Absalón Jovanny Cervantes Rivera

Expediente 643/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
643/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Absalón Jovanny Cervantes Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE . . . SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en términos del considerando último.

  2. Principal

    Oficio emitido por la Juez del Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal. Se advierte que el oficio de cuenta fue presentado con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes, dese vista al secretario encargado de realizar el proyecto de sentencia y una vez que se engrose la sentencia, intégrese al juicio de amparo sin mayor proveído.

  3. Incidental

    En cumplimiento a lo ordenado en esta misma data en el cuaderno principal, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 643/2023, promovido por xxxx, contra actos de la Juez de Control y Ejecución Penal de la Región Judicial Sur con residencia en Tehuacán, Puebla, Salvador Hernández Martínez. Con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 138 y 140 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto copia simple de la demanda de amparo; en él se concretará a expresar si son o no ciertos los hechos que se le atribuyen, pudiendo agregar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. En la inteligencia de que la autoridad responsable deberá proporcionar algún correo electrónico o dígito telefónico a efecto de entablar comunicación con motivo de la pronta tramitación e integración del presente asunto. Se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia incidental. Ahora, en principio es de puntualizarse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 128, 129 y 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que son del siguiente tenor: Del contenido de los preceptos trascritos, se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y además debe tomar en consideración que no se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa reclama: La resolución pronunciada el treinta de mayo pasado, en la cual se prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el procedimiento, en la causa penal xxxx. Toda vez que del escrito de demanda se advierte que el quejoso está recluido, con fundamento en el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE en su favor la suspensión provisional, para el efecto de que quede a disposición de este juzgado de Distrito únicamente por lo que hace a su libertad personal en el lugar de su reclusión y a disposición del Juez natural para la continuación del procedimiento penal que se le instruye; hasta en tanto se decida con los datos que se obtengan en el incidente en que se actúa si se debe o no conceder la suspensión definitiva y sus términos. Al respecto, debe decirse a la parte quejosa, que si bien es procedente que solicite la revisión de las medidas cautelares referentes a las órdenes privativas de libertad personal o de prisión preventiva. Lo cierto es que estas deben ser decretadas por la autoridad judicial que conozca de los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, esto es, dicha solicitud debe realizarse ante autoridad competente, dado que la facultad de modificación recae en el Juez natural, tal como lo indica el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para robustecer lo anterior, es necesario invocar el contenido del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 161. Revisión de la medida. Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia." De dicha transcripción se desprende que el Juez competente deberá dar vista a las partes con la solicitud de la modificación, para que el agente del Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y se esté en posibilidad -en audiencia-, de resolver sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva. Es por ello que el Juez Natural, es el único facultado originariamente para proceder en la forma antes indicada, máxime que en la Ley de Amparo, no se encuentra disposición similar al artículo 136 de la Ley de Amparo abrogada que contemplaba el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución ante Juez Federal, por lo que este juzgador está impedido para desahogar una audiencia de medidas cautelares, porque el pronunciamiento respectivo ya no se sustenta en la simple verificación de requisitos preestablecidos, sino en escuchar a las partes en un contradictorio (audiencia) y determinar qué medida cautelar es la idónea para el caso concreto; de ahí que esa revisión debe solicitarse ente el órgano jurisdiccional que tramita el proceso y no ante el Juez de amparo en el incidente de suspensión. Sin que sea óbice a lo anterior los criterios invocados por el impetrante de garantías, tomando en consideración que constituyen criterios aislados cuya observancia no es de carácter estricto para el suscrito. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo), se le apercibe que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, se les tendrá como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con aquellas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, tomando en consideración que le corresponde estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Lo anterior no impide a la parte quejosa aclarar o corregir, en su caso, la denominación de las autoridades responsables hasta antes de la resolución de este asunto. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación con el artículo 26, fracción IV, de la citada ley, se tiene como medio para recibir notificaciones de la parte quejosa la vía electrónica, que podrá consultar a través del usuario "********************". Se hace de su conocimiento que de conformidad con la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo, está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley en cita, en el plazo máximo de dos días a partir de que este órgano jurisdiccional le envíe las notificaciones generadas en el presente asunto, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. Apercibido que de no cumplir con lo anterior las notificaciones que le correspondan se realizarán mediante lista de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo que así lo ordene. En virtud de lo anterior, se ordena a los actuarios que para los casos en los que se actualice la hipótesis de que se trata, asienten la razón respectiva a fin de que la notificación correspondiente surta efecto en términos del artículo 31, fracción II de la ley de la materia. En ese sentido, se comisiona a la Oficial Judicial "A" para que proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al usuario "********************", para la consulta del expediente electrónico. Se tiene a la parte quejosa señalando como medio de comunicación no procesal el correo electrónico que refiere, a fin de que se establezca el contacto respectivo exclusivamente en los casos en que este juzgador lo estime necesario. Por cuanto hace a ********************se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen registrada su cédula profesional que los acredita como licenciados en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y por autorizados en los términos que precisa a las diversas personas que refiere en el escrito que se provee. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aun en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. Se hace notar que conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos. Con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

  4. Principal

    Se ordena formar expediente físico, únicamente con las constancias presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). La documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas), constará únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre siguiente, no así en el expediente impreso. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad del expediente electrónico. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, el promovente reclama la resolución de treinta de mayo pasado, dictada por el Juez de Control de la Región Judicial Sur con residencia en Izúcar de Matamoros, en la causa penal ********************, en la cual: ********************A) Negó excluir el testimonio del menor de identidad reservada ********************.; así como de ******************** y ********************.********************B) Prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el procedimiento. A criterio de quien ahora resuelve, respecto del acto precisado en el inciso A), se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.********************(.)********************Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:********************(.)********************V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte De los preceptos legales antes transcritos se desprende que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, procede el amparo indirecto ante el juez de Distrito, siempre y cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución o Tratados Internacionales en los que México sea parte, en los que se conceptualizan los derechos fundamentales y humanos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de reparación con el hecho de obtener una declaración o sentencia favorable en el juicio. Bajo ese contexto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, como ocurre en el caso que nos ocupa, al reclamarse la negativa de excluir los testimonios del menor de identidad reservada ********************, ******************** y ********************, en la causa penal xxxx. Ahora bien, de acuerdo con la legislación constitucional y secundaria que rige la procedencia del juicio de amparo, contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley Suprema, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de los derechos fundamentales o humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la cuestión planteada, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte agraviada. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro de un procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Entonces, las violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan derechos sustantivos de las partes. Esta afectación debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. En esa tesitura, es inconcuso que el acto reclamado consistente en la negativa de excluir los testimonios del menor de identidad reservada ********************, ******************** y ********************, en la causa penal ********************, no constituye en sí mismo, un acto de imposible reparación, ya que únicamente tiene efectos intraprocesales. ************************************************************Esto es, el acto impugnado no produce una afectación inmediata y directa a los derechos fundamentales de la aquí quejosa, en la medida que las eventuales violaciones producidas y sus efectos pueden quedar reparadas de manera total porque debe entenderse que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión de los medios de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba), pues dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Por lo expuesto, este órgano de control constitucional de oficio, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, 113, de Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción III, de la Constitución General de la República, desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, únicamente respecto del acto consistente en la negativa a excluir el testimonio del menor de identidad reservada ********************.; así como de ******************** y ********************, en la causa penal de origen.************************************************************Ahora, con respecto al acto reclamado consistente en prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el procedimiento, en la causa penal ********************, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 116, y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo que promueve ********************, contra actos de la Juez de Control y Ejecución Penal de la Región Judicial Sur con residencia en Tehuacán, Puebla - ******************** -. Por separado tramítese el incidente de suspensión. Dese a la Representación Social de la adscripción la intervención que le compete.******************** ****************************************Se autoriza el acceso del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a través del usuario ********************, por tal motivo se conmina a la Oficial Judicial "A", para que realice la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al citado usuario.************************************************************En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio respectivo y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibiéndose a las autoridad responsable que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización, establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente.************************************************************En la inteligencia de que la autoridad responsable deberá proporcionar algún correo electrónico o número telefónico a efecto de entablar comunicación con motivo de la pronta tramitación e integración del presente asunto. ************************************************************Se fijan las DOCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia constitucional.************************************************************Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, remita copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, apercibida que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente.************************************************************De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 de la Ley de Amparo, y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2º, infórmese a la responsable que está en aptitud de aportar como prueba toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que podrá adjuntar a su informe con justificación el disco compacto (cd) que contenga la resolución reclamada, o bien, podrá remitirlo al correo electrónico 1jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, o llamar al número celular 2224593590, ello si el sentido de su informe lo permite; lo anterior, además agilizará el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita.************************************************************De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a la responsable para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se impondrá multa de treinta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.************************************************************Para el caso de que el acto reclamado sea cierto, se requiere a la autoridad responsable para que, si en algún momento dejara de conocer del asunto respectivo, en el término de tres días siguiente en que ello ocurra lo haga saber de manera inmediata a este juzgado de distrito, a efecto de estar en posibilidad de acordar lo conducente, para la pronta resolución de este juicio, conforme lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional; apercibida que de ser omisa se le impondrá multa de cincuenta días de salario, calculada conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.************************************************************En el mismo supuesto de ser cierto el acto reclamado, se requiere a la autoridad jurisdiccional señalada como responsable para que en el término de tres días siguiente al en que reciba el oficio respectivo informe, a qué personas les reviste el carácter de víctimas u ofendidos, en su calidad de terceros interesados; el ultimo domicilio que tenga registrado, así como datos de identificación de cada uno, esto es, nombre completo y sin abreviaturas, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, fecha y lugar de nacimiento que permita su correcta individualización, o en su caso, la imposibilidad que tenga para ello; lo anterior, para evitar posibles homonimias.************************************************************Apercibida que de no hacerlo así, se impondrá multa de cincuenta días de salario, calculada conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.************************************************************Con independencia de lo anterior, toda vez que el quejoso manifiesta que les reviste el carácter de terceros interesados a:********************************************************************************, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, Región Judicial Sur, con domicilio en Eje Poniente 1805, San Martin Alchichica Izucar de Matamoros, Puebla.************************************************************En consecuencia, mediante oficio se ordena emplazarlo en el domicilio precisado en el párrafo que antecede, con copia simple de la demanda de amparo, auto admisorio y de este acuerdo, haciéndole saber el derecho que tiene para apersonarse al presente juicio, ofrecer pruebas y formular alegatos, así como la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. De igual manera, le requiera para que en el término de tres días, contado a partir de que sea notificado señale domicilio en esta ciudad o en la zona conurbada, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en este órgano jurisdiccional, de conformidad con la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo.************************************************************Respecto a ******************** quien representa a ********************, se reserva el acuerdo correspondiente hasta en tanto obre en autos el informe que rinda la responsable.************************************************************Por otro lado, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo), se le apercibe que si la autoridad que señaló como responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se tendrá como inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario, o que se corrija el señalamiento en su denominación, tomando en consideración que le corresponde a aquella estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal.************************************************************Lo anterior, no impide a la parte quejosa aclarar o corregir, en su caso, la denominación de la autoridad responsable hasta antes de la resolución de este asunto.************************************************************Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación con el artículo 26, fracción IV, de la citada ley, se tiene como medio para recibir notificaciones de la parte quejosa la vía electrónica, que podrá consultar a través del usuario "********************".************************************************************Se hace de su conocimiento que de conformidad con la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo, está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley en cita, en el plazo máximo de dos días a partir de que este órgano jurisdiccional le envíe las notificaciones generadas en el presente asunto, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas.************************************************************Apercibido que de no cumplir con lo anterior las notificaciones que le correspondan se realizarán mediante lista de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo que así lo ordene.************************************************************En virtud de lo anterior, se ordena a los actuarios que para los casos en los que se actualice la hipótesis de que se trata, asienten la razón respectiva a fin de que la notificación correspondiente surta efecto en términos del artículo 31, fracción II de la ley de la materia.************************************************************En ese sentido, se comisiona a la Oficial Judicial "A" para que proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al usuario "********************", para la consulta del expediente electrónico.************************************************************Se tiene a la parte quejosa señalando como medio de comunicación no procesal el correo electrónico que refiere, a fin de que se establezca el contacto respectivo exclusivamente en los casos en que este juzgador lo estime necesario.************************************************************Por cuanto hace a ********************se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen registrada su cédula profesional que los acredita como licenciados en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y por autorizados en los términos que precisa a las diversas personas que refiere en el escrito que se provee.************************************************************ En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aun en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República.************************************************************ Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. Se hace notar que conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos.**************************************** Con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que:****************************************Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil.****************************************Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

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