Acasio Joel López Ortíz
Expediente 694/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 694/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Acasio Joel López Ortíz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
PRAL 694/2021-3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintiuno. 1. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó la protección constitucional a la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2.1. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las 1) autoridades responsables y 2) agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado; dado que, como se precisó, en la sentencia emitida por una parte se sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó la protección constitucional a la parte quejosa; por tanto, ningún agravio les genera, pues carecen de legitimación para inconformarse. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Devolución de tomo anexo. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable, Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca, la copia certificada de diversas constancias del juicio de nulidad 1332/19-15-01-5, que obran como tomo anexo I. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino. Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, inciso b) del referido acuerdo general y 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es depurable; por tanto, este órgano jurisdiccional conservará este juicio de amparo por el término de tres años, contados a partir de la fecha de este acuerdo, fenecido dicho término, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a la depuración del expediente, y terminado el proceso relativo, se solicitará la transferencia relativa a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de depurable. 8. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 694/2021-3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. 1. Se remite promoción. Visto el oficio firmado por la magistrada presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual remite diversas constancias; sin embargo, de la consulta en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE) se advierte que en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, se tramita el juicio de amparo 694/2021, promovido por Ruth Catalina Guzmán Cruz. En esas condiciones, por economía procesal, previa copia certificada que se agregue en autos, remítase el referido oficio al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 694/2021-3 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con veintitrés minutos del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 694/2021, como se ordenó en acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintiuno, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico autorizado. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Acasio Joel López Ortiz, por derecho derecho, y demás constancias de autos, e informa que no existe documento alguno con el cual deba darse cuenta. Además, se hace constar que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenidos en los artículos 68 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que se hizo de su conocimiento en auto de admisión. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. ETAPA PROBATORIA. Acto continuo, abierto el periodo probatorio, se hace constar que la parte quejosa ofreció como pruebas: Copia simple de los autos de seis y siete de mayo de dos mil veintiuno, dictados en el expediente 1332/19-15-01-8. Copia de la resolución emitida en el oficio SP/DPSHT/JN/1103/2021, de diez de junio de este año y anexo 1; así como la cédula de notificación del mismo realizada a la parte quejosa. Instrumental de actuaciones. Presuncional legal y humana. Las autoridades responsables: 1) encargado y el 2) encargado del Área de Expedientes de Nulidad, ambos de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ofrecieron como pruebas copia certificada de: La resolución emitida en el oficio SP/DPSHT/JN/1103/2021 de diez de junio de este año y anexo 1. La cédula de notificación de veintidós de julio de dos mil veintiuno. Oficio SP/DPSHT/1633/2021 de dieciséis de julio de dos mil veintiuno. La magistrada presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca ofreció como prueba: Diversas constancias del expediente 1332/19-15-01-8. No habiendo pruebas pendientes por desahogar, se cierra el periodo probatorio. ETAPA DE ALEGATOS. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que únicamente la parte quejosa los formuló y la agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado no presentó pedimento. Por lo que se declara cerrado este periodo y procede emitir la sentencia siguiente. Visto para resolver el juicio de amparo 694/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnado a este Juzgado, en la misma fecha, Acasio Joel López Ortiz, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca y de otras autoridades, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de uno de julio de dos mil veintiuno se registró la demanda de amparo con el expediente 694/2021, se admitió a trámite, se dio intervención al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta; en el caso, materia administrativa. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura integral efectuada a la demanda, así como de las constancias que integran este asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: De la 1) Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez: La omisión de hacer efectiva la multa al encargado y/o titular de la Delegación Estatal Oaxaca y subdelegación de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, en cumplimiento al apercibimiento decretado el seis de mayo de dos mil veintiuno. La omisión de continuar con el procedimiento de ejecución previsto en el artículo 58, fracción I, incisos a), b), c) y d) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La omisión de emitir acuerdos eficaces para que las autoridades demandadas cumplan con la sentencia de cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Del 2) delegado, 3) encargado de la subdelegación de Prestaciones y del 4) encargado y/o titular del Área de Cumplimiento de Expedientes de Nulidad de la Subdelegación de Prestaciones, todas de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: La omisión de cumplir con la sentencia dictada el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el expediente 1332/19-15-01-8. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El encargado del Área de Expedientes de Nulidad de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al rendir el informe justificado, negó categóricamente el acto reclamado que se le atribuye, pues refirió que la sentencia de cinco de septiembre de dos mil diecinueve obliga al delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cumplir con la misma. Lo que, en efecto, resulta correcto, toda vez que de la sentencia de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 1332/19-15-01-8, se advierte que la sala responsable declaró la nulidad de la resolución negativa ficta para el efecto de que el delegado Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, dentro del plazo de cuatro meses, emitiera una resolución expresa en la que, dando respuesta a la solicitud que se le formuló el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, ordenara de inmediato que a la pensión del aquí quejoso se le aplicaran los porcentajes de incremento del sueldo básico de los trabajadores en activo de las plazas en que se jubiló. En ese sentido, resulta inexistente el acto reclamado atribuido a dicha autoridad, ya que la sala responsable al que vinculó al cumplimiento de la sentencia fue al delegado Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, quien fue señalada como autoridad demandada en el juicio administrativo; de ahí que, aun cuando tuviera que realizar alguna gestión en el cumplimiento de la sentencia, atendiendo a las indicaciones ordenadas por el delegado, ello no la vincula jurídicamente para que le sea reprochable la omisión reclamada por la parte quejosa. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La magistrada de la presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir el informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados, pues refirió que: El uno de julio de dos mil veintiuno impuso a la encargada o delegada Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado como medida de apremio una multa por la cantidad de $26,886.00 y la requirió por segunda ocasión para que cumpliera con la sentencia de cinco de septiembre de dos mil diecinueve. El doce de agosto de dos mil veintiuno impuso nuevamente como medida de apremio una multa a la citada delegada y la requirió, por tercera ocasión para que cumpliera con la sentencia. Manifestaciones que acreditan la existencia de los actos reclamados, aunado que la parte quejosa promovió demanda de amparo el treinta de junio de dos mil veintiuno, y aunque la Sala Regional responsable apercibió con multa a la parte demandada mediante acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno, la hizo efectiva, con posterioridad, esto es, el uno de julio siguiente; de ahí que la actora, aquí quejosa, al promover dicha demanda no conocía de la emisión de ese auto, por ello, reclamó las omisiones relativas. Por otra parte, el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al rendir el informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo, manifestó que, en cumplimiento a la sentencia de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, emitió la resolución de diez de junio de dos mil veintiuno; que respecto a la cuota diaria de pensión sería instalada en la nómina de agosto y que las diferencias de la retroactividad se pagará mediante transferencia bancaria y estaría a disposición del quejoso en septiembre. Por tanto, como a la fecha de presentación de la demanda aún no se ha pagado el monto calculado mediante resolución, es inconcuso que no se ha dado cumplimiento al juicio de nulidad; por ello, se tiene por cierto el acto se le atribuye. Resulta ilustrativa, por las razones que la integran y en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, julio de 1994, página 391, registro 211004, del texto que sigue: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Finalmente, el delegado Estatal del Instituto responsable negó la existencia del acto que se le reclama; sin aportar probanza que demostrara que no incurrió en la omisión reclamada, ya que de la sentencia de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 1332/19-15-01-8, se advierte que la sala responsable declaró la nulidad de la resolución negativa ficta para el efecto de que el delegado Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, dentro del plazo de cuatro meses emitiera una resolución expresa en la que, dando respuesta a la solicitud que se le formuló el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, ordenara, de inmediato, que a la pensión del aquí quejoso se le aplicaran los porcentajes de incremento del sueldo básico de los trabajadores en activo de las plazas en que se jubiló. Por tanto, se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Resulta aplicable, por las razones que la sostienen, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero de 1995, página 189, del texto siguiente: "ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables". Existencia que se corrobora con las constancias que remitió la sala responsable y el encargado de la Subdelegación de prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en término de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fue remitida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Por ello, quedan desvirtuadas dichas negativas y se tienen por cierto las omisiones atribuida a las citadas autoridades. QUINTO Improcedencia del juicio respecto al acto identificado con el punto I del considerando segundo. Sea que las partes lo aleguen o no, se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. De las constancias que integran este asunto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado atribuido a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, consistente en la omisión de hacer efectiva la multa al encargado y/o titular de la Delegación Estatal Oaxaca y subdelegación de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, en cumplimiento al apercibimiento decretado el seis de mayo de dos mil veintiuno. El referido artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". De la interpretación del citado precepto se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Por lo que al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. De las constancias remitidas en copia certificada por la sala responsable, se advierte que: En auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1332/19-15-01-8, inició, de oficio, el procedimiento previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por ello, requirió a la encargada de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que, dentro del plazo de tres días cumpliera con la sentencia emitida en el citado juicio, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría como medida de apremio una multa. El uno de julio de dos mil veintiuno, ante la falta de cumplimiento a lo ordenado en auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, hizo efectivo el apercibimiento ahí decretado e impuso a la encargada o delegada Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado como medida de apremio una multa por la cantidad de $26,886.00 y la requirió, por segunda ocasión, para que cumpliera con la sentencia de cinco de septiembre de dos mil diecinueve. El doce de agosto de dos mil veintiuno impuso nuevamente como medida de apremio una multa a la citada delegada y la requirió, por tercera ocasión, para que cumpliera con la sentencia. De lo anterior se estima que cesaron los efectos del acto reclamado, pues se extinguió la violación al derecho fundamental que pudo haberse cometido con la abstención atribuida y las cosas volvieron al estado que tenían antes de esa vulneración, ya que la responsable impuso la multa a la demandada, con motivo del apercibimiento decretado en auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, con la finalidad de que cumpliera con la sentencia emitida en el juicio administrativo. En consecuencia, conforme con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio. Sobreseimiento que impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa contra el acto reclamado analizado en este considerando; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. Procedencia del amparo. El encargado de la Subdelegación de Prestaciones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, precisó que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues aduce han cesado los efectos del acto que se le reclama, ya que, en cumplimiento a la sentencia de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, emitió la resolución de diez de junio de dos mil veintiuno; sin embargo, de las constancias del juicio de nulidad 1332/19-15-01-8, se advierte que la Sala Regional no ha verificado su cumplimiento, dado que la resolución no consta en dicho juicio. En consecuencia, resulta infundada la causa de improcedencia invocada por la citada responsable. Por ello, como ninguna de las partes hizo valer diversa causa de improcedencia, ni este Juzgado advierte alguna de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación. SÉPTIMO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". OCTAVO. Concepto de violación. El análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, en relación con las constancias de autos, conduce a determinar lo siguiente: Alega la parte quejosa que las omisiones reclamadas vulneran en su perjuicio el artículo 17 constitucional, porque desde la fecha en que se emitió la sentencia en el juicio de nulidad no ha sido cumplida. La referida parte quejosa reclama en este juicio: De la 1) Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez: La omisión de continuar con el procedimiento de ejecución previsto en el artículo 58, fracción I, incisos a), b), c) y d) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La omisión de emitir acuerdos eficaces para que las autoridades demandadas cumplan con la sentencia de cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Del 2) delegado y del 3) encargado de la subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: La omisión de cumplir con la sentencia dictada el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el expediente 1332/19-15-01-8. Antecedentes del asunto. De las constancias remitidas por la sala responsable, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se aprecia que: El cinco de septiembre de dos mil diecinueve se dictó sentencia correspondiente en el expediente 1332/19-15-01-8, en la que la sala declaró la nulidad de la resolución negativa ficta para el efecto de que el delegado Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, dentro del plazo de cuatro meses, emitiera una resolución expresa en la que, dando respuesta a la solicitud que se le formuló el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, ordenara, de inmediato, que a la pensión del aquí quejoso se le aplicaran los porcentajes de incremento del sueldo básico de los trabajadores en activo de las plazas en que se jubiló. En auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1332/19-15-01-8, la Sala responsable determinó que la sentencia de que se trata había adquirido firmeza el cuatro de marzo de dos mil veinte y, como la demandada no había dado cumplimiento en el término de cuatro meses, de oficio, inició el procedimiento previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y requirió al delegado Estatal Oaxaca del Instituto, para que en el término de tres días cumpliera con esa sentencia; apercibiéndole que, de no hacerlo, se le impondría multa equivalente a trescientas veces la unidad de medida y actualización. El uno de julio de dos mil veintiuno, ante la falta de cumplimiento a lo ordenado en auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, hizo efectivo el apercibimiento ahí decretado e impuso a la encargada o delegada Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado como medida de apremio una multa por la cantidad de $26,886.00 y la requirió, por segunda ocasión, para que cumpliera con la sentencia de cinco de septiembre de dos mil diecinueve; con el apercibimiento que, de no hacerlo, le impondría una multa equivalente a quinientas unidades de medida y actualización. El doce de agosto de dos mil veintiuno, ante la contumacia del delegado del citado instituto, impuso nuevamente como medida de apremio una multa a la citada delegada por la cantidad de $44,810.00 y la requirió, por tercera ocasión para que cumpliera con la sentencia; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondría una multa de mil unidades de medida y actualización. Siendo ésta la última actuación en la etapa de ejecución del juicio ordinario tradicional de que se trata. Análisis del concepto de violación. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le adminitre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Así, tal precepto fija el derecho a la tutela jurisdiccional, la que comprende tres etapas, a las que atañen tres derechos, a saber: I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte. II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. En esta última etapa se acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, por lo que las leyes locales y federales deben establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatorio el mismo. Lo anterior así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 151, registro 2015591, del texto siguiente: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales". Por otra parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificado por el Estado Mexicano el tres de febrero de mil novecientos ochenta y uno, relativo a la protección judicial, señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la Convención. Así también, establece el compromiso de los Estados Partes a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida, entre otros, a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso; de lo que se advierte que el Estado Mexicano ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental. Sin embargo, para que se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, debe manifestarse en sus dos aspectos complementarios: uno, formal y, otro, material. En este último aspecto, el material, se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones y, especialmente, cuando se trata de una sentencia definitiva o laudo que ha sido favorable a los intereses de alguna de las partes. De ahí que no sea posible sostener que se respeta el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, aunque se dé respuesta al justiciable en los términos de ley, si no se atiende al aspecto material o subgarantía de "ejecución de resoluciones" o de "justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho a que los fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales se notifiquen y cumplan cabalmente, pues, de estimar lo contrario, la prerrogativa constitucional y convencional de acceso a la justicia tendría sólo carácter adjetivo o procesal. Es aplicable al respecto la tesis 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 284, registro 2018637, del texto siguiente: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos". Aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el cumplimiento de las sentencias. El cinco de septiembre de dos mil diecinueve la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia dictó sentencia en el juicio 1332/19-15-01-8, a efecto de que el delegado Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, dentro del plazo de cuatro meses, emitiera una resolución expresa en la que, dando respuesta a la solicitud que se le formuló el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, ordenara, de inmediato, que a la pensión del aquí quejoso se le aplicaran los porcentajes de incremento del sueldo básico de los trabajadores en activo de las plazas en que se jubiló; luego, procediera a liquidar, en una sola exhibición las diferencias procedentes. Para hacer cumplir la sentencia dictada en ese juicio ordinario, la responsable, de oficio, inició el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento". Es así que, conforme a la porción normativa transcrita, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe actuar de oficio o a petición de parte para asegurar el pleno cumplimiento de sus resoluciones, pero ello una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de la referida ley, esto es, de cuatro meses, a partir de la fecha en que la sentencia quede firme. Entonces, cumplido ese término, debe requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento que hubiere dado a la sentencia; de no hacerlo, decidirá si hubo incumplimiento injustificado y, en tal caso, le impondrá una multa como medida de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario -actualmente unidad de medida de actualización-, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada, para que la obligue a cumplir, apercibiéndola con multa también. Transcurridos los plazos otorgados, lo pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente a fin de que determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Análisis de las omisiones reclamadas. La Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha observado las etapas que conforman ese procedimiento para doblegar la contumacia de la demandada para cumplir con las prestaciones a que fue condenada en la sentencia pronunciada el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, misma que causó firmeza el cuatro de marzo de dos mil veinte. Y, por tanto, no vulnera el derecho fundamental de ejecución de sentencia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo alega la parte quejosa. Ello, toda vez que la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, de oficio, inició el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que requirió al delegado del referido instituto para que, dentro del término de tres días, informara y demostrara que ha dado cumplimiento a la sentencia de cinco de septiembre de dos mil diecinueve; posteriormente, dado que la autoridad demandada no cumplió con lo requerido en auto de uno de julio de dos mil veintiuno, hizo efectiva la multa con la que apercibió a esa parte procesal. Además, en el mismo proveído requirió nuevamente a la autoridad demandada para que cumpliera con la sentencia, apercibiéndola con imponerle multa por una suma mayor, y que requeriría a su superior jerárquico para que la obligara a cumplir sin demora. Asimismo, en auto de doce de agosto de dos mil veintiuno, ante la contumacia de la autoridad demandada, la requirió por tercera ocasión, a fin de que cumpla con la sentencia, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondría una multa como medida de apremio. Como se ve, la Sala responsable ha cumplido con el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dentro de los términos y plazos que ahí se establecen, a fin de que se cumpla con la sentencia emitida, pues aunque esa resolución fue emitida el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, como lo sostiene la parte quejosa, la misma fue declarada firme el cuatro de marzo de dos mil veinte y, a partir de esa fecha, la demandada tenía cuatro meses para cumplir. Por tanto, la sala responsable no vulnera el derecho fundamental de ejecución de la sentencia a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Federal. Además, el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de cumplir con la sentencia de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, emitió la resolución de diez de junio de dos mil veintiuno, como se advierte del oficio SP/DPSHT/JN/1103/2021, sin que, hasta el momento, la sala responsable haya determinado que la autoridad demandada dio cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio natural; sin embargo, dicha determinación demuestra que la autoridad demandada ha realizado lo correspondiente para dar cumplimiento al fallo emitido en el juicio de nulidad; por ese motivo, contrario a lo considera la parte quejosa, sí se ha respetado el artículo 17 constitucional. En consecuencia, al no existir queja que suplir, y al resultar infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia solicitada. NOVENO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Acasio Joel López Ortiz, contra los actos precisados con los puntos I y IV del considerando segundo, reclamados a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez y encargado y/o titular del Área de Cumplimiento de Expedientes de Nulidad de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, respectivamente; por los motivos y fundamentos expuestos en los diversos considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Acasio Joel López Ortiz, contra los actos precisados con los puntos II, III y IV del considerando segundo, reclamados a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, delegado, y encargado de la subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando octavo de esta sentencia. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral.694/2021 mesa 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintiuno. 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por el encargado del Área de Expedientes de Nulidad de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el que rinde informe justificado; con el mismo dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. 2. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de dicha autoridad responsable, la copia certificada de diversas constancias relacionadas con el acto reclamado, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. 3. Diferimiento de la audiencia. Por tanto, toda vez que en este proveído se agregó el informe justificado del encargado del Área de Expedientes de Nulidad de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las nueve horas con veintitrés minutos del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, para su celebración. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril del año dos mil, página 5, registro 191995 del rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese.
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