Adalberto Toribio Hipólito

Expediente 136/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 41 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
136/2015
Año
2015
Actuaciones
41
Última actuación
03/03/2016

Partes del expediente

  • Adalberto Toribio Hipólito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Incidental

    Mesa II-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tres de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que en el expediente principal del que emana este incidente de suspensión, con esta fecha se dictó un auto en el que se ordenó el archivo del juicio de amparo promovido por Adalberto Toribio Hipólito; asimismo, que por auto de treinta de enero de dos mil quince, se concedió la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el veinte de febrero siguiente, se concedió la suspensión definitiva; y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del capítulo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Por tanto, archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que en este incidente se concedió la suspensión provisional y definitiva; por la naturaleza de lo resuelto en este incidente, se estima carece de relevancia documental, y dado, que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos originales; en consecuencia, con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme a los puntos segundo, fracción XVIII, cuarto y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del citado Acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto Décimo fracción I, del referido acuerdo, el original de este incidente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración, por lo que deben conservarse el auto de treinta de enero de dos mil quince e interlocutoria de veinte de febrero siguiente, en que se concedió la suspensión provisional y definitiva . NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    Mesa II-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tres de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió para el quejoso Adalberto Toribio Hipólito del once de febrero al dos de marzo de dos mil dieciséis. Sin que las partes hayan interpuesto el recurso de inconformidad contra el proveído de dos de febrero del año en curso, por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, se declara consentido el referido auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero, y vigésimo primero, fracción IV, del citado acuerdo, dado que en la sentencia dictada en este expediente de amparo, en el que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la referida parte quejosa; se estima que este expediente es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y sentencia emitida en este juicio de amparo. Se considera también que carece de relevancia documental, en virtud que por el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del mencionado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE...

  3. Principal

    MESA IIA] Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dos de febrero de dos mil dieciséis. Vista la certificación del secretario, se advierte que el plazo de tres días concedido en el auto de ocho de diciembre de dos mil quince, para que las partes manifestaran lo propio en relación al cumplimiento dado a la sentencia de amparo por parte del juez Primero Penal de Tuxtepec, Oaxaca, ha transcurrido para todos las partes, sin que hicieran manifestación alguna. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º de la misma, se declara precluído el derecho que dentro del término aludido debieron ejercer las partes y por tanto, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo conducente al cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo. En sentencia emitida el siete de julio de dos mil quince, firmada y autorizada el nueve de octubre de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Alberto Toribio Hipólito para los efectos siguientes: Autoridad Efectos Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca. Efecto anulatorio. 1. Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada el cinco de agosto de dos mil once, en la causa penal 91/2014. Obligaciones de hacer. 2. Siguiendo los lineamientos de esta sentencia, emita nueva determinación en la que plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución en la que funde y motive debidamente su competencia legal; desglose cada uno de los elementos del cuerpo del delito, señale con qué pruebas se acredita cada uno de ellos, las valore conforme a su naturaleza atento a las exigencias que para cada caso se previene, según sea el caso, en términos de los artículos 354 y 355 del Código de Procedimientos Penales, conforme a los principios del sistema de valoración mixto que impera en el sistema procesal penal tradicional; así como en relación con la probable responsabilidad, valorare todas y cada uno de los medios de convicción que obran en la causa penal, determinando el alcance del valor que merecen (pleno, indiciario o nulo), y siguiendo los lineamientos de esta sentencia, exprese los motivos y fundamentos que tuvo para concluir en el valor dado a cada uno de esos elementos probatorios, qué se demuestra con cada uno de ellos y por qué; en el entendido que la nueva resolución podrá ser en el mismo sentido de la anterior, una vez que depure los vicios formales que la afectaban o en sentido diverso. Agente Estatal de Investigaciones residente en Tuxtepec, Oaxaca. Agente del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Primero y Segundo de lo Penal del distrito judicial de Tuxtepec, Oaxaca. En virtud que los actos no les fueron reclamados vicios propios, deberá acatar las órdenes que al respecto emita el juez responsable en cumplimiento a este fallo. Específicamente, se hicieron notar las deficiencias formales siguientes: Falta de fundamentación y motivación a). La autoridad judicial responsable no acreditó fundada y motivadamente su competencia, ya que ésta únicamente afirmó ser competente para resolver sobre la petición ministerial, citando los artículos 1, 2, 4, fracción V, 36, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; 99, 100 y 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 69 del Código de Procedimientos Penales del Estado. b). En relación con las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos Carmela Hilario Regules, Emeterio Santiago González y Selene Toribio Hilario, coincidieron en señalar que los activos Adalberto Toribio Hipólito, Filomeno Toribio Hipólito y Nicodemo Toribio Ángel fueron las personas que agredieron físicamente al pasivo en el lugar, la forma y fecha y en la hora que éste refiere, de esa manera fue que le ocasionó las lesiones que presenta el ofendido; al certificado médico de lesiones, expedido por el perito médico oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el tres de mayo de dos mil once; y al dictamen médico de revaloración de lesiones de veinticinco de mayo de dos mil once, fueron defectuosamente motivados, ya que no ponderó si en el desarrollo de las periciales, se practicaron todas las operaciones y experiencias que su ciencia o arte sugerían al perito, como lo requiere el artículo 403 del código adjetivo penal, de modo tal, que se evidenciara que el juzgador estuvo en aptitud de valorar todas esas operaciones, experiencias, hechos o métodos en que se basaron los expertos, para concluir como lo hizo, dado que será a través de ellos que tales opiniones generen mayor o menor convicción, o bien, cómo concluye que las lesiones que describe el perito no ponen en riesgo la vida y porque tardan en sanar más de quince días, o bien, qué circunstancias tomó en cuenta para advertir cómo es que se generó en el juzgador mayor o menor convicción sobre su alcance probatorio; ello, en virtud que sobre el particular el juez penal es dogmático, dado que no explicó las razones y causas inmediatas que le producen convicción al apreciar esa prueba. Asimismo, con el cúmulo probatorio la responsable, concluyó en la resolución primigenia que el bien jurídico protegido, el objeto material, el resultado y su atribuibilidad, poner en evidencia que no existe una referencia determinada a los elementos del cuerpo del delito y las pruebas con que se demuestran cada uno de ellos, sino que de manera genérica se hace una relación del material probatorio que obra en la indagatoria y de ahí, el juez presume acreditados todos los elementos, lo que es contrario a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal. c). Respecto de la ventaja, como calificativa del delito de lesiones, también adoleció de vicios formales, porque, en primer término, el artículo 301, fracciones I y II del Código Penal, citado por la autoridad judicial responsable, señala que hay ventaja cuando el delincuente sea superior en fuerza física al ofendido y éste no se halle armado; cabe precisar que la ventaja como calificativa en el delito que se analiza, comprende dos aspectos: uno objetivo o material y el otro subjetivo; el primero se entiende como la circunstancia de que el inculpado se encuentre provisto de un arma y la víctima inerme; el segundo (el subjetivo) se hace consistir en que el sujeto activo del delito debe estar plenamente consciente de su superioridad sobre la víctima; en ese contexto el juez debió precisar por qué consideró que el objeto con el que agredió a Marcos Toribio Martínez constituyó un arma, y cómo concluyó que el sujeto pasivo no estaba armado y precisar el número de agresores; por tanto, para considerar suficientemente motivada la orden de captura reclamada, el juez penal debió pronunciarse sobre esos elementos. d). En lo que hace a la probable responsabilidad de Adalberto Toribio Hipólito, el juez Primero de lo Penal del distrito judicial de Tuxtepec, Oaxaca, se advirtió que la autoridad responsable, en el considerando tercero de la orden de aprehensión reclamada, afirmó que existen datos suficientes para acreditar la participación de Adalberto Toribio Hipólito, en la comisión del delito de lesiones calificadas con ventaja. Sustentando su conclusión en los señalamientos del propio ofendido Marcos Toribio Martínez y los testigos Carmela Hilario Regules, Emeterio Santiago González y Selene Toribio Hilario, con las mismas deficiencias de fundamentación y motivación apuntadas. Además, el juez responsable no explicó la forma de intervención del quejoso, como así lo exige el último párrafo del artículo 25 del Código de Procedimientos Penales del Estado, pues sólo afirmó que se actualizaba su conducta "en términos de la fracción II del artículo 11 del Código Penal vigente en el Estado y 25 de sus procedimientos.", pues debió determinar su autoría material directo de los hechos, o bien su coautoría. Requerimiento anterior En atención a lo anterior, por acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil quince, se requirió al juez Primero Penal de Tuxtepec, Oaxaca, para que dejara insubsistente la resolución de trece de noviembre de dos mil quince, emitida en la causa penal 91/2014 de su índice, debido a que nuevamente omitió pronunciarse sobre su competencia, pues no está debidamente fundada y motivada, ya que únicamente afirma ser competente para resolver sobre la petición ministerial, citando los artículos 1, 2, 4, fracción V, 36, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; 99, 100 y 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 69 del Código de Procedimientos Penales del Estado; y omite expresar las razones, circunstancias especiales y causas inmediatas sobre el caso particular en relación con los preceptos que la autoridad judicial invocó, sin que se manifieste si existe competencia por razón de grado, materia y territorio. Asimismo, omitió explicar cómo es que sucedió en la competencia al Juzgado Tercero Penal de Tuxtepec, Oaxaca. Análisis del cumplimiento En cumplimiento a lo solicitado en el auto de veintiuno de diciembre de dos mil quince, por oficio 37/2016, el juez Primero Penal del distrito judicial de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, remitió copia certificada de la resolución de cuatro de enero de dos mil dieciséis, emitida en la causa penal 91/2014 de su índice, con la que indica haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, de la que se advierte: I. Indica que por circular PJEO/CJ/SE/066/014, recibida en este juzgado el diez de septiembre de dos mil catorce, a la cual se anexó el acuerdo general 33/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se determinó que los procesos penales que se encontraban en trámite en el Juzgado Tercero Penal Tuxtepec, Oaxaca, fueran turnados en forma equitativa a los Juzgados Primero y Segundo Penal de esa población, para que estos últimos asumieran competencia, debido al cierre del aludido Juzgado Tercero Penal, precisándose que el órgano jurisdiccional responsable (Juzgado Primero Penal de Tuxtepec, Oaxaca). Con motivo de lo anterior, recibió formalmente en ese juzgado la causa penal 169/2011, instruida contra Alberto Toribio Hipólito, registrándola bajo el número 91/2014 de su índice. Asimismo, precisa que de conformidad al artículo 16, párrafo segundo y tercero, es competente para conocer y resolver acerca de la solicitud de orden de aprehensión realizada por el agente del Ministerio Público, en razón de materia y territorio, pues se trata de un juzgado especializado en materia penal, aunado a que los hechos son de la misma naturaleza y tuvieron lugar en la congregación de Santa Flora, San Felipe Usila, Tuxtepec, Oaxaca, lugar perteneciente al distrito judicial de Tuxtepec, Oaxaca. También indica que el precepto constitucional referido en el párrafo anterior, establece que para librar una orden de aprehensión se deben de observar los siguientes requisitos: a). Que esta sea emitida por una autoridad judicial. b). Que exista una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. c). Que la ley lo sancione cuando menos con pena privativa de libertad. d). Que existan datos que acrediten que se ha cometido ese hecho y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Manifestando que los primeros tres requisitos se encuentran acreditados, porque: - La autoridad responsable tiene el carácter judicial en materia penal, dependiente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. - Cita que existe la denuncia de un hecho probablemente delictuoso. - Dicho ilícito se encuentra previsto y sancionado por la ley de la materia con pena de prisión. II. A efecto de determinar si se encuentra acreditado el delito de lesiones calificadas con ventaja, la responsable dijo: 1. En relación con las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos Carmela Hilario Regules, Emeterio Santiago González y Selene Toribio Hilario, declaraciones que califica por separado concediéndoles valor probatorio de indicio, de conformidad con el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, exponiendo los siguientes argumentos, para apoyar su valoración: - Su dicho puede conducir lógicamente a la demostración de la verdad. - Se trata del dicho de los asistentes en los acontecimientos (testigos presenciales de los hechos), quienes dieron sus versiones de los hechos ante el agente del Ministerio Público del Primer Turno, adscrito a la Sub-Dirección de Averiguaciones Previas y Consignaciones de la Sub-Procuraduría Regional de Justicia de La Cuenca. - Personas capaces de declarar, pues, acudieron ante el representante social por sí mismos y de manera personal, para declarar en torno a los hechos investigados, si estar acreditado que se encontraran en algún estado de incapacidad, con las edades de treinta años, los primeros dos y dieciséis el último. - Cuentan con una madurez cognoscitiva suficiente para conocer y aprehender en su memoria los hechos vividos y los que suceden a su alrededor, saben leer y escribir, estimándose que tienen el criterio necesario para juzgar del hecho sobre el cual declaran. 2. Respecto del certificado médico de lesiones, expedido por el perito médico oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el tres de mayo de dos mil once; y el dictamen médico de revaloración de lesiones de veinticinco de mayo de dos mil once, fueron valorados con alcance probatorio indiciario de conformidad con el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Lo anterior, debido a que indica que fueron emitidos por la misma persona que tiene conocimientos especiales en la rama de la medicina, además que por su profesión, se desenvuelven en el ramo cognoscitivo sobre el que dictamina, como lo es la medicina forense. Lo que hace al perito merecedor de credibilidad, quien fue designado como perito por parte de la autoridad ministerial investigadora, ello al contar con un nombramiento oficial que exhibió ante dicha autoridad. Efectuó una entrevista con la víctima, una exploración en su cuerpo y con base en ello estableció la ubicación y descripción de las huellas visibles de alteración o cambio del estado físico natural o normal que presentaba sobre su ente corpóreo dicho pasivo, mismas que de acuerdo a su experiencia y conocimientos clasificó señalando su naturaleza, gravedad, tiempo probable que tardarían en sanar, cumpliendo así con las exigencias de los numerales 396, 397, 399, 400 y 403 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. III. Respecto de la ventaja, como agravante del delito de lesiones, la responsable precisa: 1. Califica que el evento típico motivo de la causa penal 91/2014 de su índice, con ventaja, debido a que: a). Por un lado, en atención al número de agresores que son cuatro personas, entre los que figura el quejoso junto con otras tres, todos mayores de edad. b). Quienes actuaron de manera conjunta al momento de los acontecimientos. c). Portando palos y un cinturón. d). Arremetieron contra el pasivo, quien se encontraba solo y sin posibilidad de que persona alguna lo auxiliara para su defensa. e). Pues mientras un activo lo sujetaba por los brazo en la parte de atrás, otro lo golpeaba en la cara, con un cinturón por la parte de la hebilla y posteriormente los otros dos activos lo siguieron golpeando con palos. f). Lo que evidencia que el pasivo no tenía posibilidad de defenderse debido al número de agresores, objetos que emplearon y de la forma en que golpearon al pasivo, los activos no corrían riesgo alguno de ser muertos ni heridos; circunstancia que indica, actualiza las hipótesis fácticas previstas por las fracciones II y III, del artículo 301 del Código Penal vigente en el Estado. IV. En lo que hace a la probable responsabilidad de Adalberto Toribio Hipólito, en la comisión del delito de lesiones calificadas con ventaja, cometido en agravio de Marcos Toribio Martínez, manifiesta que quedó acreditada en términos de los artículos 8, fracciones I, II y III, del Código Penal vigente en el Estado, 25, último párrafo y 354 del Código de Procedimientos Penal del Estado, toda vez que del análisis y valoración tanto en lo individual como en su conjunto, de acuerdo al a naturaleza de los hechos y el alcance lógico natural, entre la verdad conocida y la que se busca, con sujeción al principio lógico de razón y siguiendo las reglas de justipreciación establecidas en los artículo 354 y 355 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, se arriba al conocimiento cierto que en el caso se comprueba la intervención del quejoso, en el delito de lesiones calificadas con ventaja, cometido en agravio de Marcos Toribio Martínez, esencialmente con las siguientes pruebas: a). Declaraciones de los testigos presenciales de los hechos Carmela Hilario Regules, Emeterio Santiago González y Selene Toribio Hilario, de diecisiete de mayo de dos mil once. b). Fe ministerial de lesiones practicada por el agente del Ministerio Público del Primer Turno, de res de mayo de dos mil once. c). Certificado médico de lesiones, expedido por el perito médico oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el tres de mayo de dos mil once; y dictamen médico de revaloración de lesiones de veinticinco de mayo de dos mil once. De donde concluyó que el inculpado aquí quejoso Alberto Toribio Hipólito, es probable responsable en la comisión del delito de lesiones calificadas con ventaja, cometido en agravio de Marcos Toribio Martínez. Asimismo, precisa que la conducta realizada por el inculpado aquí quejoso fue dolosa, lo que en el caso se actualiza, pues, está claro que agredió de manera material al pasivo, encaminando su conducta a tal fin hasta consumarla. La autoridad precisa también, que el tipo de intervención que tuvo el quejoso en el aludido ilícito, fue a título de coautor material, toda vez que desde el momento de los acontecimientos actúo conjuntamente con otras tres personas, siendo que en la ejecución del delito de lesiones calificadas con ventaja, él tuvo el codominio funcional del hecho, pues fue él, quien el día uno de mayo de dos mil once, aproximadamente a las veintiún horas, en la comunidad de Congregación de Santa Flora, San Felipe Usila, Tuxtepec, Oaxaca, salió de su caso y junto con otras tres personas golpearon con los puños, palos y con la hebilla de un cinturón al pasivo Marcos Toribio Martínez, por lo que nuevamente libra orden de aprehensión contra el promovente del amparo. Se tiene por cumplida la sentencia de amparo Por lo anteriormente expuesto, pese a la responsable no manifiesta en la resolución analizada que deje sin efecto la anterior orden de aprehensión de trece de noviembre de dos mil quince, emitida en la causa penal 91/2014 de su índice, lo cierto, es que con el nuevo mandamiento de captura sustituye procesalmente al anterior, por ende, al colmar favorablemente los lineamientos de la sentencia de amparo dictada en este asunto, y en virtud que se ha restituido al quejoso en el goce del derecho transgredido, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA IIA] Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dos de febrero de dos mil dieciséis. Vista la certificación del secretario, se advierte que el plazo de tres días concedido en el auto de ocho de diciembre de dos mil quince, para que las partes manifestaran lo propio en relación al cumplimiento dado a la sentencia de amparo por parte del juez Primero Penal de Tuxtepec, Oaxaca, ha transcurrido para todos las partes, sin que hicieran manifestación alguna. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º de la misma, se declara precluído el derecho que dentro del término aludido debieron ejercer las partes y por tanto, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo conducente al cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo. En sentencia emitida el siete de julio de dos mil quince, firmada y autorizada el nueve de octubre de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Alberto Toribio Hipólito para los efectos siguientes: Autoridad Efectos Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca. Efecto anulatorio. 1. Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada el cinco de agosto de dos mil once, en la causa penal 91/2014. Obligaciones de hacer. 2. Siguiendo los lineamientos de esta sentencia, emita nueva determinación en la que plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución en la que funde y motive debidamente su competencia legal; desglose cada uno de los elementos del cuerpo del delito, señale con qué pruebas se acredita cada uno de ellos, las valore conforme a su naturaleza atento a las exigencias que para cada caso se previene, según sea el caso, en términos de los artículos 354 y 355 del Código de Procedimientos Penales, conforme a los principios del sistema de valoración mixto que impera en el sistema procesal penal tradicional; así como en relación con la probable responsabilidad, valorare todas y cada uno de los medios de convicción que obran en la causa penal, determinando el alcance del valor que merecen (pleno, indiciario o nulo), y siguiendo los lineamientos de esta sentencia, exprese los motivos y fundamentos que tuvo para concluir en el valor dado a cada uno de esos elementos probatorios, qué se demuestra con cada uno de ellos y por qué; en el entendido que la nueva resolución podrá ser en el mismo sentido de la anterior, una vez que depure los vicios formales que la afectaban o en sentido diverso. Agente Estatal de Investigaciones residente en Tuxtepec, Oaxaca. Agente del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Primero y Segundo de lo Penal del distrito judicial de Tuxtepec, Oaxaca. En virtud que los actos no les fueron reclamados vicios propios, deberá acatar las órdenes que al respecto emita el juez responsable en cumplimiento a este fallo. Específicamente, se hicieron notar las deficiencias formales siguientes: Falta de fundamentación y motivación a). La autoridad judicial responsable no acreditó fundada y motivadamente su competencia, ya que ésta únicamente afirmó ser competente para resolver sobre la petición ministerial, citando los artículos 1, 2, 4, fracción V, 36, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; 99, 100 y 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 69 del Código de Procedimientos Penales del Estado. b). En relación con las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos Carmela Hilario Regules, Emeterio Santiago González y Selene Toribio Hilario, coincidieron en señalar que los activos Adalberto Toribio Hipólito, Filomeno Toribio Hipólito y Nicodemo Toribio Ángel fueron las personas que agredieron físicamente al pasivo en el lugar, la forma y fecha y en la hora que éste refiere, de esa manera fue que le ocasionó las lesiones que presenta el ofendido; al certificado médico de lesiones, expedido por el perito médico oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el tres de mayo de dos mil once; y al dictamen médico de revaloración de lesiones de veinticinco de mayo de dos mil once, fueron defectuosamente motivados, ya que no ponderó si en el desarrollo de las periciales, se practicaron todas las operaciones y experiencias que su ciencia o arte sugerían al perito, como lo requiere el artículo 403 del código adjetivo penal, de modo tal, que se evidenciara que el juzgador estuvo en aptitud de valorar todas esas operaciones, experiencias, hechos o métodos en que se basaron los expertos, para concluir como lo hizo, dado que será a través de ellos que tales opiniones generen mayor o menor convicción, o bien, cómo concluye que las lesiones que describe el perito no ponen en riesgo la vida y porque tardan en sanar más de quince días, o bien, qué circunstancias tomó en cuenta para advertir cómo es que se generó en el juzgador mayor o menor convicción sobre su alcance probatorio; ello, en virtud que sobre el particular el juez penal es dogmático, dado que no explicó las razones y causas inmediatas que le producen convicción al apreciar esa prueba. Asimismo, con el cúmulo probatorio la responsable, concluyó en la resolución primigenia que el bien jurídico protegido, el objeto material, el resultado y su atribuibilidad, poner en evidencia que no existe una referencia determinada a los elementos del cuerpo del delito y las pruebas con que se demuestran cada uno de ellos, sino que de manera genérica se hace una relación del material probatorio que obra en la indagatoria y de ahí, el juez presume acreditados todos los elementos, lo que es contrario a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal. c). Respecto de la ventaja, como calificativa del delito de lesiones, también adoleció de vicios formales, porque, en primer término, el artículo 301, fracciones I y II del Código Penal, citado por la autoridad judicial responsable, señala que hay ventaja cuando el delincuente sea superior en fuerza física al ofendido y éste no se halle armado; cabe precisar que la ventaja como calificativa en el delito que se analiza, comprende dos aspectos: uno objetivo o material y el otro subjetivo; el primero se entiende como la circunstancia de que el inculpado se encuentre provisto de un arma y la víctima inerme; el segundo (el subjetivo) se hace consistir en que el sujeto activo del delito debe estar plenamente consciente de su superioridad sobre la víctima; en ese contexto el juez debió precisar por qué consideró que el objeto con el que agredió a Marcos Toribio Martínez constituyó un arma, y cómo concluyó que el sujeto pasivo no estaba armado y precisar el número de agresores; por tanto, para considerar suficientemente motivada la orden de captura reclamada, el juez penal debió pronunciarse sobre esos elementos. d). En lo que hace a la probable responsabilidad de Adalberto Toribio Hipólito, el juez Primero de lo Penal del distrito judicial de Tuxtepec, Oaxaca, se advirtió que la autoridad responsable, en el considerando tercero de la orden de aprehensión reclamada, afirmó que existen datos suficientes para acreditar la participación de Adalberto Toribio Hipólito, en la comisión del delito de lesiones calificadas con ventaja. Sustentando su conclusión en los señalamientos del propio ofendido Marcos Toribio Martínez y los testigos Carmela Hilario Regules, Emeterio Santiago González y Selene Toribio Hilario, con las mismas deficiencias de fundamentación y motivación apuntadas. Además, el juez responsable no explicó la forma de intervención del quejoso, como así lo exige el último párrafo del artículo 25 del Código de Procedimientos Penales del Estado, pues sólo afirmó que se actualizaba su conducta "en términos de la fracción II del artículo 11 del Código Penal vigente en el Estado y 25 de sus procedimientos.", pues debió determinar su autoría material directo de los hechos, o bien su coautoría. Requerimiento anterior En atención a lo anterior, por acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil quince, se requirió al juez Primero Penal de Tuxtepec, Oaxaca, para que dejara insubsistente la resolución de trece de noviembre de dos mil quince, emitida en la causa penal 91/2014 de su índice, debido a que nuevamente omitió pronunciarse sobre su competencia, pues no está debidamente fundada y motivada, ya que únicamente afirma ser competente para resolver sobre la petición ministerial, citando los artículos 1, 2, 4, fracción V, 36, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; 99, 100 y 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 69 del Código de Procedimientos Penales del Estado; y omite expresar las razones, circunstancias especiales y causas inmediatas sobre el caso particular en relación con los preceptos que la autoridad judicial invocó, sin que se manifieste si existe competencia por razón de grado, materia y territorio. Asimismo, omitió explicar cómo es que sucedió en la competencia al Juzgado Tercero Penal de Tuxtepec, Oaxaca. Análisis del cumplimiento En cumplimiento a lo solicitado en el auto de veintiuno de diciembre de dos mil quince, por oficio 37/2016, el juez Primero Penal del distrito judicial de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, remitió copia certificada de la resolución de cuatro de enero de dos mil dieciséis, emitida en la causa penal 91/2014 de su índice, con la que indica haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, de la que se advierte: I. Indica que por circular PJEO/CJ/SE/066/014, recibida en este juzgado el diez de septiembre de dos mil catorce, a la cual se anexó el acuerdo general 33/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se determinó que los procesos penales que se encontraban en trámite en el Juzgado Tercero Penal Tuxtepec, Oaxaca, fueran turnados en forma equitativa a los Juzgados Primero y Segundo Penal de esa población, para que estos últimos asumieran competencia, debido al cierre del aludido Juzgado Tercero Penal, precisándose que el órgano jurisdiccional responsable (Juzgado Primero Penal de Tuxtepec, Oaxaca). Con motivo de lo anterior, recibió formalmente en ese juzgado la causa penal 169/2011, instruida contra Alberto Toribio Hipólito, registrándola bajo el número 91/2014 de su índice. Asimismo, precisa que de conformidad al artículo 16, párrafo segundo y tercero, es competente para conocer y resolver acerca de la solicitud de orden de aprehensión realizada por el agente del Ministerio Público, en razón de materia y territorio, pues se trata de un juzgado especializado en materia penal, aunado a que los hechos son de la misma naturaleza y tuvieron lugar en la congregación de Santa Flora, San Felipe Usila, Tuxtepec, Oaxaca, lugar perteneciente al distrito judicial de Tuxtepec, Oaxaca. También indica que el precepto constitucional referido en el párrafo anterior, establece que para librar una orden de aprehensión se deben de observar los siguientes requisitos: a). Que esta sea emitida por una autoridad judicial. b). Que exista una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. c). Que la ley lo sancione cuando menos con pena privativa de libertad. d). Que existan datos que acrediten que se ha cometido ese hecho y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Manifestando que los primeros tres requisitos se encuentran acreditados, porque: - La autoridad responsable tiene el carácter judicial en materia penal, dependiente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. - Cita que existe la denuncia de un hecho probablemente delictuoso. - Dicho ilícito se encuentra previsto y sancionado por la ley de la materia con pena de prisión. II. A efecto de determinar si se encuentra acreditado el delito de lesiones calificadas con ventaja, la responsable dijo: 1. En relación con las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos Carmela Hilario Regules, Emeterio Santiago González y Selene Toribio Hilario, declaraciones que califica por separado concediéndoles valor probatorio de indicio, de conformidad con el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, exponiendo los siguientes argumentos, para apoyar su valoración: - Su dicho puede conducir lógicamente a la demostración de la verdad. - Se trata del dicho de los asistentes en los acontecimientos (testigos presenciales de los hechos), quienes dieron sus versiones de los hechos ante el agente del Ministerio Público del Primer Turno, adscrito a la Sub-Dirección de Averiguaciones Previas y Consignaciones de la Sub-Procuraduría Regional de Justicia de La Cuenca. - Personas capaces de declarar, pues, acudieron ante el representante social por sí mismos y de manera personal, para declarar en torno a los hechos investigados, si estar acreditado que se encontraran en algún estado de incapacidad, con las edades de treinta años, los primeros dos y dieciséis el último. - Cuentan con una madurez cognoscitiva suficiente para conocer y aprehender en su memoria los hechos vividos y los que suceden a su alrededor, saben leer y escribir, estimándose que tienen el criterio necesario para juzgar del hecho sobre el cual declaran. 2. Respecto del certificado médico de lesiones, expedido por el perito médico oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el tres de mayo de dos mil once; y el dictamen médico de revaloración de lesiones de veinticinco de mayo de dos mil once, fueron valorados con alcance probatorio indiciario de conformidad con el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Lo anterior, debido a que indica que fueron emitidos por la misma persona que tiene conocimientos especiales en la rama de la medicina, además que por su profesión, se desenvuelven en el ramo cognoscitivo sobre el que dictamina, como lo es la medicina forense. Lo que hace al perito merecedor de credibilidad, quien fue designado como perito por parte de la autoridad ministerial investigadora, ello al contar con un nombramiento oficial que exhibió ante dicha autoridad. Efectuó una entrevista con la víctima, una exploración en su cuerpo y con base en ello estableció la ubicación y descripción de las huellas visibles de alteración o cambio del estado físico natural o normal que presentaba sobre su ente corpóreo dicho pasivo, mismas que de acuerdo a su experiencia y conocimientos clasificó señalando su naturaleza, gravedad, tiempo probable que tardarían en sanar, cumpliendo así con las exigencias de los numerales 396, 397, 399, 400 y 403 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. III. Respecto de la ventaja, como agravante del delito de lesiones, la responsable precisa: 1. Califica que el evento típico motivo de la causa penal 91/2014 de su índice, con ventaja, debido a que: a). Por un lado, en atención al número de agresores que son cuatro personas, entre los que figura el quejoso junto con otras tres, todos mayores de edad. b). Quienes actuaron de manera conjunta al momento de los acontecimientos. c). Portando palos y un cinturón. d). Arremetieron contra el pasivo, quien se encontraba solo y sin posibilidad de que persona alguna lo auxiliara para su defensa. e). Pues mientras un activo lo sujetaba por los brazo en la parte de atrás, otro lo golpeaba en la cara, con un cinturón por la parte de la hebilla y posteriormente los otros dos activos lo siguieron golpeando con palos. f). Lo que evidencia que el pasivo no tenía posibilidad de defenderse debido al número de agresores, objetos que emplearon y de la forma en que golpearon al pasivo, los activos no corrían riesgo alguno de ser muertos ni heridos; circunstancia que indica, actualiza las hipótesis fácticas previstas por las fracciones II y III, del artículo 301 del Código Penal vigente en el Estado. IV. En lo que hace a la probable responsabilidad de Adalberto Toribio Hipólito, en la comisión del delito de lesiones calificadas con ventaja, cometido en agravio de Marcos Toribio Martínez, manifiesta que quedó acreditada en términos de los artículos 8, fracciones I, II y III, del Código Penal vigente en el Estado, 25, último párrafo y 354 del Código de Procedimientos Penal del Estado, toda vez que del análisis y valoración tanto en lo individual como en su conjunto, de acuerdo al a naturaleza de los hechos y el alcance lógico natural, entre la verdad conocida y la que se busca, con sujeción al principio lógico de razón y siguiendo las reglas de justipreciación establecidas en los artículo 354 y 355 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, se arriba al conocimiento cierto que en el caso se comprueba la intervención del quejoso, en el delito de lesiones calificadas con ventaja, cometido en agravio de Marcos Toribio Martínez, esencialmente con las siguientes pruebas: a). Declaraciones de los testigos presenciales de los hechos Carmela Hilario Regules, Emeterio Santiago González y Selene Toribio Hilario, de diecisiete de mayo de dos mil once. b). Fe ministerial de lesiones practicada por el agente del Ministerio Público del Primer Turno, de res de mayo de dos mil once. c). Certificado médico de lesiones, expedido por el perito médico oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el tres de mayo de dos mil once; y dictamen médico de revaloración de lesiones de veinticinco de mayo de dos mil once. De donde concluyó que el inculpado aquí quejoso Alberto Toribio Hipólito, es probable responsable en la comisión del delito de lesiones calificadas con ventaja, cometido en agravio de Marcos Toribio Martínez. Asimismo, precisa que la conducta realizada por el inculpado aquí quejoso fue dolosa, lo que en el caso se actualiza, pues, está claro que agredió de manera material al pasivo, encaminando su conducta a tal fin hasta consumarla. La autoridad precisa también, que el tipo de intervención que tuvo el quejoso en el aludido ilícito, fue a título de coautor material, toda vez que desde el momento de los acontecimientos actúo conjuntamente con otras tres personas, siendo que en la ejecución del delito de lesiones calificadas con ventaja, él tuvo el codominio funcional del hecho, pues fue él, quien el día uno de mayo de dos mil once, aproximadamente a las veintiún horas, en la comunidad de Congregación de Santa Flora, San Felipe Usila, Tuxtepec, Oaxaca, salió de su caso y junto con otras tres personas golpearon con los puños, palos y con la hebilla de un cinturón al pasivo Marcos Toribio Martínez, por lo que nuevamente libra orden de aprehensión contra el promovente del amparo. Se tiene por cumplida la sentencia de amparo Por lo anteriormente expuesto, pese a la responsable no manifiesta en la resolución analizada que deje sin efecto la anterior orden de aprehensión de trece de noviembre de dos mil quince, emitida en la causa penal 91/2014 de su índice, lo cierto, es que con el nuevo mandamiento de captura sustituye procesalmente al anterior, por ende, al colmar favorablemente los lineamientos de la sentencia de amparo dictada en este asunto, y en virtud que se ha restituido al quejoso en el goce del derecho transgredido, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. Notifíquese personalmente. (se notifico por lista con fund en el art 27 frac I inciso c de la ley de amparo)

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