ABSALÓN GEOVANNY CERVANTES RIVERA y Otros.

Expediente 1329/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1329/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
19/12/2022

Partes del expediente

  • ABSALÓN GEOVANNY CERVANTES RIVERA y Otros.
  • Absalón Geovanny Cervantes Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que concluyó el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de siete de diciembre de este año, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse tenido por haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes.

  2. Principal

    Con el escrito de demanda de ***. Se ordena formar expediente físico, únicamente con las constancias presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). La documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas), constará únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre siguiente, no así en el expediente impreso. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad del expediente electrónico. Fórmese expediente con la demanda de amparo que promueve Absalón Geovanny Cervantes Rivera, contra actos de la Juez de Control de la Región Judicial Sur, con sede en Matamoros, Puebla -María Alejandra Aguilar Anacleto-; anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado como 1329/2022. De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, en el caso, al realizarse un análisis integral del escrito de demanda, tanto del capítulo de acto reclamado, así como de los antecedentes, se observa que sustancialmente reclama lo siguiente: La audiencia de diez de noviembre de dos mil veintidós, específicamente en la parte en que la autoridad responsable omite pronunciarse por cuanto hace a si está o no garantizado el pago de la reparación del daño propuesto por el suscrito en la solicitud de procedimiento abreviado. Indicado lo anterior, a consideración de quien ahora provee estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Conforme a lo anterior, para que opere el principio de definitividad, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad y suspenda el acto. En el caso concreto, de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso promueve el presente juicio respecto de la omisión de la Jueza de Control de la Región Judicial Sur, con sede Matamoros, Puebla -María Alejandra Aguilar Anacleto- de pronunciarse respecto a si está o no garantizado el pago de la reparación del daño propuesto en la solicitud de procedimiento abreviado; sin embargo, previo a promover el presente juicio de amparo, debió agotar el recurso que prevé la ley ordinaria, esto es, el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 135. La queja y su procedencia. Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido." Entonces, contra la la omisión de pronunciarse respecto a si está o no garantizado el pago de la reparación del daño propuesto en la solicitud de procedimiento abreviado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa debió agotar el medio de defensa previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que constituye un acto procesal que debía dirimirse por medio del recurso de queja. Se dice lo anterior, dado que si se acude directamente al juicio de amparo antes de agotar el multicitado medio de defensa, generaría mayor retraso en el desarrollo del procedimiento penal. Máxime, si se toma en cuenta que los asuntos derivados del sistema penal acusatorio deben ser resueltos de forma expedita y en breve término, en aras de recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, ello en consonancia con los principios que rigen dicho sistema y la preocupación de la judicatura de hacerlos compatibles con el juicio de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia antes invocadas. Por otra parte, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación con el artículo 26, fracción IV, de la citada ley, se tiene como medio para recibir notificaciones de la parte quejosa la vía electrónica, que podrá consultar a través de los usuario ***. Se hace de su conocimiento que de conformidad con la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo, está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley en cita, en el plazo máximo de dos días a partir de que este órgano jurisdiccional le envíe las notificaciones generadas en el presente asunto, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. Apercibido que de no cumplir con lo anterior las notificaciones que le correspondan se realizarán mediante lista de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo que así lo ordene. En virtud de lo anterior, se ordena a los actuarios que para los casos en los que se actualice la hipótesis de que se trata, asienten la razón respectiva a fin de que la notificación correspondiente surta efecto en términos del artículo 31, fracción II de la ley de la materia. En ese sentido, se comisiona a la Oficial Judicial "A" para que proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario *** para la consulta del expediente electrónico. En lo referente al correo electrónico y números telefónicos que proporciona, téngaseles como medios de comunicación no procesales, a fin de que pueda establecerse el contacto respectivo exclusivamente en los casos en que este juzgador lo estime necesario. En otro orden de ideas, se tienen como autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, por tener registradas sus cédulas profesional que lo acredita como licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación y a ***, para el único efector de oír y recibir notificaciones e imponerse en autos, ello por no tener registradas sus cédulas profesional que lo acredita como licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Finalmente, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prorrogado mediante Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad en línea, lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

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