Abundio Alfredo Laureran Escalante

Expediente 41/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
41/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Abundio Alfredo Laureran Escalante

Actuaciones

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, emitido en el juicio de amparo ********************, por el que se desechó la demanda de amparo interpuesta por ********************por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, párrafo segundo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo interpuesta por ********************consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, a treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto el escrito firmado por el quejoso Abundio Alfredo Laurean Escalante, mediante el cual promueven demanda de amparo contra actos del Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Norte del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 41/2023-1. Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y contenido: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación.". Del contenido integral del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso reclama de manera esencial: Del Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Norte del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad: La determinación emitida en audiencia intermedia de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en autos de la causa penal número 343/2022, donde no resolvió respecto de la acusación formulada por el fiscal y señala nueva fecha para continuar con la citada audiencia intermedia. De la Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrita a la Agencia del Ministerio Público especializada en Delitos Sexuales, Región Norte del Estado de Sinaloa: La acusación por un delito diverso por el que se le vinculó a proceso en la citada causa penal. ESTUDIO DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE SURTE EN EL CASO: En la especie, en relación al acto reclamado al juez responsable, este juzgador advierte que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de la Materia, dado que previo a esta instancia constitucional, el promovente debió impugnar el acto reclamado a través del recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo y fracción a que se ha hecho referencia textualmente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;.". El texto del precepto transcrito consagra el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo y este principio establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia penal, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en el propio numeral. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Ahora bien, el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta.". Por ende, antes de acudir al amparo para impugnar lo determinado en audiencia intermedia de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en autos de la causa penal número 343/2022, donde no resolvió respecto de la acusación formulada por el fiscal y señala nueva fecha para continuar con la citada audiencia intermedia, el quejoso, de manera verbal, en la misma audiencia debió agotar el recurso de revocación previsto en el citado numeral, ante el propio juez responsable. En efecto, si el quejoso reclama una determinación judicial respecto de las cuales la ley concede el recurso de revocación, dentro del procedimiento penal, por virtud del cual pueda ser modificada, nulificada o revocada, y el quejoso no es tercero extraño al juicio, ni el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, es evidente que se surte la causa de improcedencia invocada. Así es, la ley adjetiva aplicable al presente caso, prevé un recurso ordinario, que lo es el de revocación, mismo que procede contra resoluciones como la que constituye el acto reclamado (de fecha diecisiete de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de una resolución de mero trámite, emitida por el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Norte del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal 343/2022. De manera que, si previéndose un recurso ordinario por el cual la determinación impugnada puede ser modificada, nulificada o revocada, éste debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo. De tal manera es claro que el quejoso debió agotar el principio de definitividad; pues opinar lo contrario daría lugar a una situación permanente de inseguridad jurídica en relación con todos los actos de autoridad; pues se dejaría al arbitrio de los gobernados interponer o no los recursos previstos en la ley ordinaria contra los actos que se señalan como reclamados, lo que resulta ajeno y contrario a los fines que persigue el juicio de amparo y la propia Constitución Federal. Por ello en cumplimiento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, se concluye que si una ley procesal prevé un medio ordinario de impugnación que la ley concede, se puede modificar, revocar o nulificar la determinación a través de la cual se le negó las solicitudes que planteó; sin embargo, en el caso particular el quejoso no lo hizo. De ahí que se estima actualizada la causa de improcedencia materia de estudio prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. ESTUDIO DE DIVERSA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE SURTE: Por otra parte, respecto al acto reclamado a la Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrita a la Agencia del Ministerio Público especializada en Delitos Sexuales, Región Norte del Estado de Sinaloa, consistente en la acusación que formuló por un delito diverso por el que se le vinculó a proceso en la causa penal 343/2022, en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 5º, fracción II, del mismo ordenamiento legal que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" Conforme a los preceptos legales trascritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Resultando aplicable la jurisprudencia siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así, toda vez que la quejosa señaló como autoridad responsable a la Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrita a la Agencia del Ministerio Público especializada en Delitos Sexuales, Región Norte del Estado de Sinaloa, a quien le reclama la acusación que formuló por un delito diverso por el que se le vinculó a proceso en la causa penal 343/2022; sin embargo, se advierte que a dicho ente no le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, pues no cumple con los extremos que se necesitan para ser considerada autoridad responsable. Ahora bien, cuando se reclama en el juicio de amparo indirecto la formulación de acusación por un diverso delito por el que se vinculó a proceso por parte del Ministerio Público ante la autoridad judicial en la etapa intermedia, se actualiza la referida causa de improcedencia, puesto que no puede ser considerada como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en la medida de que a quien se le reclama, no cumple con los extremos que se necesitan para ser considerados como autoridad, es decir su actuación no es de manera unilateral y obligatoria. En efecto, la institución del Ministerio Público es titular del ejercicio de la acción penal, y, en ese sentido, puede disponer de ella, de conformidad con los artículos 21 constitucional, 127, 131, fracción XVI, y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.". "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público Para los del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: [.] XVI. Ejercer la acción penal cuando proceda; Asimismo, el Ministerio Público actúa como autoridad en la etapa de investigación inicial; empero, una vez que el procedimiento penal se judicializa, la autoridad es el Juez; mientras que el Ministerio Público actúa como parte, de conformidad con el artículo 105, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: [.] V. El Ministerio Público Entonces, en contraposición a lo que aduce la parte quejosa, el agente del Ministerio Público no es autoridad en la etapa intermedia, pues el hecho de que represente al Estado no implica que en todo momento actúa como tal, de estimar que por representar al Estado debe tenérsele como autoridad, entonces sería autoridad durante todo el proceso. La calificación de autoridad, como se vio, depende de la etapa procedimental, y en la especie se estaba dentro de la etapa intermedia, donde ya es considerado como parte. Apoya lo anterior el criterio la tesis II.3o.P.75 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a página 2278, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, Décima Época, que a la letra dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, EL MINISTERIO PÚBLICO NO TIENE ESE CARÁCTER A PARTIR DE QUE SOLICITA AL JUEZ DE CONTROL SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA INICIAL, PORQUE ACTÚA COMO PARTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). La intervención del Ministerio Público en las audiencias y actuaciones realizadas en el proceso penal acusatorio y oral, desde que solicita al Juez de control fijar fecha y hora para la audiencia inicial y hasta que se dicta sentencia firme, no reúne las características para que se le considere como autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues su actuación durante el proceso reviste la calidad de parte, ya que no existe una relación de supra a subordinación en relación con el imputado; esto se obtiene a partir de la interpretación de los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque permite concluir que tanto el Ministerio Público como el imputado se encuentran en una situación de igualdad ante la ley; y es el Juez de control o el de enjuiciamiento quien mediante el control horizontal y el debate entre las partes resuelve sus planteamientos. De este modo, como el representante social no actúa en forma unilateral, porque sus peticiones requieren de la aprobación judicial, respecto de éste se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción II, ambos de la ley de la materia. Igualmente, tiene aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 40/2000, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 9, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Febrero de 2001, Novena Época, de registro 190299, que a la letra dice: "MINISTERIO PÚBLICO. DEJA DE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD UNA VEZ DICTADO EL AUTO DE RADICACIÓN DE LA CAUSA, POR LO QUE LAS PRUEBAS QUE APORTE POSTERIORMENTE SON PROVENIENTES DE PARTE Y SI SON RECIBIDAS CON CONOCIMIENTO DEL INCULPADO Y DE SU DEFENSOR, PROCEDE CONSIDERARLAS EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O EN EL DE SUJECIÓN A PROCESO. La etapa de preinstrucción que abarca desde la radicación por el Juez, hasta el auto que resuelva la situación jurídica del inculpado, constituye un periodo procedimental que debe reunir las formalidades esenciales requeridas por los artículos 14, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las cuales se encuentran las de hacer saber al indiciado, previamente a serle tomada su declaración preparatoria, los nombres de quienes presentaron la denuncia o querella y de quienes fueron los testigos que declararon en su contra, así como cuáles fueron los hechos que se le atribuyen como delictuosos que hayan motivado la integración de la averiguación previa, y cuáles son los elementos de prueba que pudieran determinar su presunta responsabilidad, ello a efecto de que pueda proveer la defensa de sus intereses y aportar, en su caso, pruebas de inocencia. Es en razón de lo anterior, que a partir de que el órgano jurisdiccional radica la causa penal, las actuaciones posteriores que llegare a realizar el Ministerio Público en ejercicio de su pretendida atribución investigadora, relacionadas con los hechos respecto de los cuales efectuó la consignación ante el Juez penal, no podrá legalmente proponerlas como prueba de autoridad en la fase de preinstrucción, menos una vez que ha sido tomada ya la declaración preparatoria del inculpado, porque se tratará de actuaciones practicadas por quien ya no es autoridad, pues debe tomarse en cuenta que surgieron sin la intervención del órgano jurisdiccional y de las que, como parte en la relación procesal y que debieran constar en formal actuación judicial, no tuvo conocimiento e intervención el inculpado. Sin embargo, ello no impide que el Ministerio Público, como parte, pueda aportar pruebas, mas las que proponga en esa etapa de preinstrucción, deben aportarse y recibirse ante el Juez con conocimiento del inculpado. En tal virtud, el Juez al dictar el auto que resuelva la situación jurídica del inculpado, deberá cerciorarse del cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento en la preinstrucción y, con base en ello, las pruebas de cargo que presente el Ministerio Público, puede considerarlas para los efectos del acreditamiento del tipo penal y de la presunta responsabilidad del inculpado, si previamente, como se estableció, fueron hechas del conocimiento de éste y de su defensor, pues de esta forma se respeta el equilibrio procesal de las partes. De ahí que, al no tener el carácter de autoridad responsable, la demanda de amparo resulta improcedente, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, y lo que procede es desechar de plano la demanda respecto al acto reclamado de la Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrita a la Agencia del Ministerio Público especializada en Delitos Sexuales, Región Norte del Estado de Sinaloa, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5 fracción II del propio ordenamiento legal. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, ubicado en el edificio Centro Penitenciario Goros II, Ahome, Sinaloa, y como sus autorizados para tales efectos, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados Jesús Ángel Contreras Jiménez, Graciano Alberto Borboa Lugo, Erick López Montoya, Mario Hilario Flores Grajeda, Gerardo Saldaña León, Jesús Edgar Gaxiola Sánchez y Lorena Orrantia Espinoza, y únicamente para imponerse de autos a Benjamín Lugo Gámez, Rosario Javier Castro Rubio, Cristóbal Leyva Castro, Manuel de Jesús Miranda Aguilar, María del Rosario Gastelum Escalante, Laura Elena Ceceña Vega y Esthela Guadalupe Cristóbal Sánchez, en razón de que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. N

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA ********* EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES QUE DICE: Los Mochis, Sinaloa, a treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto el escrito firmado por el quejoso Abundio Alfredo Laurean Escalante, mediante el cual promueven demanda de amparo contra actos del Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Norte del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 41/2023-1. Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y contenido: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación.". Del contenido integral del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso reclama de manera esencial: Del Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Norte del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad: La determinación emitida en audiencia intermedia de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en autos de la causa penal número 343/2022, donde no resolvió respecto de la acusación formulada por el fiscal y señala nueva fecha para continuar con la citada audiencia intermedia. De la Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrita a la Agencia del Ministerio Público especializada en Delitos Sexuales, Región Norte del Estado de Sinaloa: La acusación por un delito diverso por el que se le vinculó a proceso en la citada causa penal. ESTUDIO DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE SURTE EN EL CASO: En la especie, en relación al acto reclamado al juez responsable, este juzgador advierte que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de la Materia, dado que previo a esta instancia constitucional, el promovente debió impugnar el acto reclamado a través del recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo y fracción a que se ha hecho referencia textualmente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;.". El texto del precepto transcrito consagra el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo y este principio establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia penal, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en el propio numeral. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Ahora bien, el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta.". Por ende, antes de acudir al amparo para impugnar lo determinado en audiencia intermedia de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en autos de la causa penal número 343/2022, donde no resolvió respecto de la acusación formulada por el fiscal y señala nueva fecha para continuar con la citada audiencia intermedia, el quejoso, de manera verbal, en la misma audiencia debió agotar el recurso de revocación previsto en el citado numeral, ante el propio juez responsable. En efecto, si el quejoso reclama una determinación judicial respecto de las cuales la ley concede el recurso de revocación, dentro del procedimiento penal, por virtud del cual pueda ser modificada, nulificada o revocada, y el quejoso no es tercero extraño al juicio, ni el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, es evidente que se surte la causa de improcedencia invocada. Así es, la ley adjetiva aplicable al presente caso, prevé un recurso ordinario, que lo es el de revocación, mismo que procede contra resoluciones como la que constituye el acto reclamado (de fecha diecisiete de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de una resolución de mero trámite, emitida por el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Norte del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal 343/2022. De manera que, si previéndose un recurso ordinario por el cual la determinación impugnada puede ser modificada, nulificada o revocada, éste debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo. De tal manera es claro que el quejoso debió agotar el principio de definitividad; pues opinar lo contrario daría lugar a una situación permanente de inseguridad jurídica en relación con todos los actos de autoridad; pues se dejaría al arbitrio de los gobernados interponer o no los recursos previstos en la ley ordinaria contra los actos que se señalan como reclamados, lo que resulta ajeno y contrario a los fines que persigue el juicio de amparo y la propia Constitución Federal. Por ello en cumplimiento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, se concluye que si una ley procesal prevé un medio ordinario de impugnación que la ley concede, se puede modificar, revocar o nulificar la determinación a través de la cual se le negó las solicitudes que planteó; sin embargo, en el caso particular el quejoso no lo hizo. De ahí que se estima actualizada la causa de improcedencia materia de estudio prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. ESTUDIO DE DIVERSA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE SURTE: Por otra parte, respecto al acto reclamado a la Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrita a la Agencia del Ministerio Público especializada en Delitos Sexuales, Región Norte del Estado de Sinaloa, consistente en la acusación que formuló por un delito diverso por el que se le vinculó a proceso en la causa penal 343/2022, en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 5º, fracción II, del mismo ordenamiento legal que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" Conforme a los preceptos legales trascritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Resultando aplicable la jurisprudencia siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así, toda vez que la quejosa señaló como autoridad responsable a la Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrita a la Agencia del Ministerio Público especializada en Delitos Sexuales, Región Norte del Estado de Sinaloa, a quien le reclama la acusación que formuló por un delito diverso por el que se le vinculó a proceso en la causa penal 343/2022; sin embargo, se advierte que a dicho ente no le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, pues no cumple con los extremos que se necesitan para ser considerada autoridad responsable. Ahora bien, cuando se reclama en el juicio de amparo indirecto la formulación de acusación por un diverso delito por el que se vinculó a proceso por parte del Ministerio Público ante la autoridad judicial en la etapa intermedia, se actualiza la referida causa de improcedencia, puesto que no puede ser considerada como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en la medida de que a quien se le reclama, no cumple con los extremos que se necesitan para ser considerados como autoridad, es decir su actuación no es de manera unilateral y obligatoria. En efecto, la institución del Ministerio Público es titular del ejercicio de la acción penal, y, en ese sentido, puede disponer de ella, de conformidad con los artículos 21 constitucional, 127, 131, fracción XVI, y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.". "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público Para los del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: [.] XVI. Ejercer la acción penal cuando proceda; Asimismo, el Ministerio Público actúa como autoridad en la etapa de investigación inicial; empero, una vez que el procedimiento penal se judicializa, la autoridad es el Juez; mientras que el Ministerio Público actúa como parte, de conformidad con el artículo 105, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: [.] V. El Ministerio Público Entonces, en contraposición a lo que aduce la parte quejosa, el agente del Ministerio Público no es autoridad en la etapa intermedia, pues el hecho de que represente al Estado no implica que en todo momento actúa como tal, de estimar que por representar al Estado debe tenérsele como autoridad, entonces sería autoridad durante todo el proceso. La calificación de autoridad, como se vio, depende de la etapa procedimental, y en la especie se estaba dentro de la etapa intermedia, donde ya es considerado como parte. Apoya lo anterior el criterio la tesis II.3o.P.75 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a página 2278, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, Décima Época, que a la letra dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, EL MINISTERIO PÚBLICO NO TIENE ESE CARÁCTER A PARTIR DE QUE SOLICITA AL JUEZ DE CONTROL SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA INICIAL, PORQUE ACTÚA COMO PARTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). La intervención del Ministerio Público en las audiencias y actuaciones realizadas en el proceso penal acusatorio y oral, desde que solicita al Juez de control fijar fecha y hora para la audiencia inicial y hasta que se dicta sentencia firme, no reúne las características para que se le considere como autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues su actuación durante el proceso reviste la calidad de parte, ya que no existe una relación de supra a subordinación en relación con el imputado; esto se obtiene a partir de la interpretación de los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque permite concluir que tanto el Ministerio Público como el imputado se encuentran en una situación de igualdad ante la ley; y es el Juez de control o el de enjuiciamiento quien mediante el control horizontal y el debate entre las partes resuelve sus planteamientos. De este modo, como el representante social no actúa en forma unilateral, porque sus peticiones requieren de la aprobación judicial, respecto de éste se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción II, ambos de la ley de la materia. Igualmente, tiene aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 40/2000, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 9, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Febrero de 2001, Novena Época, de registro 190299, que a la letra dice: "MINISTERIO PÚBLICO. DEJA DE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD UNA VEZ DICTADO EL AUTO DE RADICACIÓN DE LA CAUSA, POR LO QUE LAS PRUEBAS QUE APORTE POSTERIORMENTE SON PROVENIENTES DE PARTE Y SI SON RECIBIDAS CON CONOCIMIENTO DEL INCULPADO Y DE SU DEFENSOR, PROCEDE CONSIDERARLAS EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O EN EL DE SUJECIÓN A PROCESO. La etapa de preinstrucción que abarca desde la radicación por el Juez, hasta el auto que resuelva la situación jurídica del inculpado, constituye un periodo procedimental que debe reunir las formalidades esenciales requeridas por los artículos 14, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las cuales se encuentran las de hacer saber al indiciado, previamente a serle tomada su declaración preparatoria, los nombres de quienes presentaron la denuncia o querella y de quienes fueron los testigos que declararon en su contra, así como cuáles fueron los hechos que se le atribuyen como delictuosos que hayan motivado la integración de la averiguación previa, y cuáles son los elementos de prueba que pudieran determinar su presunta responsabilidad, ello a efecto de que pueda proveer la defensa de sus intereses y aportar, en su caso, pruebas de inocencia. Es en razón de lo anterior, que a partir de que el órgano jurisdiccional radica la causa penal, las actuaciones posteriores que llegare a realizar el Ministerio Público en ejercicio de su pretendida atribución investigadora, relacionadas con los hechos respecto de los cuales efectuó la consignación ante el Juez penal, no podrá legalmente proponerlas como prueba de autoridad en la fase de preinstrucción, menos una vez que ha sido tomada ya la declaración preparatoria del inculpado, porque se tratará de actuaciones practicadas por quien ya no es autoridad, pues debe tomarse en cuenta que surgieron sin la intervención del órgano jurisdiccional y de las que, como parte en la relación procesal y que debieran constar en formal actuación judicial, no tuvo conocimiento e intervención el inculpado. Sin embargo, ello no impide que el Ministerio Público, como parte, pueda aportar pruebas, mas las que proponga en esa etapa de preinstrucción, deben aportarse y recibirse ante el Juez con conocimiento del inculpado. En tal virtud, el Juez al dictar el auto que resuelva la situación jurídica del inculpado, deberá cerciorarse del cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento en la preinstrucción y, con base en ello, las pruebas de cargo que presente el Ministerio Público, puede considerarlas para los efectos del acreditamiento del tipo penal y de la presunta responsabilidad del inculpado, si previamente, como se estableció, fueron hechas del conocimiento de éste y de su defensor, pues de esta forma se respeta el equilibrio procesal de las partes. De ahí que, al no tener el carácter de autoridad responsable, la demanda de amparo resulta improcedente, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, y lo que procede es desechar de plano la demanda respecto al acto reclamado de la Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrita a la Agencia del Ministerio Público especializada en Delitos Sexuales, Región Norte del Estado de Sinaloa, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5 fracción II del propio ordenamiento legal. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, ubicado en el edificio Centro Penitenciario Goros II, Ahome, Sinaloa, y como sus autorizados para tales efectos, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados Jesús Ángel Contreras Jiménez, Graciano Alberto Borboa Lugo, Erick López Montoya, Mario Hilario Flores Grajeda, Gerardo Saldaña León, Jesús Edgar Gaxiola Sánchez y Lorena Orrantia Espinoza, y únicamente para imponerse de autos a Benjamín Lugo Gámez, Rosario Javier Castro Rubio, Cristóbal Leyva Castro, Manuel de Jesús Miranda Aguilar, María del Rosario Gastelum Escalante, Laura Elena Ceceña Vega y Esthela Guadalupe Cristóbal Sánchez, en razón de que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. N

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