Adan Alberto Valdez Leon
Expediente 689/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 19 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 689/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 10/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Adan Alberto Valdez Leon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. Por otra parte, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que el original del cuaderno de suspensión es susceptible de depuración, motivo por el cual deberá conservarse el proveído y la resolución mediante los cuales, respectivamente, se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción, y una vez que ; en la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General reseñado. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, previa depuración que este órgano jurisdiccional lleve a cabo, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, lugar en el que se archivará a disposición de juzgado, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como el proveído en que se acuerde su archivo como concluido; y demás documentos a consideración del titular de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse de acuerdo al calendario correspondiente y a petición escrita del titular de este juzgado. Finalmente, y toda vez que el presente asunto se encuentra total y definitivamente concluido, por lo que resulta innecesario conservar las constancias enviadas por la autoridad responsable Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad; por tanto, devuélvanse dichas documentales a la citada responsable, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término decretado en proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, sin que el quejoso se manifestara en relación a la vista contenida en dicho acuerdo, relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de garantías; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". De acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, realice lo siguiente: Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintisiete de octubre de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 2/2019; Con plenitud de jurisdicción emita otro, el cual podrá ser en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales que lo afectaban -incongruencia interna-, o en sentido diverso, pero en estricto cumplimiento al derecho humano de acceso a la impartición de justicia, el cual deberá estar debidamente fundado y motivado; Deje sin efecto únicamente la determinación tomada en la audiencia de declaración preparatoria de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, donde le niega al inculpado el beneficio de la libertad provisional bajo caución; y, Respecto del beneficio solicitado por la defensa en esa audiencia de declaración preparatoria, en la vía incidental se le conceda la medida cautelar procedente de las previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales (con excepción de la prisión preventiva), donde se le dé la intervención a las partes (ministerio público, procesado a través de su defensor, víctimas u ofendidos).". Ahora bien, de autos se advierte que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la sentencia de amparo número 689/2019-2A, del índice de este juzgado, dejó insubsistente el auto de plazo constitucional, dictado el veintisiete de octubre de dos mil diecinueve, relativo al auto de formal prisión dictado en contra de Adán Alberto Valdez León, por el delito de Extorsión gravada en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal Federal, en relación con el 12 párrafo primero 63 último párrafo, y 212 (servidor público), todos del Código Penal Federal; asimismo el nueve de febrero de dos mil veintiuno, dictó auto de formal prisión contra Adán Alberto Valdez León, como probable responsable, de la comisión del delito de Extorsión agravada en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal Federal en relación con el 12 párrafo primero, 63 último párrafo, y 212 (servidor público),todos del Código Penal Federal. Igualmente, dejó insubsistente la determinación tomada en la audiencia de declaración preparatoria de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, donde negó al inculpado la libertad provisional bajo caución, y que en estricto cumplimiento a la citada sentencia que concedió el amparo al ahí quejoso, precisó que resolvería en la vía incidental respecto de la concesión de la medida cautelar procedente de las previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales (con excepción de la prisión preventiva), a fin de dar la intervención a las partes (ministerio público, procesado a través de su defensor, y a las víctimas u ofendidos), e indicó que se seguiría el trámite correspondiente en el cuadernillo incidental que fue iniciado por separado a solicitud de la Defensora Pública Federal, en que solicitó incidente no especificado de solicitud de imposición de medida cautelar distinta a la de la prisión preventiva que no comprometa la libertad personal del quejoso Adán Alberto Valdez León. En consecuencia, se puede concluir que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso, ni defecto alguno.
- Incidental
Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Adán Alberto Valdez León, mediante el cual solicita la devolución del billete número N854658, con el cual garantizó la suspensión definitiva de los actos reclamados que le fue concedida; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Ahora bien, como lo solicita la parte quejosa, y toda vez que resulta jurídicamente innecesario seguir conservando en la caja de valores de este juzgado el billete de depósito número N 854658, expedido por Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), por la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), devuélvase dicho numerario al quejoso Adán Alberto Valdez León, previo endoso y razón de recibo que se deje en autos, mismo que deberá comparecer ante este Juzgado debidamente identificado con credencial oficial vigente, los días miércoles de cada semana, en un horario de nueve a doce horas.
- Principal
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