Adalberto Aquino Castellanos

Expediente 590/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
590/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
21/07/2023

Partes del expediente

  • Adalberto Aquino Castellanos
  • Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. I. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. III. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. IV. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. V. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese por lista de acuerdos.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Vistas las certificaciones de cuenta se advierte que en el expediente principal del que emana este incidente, con esta fecha se decretó que causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo; asimismo, que mediante interlocutoria pronunciada el veintidós de junio del año en curso, se negó la suspensión definitiva solicitada. I. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que en este asunto se negó la suspensión definitiva, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se estima que este incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III del citado Acuerdo General. III. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado. IV. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. V. En términos de los artículos 34 y 44 multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 590/2023, promovido por Adalberto Aquino Castellanos. El problema jurídico que corresponde resolver en el presente asunto es el siguiente: debe determinarse si se vulneraron en perjuicio del quejoso los derechos humanos establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el dictado de los actos que en esta vía reclama. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, las autoridades señaladas como responsables: Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca. Director de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General de Justicia. Encargado del Grupo Especial de Aprehensiones de la Fiscalía General de Justicia. Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca y Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca (denominación correcta de la autoridad que señaló como secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca) Pretenden ejecutar una orden de aprehensión en su contra. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Adalberto Aquino Castellanos, presentó escrito el trece de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución material. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito, y por auto de quince de junio del año en curso, este órgano jurisdiccional, admitió a trámite la demanda de que se trata; asimismo la registró bajo el expediente 590/2023; solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a ese juzgado la intervención legal que le compete. En proveído de veintiuno de junio de esta anualidad, se dejaron de tener como responsables al director de Averiguaciones Previas y Procesos y encargado del Grupo Especial de Aprehensiones ambos de la Fiscalía General de Justicia, por lo que no se hará pronunciamiento alguno respecto al acto reclamado a dichas autoridades en los considerandos y resolutivos de esta sentencia. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 35 y 107 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda, se aprecia que el quejoso reclama: i) La orden de aprehensión dictada en su contra y ii) La ejecución material de la orden de captura. De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza de los citados actos reclamados, en relación con las autoridades responsables. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados, como a continuación se evidencia: AUTORIDAD SENTIDO DEL INFORME JUSTIFICADO Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales sede Tanivet, San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca NEGÓ LOS ACTOS RECLAMADOS Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca NEGÓ LOS ACTOS RECLAMADOS Sin que el quejoso haya desvirtuado la negativa de los actos alegados por las responsables; de ahí que resulten inexistentes los actos reclamados. Negativa que se hace extensiva a la autoridad ejecutora secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca, pues no obstante que no rindió su informe justificado a pesar de estar debidamente notificado, los actos que se le relaman son la ejecución de la orden de aprensión dicta contra del quejoso del cual la autoridad ordenadora negó su existencia, por lo que no existe orden que ejecutar. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. En consecuencia, como se advierte la inexistencia del acto reclamado, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito3, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Adalberto Aquino Castellanos, en contra de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, en términos de los considerandos V de la presente resolución. Notifíquese.

  4. Incidental

    RESOLUCIÓN Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 590/2023, promovido por ***, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, las autoridades señaladas como responsables pretenden privarlo de su libertad personal. Por ello, estima que las responsables violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el catorce de junio de dos mil veintitrés. La parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca. Orden privativa de la libertad librada en su contra. Director de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General de Justicia. Encargado del Grupo Especial de Aprehensiones de la Fiscalía General de Justicia. Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca (denominación correcta de la autoridad que señaló como secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca) Ejecución material de la orden privativa de la libertad. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el progresivo 590/2023 y fue admitida el quince de junio de dos mil veintitrés. En dicho acuerdo se ordenó tramitar -por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se concedió la medida provisional solicitada. En proveído de veintiuno de febrero de esta anualidad, se dejaron de tener como responsables al director de Averiguaciones Previas y Procesos y encargado del Grupo Especial de Aprehensiones ambos de la Fiscalía General de Justicia, por lo que no se hará pronunciamiento alguno respecto al acto reclamado a dichas autoridades en los considerandos y resolutivos de esta interlocutoria. La audiencia incidental se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 35 y 107 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 146 de la Ley de Amparo establece que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva, deberá contener, entre otras cosas, la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso concreto, la pretensión del quejoso es reclamar la orden de aprehensión librada en su contra y la ejecución de dicho mandamiento. El dictado de esa orden el promovente se la atribuyen a la autoridad judicial responsable ordenadora y su ejecución a las señaladas como ejecutoras. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Las autoridades responsables, rindieron sus informes previos negando la existencia de los actos reclamados atribuidos, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa. No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales sede Tanivet, San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca Niega Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca Niega Por otra parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca, autoridad señalada como responsable ejecutora, no rindió su informe previo, ni consta en autos que quedara legalmente notificada de la petición del mismo; sin embargo, al ser autoridad ejecutora y el órgano judicial responsable negó la existencia del mandamiento de captura reclamado es inconcuso que no puede ejecutarse una orden inexistente; de ahí que los actos ejecutivos atacados a la responsable señalada en primer orden sean inexistentes. En respaldo de lo anterior se cita la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. Si las autoridades ejecutoras no rinden informes, pero aquéllas a quienes se atribuye haber ordenado el acto, lo niegan, es incuestionable que la autoridad ejecutora no puede ejecutar una orden inexistente y por lo mismo, la falta de informe no trae la presunción que establece el artículo 149 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, lo que procede, en el caso, es negar la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a ***, por las razones expresadas en el apartado V de esta resolución. Notifíquese.

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