Acela Carlock Ramírez
Expediente 547/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 547/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Acela Carlock Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Vistos los autos y las certificaciones de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo origen de este expediente, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. III. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que este sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción IV, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. IV. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. V. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintitrés. ... NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
"SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEBIDO A QUE NO ACUDIO AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DENTRO DE LOS DOS DÍAS SEÑALADOS PARA ELLO, NO OBSTANTE EL CITATORIO QUE SE LE DEJÓ PARA TAL EFECTO. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes el escrito de cuenta, por medio del cual, la quejosa Acela Carlock Ramírez, cumple en su totalidad con las prevenciones efectuadas el pasado treinta y uno de mayo; atento a su contenido, se provee: Desechamiento. Ahora bien, de conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgador de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, dado que advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y los anexos que se acompañen. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." El proceder anterior tiene como base lo previsto por el arábigo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario. Ahora bien, de los escritos de demanda y aclaratorios se advierte que la promovente del amparo ******, atribuye al Juez de Ejecución Penal, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y a la ejecutora adscrita a dicho Juzgado, lo siguiente: El proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta de ejecución ***/***, en la parte en que la responsable ordenadora la requiere para que dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación de ese proveído, cumpla con las omisiones detalladas en dicho auto a efecto de a fin de que acceda al beneficio de sustitución de la pena; bajo apercibimiento que de no hacerlo se procederá en términos de lo dispuesto por el numeral 102 de la Ley Nacional de Ejecución y se librará la correspondiente orden de reaprehensión. En efecto, de un estudio integral de la demanda de amparo y de los antecedentes que relata bajo protesta de decir verdad, se advierte lo siguiente: ". con fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho la suscrita, fui sentenciada en el expediente **/**** por el delito CULPOSOS DE LESIONES Y DAÑOS por tránsito de vehículo, y confirmada en la resolución de segunda instancia de los magistrados integrantes de la segunda sala penal del H. Tribunal Superior de Justicia, el primero de marzo del dos mil veintidós en el toca penal 146/2019 en donde me condenan a un pago total de $****** (********** pesos **/*** M.N.) SENTENCIA QUE FUE TURNADA al juez de ejecución hoy autoridad responsable, en donde me notifica mediante acuerdo de fecha veintidós de mayo del año dos mil veintitrés, en donde me requiere entre otros puntos, el pago de la reparación del daño a los ofendidos y así mismo, en la penúltima hoja de dicha sentencia donde dice "por otra parte de la sentencia condenatoria que ahora se ejecuta se advierte que se concedió a la sentenciada ******* los beneficios de ley consistente en: 1. La sustitución de la pena de prisión impuesta por multa prevista en los artículos 80, 81 y 82 del Código Penal en vigor en el Estado, para lo cual, la sentenciada ****** deberá exhibir ante este órgano jurisdiccional dentro del plazo de cinco días hábiles, la cantidad de once mil doscientos ochenta y cinco pesos con cuarenta y ocho centavos, moneda nacional. 2. La condena condicional establecida en el Código Penal vigente en el Estado, para lo cual la sentenciada ****** deberá exhibir ante este órgano jurisdiccional dentro del plazo de cinco días hábiles, la cantidad de tres mil pesos cero centavos, moneda nacional." A esto la suscrita mediante escrito de fecha veintinueve de mayo de los corrientes, presenté un escrito en donde le solicitaba a la autoridad responsable que la suscrita se acogía al beneficio de sustitución de la pena de prisión impuesta por multa, y toda vez, que la suscrita tiene depositado ante el tribunal de enjuiciamiento la cantidad de ciento cincuenta y nueve mil, trecientos setenta y siete punto ochenta centavos como garantía para que la suscrita gozará de la libertad condicional bajo caución, de la cual de dicha cantidad que se desglosara la cantidad de once mil doscientos ochenta y cinco punto cuarenta y ocho centavos, como pago de la sustitución de la pena de prisión impuesta por multa. En cuanto a la reparación del daño solicité con fundamento en el artículo 151 y 198 de la Ley Nacional de Ejecuciones, que se aplicará el mecanismo alternativo o procedimiento de justicia restaurativa, esto con la finalidad de llegar a un acuerdo con las víctimas para el pago de la reparación del daño, esto tomando en cuenta que la suscrita, como lo tengo narrando en la demanda de amparo no cuento con ningún bien material, ni efectivo para cubrir dicha cantidad total. A esto, recae el acuerdo de fecha veintinueve de mayo del año dos mil veintitrés, en donde la autoridad responsable me niega dicha petición en su párrafo tercero y así mismo, me dice..."por única ocasión se le concede el plazo improrrogable de 72 horas contados a partir del presente proveído para que cumpla cabalmente con las omisiones ya detalladas, subsistiendo el apercibimiento decretado por auto que antecede", a este acuerdo recurro ante este Tribunal para demandar el AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE JUSTICIA FEDERAL, toda vez, que se me está violando el derecho que me concede los artículos 151 y 158 de la Ley Nacional de Ejecuciones, ya que el artículo 151 en su último párrafo dice: "en ningún caso una persona sentenciada potencialmente beneficiaria de la determinación de preliberación podrá permanecer en prisión por escases de recursos económicos, para lo cual podrán aplicarse los mecanismos alternativos o procedimientos de justicia restaurativa que correspondan. Los defensores deberán velar en todo momento para ser efectivo este derecho", en los mismos términos lo establece el artículo 198 de la ley en referencia, que a la letra dice: "reparación del daño. Toda apersona sentenciada candidata a disfrutar de alguna medida de libertad condicionada o libertad anticipada sustitución o temporal de la pena contemplada en este título, deberá asegurar el cumplimento de la reparación del daño antes de que la misma pueda hacerse efectiva. En los casos en que la persona sentenciada no cuente con los medios inmediatos para finiquitar la indemnización como parte de la reparación del daño, esta deberá presentar una caución suficiente para cumplir con la obligación o condonación de pago, debe haber sido otorgada por la víctima. En ningún caso una persona sentenciada potencialmente beneficiaria de la determinación sobre alguna medida de libertad condicionada o libertad anticipada podrá permanecer en prisión por escases de recursos económicos, para lo cual podrán aplicarse los mecanismos alternativos o procedimientos de Justicia restaurativa que corresponda..." Visto lo transcrito la suscrita, solicité el mecanismo alternativo o procedimiento de justicia restaurativa para llegar a un acuerdo del pago de reparación del daño con las víctimas." En el caso, se advierte que contra el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. [.]" El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en el caso, el de definitividad, consiste en la carga procesal de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad. En efecto, el invocado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la quejosa, el juicio de amparo se tornará improcedente. Ahora bien, el principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, este es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que solo prospera en casos excepcionales cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. En el caso, a título de dato objetivo se obtiene que la quejosa reclama: El proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta de ejecución ***/****, en la parte en que la responsable ordenadora la requiere para que dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación de ese proveído, cumpla con las omisiones detalladas en dicho auto a efecto de a fin de que acceda al beneficio de sustitución de la pena; bajo apercibimiento que de no hacerlo se procederá en términos de lo dispuesto por el numeral 102 de la Ley Nacional de Ejecución y se librará la correspondiente orden de reaprehensión. Dicho acto, en su caso, debía ser impugnado a través del recurso de revocación que la Ley Nacional de Ejecución de Penas prevé para ello. El artículo 130 de la aludida ley, establece: "... El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido." Del precepto trascrito se colige que previo a la promoción del juicio de amparo, la quejosa debió agotar el principio de definitividad, ya que la ley le establece el recurso de revocación en contra de los autos de trámite, el cual conocerá el mismo Juez de Ejecución de Sanciones Penales. Lo anterior se corrobora de esta forma, dado que el decreto que reclama es el proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta de ejecución ***/****, que contiene el requerimiento para que la quejosa cumpla con las prevenciones necesarias a fin de que le sea otorgado del beneficio sustitutivo de la pena al que pretende acogerse, entre ellos, el que cubra la cantidad a que fue condenada por concepto de reparación del daño, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a la ejecución de la sentencia en términos de lo que establece el artículo 102 de la Ley Nacional de Ejecución, lo que puede culminar con el libramiento de la correspondiente orden de reaprehensión para que se interne en el centro de reclusión que corresponda y compurgue la pena que le resta. Por tanto, antes de acudir al juicio de amparo, debió agotar el recurso de revocación antes señalado, contra el acto que pretende impugnar en esta vía constitucional. Máxime que en el procedimiento ante el Juez de Ejecución no se actualiza la excepción al principio de definitividad, ya que el procedimiento que se sigue es para cuantificar la sanción de reparación del daño que se le sancionó a pagar a la quejosa y a la fecha la controversia de donde deriva el acto reclamado no se ha dictado; es decir, es un auto de mero trámite. En ese sentido, el recurso de revocación, en este tipo de controversias, satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto lograr que se modifique, revoque o anule el auto reclamado que lesiona los intereses de la parte quejosa, el cual está establecido en la citada ley nacional y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio administrativo, a fin de que el Juez de Ejecución se pronuncie al respecto. Aunado a que la parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña, por ello, estaba obligada a agotar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. Sirve de sustento, la jurisprudencia 216 (H), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito1 , que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL [TESIS HISTÓRICA]. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En tales condiciones, resulta inconcuso que contra el decretó reclamado, procede el recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas. No pasa inadvertido para el suscrito que la quejosa teme que se le prive de la libertad; sin embargo, ello es un acto futuro de realización incierta, pues su orden y cumplimiento dependerán de que la disidente no cumpla con los requerimientos del Juez de Ejecución, lo que en su caso, constituirá un acto diverso que, en su momento, podrá hacer valer los medios ordinarios o extraordinarios a su alcance. En este orden de ideas, y por todos los argumentos expuestos en torno a la naturaleza del juicio de amparo y sobre el principio de definitividad, es que previo a acudir al medio de control constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio de defensa previsto por la ley ordinaria, aunado a que tampoco se ubica en diversa causa de excepción del principio de definitividad. Por lo que de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de plano promovida por *******, por las razones expuestas con anterioridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE"
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de junio de dos mil veintitrés. ... NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- Abundio Mendoza Gaytán833/2019
- Acacio Miguel López Osorio1053/2018
- Acasio Cruz Pérez757/2019
- Acasio Cruz Pérez817/2018
- Acasio Cruz Pérez187/2018
- Acasio Cruz Pérez1084/2018
- Acela Carlok Ramírez665/2022
- Acela Martínez Longinos223/2016
- Aciel Sibaja Mendoza1274/2015
- Ada María del Rocío Guzman Marín983/2022
- Ada Ruby Villalobos Castillejos164/2020
- Adalberto Aquino Castellanos590/2023