Adan Alberto Valdez Leon

Expediente 128/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 49 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
128/2021
Año
2021
Actuaciones
49
Última actuación
22/06/2023

Partes del expediente

  • Adan Alberto Valdez Leon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 49.

  1. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, contra el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se declaró cumplido el fallo protector; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno electrónico, archívese el presente como asunto definitivamente concluido. Conforme a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se precisa que este asunto es susceptible de conservación, dado que en resolución constitucional de veintinueve de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, resolución que fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos.

  2. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, resulta oportuno hacer la calificativa acerca de si se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo emitida en este juicio. En primer lugar debe indicarse que Adán Alberto Valdez León, en esta vía constitucional, reclamó: "Del juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, en su carácter de ordenadora: El auto de formal prisión emitido en la causa penal 002/2019, el nueve de febrero de dos mil veintiuno.". Integrada la Litis, este juzgado de distrito el veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictó sentencia constitucional en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Adán Alberto Valdez León, en los términos siguientes: "Octavo. Efectos de la concesión del amparo para el efecto de que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de nueve de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal 002/2019. 2. Dicte otra resolución que podrá ser en el mismo o en diverso sentido pero tomando en cuenta lo resuelto en la presente sentencia; esto es, con plenitud de jurisdicción pero sin considerar acreditado el elemento del delito que identificó con el incido "c", en la resolución reclamada. Sin que pase inadvertido para este Juzgador, lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de amparo, en el sentido de que los efectos de la concesión del juicio de amparo tratándose de actos reclamados de carácter positivo, consistirá en restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, estableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en virtud de que en este caso, el quejoso no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el párrafo tercero del mismo dispositivo legal, al no encontrarse privado de su libertad.". Esa sentencia fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con sede en Culiacán, Sinaloa, al resolver el recurso de revisión 91/2022, interpuesto en su contra por los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos. En consecuencia, se solicitó al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, que otorgara cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual se le remitió copia de la determinación del Tribunal de Alzada. Tal requerimiento fue atendido por el juez responsable a través del oficio 7383/2023 al que insertó la resolución de plazo constitucional dictada el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en la causa penal 2/2019-II. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, misma que la desahogó a través de los escritos de cuenta, en el sentido de que no debe tenerse por cumplida la ejecutoria de amparo, al referir que el juez responsable no satisfizo a plenitud la garantía de fundamentación y motivación. Es menester aquí traer a colación las consideraciones por las que se otorgó al quejoso la protección constitucional. Al respecto, en la sentencia de amparo, en lo que interesa, literalmente se expresó: "(...)" "...como lo precisó la autoridad responsable correctamente que el cuerpo del ilícito en cuestión, en la hipótesis atribuida al aquí quejoso, lo considero integrado con los siguientes elementos: "(.) a) Que alguien (sujeto activo), exteriorice de actos tendentes a obligar a otra persona a dar algo; b) Que dicha conducta se realice sin derecho; y, c) Que tenga como fin la obtención de un lucro para sí, con la causación de un perjuicio patrimonial a alguien. d) Además una agravante consistente en que el o los sujetos activos tengan la calidad de servidores públicos. e) Y una situación diversa consistente en que la conducta no llegue a la etapa de consumación por causas ajenas a la voluntad del agente. (.)". (foja 1323, tomo IV de documentales). En suma, la extorsión implica una acción que inhibe y coacciona la voluntad del individuo, para actuar de acuerdo con el interés de quien la realiza a efecto de obtener un beneficio ilícito, a través de la violencia o la intimidación. En ese sentido, el juez responsable determinó que en los hechos de EXTORSIÓN AGRAVADA EN GRADO DE TENTATIVA tuvo por acreditado los elementos del cuerpo del delito bajo el elemento subjetivo de la actualización de los actos ejecutivos que lleven al activo a realizar el verbo rector consistente en "obligar" a alguien para que de algo, lo que se conceptualista para los efectos del presente ilícito como la acción de constreñimiento, que implica apremio y compulsión mediante la fuerza física o moral ejercida al sujeto pasivo para que entregue el dinero exigido por el activo; se considera que las circunstancias que debe enfatizar el sujeto activo son intimidatorias o persuasivas, es decir, estar encaminadas a obligar a la víctima a entregar el dinero solicitado. En ese tenor, el juez responsable para acreditar los elementos del cuerpo del delito, se apoyó en los medios de convicción, establecidos en el considerando tercero de la resolución reclamada. En efecto, éste órgano de Control Constitucional estima que el Juez Séptimo de Distrito, en forma correcta tuvo por acreditados los elementos señalados como a y b, que constituyen el delito, como se pondrá de manifiesto a continuación. "(...)" Ahora, en atención a las constancias existentes en esa causa penal, no se obtiene datos que permitan concluir que el imputado -aquí quejoso- haya pretendido obtener un lucro para sí o beneficio patrimonial como consecuencia de los hechos que se le atribuyen. En efecto, de la transcripción de los elementos del cuerpo del delito que realizó el Juez responsable, se aprecia que al analizar el tercer elemento del cuerpo del delito consistente en que el quejoso obtenga como fin la obtención de un "lucro para sí", con la causación de un perjuicio patrimonial a alguien, lo ubica como la persona que realizó la extorsión para obtener un lucro para sí. Empero, en atención a los datos de prueba propuestos por las partes y al debate realizado por éstas, este órgano de control constitucional no comparte la conclusión adoptada por el juez de origen. "(...)" Así, atento las consideraciones planteadas por el juez de la causa, aun cuando hace una relación de los elementos del ilícito en estudio, y las pruebas que obraban en autos, y lo que se acredita con cada una de ellas, lo cierto es que respecto al elemento especifico consistente en la obtención de un lucro para sí, no se acredita dicho elemento del cuerpo del delito materia de la Litis, pues, se insiste, no se adminicula algún otro elemento de prueba para tener por satisfecho dicho requisito. Ciertamente, en este aspecto, se considera que con los elementos de prueba allegados a la causa penal, no se acredita tal elemento, lo cual contrariamente a lo que sostuvo el Juez del proceso, en el sentido de que había medios suficientes de prueba para tener por acreditado dicho elemento de la obtención del lucro para sí por parte del aquí quejoso, a quien se le imputa la calidad de coautor en la comisión del delito de extorsión agraviada en tentativa, previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal Federal. De esta forma, al no haberlo advertido así el Juez responsable, el auto de formal prisión que se reclama es violatorio de derechos; pues como ya se vio, la conducta atribuida al activo aquí quejoso no debe considerarse como típica del delito, al no haberse acreditado todos los elementos que integran el cuerpo del delito de dicho antisocial de forma específica el aspecto abordado (la obtención de un lucro para sí); en tales condiciones, el auto de término constitucional aquí reclamado, resulta violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, contenidas en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Federal, por lo que procede conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal". Por su parte el Juez del conocimiento, en su resolución emitida en la causa penal 2/2019-II de origen el cuatro de los corrientes, por un lado dejó insubsistente la que fue materia del presente juicio de derechos fundamentales, de nueve de febrero de dos mil veintiuno y, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en lo conducente, señaló: "(...)" c) Por lo que respecta al tercer elemento del cuerpo del delito, relativo a que el sujeto activo tenga como fin la obtención de un lucro para otro, con la causación de un perjuicio patrimonial a alguien, también ha quedado debidamente demostrado en la (sic) presente asunto, toda vez que por "lucro para otro, se debe entender que el actuar del activo estaba dirigido directamente a la obtención de una ganancia o provecho para alguien más, toda vez que del cúmulo de pruebas ya analizadas y valordas en los apartados que anteceden, se advierte que el sujeto activo ADÁN ALBERTO VALDEZ LEÓN, y otra persona, sin derecho alguno, pretendían obligar a los ofendidos EVANGELINA LEÓN AYALA Y JESÚS ANTONIO SAÉNZ CHÁVEZ, a que les dieran la cantidad de $250,000.0 doscientos cincuenta mil pesos, para el "jefe del indiciado", bajo la amenaza de que sino (sic) les daban el dinero, catearían su casa, y les iban a sembrar droga, e inclusive iban a matar al ofendido de referencia (según el propio ofendido lo refirió), agregando que ocupaban el dinero, que se "pusiera las pilas"; de lo que claramente se advierte que el único fin que tenía el hoy indiciado era la obtención de un lucro indebido para otro, con el consecuente perjuicio patrimonial de los ofendidos antes citados, sin embargo, a pesar de la obligatoriedad y la insistencia de los sujetos activos, no existió lucro económico, por causas ajenas a su voluntad, aún y cuando dichos inculpados llevaron a cabo en su totalidad los actos ejecutivos que deberían producir el resultado". Ahora, atendiendo a lo anterior y tomando en consideración los efectos de la concesión del amparo; es oportuno precisar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida. Es así, puesto que como se vio, el amparo se otorgó en virtud de que --contrario a lo que se consideró en la que fue materia de este amparo-- atento a las constancias existentes en la causa penal, no se obtenían datos que permitieran concluir que el imputado -aquí quejoso- hubiese pretendido obtener un lucro para sí o beneficio patrimonial con la causación de un perjuicio patrimonial a alguien, elemento identificado con el inciso c), en el segmento correspondiente de dicha resolución reclamada. De ahí que debía dejar insubsistente la resolución impugnada y emitir otra que podría ser en el mismo o en diverso sentido pero tomando en cuenta lo resuelto en la ejecutoria de amparo, con plenitud de jurisdicción, pero sin considerar acreditado el referido elemento del delito que se identificó con el inciso c), en la parte considerativa respectiva, referente a la obtención de un lucro para si con la causación del perjuicio a otra persona. Con lo que se cumplió, ya que, además de dejar insubsistente la reclamada, en la nueva resolución el juez federal en cita ya no consideró como elemento material del delito atribuido al aquí quejoso el referente a la obtención de ese lucro para sí, pues estimó que el mismo fue en favor de otro, con lo que quedó satisfecho lo que se determinó en la ejecutoria al respecto, restituyéndose al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, Sin que obste lo que manifiesta el quejoso, en sus escritos de cuenta, al desahogar la vista que se le otorgó con esa nueva resolución del juez responsable, en el sentido de que no se fundó y motivó debidamente esa nueva resolución, basándose en que en la sentencia de amparo se concluyó que la conducta que se le imputa --al impetrante-- no es constitutiva de delito, o que el citado juez suplió el pliego de consignación; esto, apoyándose en las tesis de los rubros "AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL. EL JUEZ DEBE LIMITARSE A RESOLVER LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO, DE ACUERDO AL CONTENIDO DE LA CONSIGNACIÓN, AL CARECER DE FACULTADES PARA DETERMINAR POR SÍ MISMO LOS HECHOS Y LA CONDUCTA ATRIBUIDA MEDIANTE LA REVISIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, SI ESTAS CIRCUNSTANCIAS NO FUERON PRECISADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN PENAL", así como "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EL JUZGADOR DEBE LIMITARSE A LOS HECHOS MATERIA DE LA CONSIGNACIÓN, SIN QUE PUEDA TOMAR EN CUENTA AQUELLOS QUE DERIVEN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE SEAN DISTINTOS A LOS SEÑALADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO". Lo anterior, porque no puede interpretarse que se incurrió en incumplimiento de la ejecutoria por el juez de la causa, ya que se verificó lo determinado en la misma ejecutoria, por un lado, al dejar insubsistente la resolución combatida y, por otro, al analizar el elemento del delito concerniente a la obtención del lucro para sí en los términos de la propia ejecutoria y resolver con plenitud de jurisdicción en el sentido de declarar formalmente preso al imputado, aquí quejoso. Máxime que no debe perderse de vista que el órgano acusador consigna hechos ante el Juez y es a este a quien corresponde hacer la clasificación respecto a la descripción típica a la que se adecuen esos hechos, al momento de procesar al imputado, como se advierte de la Jurisprudencia 1a./J. 3/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL"; lo que hace inaplicables las tesis en que se sustentó el quejoso al desahogar la vista. Reiterándose, por todo ello, que sí se acató con exactitud la sentencia de amparo, ateniéndose al efecto para el que se otorgó la protección constitucional --que no fue en el sentido de que la conducta imputada en la causa penal no es constitutiva de delito-- por lo que se declara cumplida la ejecutoria para todos los efectos legales.

  3. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Se tienen por recibidos los escritos firmados por el quejoso ********************y su autorizada, a través de los cuales desahogan la vista otorgada en auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés; glósense a los autos y una vez que este órgano jurisdiccional se pronuncie respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, deberán tomarse en consideración sus manifestaciones. Por otro lado se ordena notificar a los terceros interesados ********************, ********************y al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, el auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, al primero, en el lugar donde se encuentra recluido, a la segunda por lista de estrados y al restante por oficio.

  4. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios suscritos por el Secretario y el Actuario adscritos al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, a través de los cuales, con el primero, se informa que se procederá de manera inmediata al cumplimiento de la ejecutoria dictada en este asunto, y el restante contiene inserta la resolución de plazo constitucional dictada en esta propia fecha en los autos de la causa penal 2/2019-II, con la cual refiere dar cumplimiento a dicha ejecutoria. Conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

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