Adalberto Martínez López y Otros.

Expediente 757/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
757/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
17/05/2021

Partes del expediente

  • Adalberto Martínez López y Otros.
  • Adalberto Martínez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese la reproducción electrónica del acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio 446/2020 de la estadística del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, del que se advierte que fue notificado de la determinación emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en el conflicto competencial planteado por este órgano jurisdiccional. Por otra parte, como lo solicita su homologo, y en auxilio de las labores del Juzgado oficiante, notifíquese a la parte quejosa, por medio de lista que se fije en los estrados, el acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio 446/2020 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz; hecho lo anterior, remítasele las constancias respectivas, vía interconexión. En cuanto a su petición de que se le remita los autos originales del juicio de amparo en que se actúa; no es posible acordad de conformidad, toda vez que como se precisó en acuerdo de doce de mayo de este año, dicho órgano jurisdiccional no devolvió las constancias originales que se le enviaron con motivo de la incompetencia decretada en auto inicial, pues como consta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, únicamente remitió en la vía electrónica (interconexión) el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo 446/2020 de su índice, en el que determinó no aceptar la competencia declinada a su favor. NOTIFÍQUESE. - - - - - - I N S E R C I Ó N.- - - - - - - - " . . Salina Cruz, Oaxaca, a trece de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 1/2021, de su índice, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por Adalberto Martínez López, en la que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se declara que el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, es el legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Adalberto Martínez López, contra los actos reclamados y autoridades responsables, precisados en el resultando primero de esta sentencia. SEGUNDO. Se ordena al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en San Bartolo, Coyotepec, remita el original de la demanda de amparo y anexos, así como las diversas actuaciones que obren en el juicio de amparo indirecto 757/2020, al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, a cuyo favor se fincó la competencia, a efecto de que se avoque a su conocimiento. Notifíquese." En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes y como lo solicita el tribunal de alzada acúsese el recibo de estilo respectivo. A efecto de proveer lo conducente se analizará si se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo. En ese sentido, del análisis a la demanda de amparo se advierte que existen diversas irregularidades en su contenido, en tales condiciones, con fundamento en los artículos 11, 108, fracción V, 110 y 114 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, realice lo siguiente: 1). Exhiba trece copias de su escrito de demanda de amparo, para lo cual debe tomar en consideración que únicamente exhibió´ dos y en el caso son necesarias quince, doce para cada una de las autoridades que señala como responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y dos para integrar los cuadernos incidentales relativos. Sin que obste el anterior requerimiento, que en el caso se trate de un asunto en materia penal donde se reclama la orden de aprehensión y/o presentación dictada en su contra y su inminente ejecución, dado que de la lectura integral de la demanda de amparo, no se advierte que la parte quejosa esté en condiciones de pobreza o marginación, y que por ello se encuentre en clara desventaja social para emprender el proceso constitucional, y que por ese motivo no deba aplicársele la regla general contenida en el párrafo segundo de la fracción V del arábigo 114 de la Ley de Amparo; pues como ya se precisó, de la demanda de amparo no se observa manifestación alguna que se presuma se encuentre en tal supuesto, razón por la cual es dable el requerimiento antes formulado. Se invoca en apoyo de lo anterior, la tesis publicada en la página 2005, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "COPIAS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. CASO EN EL QUE EL PROMOVENTE NO ESTÁ OBLIGADO A EXHIBIRLAS, POR SUS CONDICIONES DE POBREZA Y MARGINACIÓN, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL NUMERAL 110 DE LA LEY DE AMPARO.". 2). Del escrito de demanda se advierte que en los capítulos de "III. AUTORIDADES RESPONSABLES" y "ACTO RECLAMADO" señaló lo siguiente: "Señalo como autoridades responsables a los Jueces, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero, todos de Distrito en el Estado de Oaxaca, así como al Delegado en Oaxaca de la Fiscalía General de la República, y Agencia Federal de Investigación. Todas con residencia en esta ciudad capital." "se hace consistir en la orden de aprehensión y/o presentación girada en mi contra y su ejecución". De igual manera, en el apartado de "ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO", menciona: "Ciudadano Juez de Distrito, al respecto bajo protesta de decir verdad, me permito exponer que el día veinte de noviembre en curso, me fue informado por mis familiares que me andaban buscando unas personas (vestidos de civiles) y que se dicen ser Agentes Federales de Investigación supuestamente porque estaba involucrado en un hecho delictuoso, y que tenían una orden de aprehensión y/o presentación girada en mi contra, sin dar más referencias de que se trataba, por lo que de inmediato trate de investigar de que se trataba sin obtener resultado alguno; sin embargo, dichos sujetos constantemente acuden a mi domicilio con el objetivo de cumplir con su cometido y ponerme a disposición de la autoridad responsable violando toda mi garantía de audiencia y defensa que prevé el artículo 14 y 16 de la Constitución, ante tales hechos acudo a solicitar la protección que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". De la transcripción que antecede, así como de la lectura a los antecedentes narrados en la demanda, se advierte, que la parte quejosa es omisa en narrar de manera clara los antecedentes del acto que impugna, pues no es factible que la totalidad de autoridades que mencionó, al mismo tiempo resuelvan o emitan todas las cuestiones inherentes del acto reclamado; por lo tanto, a efecto de integrar la litis, se le previene para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, manifieste, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, la totalidad de los antecedentes de los actos reclamados que precise en su escrito de desahogó, de los cuales que tenga conocimiento, particularmente aquellos que describan el origen del acto o actos reclamados, entre ellos, lo siguiente: a) Deberá precisar el domicilio en el que señala se presentaron los agentes Federales de Investigación para cumplimentar la orden de aprehensión reclamada, pues no se advierte lugar alguna donde se ha tratado de ejecutar el acto reclamado. b) Deberá señalar la fecha o fechas exactas en que se pretendió ejecutar la orden de aprehensión, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo, no se advierte dicho dato, siendo necesario que aclare lo anterior para los efectos del artículo 17 de la ley de la materia. c) De ser posible, deberá proporcionar los datos de identificación de la orden de aprehensión reclama, pues la parte quejosa señaló que realizó una investigación a efecto de conocer el origen del acto reclamado. d) Deberá precisar la autoridad en concreto que lo emitió y cómo se ostentó sabedora de ello, máxime que como se hizo mención, no es factible que la totalidad de autoridades, al mismo tiempo resuelvan o emitan todas las cuestiones inherentes del acto reclamado. Sustenta lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.)1, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA." Hágase del conocimiento de la parte promovente que deberá ser ella quien desahogue las irregularidades anotadas, toda vez que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" requerida en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueva la demanda, por referirse a hechos o circunstancias de conocimiento personal del quejoso o mandatario, y dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. En efecto, el requisito de la protesta de decir verdad que exige el numeral 108, fracción V, de la citada ley únicamente compete cumplirlo al quejoso -como persona física, o al representante legal, en tratándose de una persona moral-, precisamente, por referirse a hechos o abstenciones de conocimiento personal del quejoso o mandatario que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 174,745, que es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA.". Por otra parte, se hace del conocimiento de la parte quejosa o de sus abogados autorizados, que la información que se desprenda de las manifestaciones que vierta en su escrito aclaratorio SERÁ CONFRONTADA con la que se advierta de las constancias que en su momento obren en autos; de ahí, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida afirman hechos falsos u omiten los que le consten en relación con los actos reclamados, y no se ubican en los casos de excepción previstos en la ley, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos, en relación con el quejoso y todos sus abogados autorizados lo anterior, conforme al artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y (.)." 3). En términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, dígasele que su escrito aclaratorio lo deberá presentar con el número indicado de copias que resultan necesarias para ser distribuidas de la siguiente manera: una por cada una de las autoridades señaladas como responsables (hasta el momento se tienen señaladas doce), otra para dar legal intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y dos más para la tramitación del incidente de suspensión. No obstante, en caso de presentar el escrito de desahogo por la vía electrónica, el requisito relativo al acompañamiento de copias, no será exigido cuando se hagan uso de las tecnologías de la información a las que se refiere el artículo 3 de la ley de la materia. Acude en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia número P./J.36/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 79, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." En el entendido que sólo la parte quejosa o su representante legal se encuentran facultados para desahogar el auto de prevención que ahora se formula, sin que dicha facultad pueda ser depositada a sus autorizados, aun aquellos señalados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues éstos únicamente se encuentran facultados para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías, su aclaración, o, en su caso ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyan en la configuración de la litis constitucional, al sujetarse dicho desahogo al señalamiento de nuevas autoridades responsables, actos reclamados y en su caso, formulación de conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 1ª./37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XXXIII, junio de dos mil once, pagina 68 de rubro siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." Se apercibe a la parte promovente que de no acatar los requerimientos en el plazo señalado se resolverá de la manera siguiente: A.- En caso de no acatar lo ordenado en los puntos primero y segundo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. B.- En caso de cumplir las prevenciones a que se refiere el párrafo anterior y no exhibir las copias del escrito aclaratorio requeridas en el punto tercero, se tendrá por no presentado dicho escrito y, en el supuesto de no exhibir las copias del mismo para formar los cuadernos del incidente de suspensión, se postergará su apertura. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1.4°.C. 26K, visible a página sesenta y tres, Tomo IX, Febrero de 1992, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que al rubro indica: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO". Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y de conformidad con los artículos 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de los estrados de este Juzgado, con el fin de que se realicen las notificaciones personales que en su caso se ordenen. Cabe destacar que de la lectura integral a la demanda se advierte que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir las listas de los estrados en el Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en San Bartolo Coyotepec; no obstante, es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo en los lugares en donde existe oficina de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo que recayó a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado; de ahí que no se desatienda lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. No obstante, por la trascendencia del presente acuerdo, solicítese de la manera más atenta al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a cualquiera de los actuarios de su adscripción, a efecto de que notifiquen por medio de la lista que se fija en los estrados de dicho órgano, a la parte quejosa el proveído dictado en esta fecha; y una vez hecho lo anterior remita las constancias que acrediten la notificación. Finalmente, solicítese de la manera más atenta al Homologo Federal, para que tenga bien a remitir los autos originales del juicio de amparo 757/2020 de su índice. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, mediante el cual envía testimonio de la ejecutoria de veinticinco de marzo de este año, relativo al conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz. De su contenido se advierte que el citado Tribunal Colegiado declaró que el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, es el legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Adalberto Martínez López; y ordenó a éste órgano jurisdiccional remitir el original de la demanda de amparo y anexos, así como las diversas actuaciones del juicio de amparo indirecto 757/2019 al Juzgado a cuyo favor se fincó la competencia. Ahora bien, toda vez que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, no devolvió las constancias originales que se le enviaron con motivo de la incompetencia decretada en auto inicial, pues únicamente remitió en la vía electrónica (interconexión) el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo 446/2020 de su índice, en el que determinó no aceptar la competencia declinada a su favor. En consecuencia, mediante oficio que se gire para tal efecto, hágase del conocimiento del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, la presente determinación, para los efectos legales que haya lugar. Por otra parte, tomando en cuenta lo resuelto en el conflicto competencial de mérito y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que el presente cuadernillo carece de relevancia documental porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del acuerdo previamente mencionado. Como este cuaderno de antecedentes no existen documentos considerados originales en términos del artículo 3° fracción XVIII, del referido Acuerdo General, se considera que es susceptible de destrucción, en atención al diverso precepto 14 del mismo acuerdo. Por tanto, de conformidad al precepto 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cuestión, transcurridos seis meses contados a partir de esta fecha procédase a la destrucción de este cuadernillo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de enero de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa y téngase a la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, informando que admitió a trámite el conflicto competencial planteado por éste órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    " . . . San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil veinte. Agréguese la reproducción electrónica del acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte dictado en el juicio 446/2020 de la estadística del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional no aceptó la competencia declinada a su favor, por las consideraciones que expone en ese auto. Acúsese recibo vía interconexión. Ahora bien, analizadas las razones que sustenta el titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para no aceptar la competencia declinada a su favor, debe decirse que este Juzgado insiste en declinar competencia al citado Juzgado Federal, por las consideraciones que enseguida se exponen. Del estado de los autos se advierte que el quejoso . .. en su escrito de demanda señaló como autoridades responsables y acto reclamado el siguiente: Autoridades responsables: A los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y Décimo Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Esto es, todos los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, menos el Sexto. El acto reclamado consiste en la orden de aprehensión y/o presentación librada en su contra y su ejecución material por parte de las autoridades ejecutoras. Ahora bien, los artículos 38 y 39 de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Artículo 39. Cuando se trate de amparos contra actos de autoridades que actúen en auxilio de la justicia federal, no podrá conocer el juez de distrito que deba avocarse al conocimiento del asunto en que se haya originado el acto reclamado. En este caso, conocerá otro del mismo distrito y especialización, en su caso, y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito a que pertenezca. De la lectura integral de los artículos anteriormente transcritos, se conoce la regla especial de competencia que prevé la Ley de Amparo, en el sentido que si un Juez de Distrito es señalado como autoridad responsable, debe declinar competencia para conocer del mismo, por actualizarse el presupuesto procesal de que no puede ser Juez y parte. Ciertamente, el artículo señalado prevé una regla especial de competencia en el juicio de amparo cuando el acto reclamado se atribuye a un Juez de Distrito, pues la competencia para conocerlo, se surte a favor de otro Juez del mismo Distrito y especialización y, si no lo hubiera, del más cercano dentro de la jurisdicción del Circuito al que pertenezca; de esta manera, debe aplicarse dicha regla especial, pues con ello se privilegia el factor de cercanía del Juez de Distrito que debe conocer del juicio respecto de la autoridad judicial federal señalada como responsable. Dicha conclusión encuentra fundamento en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 6/2020 que cita la autoridad oficiante, en la cual, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó: Que atendiendo al juicio de amparo, la distribución de competencias por razones objetivas, tradicionalmente se ha dividido en los elementos esenciales siguientes: Por territorio, que se prevé en el artículo 94 constitucional, al facultar al Consejo de la Judicatura Federal el establecimiento del número y división en circuitos, así como la actuación territorial de los órganos jurisdiccionales. Por materia, también se desprende del señalado artículo 94, remite a lo previsto en la Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Acuerdos Generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, tanto para amparo directo como indirecto. Por grado, respecto a la promoción del juicio de amparo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios o Juzgados de Distrito, y excepcionalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que la competencia por grado se relaciona a las funciones de los órganos y su jerarquía; ante ello, regularmente el grado se ha entendido en función del nivel o posición que guarda cada órgano jurisdiccional jerárquicamente, sin embargo, conlleva una vertiente propia de las funciones que desempeña cada uno de esos órganos o instancias, esto es, el contenido de las facultades con las que cuentan y las atribuciones que les otorgan las normas que los rigen. Que el grado en un sentido amplio no se limita únicamente a la distribución de competencias por virtud de jerarquía de la instancia; sino también a la organización propia de cada órgano jurisdiccional que componen esas instancias y, es precisamente en la distribución donde se generan las facultades específicas y las funciones con las que cuenta cada uno de los órganos señalados. Que por ello, desde una perspectiva horizontal, se contempla al grado como la composición de facultades que tiene cada órgano jurisdiccional en una determinada instancia; y verticalmente, el grado se relaciona con la organización de esas instancias en niveles o jerarquías que en el Poder Judicial de la Federación se distribuye en los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que en relación al juicio de amparo indirecto (con la salvedad de la competencia auxiliar), los Juzgados de Distrito y los Tribunales Unitarios de Circuitos, son los órganos competentes atendiendo a una cuestión de grado (jerarquía vertical), para conocer en primera instancia y que por ello, es necesario que dentro de esa instancia cada órgano cuente con facultades suficientes para desenvolverse en la actividad procesal sujeta a su jurisdicción. Que si horizontalmente el grado se analiza a partir de su aptitud para conocer de las controversias que le sean sometidas; desde esa perspectiva, es válido referirse como competencia funcional. Que atendiendo específicamente a que en el juicio de amparo indirecto, la competencia está acotada a las propias reglas procesales y funcionales establecidas en la ley de materia, no solo debe estar a los elementos de territorio, materia o grado en un sentido limitado a la jerarquía, sino al propio funcionamiento del órgano conforme a las facultades que la ley le confiere (funcional). Que de ser el mismo órgano quien deba rendir informe justificado en su carácter de responsable y a su vez analizarlo para determinar si su actuación fue en apego a la ley o no, es incuestionable que hay una incompatibilidad con sus funciones como autoridad jurisdiccional encargada de la impartición de justicia, lo que revela una condición de incompetencia. Que por ello, conforme con la finalidad del juicio, a partir de los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo, que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto -en primera instancia- por parte de los juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios, se tiene que será competente para conocer contra los actos de un juez de distrito o tribunal unitario, OTRO del mismo distrito y especialización y, si no lo hubiere el más próximo; haciendo especial énfasis que en debe ser un órgano ajeno al que se le atribuye el acto. Concluyó, que en aquellos casos, en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto, también tiene el carácter de autoridad responsable, no cuenta con facultades para resolver en la instancia, por lo que en principio, se debe declarar incompetente; pues se actualiza una causa de incompetencia funcional, con independencia de que no se trate del mismo titular. Y que por ello, se actualiza un supuesto de incompetencia, lo cual técnicamente resulta ser la vía más acertada, no obstante pueda plantearse como impedimento, pues el resultado será el mismo, es decir, que el órgano jurisdiccional, actuando a través de su titular, no puede resolver en el asunto que le es sometido a su conocimiento. Esas consideraciones se estiman aplicables al caso concreto, pues en contra de lo que expone el juez de distrito a quien se considera competente, este juzgado sostiene que el artículo 38 de la Ley de Amparo determina de manera clara la imposibilidad de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio que le es turnado y en el que a su vez, también son señalados como autoridad responsable, ya que precisa, que deberá plantear la incompetencia a otro del mismo distrito y especialización, y si no lo hubiere, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito a que pertenezca. Por ello, si en el caso concreto, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, es el único órgano jurisdiccional que no está señalado como autoridad responsable dentro del Décimo Tercer Circuito, es a éste a quien legalmente compete conocer del asunto. Máxime, que de aceptar el supuesto que propone (impedimento), se llegaría al extremo de solicitar el impedimento por parte de todos los jueces que se señalaron como autoridades responsables; regla que no se encuentra establecida en la Ley de Amparo. Por lo que, en razón de que este Juzgado fue el que previno sobre el conocimiento de este asunto, con fundamento en el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena remitir los presentes autos, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común que le presta servicio, para que resuelva lo procedente con relación al conflicto de competencia suscitado. Cabe precisar, que los actos reclamados consisten en una orden de aprehensión y su ejecución material, que no se traducen en un acto de los que alude el artículo 48 de la Ley de la materia, conforme al cual en los casos de notoria incompetencia del juez de Distrito ante quien se presente la demanda, se limitará a proveer sobre la suspensión del acto reclamado cuando se trate de actos de los mencionados en el artículo 15 de la propia legislación, remitiendo, sin proveer sobre la admisión de la demanda, los autos al juez de Distrito que considere competente; sino, en el diverso supuesto, (esto es, que no se trate de los actos a que alude el artículo 15 de la Ley de Amparo), que dispone que recibida la demanda, el juez de Distrito, sin proveer sobre su admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, la remitirá con sus anexos al juez de Distrito que corresponda. De ahí, que si el acto reclamado, no se trata de ninguno de los actos a que se refiere el artículo 15 de la invocada ley (que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales), no puede proveerse sobre la suspensión del acto reclamado, pues, no se está en el supuesto de que el mandamiento de captura constituya un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento judicial, como lo establece el multicitado normativo 15 de la ley de materia. La presente determinación hágase del conocimiento del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. Asimismo, como lo solicita su homologo, notifíquese por estrados a la parte quejosa el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio 446/2020 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. - - - -I N S E R C I Ó N . - - - - Salina Cruz, Oaxaca, a cuatro de diciembre de dos mil veinte. Visto el oficio de cuenta a través del cual el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo, Coyotepec, remite la demanda de amparo promovida por Adalberto Martínez López, y, hace del conocimiento de este juzgado el auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en el que determinó carecer de competencia legal para conocer del presente asunto por las razones expuestas en dicho proveído. Acúsese el recibo correspondiente. Con la demanda de amparo promovida por Adalberto Martínez López, contra un acto del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec y otras autoridades, fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 446/2020 y dese de alta en el sistema correspondiente. En atención a que este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sostenido por el Juzgado declinante en el oficio que se recibe, no se acepta la competencia declinada, conforme a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: De la demanda se advierte que en el rubro de "AUTORIDADES RESPONSABLES" y "ACTO RECLAMADO" señaló lo siguiente: "Señalo como autoridades responsables a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, y Decimoprimero, todos de Distrito en el Estado de Oaxaca, así como al Delegado en Oaxaca de la Fiscalía General de la República, y Agencia Federal investigación. Todas con residencia en esta ciudad capital" "Se hace consistir en la orden de aprehensión y/o presentación girada en mi contra y su ejecución." Asimismo, en el capítulo de "ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO" menciona lo siguiente: "Ciudadano Juez de Distrito, al respecto bajo protesta de decir verdad, me permito exponer que el día veinte de noviembre en curso, me fue informado por mis familiares que me andaban buscando unas personas (vestidos de civiles) y que se dicen ser Agentes Federales de Investigación y supuestamente porque estaba involucrado en un hecho delictuoso, y que tenían una orden de aprehensión y/o presentación girada en mi contra, sin dar más referencias de que se trataba, por lo que de inmediato trate de investigar de que se trataba sin obtener resultado alguno; sin embargo, dichos sujetos constantemente acuden a mi domicilio con el objetivo de cumplir con su cometido y ponerme a disposición de la autoridad responsable violando toda mi garantía de audiencia y defensa que prevé el artículo 14 y 16 de la Constitución, ante tales hechos acudo a solicitar a protección que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". De la transcripción que antecede, así como de la lectura a sus conceptos de violación, se advierte que no realiza una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto reclamado; aunado a que la narrativa del ocurso de demanda es ambigua. Se precisa que la competencia es un presupuesto procesal de orden público a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento y consolidaría una violación procesal. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1.2º.P.J/40, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA.". El artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La interpretación del normativo transcrito permite desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar donde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución; b) La segunda previsión normativa constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, en la cual, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito se establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, el competente para conocer de la demanda de amparo será el Juez Federal ante quien se presente la demanda; y c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiere de ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiera presentado la demanda. Así, lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. En cambio, la diferencia entre las reglas competenciales que sí la requieren (primera y segunda) no consiste en que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos que requieran de ejecución, pero presupone que ésta se materializa en una sola jurisdicción, en tanto que la segunda se refiere a que la ejecución del acto se realice en dos o más distritos. Conforme a la primera regla, será competente el juez de distrito del lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En el caso, se reclama una orden de aprehensión y, por tanto, es indiscutible que se trata de un acto que requiere ejecución material. En ese sentido se advierte de lo narrado en la demanda de amparo que al momento en que el quejoso solicitó el amparo, el mandato de captura reclamado no se ha ejecutado ni se está ejecutando, puesto que no es un acto susceptible de ejecución parcial, sino que se consuma en un solo momento, con lo que quedan excluidas las reglas de atribución de competencia relativas a los actos ya ejecutados y a los actos cuya ejecución se inició y se sigue ejecutando al promover el juicio de amparo. En este contexto, el análisis de competencia es con relación a la hipótesis del acto que requiere ejecución material, pero que no se ha ejecutado. Este órgano jurisdiccional estima que contrariamente al criterio sostenido por el Juez declinante, en el caso que nos ocupa nos encontramos ante la segunda de las hipótesis que prevé el artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que el acto reclamado pueda ejecutarse en más un distrito; por ende, le compete al Juzgado en donde se presentó la demanda el conocimiento de dicho juicio constitucional. No resulta inadvertido que el juzgado declinante señale lo siguiente: "Ahora bien, tomando en consideración que de la lectura de la demanda se advierte que este órgano jurisdiccional, así como los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, residentes en San Bartolo Coyotepec, y el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, fueron señalados como autoridades responsables por la parte quejosa; con apoyo en los aludidos preceptos, este órgano de control constitucional declara carecer de competencia legal para conocer del asunto, pues no pude ser juez y parte en el mismo procedimiento, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo para evitar dilaciones, remítase la demanda y copias simples de la misma a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, a efecto para que por su conducto sea turnado al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca." Empero, resulta oportuno destacar la parte considerativa del Acuerdo General 14/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como la designación, supervisión y responsabilidades de los servidores públicos que las integran, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el once de junio de dos mil catorce, específicamente, en la que se precisó lo siguiente: "SEXTO. Teniendo en cuenta que se han generado controversias relacionadas con el señalamiento de los juzgadores como autoridad responsable en los escritos de demanda a fin de evitar que se les turne un determinado asunto, lo que finalmente implica su direccionamiento, en estos casos se turnarán en forma aleatoria, ya que en el supuesto de que un juzgador se ubique en alguna causa de impedimento al recibir el expediente podrá excusarse, resolviendo de modo previo las cuestiones urgentes, brindándose certeza sobre tal carácter y no con la simple manifestación que realice el promovente en su escrito pretendiendo burlar o dirigir el turno;" Por lo tanto, en el supuesto de que el Juez declinante determine que se ubica en alguna causa de impedimento al recibir el asunto, este podrá excusarse, resolviendo de modo previo las cuestiones urgentes; ello con el propósito de evitar el direccionamiento de las demandas, que consiste en el propósito fundamental del citado Acuerdo, brindándose certeza sobre tal carácter y no con la simple manifestación que realice el promovente en su escrito pretendiendo burlar o dirigir el turno; consecuentemente con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, no se acepta la competencia declinada. Máxime que en la demanda cuya incompetencia sostiene el Juzgado oficiante, se reclaman actos de los diversos Jueces Primero al Cuarto y Séptimo al Décimo Primero, respecto de los cuales respetuosamente el suscrito considera tiene competencia legal para conocer de ellos, no obstante declina en su totalidad la competencia, siendo que el Juez más cercano para conocer de actos propios del Juzgado declinante y en términos de las normas que nos rigen es un diverso Juzgado de Distrito en San Bartolo Coyotepec, al ser el más cercano en el circuito, en términos de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Amparo. Así, el suscrito respetuosamente sostiene que el Órgano oficiante únicamente se encuentra impedido para conocer de actos propios, no así respecto a diversos jueces señalados como responsables, en cuyo caso deberá plantear el impedimento respectivo por economía procesal, en términos de la jurisprudencia P./J. 6/2020 (10a.),emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, de la Gaceta el Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, de rubro y texto siguientes: "INCOMPETENCIA. CUANDO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE LE ATRIBUYE EL ACTO RECLAMADO SE ACTUALIZA TAL SUPUESTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TRATE O NO DEL MISMO TITULAR, SIN EMBARGO, POR ECONOMÍA PROCESAL ES VÁLIDO DECLARAR FUNDADO EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR LAS MISMAS RAZONES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios en cuanto a si es posible declarar fundado el impedimento presentado por el secretario encargado del despacho de un Juzgado de Distrito, en términos de la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo indirecto en donde se reclaman actos emitidos por ese mismo órgano (dictados por otro titular). Criterio jurídico: Si bien el supuesto planteado técnicamente resulta ser un problema de incompetencia; sin embargo, por economía procesal es válido considerarlo como una causa de impedimento. Justificación: Conforme con la finalidad del juicio de amparo y a lo previsto en los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo, que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto por parte de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Unitarios de Circuito, se concluye que en aquellos casos en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto también tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de que no se trate del mismo titular, se actualiza su incompetencia funcional para conocer del asunto. No obstante lo anterior, por economía procesal, cuando se plantea un impedimento por las mismas razones, es posible declararlo fundado, pues tanto la competencia como la figura del impedimento, de origen comparten el mismo fin, es decir, servir como un límite a la función jurisdiccional." (Lo destacado es propio) Ante tal determinación, devuélvase al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, la demanda de amparo promovida por Adalberto Martínez López, vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 12, última parte del segundo párrafo, de la ley de la materia, téngase como autorizado a Eduardo Félix Cruz, únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos e imponerse de los autos, quien una vez que inscriba en el registro correspondiente su cédula profesional que lo faculte para ejercer su profesión, se le reconocerán las amplias facultades previstas en el artículo 12 mencionado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, a fin de dar celeridad a la integración de este sumario y de salvaguardar la salud e integridad de las partes y el personal de este órgano jurisdiccional; se exhorta a la parte quejosa para que transiten al esquema de actuación electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, en el entendido que se tiene como formas expedita de contacto el teléfonos y correo electrónico señalados a fin de poder entablar comunicaciones no procesales. Solicítese de la manera más atenta al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a cualquiera de los actuarios de su adscripción, a efecto de que notifiquen por medio de la lista que se fija en los estrados de dicho órgano, a la parte quejosa Adalberto Martínez López, el proveído dictado en esta fecha. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del artículo 21 de la ley de la materia. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Con fundamento en el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del PJF, los que acudan a este órgano jurisdiccional deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. Por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx De conformidad con el artículo segundo del Acuerdo General 8/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrá presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que conforme a la tutela judicial pronta y efectiva, sí como al debido proceso, contenido en los artículos 112 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 62, del Código Federal de Procedimientos Civiles; se determina que las promociones que presenten las partes, autoridades auxiliares y tribunales relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del expediente ni constituyan determinaciones judiciales que deba emitir este juzgado, con excepción de las que por disposición expresa de ley deban darse vista a las partes, se glosarán en el expediente y, en términos del referido artículo 62 del citado ordenamiento, el Secretario hará constar la hora y el día en que se presentó el oficio o escrito, considerando, desde este momento, realizadas las manifestaciones respectivas, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas. Este criterio tiene como objeto evitar dilaciones procesales excesivas e innecesarias en estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. En otro aspecto, tomando en consideración que mediante Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que precisó que debe priorizarse el trabajo a distancia, así como el uso de las herramientas tecnológicas que resulten necesarias, se faculta al secretario de este juzgado en turno para que firme de manera electrónica los oficios y comunicaciones oficiales que se emitan en cumplimiento a lo ordenado en este proveído y de las subsecuentes actuaciones dictadas en el presente asunto durante el citado periodo, o bien, en caso de que así se requiera lo haga de manera autógrafa, previa validación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) por parte del suscrito. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de las determinaciones de manera pronta y expedita, en acatamiento la obligación de este órgano judicial prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atendiendo a lo establecido en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y cumpliendo con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, específicamente a lo previsto en sus artículos 90 y 92, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones, para su debida integración. Se instruye al Secretario de Juzgado, al oficial administrativo, al actuario judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, que llevan el trámite de este expediente, a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, documentos, diligencias y notificaciones que obren en el mismo. Lo anterior, a fin de que tanto el expediente impreso como el electrónico coincidan y, una vez concluido el asunto, se realice la certificación correspondiente. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

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