ADALID GIRON SOLIS y Otros.

Expediente 896/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
896/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
13/01/2021

Partes del expediente

  • ADALID GIRON SOLIS y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los autos se advierte que con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus COVID-19, se interrumpió el trámite regular del presente asunto del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en términos de la Circular CAP/3/2020 emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura. Ahora, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, aprobado el veintiocho de julio de dos mil veinte, con vigencia a partir del tres de agosto de este mismo año, que establece los lineamientos bajo los cuales deben reanudarse los juicios; así como, en los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que amplían la vigencia del primero; y la Circular SECNO/1/2021, en su fracción II, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se reactiva el trámite en este expediente. Por otro lado, vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha trascurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Finalmente, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad en línea, lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

  2. Principal

    Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Escrito firmado por ********************quien aduce venir en su carácter de quejoso y defensor particular del quejoso ***. Mediante el cual en atención al proveído de cinco de noviembre del año en curso, precisa la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado; así como, los antecedentes del mismo. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente destacar que de la lectura integral de la demanda y escrito aclaratorio a la misma, se advierte que la parte quejosa reclama en esencia lo siguiente: La sentencia interlocutoria de nueve de octubre de dos mil veinte, dictada en el toca ******************** del índice de la Décima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el primer punto donde establece que se modifica la resolución de veintiocho de enero anterior, emitida por el Juez de Control del Distrito Judicial de Acatlán, Región Sur Puebla, entre otras cosas, lo relativo a la inadmisión de trece fotografías que ofertadas por la defensa privada. De lo antes narrado, este órgano de control constitucional estima que, en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado este último a contrario sentido de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que este juzgador considera que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), Constitucional y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. De los preceptos legales antes trascritos se desprende que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, procede el amparo indirecto ante el juez de Distrito, siempre y cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución o Tratados Internacionales en los que México sea parte, en los que se conceptualizan los derechos fundamentales y humanos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de reparación con el hecho de obtener una declaración o sentencia favorable en el juicio. Bajo ese contexto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, como ocurre en el caso que nos ocupa, en el que se combate la determinación interlocutoria de nueve de octubre de dos mil veinte, dictada en el toca ********************, de la Décima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el cual no accede a la petición de la defensa del aquí quejoso respecto de la admisión de las trece fotografías que ofreció, esto es, el acto reclamado se traduce procesalmente por analogía en una inadmisión de pruebas, lo cual como ya se dijo en párrafos precedentes no constituye un acto de ejecución irreparable. Esto es así, en razón de que de acuerdo a la legislación constitucional y secundaria que rige la procedencia del juicio de amparo, contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley Suprema, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de los derechos fundamentales o humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la cuestión planteada, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte agraviada. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro de un procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Entonces, las violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. En esa tesitura, es inconcuso que el acto reclamado por ********************en su carácter de defensor particular del quejoso********************, consistente en la sentencia interlocutoria de nueve de octubre de dos mil veinte, dictada en el toca ******************** del índice de la Décima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el primer punto donde establece que se modifica la resolución de veintiocho de enero anterior, emitida por el Juez de Control del Distrito Judicial de Acatlán, Región Sur Puebla, entre otras cosas, lo relativo a la inadmisión de trece fotografías que ofertadas por la defensa privada; esto es, el acto reclamado se traduce por analogía en una inadmisión de pruebas, lo cual no puede ser considerado como un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Lo anterior, tomando en consideración que el citado acto reclamado no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental y/o humano, ya que a través de tales actos no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino, en su caso, la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, y bien puede ocurrir que la parte afectada al momento de la depuración probatoria o en su caso, obtenga una sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con el acto impugnado, dejando intacta la esfera jurídica de la interesada al no alterarse algún hecho sustantivo y sin dejar huella, pues estos actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental o humano, sino que tan sólo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para el resultado del fallo y por esa razón pueda obtener una sentencia favorable en el juicio y que por lo mismo no se ha consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate; tampoco se está en el caso que se afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, ni se trata de un acto que de concederse la protección federal a través de una sentencia de amparo, se tenga como consecuencia natural el poner fin al juicio. En efecto, se considera que el acto reclamado no causa un perjuicio irreparable para la procedencia del Juicio de Amparo Indirecto. De ahí que, resulte procedente concluir que la decisión que se combate no constituye acto que, en su caso, afecte de manera irreversible algún derecho sustantivo fundamental en forma directa e inmediata del impetrante, sino que, como se ha indicado, constituye un acto intraprocesal que se rige por la regla general relativa a que las violaciones de procedimiento son reclamables en amparo directo, pues aún cuando llegara a ser fundada tal violación, su efecto no pone fin al juicio, ni provoca una ejecución de imposible reparación. Por tanto, no estando en el caso ante un acto definitivo que en el juicio tenga sobre las personas una ejecución que sea de imposible reparación, para que el juicio de amparo en la vía que se propone sea procedente, y sí, por el contrario, se trata de un acto cuya violación es propia de repararse en la etapa intermedia dentro de la correspondiente causa penal, o en su caso, en amparo directo en el supuesto de que llegara a promoverse contra dicho fallo que ponga fin al juicio, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los numerales 107 fracción V, aplicada a contrario sensu, 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Por tanto, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de amparo, en virtud de advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la ley de la materia. Por otra parte, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, y tomando en consideración dicho fenómeno, se destaca que a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

  3. Principal

    Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Oficio FED/SEIDO/UEIDM5/FE-B/3159/2020 signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (U.E.I.D.M.S.) de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (S.E.I.D.O.) de la Fiscalía General de la República (F.G.R.) Oficio FEO/SEIOO/UEIDM5/FE-B/3159/2020 signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (U.E.I.D.M.S.) de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (S.E.I.D.O.) de la Fiscalía General de la República (F.G.R.) Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su informe previo, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia incidental. Además, se tiene como medio de comunicación no procesal de la autoridad oficiante el correo electrónico y teléfono que refiere; ello a fin de que se establezca el contacto respectivo exclusivamente en los casos en que este juzgador lo estime necesario.

  4. Principal

    Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Oficio 18386/2020 firmado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Oficio 43430 firmado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. Mediante los cuales devuelve sin diligenciar los exhortos 127/2020, 131/200, orden 403/2020 y 407/2020 del índice de este Juzgado, los cuales se enviaron con la finalidad de emplazar a los terceros interesados ***. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Sin que haya lugar a acusar de recibo en virtud de que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), lo genera automáticamente. De igual forma, se agrega: Oficio 1568 firmado por el Juez de lo Penal de Tepeaca, Puebla. Oficio 503 firmado por el Secretario de Estudio y cuenta en funciones de Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla. Mediante el cual devuelve sin diligenciar los despachos 278/2020 y 277/2020, orden 411/2020 del índice de este Juzgado, los cuales se enviaron con la finalidad de emplazar a la terceros interesados ***. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y acúsese recibo. De igual forma, se agrega: Razones actuariales de tres de noviembre de dos mil veinte. De la que se advierte la imposibilidad del actuario para emplazar a los terceros interesados ***, en el domicilio señalado en auto de veinte de octubre del año en curso. Respecto de las imposibilidades indicadas en párrafos precedentes se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto se cuente con los resultados de todos los emplazamientos ordenados en este expediente.

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