ACELO OMERO VICTORIA CARRO y Otros.

Expediente 413/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
413/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
21/07/2022

Partes del expediente

  • Acelo Omero Victoria Carro
  • ACELO OMERO VICTORIA CARRO y Otros.
  • Rolando Rodríguez Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no fue recurrido el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; entonces, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como a lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte; se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION, al haberse sobreseído el presente juicio y carecer de relevancia documental. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno; y una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción. Incidente de suspensión. Toda vez que se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original; y procédase a la destrucción del duplicado del incidente una vez que transcurran seis meses a esta fecha, de conformidad con el Capítulo Octavo, artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes.

  2. Incidental

    De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte; se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, dado que se negó la suspensión definitiva. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno; y una vez que transcurran tres años, procédase a la destrucción del presente asunto. Documentos originales y/o garantía. Se advierte que no obran documentos originales, ni billete de depósito, por lo que no ha lugar a dar vista a las partes.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta así como el estado de autos, se advierte que no se ha emplazado a juicio a la tercera interesada Patricia Manuel Vargas, por las razones que a continuación se exponen: Al haberse agotado las gestiones para localizar el domicilio, en proveído de veintisiete de mayo del año en curso, se ordenó emplazar a *** por medio de edictos a costa de la parte quejosa, para lo cual se le concedió el plazo de veinte días a efecto de que acreditara que entregó los edictos de referencia para su publicación, contado a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho proveído. Ahora, es conveniente señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En el caso, la aludida omisión de la parte quejosa de exhibir ante este juzgado las publicaciones de los edictos ordenados para emplazar al tercero interesado, o bien, de manifestar algún tipo de imposibilidad que tenga para ello, pone de relieve que se actualiza una causa de sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XXIII del diverso 61 de la Ley de Amparo, 26, fracción I, inciso b), 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso c), de la citada ley, que establecen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: En forma personal: (.) b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable" "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas. (.) Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: (.). c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; (.)." De la interpretación de tales preceptos, se desprende que una vez agotada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso b), y ordenado el emplazamiento a juicio de la parte tercera interesada por medio de edictos a costa de la parte quejosa, y si ésta última no los recoge, paga su publicación y los exhibe ante este juzgado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Consecuentemente, en virtud de que la parte quejosa incumplió con el referido presupuesto procesal, como es el emplazamiento a juicio de la parte tercera interesada, que a su vez constituye una formalidad esencial del procedimiento, y que ante su omisión, este órgano jurisdiccional no puede pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; pues con la omisión de publicar los edictos ordenados queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la parte quejosa, con lo que se contraviene lo dispuesto en los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que se entorpece la administración de justicia pronta, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible a este Juzgado Federal, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al efecto señale la ley y no quede su resolución al albedrío de una de las partes, en este caso de la parte quejosa. Ahora, toda vez que de las constancias que integran el presente asunto se aprecia que después de agotar los medios correspondientes para obtener el domicilio para emplazar a la tercera interesada *** en el juicio en que se actúa, cuya investigación resultó infructuosa. Se ordenó el emplazamiento a juicio mediante publicación de los edictos correspondientes, sin que el quejoso o autorizados hubieran comparecido a recogerlos, o en su caso, hiciera manifestación alguna respecto de la imposibilidad que tuvo para ello, lo que denota su falta de interés para la integración de la litis constitucional; lo que indiscutiblemente conduce al sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, en términos del 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26, fracción I, inciso b); 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, del referido ordenamiento legal; y en atención a lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la misma legislación. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efecto la audiencia constitucional que se tenía programada para las DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS.

  4. Principal

    Se advierte que está señalada para hoy la audiencia constitucional; sin embargo, no se puede celebrar, toda vez que a la data no obra la constancia de emplazamiento de los terceros interesados *** (con probable domicilio en Estados Unidos), *** (ordenado vía exhorto al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca con residencia en San Bartolo Coyotepec) y *** (transcurre el plazo otorgado a la parte quejosa para que acredite la publicación de edictos, otorgado en auto de veintisiete de mayo pasado). Para dar margen a lo anterior, se señalan las DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DOS MIL VEINTIDÓS, tomando en consideración que el artículo 26 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, establece la posibilidad de que aquella podrá tener verificativo a través de videoconferencia, se hace saber a las partes que en caso de que deseen que aquello acontezca de tal manera deberán formular la petición a este juzgado de Distrito a efecto de estar en posibilidad de acordar lo conducente. Lo anterior, en los términos previstos en el precepto 27 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, esto es, siempre y cuando esté debidamente justificado conforme a los supuestos ahí previstos y se cumplan, a criterio del suscrito, las condiciones para la utilización del citado medio de comunicación.

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