Adalberto Montoya Iriarte

Expediente 399/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 45 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
399/2019
Año
2019
Actuaciones
45
Última actuación
07/04/2022

Partes del expediente

  • Adalberto Montoya Iriarte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 45.

  1. Principal

    En siete de abril de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal de los autos. Conste.************************************************************ Los Mochis, Sinaloa, siete de abril de dos mil veintidós.********************Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de dos de marzo de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. ********************En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto.********************Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva.********************En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurara el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.********************Por último, en virtud de lo acordado en líneas precedentes, resulta innecesario conservar las documentales consistentes en IX Tomos de documentales, los cuales fueron remitidos por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, al rendir el informe justificado; por tanto, conforme a lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse mediante oficio las citadas documentales al juzgado responsable y solicítese el acuse de recibo respectivo

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que mediante acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintidós se tuvo a la Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, informando el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo; de ahí que, en dicho auto se ordenó dar vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, mismo que quedo notificado personalmente por conducto de su autorizado legal el veintitrés de febrero siguiente, sin que se desahogara tal vista. En ese sentido, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por sentencia dictada el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se concedió al quejoso Adalberto Montoya Iriarte, el amparo y protección de la Justicia Federal para efecto de que: "Séptimo. Efectos del amparo. En términos del artículo 77 de la ley de la materia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal peticionado, para efecto de que el Juez responsable, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente lo actuado con relación a la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva acorde al artículo quinto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por el que se reformó el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras legislaciones, dictado en la causa penal 228/2014. 2. En su lugar, reponga el procedimiento, admita el incidente y provea lo conducente conforme a los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, absteniéndose de aplicar el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 3. Lo anterior, de ninguna manera se traduce en que el quejoso sea puesto en libertad ni que deba resolverse a su favor dicho trámite, pues ello quedará a decisión del juez responsable en uso de su jurisdicción plena". En auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, quedó firme la sentencia por no haber sido recurrida por las partes, y se requirió a la autoridad responsable para su debido cumplimiento. Atento a lo anterior, el uno de septiembre de dos mil veintiuno, la Juez responsable remitió a este Juzgado, el oficio 1772/2021 de esa propia fecha, en el cual con base a lo resuelto por este órgano jurisdiccional, dejó insubsistente lo actuado con relación a la revisión de la medidas cautelares de prisión preventiva, solicitado por Adalberto Montoya Iriarte, en el presente proceso penal 228/2014-111 de su índice, el veinte de junio dos mil diecinueve, de conformidad con lo estipulado por los artículos 158, 161 y 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales; debiéndose citar a todos os intervinientes procesales a una audiencia con el fin de abrir el debate de medidas cautelares, en la que se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medida cautelar de prisión preventiva, solicitada por el referido quejoso Previos diferimientos de la audiencia de debate, el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, dicha autoridad remitió copia certificada de la resolución emitida el once de febrero de dos mil veintidós, en la que en esencia se decretó que no era procedente la modificación de la medida cautelar solicitada por el aquí quejoso, por lo que en el mismo auto se le dio vista a la parte quejosa, quien quedó debidamente notificada del mismo, el veintitrés de febrero siguiente. Ahora, tomando en cuenta que se concedió al quejoso Adalberto Montoya Iriarte, el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos de que una vez que cause ejecutoria la resolución emitida, la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que se les notifique la ejecutoria correspondiente, dejara insubsistente lo actuado con relación a la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva acorde al artículo quinto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por el que se reformó el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras legislaciones, dictado en la causa penal 228/2014 y en su lugar, repusiera el procedimiento, admitiera el incidente y proveyera lo conducente conforme a los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, absteniéndose de aplicar el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, sin que lo anterior, de ninguna manera se traducía en que el quejoso sea puesto en libertad ni que debía resolverse a su favor dicho trámite, pues ello quedará a decisión del juez responsable en uso de su jurisdicción plena; por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, toda vez que la autoridad responsable en auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno dejó insubsistente lo actuado con relación a la revisión de la medidas cautelares de prisión preventiva, solicitado por Adalberto Montoya Iriarte, en el presente proceso penal 228/2014-111 de su índice, el veinte de junio dos mil diecinueve, de conformidad con lo estipulado por los artículos 158, 161 y 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el once de febrero de dos mil veintidós, dicto resolución de revisión de medidas cautelares dentro de la causa penal de origen, respecto de la solicitud del quejoso consistente en la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva; por lo que se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido las autoridades responsables en exceso o defectos. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento de la quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por la Jueza de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el once de febrero de dos mil veintidós, se celebró la audiencia de debate prevista en el artículo 161 y 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a la revocación, sustitución y/o modificación de la medida cautelar de la prisión preventiva en que actualmente se encuentra el aquí quejoso en la que se resolvió que no es procedente dicha medida y remite copias certificada de la anterior resolución; agréguese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que dicha información ya fue recibida en auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós y notificado al quejoso el veintitrés siguiente.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 256/2022 signado por la Jueza de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunicó que se señalaron las diez horas del once de febrero de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo la audiencia de debate de medidas cautelares en la causa penal 228/2014 de su índice. En atención a lo anterior, toda vez que la fecha señalada para la citada audiencia al día de hoy ya trascurrió, requiérase a la autoridad responsable antes mencionada a fin de que informe si se llevó dicha audiencia, y de ser así comunique lo determinado en la misma, asimismo deberá remitir las constancias respectivas; lo anterior a fin de proveer sobre el cumplimiento en el presente juicio de amparo. Bajo el apercibimiento, que en caso conducta omisiva se le impondrá una multa por el equivalente de CIEN VALORES DIARIOS DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido, que se considerará incumplimiento, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo.

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