. El precepto legal enunciado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." Del precepto legal transcrito se evidencia que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado sea materia de un diverso sumario constitucional pendiente de que se emita sentencia ejecutoria. En tal virtud, para que se actualice la causa de improcedencia en cita, se requiere que se reúnan los requisitos siguientes: 1. Que un acto se reclame en forma simultánea en dos juicios de amparo; 2. Que alguno de esos juicios esté pendiente de resolución, ya sea en primera o en segunda instancia; y, 3. Que ambos juicios de amparo se hayan promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Lo anterior, significa estar ante la institución procesal de la litispendencia. Bajo ese contexto, la litispendencia tiene como finalidad que se guarde la unidad del proceso, que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio y, sin duda, de evitar que se pronuncien resoluciones contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. En tal virtud, cuando se configura esta cuestión en un proceso, produce la extinción del mismo, de tal suerte que subsiste el primero que fue promovido; sin embargo, para el surgimiento de esta figura procesal es necesario que se colmen los extremos: identidad de los elementos del litigio, es decir, se refiere a la igualdad de los sujetos, el objeto y la pretensión en dos juicios. Esta triple identidad de los elementos, trasladados al juicio de amparo son: el quejoso, el acto reclamado y la autoridad responsable, lo que se desprende claramente de la parte final de la fracción X, del numeral 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí se exponen, la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Ahora bien, es necesario aclarar que la figura de litispendencia puede surtirse en dos momentos: 1. Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio; y, 2. Cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo. Sustenta lo anterior la tesis I.11o.C.31 K (10a.) emitida por el Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , que establece: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Ahora bien, de una consulta realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se evidencia la existencia del juicio de amparo número 1019/2018 de nuestro índice, así como del amparo en revisión número 158/2019 de la estadística del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito. Lo anterior, se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a Ley de Amparo, y se ordena agregar copia certificada de la impresión correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Del juicio de amparo ***, se desprenden los siguientes datos: 1. Que **********, promovió dicho juicio de amparo, en el cual señaló como autoridad responsable al Juez Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, de quien reclamó: a. El proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil número *** de la estadística del Juzgado Único Civil de Cortazar, Guanajuato, mediante el cual, determinó no ha lugar acordar la petición del aquí quejoso, consistente en entregarle el producto de la venta en almoneda del inmueble embargado; y b. La resolución dictada el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho en el citado controvertido de origen, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de veintiséis de septiembre del año pasado, en el sentido de confirmar el auto impugnado. 2. Que en el citado juicio de amparo se dictó sentencia el treinta de abril de dos mil diecinueve, en la que por una parte se sobreseyó, y por la otra, se negó la protección de la justicia federal. 3. Que dicha resolución, fue impugnada mediante el recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, quien lo radicó bajo el número de amparo en revisión número ***, el cual se encuentra pendiente de resolución. En ese sentido, a consideración de este juzgador federal, se actualiza la hipótesis de improcedencia en estudio, dado que los requisitos para tal efecto, se encuentran patentes en la especie. Ello es así, en virtud de que ********** promovió el presente juicio de amparo, y de las constancias que integran este expediente se advierte que en esencia, el quejoso, el acto reclamado y la autoridad responsable son los mismos. En efecto, en la presente instancia constitucional se reclama de la juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en los autos del juicio ejecutivo mercantil número M-79/2019, mediante la cual confirmó el proveído de catorce de agosto de esa anualidad, en el que se determinó que no ha lugar acordar de manera favorable la petición del aquí quejoso, consistente en entregarle el producto de la venta en almoneda del inmueble embargado; ello, pues sostuvo la juez responsable que por diverso auto de veintiséis de septiembre y resolución de veintiuno de noviembre, ambos de dos mil dieciocho, se acordó lo conducente; además, precisó la responsable que en contra de esas determinaciones promovió juicio de amparo indirecto y con posterioridad interpuso recurso de revisión. Lo anterior, pone de manifiesto que en ambos juicio de amparo se reclamó, en esencia, por el mismo quejoso, una resolución que confirmó el proveído, por el cual no se acordó favorablemente la petición de la parte actora del controvertido de origen, en el sentido de que le sea entregado el producto de la venta del inmueble embargado. Sin que pase inadvertido para este juzgador que las autoridades señaladas como responsables y las fechas de las resoluciones reclamadas difieran; sin embargo, tales circunstancias no son suficientes para desvirtuar la causal de improcedencia en estudio. Ello es así, puesto que si bien en el primer juicio de amparo se señaló como autoridad responsable al Juzgado Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato y en el segundo a la juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, lo cierto es que el cambio de autoridad atendió tanto a la excusa planteada por el primer juzgador, como a la disolución o extinción de un diverso órgano jurisdiccional; circunstancias por las cuales la juez citada en último término es la que en este momento conoce del controvertido de origen. Además, el problema jurídico a resolver en ambos juicios en esencia es el mismo, toda vez que la pretensión del promovente de los amparos se traduce en determinar si es correcto que la juez responsable confirmara las resoluciones que negaron entregarle el producto de la venta del inmueble embargado. Estas circunstancias permiten evidenciar que la litis constitucional es la misma, ya que en ambos casos existe identidad en el fondo del asunto y que la juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad es quien conoce del controvertido de origen. Por tanto, se concluye que el acto reclamado en esta instancia constitucional fue materia del diverso juicio de amparo ***, el cual se encuentra sub júdice a la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en el amparo en revisión número ***, pues a la fecha está pendiente de resolución el citado medio de impugnación; por tanto, la sentencia ahí dictada no ha quedado firme. En ese sentido, si existe un pronunciamiento sobre el mismo problema jurídico, promovido por el mismo quejoso, en contra de la misma autoridad responsable, es incuestionable que nos encontramos ante la figura procesal de litispendencia, es decir, que existe un litigio pendiente de resolver en segundo instancia, el cual se dará por concluido una vez que ahí exista cosa juzgada. De ahí que, se encuentren satisfechas las exigencias para acreditar la causa de improcedencia que hace alusión a la figura jurídica de litispendencia, conforme a la fracción X del numeral 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone, la jurisprudencia P./J. 9/2019 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto siguientes "CONFLICTOS POR LITISPENDENCIA Y ACUMULACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. DIFERENCIAS, TRAMITACIÓN Y CONSECUENCIAS. El artículo 49 de la Ley de Amparo regula el supuesto específico de litispendencia entre juicios de amparo, que implica una identidad completa en relación con los quejosos, las autoridades responsables y los actos reclamados, cuyo caso de conflicto debe tramitarse con las reglas aplicables a las cuestiones competenciales, referidas en el artículo 48 de ese ordenamiento. Por ende, una vez desahogado el conflicto y determinado el juicio primigenio que debe prevalecer, así como el órgano que ha de continuar con su trámite en un segundo momento, ello dará lugar a que en el segundo o ulteriores juicios se sobresea en términos del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene una naturaleza y consecuencias distintas en los casos en que se advierte la existencia de conexidad entre juicios de amparo (entendida como aquella en donde el mismo quejoso reclame un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o diversos quejosos reclamen, de las mismas autoridades, el mismo acto violatorio de derechos humanos), lo que no implica una identidad absoluta, pero sí elementos comunes. Así, en este supuesto, puede presentarse un conflicto por acumulación, el cual debe resolverse conforme a las jurisprudencias P./J. 24/2015 (10a.) y P./J. 25/2015 (10a.), emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En razón de lo anterior, resulta innecesaria la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del doce de noviembre de dos mil diecinueve. Háganse las anotaciones en el libro y sistema electrónico correspondientes. Notifíquese y personalmente a las partes.

  4. Principal

    Agréguese el escrito signado por el quejoso **********, por el cual ofrece como prueba de su parte, las documentales que anexó a su ocurso, consistente en un legajo de copias certificadas del expediente *** del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, la que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada dada su especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella al celebrarse la audiencia en este juicio. Asimismo, como lo solicita el promovente, se tiene como prueba de su parte, la documental que la citada autoridad responsable allegó al presente juicio con su informe justificado.

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