Adareli García Calderon

Expediente 308/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
308/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
15/04/2019

Partes del expediente

  • Adareli García Calderon

Actuaciones

  1. Principal

    Se desecha demanda de amparo.

  2. Principal

    Atento a que el (a) quejoso (a) ********** o cualquiera de sus autorizados no comparecieron a este Juzgado el dieciséis y veintidós de abril del año en curso a notificarse personalmente del proveído o resolución de quince de abril de dos mil diecinueve -no obstante de habérsele dejado oportunamente en el domicilio señalado en autos el respectivo citatorio para ello, siendo inhábiles el del diecisiete al veintiuno del mes y año citados-, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, le notifico el referido auto o resolución por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en punto de las nueve horas del veintitrés de abril de dos mil diecinueve; y que en lo conducente establece: ? Recepción de demanda. Por recibida la demanda de amparo signada por **********, en contra de actos de la Administradora Desconcentrara de Recaudación de Guanajuato "3", con sede en esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 5, 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, con el registro número 308/2019. Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se provee: Desechamiento de demanda. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En acatamiento a tal precepto legal, este juzgado determina que debe desecharse la demanda de cuenta, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" Ahora bien, del escrito de demanda, se desprenden los siguientes antecedentes:  Por oficio número 400 27 00 05 00 2019-1333 de fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable hizo del conocimiento de la aquí quejosa la cancelación de su certificado de sello digital, lo cual le impide continuar con su actividad de contribuyente registrada.  Ante ello, la aquí quejosa presentó una aclaración para subsanar las irregularidades detectadas, conforme lo establece el artículo 17-H sexto párrafo y las regla I.2.2.3. cuarto párrafo, emitida por el Servicio de Administración Tributaria.  Mediante oficio número C201962498944 de nueve de los corrientes, emitido por la administradora Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato "3", en Celaya, Guanajuato, se le informó la imposibilidad para restablecer u obtener un nuevo certificado del sello digital, por las razones ahí indicadas. (acto reclamado). En esa medida, se resalta que el acto reclamado constituye la resolución emitida con motivo de la sustanciación del procedimiento a que se refiere el artículo 17-H y la parte final de la jurisprudencia 2/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1433, tomo II, libro 52, marzo de 2018, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con el sumario siguiente: "SELLO DIGITAL. EL OFICIO EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17-H DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL LA AUTORIDAD DEJA SIN EFECTOS EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL JUICIO DE NULIDAD. Lo previsto en el último párrafo del precepto citado y en las disposiciones relacionadas con esa porción normativa de la Resolución Miscelánea Fiscal, en el sentido de que los contribuyentes a quienes se les haya dejado sin efectos el certificado de sello digital podrán llevar a cabo el procedimiento para subsanar las irregularidades detectadas, a fin de obtener un nuevo certificado, no corresponde a un recurso administrativo, ya que a través de lo ahí fijado sólo pueden subsanarse las irregularidades que motivaron la emisión del oficio por el cual se dejó sin efectos el certificado relativo, o bien, desvirtuar la causa que motivó su emisión, pero sin que sea posible cuestionar la totalidad de ese acto por cualquier vicio que pueda contener; por ende, lo ahí señalado en realidad corresponde a un procedimiento administrativo que comienza con ese oficio inicial -que no es la manifestación última de la voluntad administrativa- y concluye con una resolución. En este sentido, el oficio es un acto intraprocedimental y, por tanto, no es susceptible de impugnación en forma autónoma mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues para acudir a esa instancia es necesario que previamente se haya sustanciado y resuelto el procedimiento establecido en el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, y que esa resolución final sea impugnada en dicho medio de control de la legalidad de los actos administrativos, pues ese acto es el que se estima definitivo, al tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento correspondiente." De ahí que la parte quejosa aún puede acudir a las instancias legales correspondientes a fin de ser oída y vencida en procedimiento y al no hacerlo, se actualiza la causal de improcedencia relacionada con el principio de defintividad, se explica: El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.]" La disposición transcrita prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos distintos de los emitidos por tribunales judiciales que deban ser revisados de oficio o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, y no se hubiere agotado antes de promover aquél. El principio de definitividad rector del juicio constitucional encuentra su justificación en que al tratarse de un medio extraordinario de defensa, la quejosa debe acudir a las instancias ordinarias que produzcan la insubsistencia del acto de autoridad antes de promover el amparo. La promovente reclama el oficio emitido por la administradora Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato "3", en Celaya, Guanajuato, por el que se hizo del conocimiento de aquella, la cancelación de su certificado de sello digital, lo cual le impide continuar con su actividad de contribuyente registrada, y dicha conducta es susceptible de ser impugnada ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos del artículo 3°, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; por ello, para acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, debió agotarse tal instancia. Ley Orgánica. "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores;" Del artículo reproducido se obtiene que el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es procedente contra actos administrativos que causen un agravio en materia fiscal. Es importante destacar que la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo vigente, que rige a los actos que se someten al citado tribunal (conforme lo dispone el artículo primero de esa ley), prevé la suspensión de los actos reclamados, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Ello porque de la comparación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previstas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, se advierte que el primero de los ordenamientos legales en consulta no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión definitiva de los actos de autoridad que los establecidos en la ley de la materia, inclusive, los plazos establecidos para resolver respecto de la medida cautelar de manera provisional son iguales en ambos casos; por tanto, este juzgado colige que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, décima época, número de registro 2011289, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 28, marzo de 2016, tomo II, página 1194, que es del tenor literal siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." En ese contexto, se concluye que si el acto reclamado puede ser combatido mediante el contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la Ley Orgánica que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a accionar a este órgano de control constitucional debió agotar el juicio contencioso, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. En tal virtud, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, (en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo se desecha de plano, por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda de amparo. ? Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones por la parte promovente, el ubicado en ***; asimismo, como autorizados en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica en su escrito de demanda, dado que el quejoso no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que autoriza, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se les tiene como autorizadas únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. ? Habilitación de días y horas. Se faculta al actuario de la adscripción para que proceda a llevar las notificaciones del presente asunto, aun en días y horas inhábiles; lo anterior con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo. ? Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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