Abundio Pérez Santiago

Expediente 552/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 26 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
552/2021
Año
2021
Actuaciones
26
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Abundio Pérez Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    PRAL 552/2021 MESA 7* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiera hecho. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades responsables, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 5. Precisión sobre el acuerdo general aplicable. Hágase del conocimiento de las partes procesales que, en lo subsecuente, en lo relativo a la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a lo indicado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevos esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 5.1 Precisión previa respecto del archivo del expediente. Sin embargo, como dicho acuerdo general no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación, en relación a ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente. Por tanto, se provee: 6. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 7. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 18 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DEPURABLE, tomando en consideración que se ordenó la reposición del procedimiento, lo que implica la procedencia del recurso, como así lo dispone el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, en atención a lo dispuesto en el mismo numeral, será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes, este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes y que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. 9. Se dejan a disposición documentales. Ahora, como en este expediente se encuentra glosado copia certificada del: a) Acta de nacimiento, clave única de registro de población y credencial para votar, correspondientes al quejoso *****. b) Recibo de energía eléctrica expedido por la empresa Comisión Federal de Electricidad. c) Constancia de participación de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. d) Oficio INCUDE/DG/0200/2021, de veintiséis de abril de dos mil veintiuno. e) Constancia de discapacidad, fechada el veintiuno de marzo de dos mil veintiuno, correspondiente al quejoso ***** (mismas que la parte quejosa acompañó a su escrito de demanda). Así como de la f) recomendación 04/2019, de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, firmado por *****, defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (exhibida mediante escrito registrado con folio de recepción 8280). Requiérase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días siguiente a su notificación acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger esa documental, previa foja de sustitución que se deje en autos. Apercibida que de no hacerlo, acorde a lo previsto en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, sin ulterior acuerdo, se procederá a su destrucción, al efectuarse la depuración del expediente. 10. Devolución de constancias. Además, como se hizo constar en la certificación de cuenta, en este expediente obra un tomo de pruebas que se formó con las documentales exhibidas por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, como justificación a su informe; por tanto, mediante oficio que al efecto se gire, se ordena su devolución a dicha autoridad; toda vez que se ha ordenado el archivo del expediente como asunto concluido y carece de objeto su permanencia en este Juzgado. 11. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico, hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del citado Acuerdo General, y articulo décimo cuarto transitorio. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por licencia oficial del titular, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Reglamenta la Carrera Judicial, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de noviembre de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/5737/2022, de la misma fecha; y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO CITATORIO. PRAL 552/2021 MESA 7* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiera hecho. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades responsables, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 5. Precisión sobre el acuerdo general aplicable. Hágase del conocimiento de las partes procesales que, en lo subsecuente, en lo relativo a la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a lo indicado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevos esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 5.1 Precisión previa respecto del archivo del expediente. Sin embargo, como dicho acuerdo general no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación, en relación a ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente. Por tanto, se provee: 6. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 7. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 18 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DEPURABLE, tomando en consideración que se ordenó la reposición del procedimiento, lo que implica la procedencia del recurso, como así lo dispone el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, en atención a lo dispuesto en el mismo numeral, será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes, este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes y que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. 9. Se dejan a disposición documentales. Ahora, como en este expediente se encuentra glosado copia certificada del: a) Acta de nacimiento, clave única de registro de población y credencial para votar, correspondientes al quejoso *****. b) Recibo de energía eléctrica expedido por la empresa Comisión Federal de Electricidad. c) Constancia de participación de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. d) Oficio INCUDE/DG/0200/2021, de veintiséis de abril de dos mil veintiuno. e) Constancia de discapacidad, fechada el veintiuno de marzo de dos mil veintiuno, correspondiente al quejoso ***** (mismas que la parte quejosa acompañó a su escrito de demanda). Así como de la f) recomendación 04/2019, de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, firmado por *****, defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (exhibida mediante escrito registrado con folio de recepción 8280). Requiérase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días siguiente a su notificación acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger esa documental, previa foja de sustitución que se deje en autos. Apercibida que de no hacerlo, acorde a lo previsto en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, sin ulterior acuerdo, se procederá a su destrucción, al efectuarse la depuración del expediente. 10. Devolución de constancias. Además, como se hizo constar en la certificación de cuenta, en este expediente obra un tomo de pruebas que se formó con las documentales exhibidas por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, como justificación a su informe; por tanto, mediante oficio que al efecto se gire, se ordena su devolución a dicha autoridad; toda vez que se ha ordenado el archivo del expediente como asunto concluido y carece de objeto su permanencia en este Juzgado. 11. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico, hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del citado Acuerdo General, y articulo décimo cuarto transitorio. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por licencia oficial del titular, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Reglamenta la Carrera Judicial, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de noviembre de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/5737/2022, de la misma fecha; y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PREVIO CITATORIO R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *****, contra el oficio *****, de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, emitido por la directora General del Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca, mediante el que dio contestación al ocurso de la parte quejosa; y la consecuencia de ello que el quejoso indica se traduce en las omisiones de otorgarle el reconocimiento económico vitalicio al que afirma tiene derecho desde el cinco de febrero de dos mil diecisiete; y crear el Sistema Estatal de la Cultura Física y el Deporte para hacer posible la constitución del fideicomiso relacionado con el reconocimiento económico vitalicio ordenado en el artículo 67 de la derogada Ley de Cultura Física y Deporte, así como la emisión del contenido de los artículos primero, segundo y tercero transitorios de la nueva Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Oaxaca, que derogó la diversa de Cultura Física y Deporte de dos mil cuatro, que no prevé el reconocimiento económico vitalicio, y la falta de consulta en la construcción de la nueva ley; en términos de los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    pral 552/2021 mesa 7 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca siendo las diez horas con siete minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, hora y fecha señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 552/2021, como se ordenó en acuerdo de trece de octubre de este año, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, asistido de Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por ***** e informes justificados de las autoridades responsables, y hace constar que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente en el momento procesal oportuno. Etapa probatoria. Acto continuo, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene como a) prueba documental de la parte quejosa, la consistente en copia certificada de: a) Acta de nacimiento, clave única de registro de población y credencial para votar, correspondientes al quejoso *****. b) Recibo de energía eléctrica expedido por la empresa Comisión Federal de Electricidad. c) Constancia de participación de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. d) Oficio INCUDE/DG/0200/2021, de veintiséis de abril de dos mil veintiuno. e) Constancia de discapacidad, fechada el veintiuno de marzo de dos mil veintiuno, correspondiente al quejoso *****. Así como de la f) recomendación *****, de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, firmado por *****, defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (exhibida mediante escrito registrado con folio de recepción 8280). La autoridad responsable, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, también remitió copia certificada de la siguiente documental: 1) Dictamen 001, de la Comisión Permanente de Cultura Física y Deporte. 2) Decreto 795, de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. 3) Publicación en el periódico Oficial de veintidós de octubre del año en cita. Misma con la que se ordenó formar el tomo anexo I relativo a este juicio. Acto seguido, se acuerda: Ténganse por desahogados los referidos medios de convicción en razón de su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de Ley de Amparo y, sin pruebas pendientes de desahogar, se concluye la etapa probatoria. Etapa de alegatos. Abierto el período de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado presentó pedimento; por tanto, se cierra esta etapa y se procede a dictar la sentencia respectiva. VISTOS; para resolver el juicio de amparo número 552/2021, del índice de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional el veinte de mayo siguiente, *****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos reclamados que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno impreso y electrónico con el número 552/2021 y se previno a la quejosa en los términos precisados en dicho acuerdo. TERCERO. Admisión. Después, en diverso proveído de cuatro de junio de ese año se formuló una nueva prevención a la parte quejosa y, previo cumplimiento, el quince de junio siguiente se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Citación para sentencia. Mediante acuerdo de quince de julio de dos mil veintiuno se citó a las partes a la audiencia constitucional, misma que, en sus fases de pruebas y alegatos, se celebró el diecisiete de agosto de ese año. Posteriormente, el treinta de agosto de dos mil veintiuno se engrosó la sentencia dictada en este juicio de amparo, en la que se sobreseyó en el juicio. QUINTO. Recurso de revisión. Después, en acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno se tuvo a la parte quejosa, a través de su autorizado en términos amplios, interponiendo recurso de revisión contra dicho fallo, y en diverso proveído de veintiocho de octubre del año próximo pasado se ordenó su remisión al Tribunal de Alzada. SEXTO. Ejecutoria y reposición del procedimiento. El trece de octubre de dos mil veintidós se tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito remitiendo la ejecutoria dictada el seis de octubre del año en curso, en el amparo en revisión *****, en la que, sin entrar al estudio, se ordenó la reposición del procedimiento para los efectos ahí indicados. En estricto acatamiento a lo ordenado, entre otras cuestiones, en el referido acuerdo de trece de octubre pasado este órgano jurisdiccional proveyó lo siguiente: a). Se dejó insubsistente la sentencia dictada en audiencia celebrada el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, firmada y autorizada el treinta de agosto siguiente, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo. b). Se señalan las diez horas con siete minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. SEPTIMO. Audiencia constitucional. Notificadas todas las partes del acuerdo de trece del mes actual, la audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 49 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y los actos reclamados se atribuyen a autoridades residentes en la ciudad de Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados en el amparo. Esto es así, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: 1) Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido; y, 2) Prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad al expresarse los actos reclamados. Por sus razones, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Del análisis integral de la demanda de amparo, escritos aclaratorios y demás constancias que integran este asunto, se advierte que los actos que reclama la parte quejosa son los siguientes: De la directora General del Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca: La omisión de otorgarle el reconocimiento económico vitalicio al que afirma tiene derecho desde el cinco de febrero de dos mil diecisiete, contenida en el oficio *****, de veintiséis de abril de veintiuno. La omisión de crear el Sistema Estatal de la Cultura Física y el Deporte para hacer posible la constitución del fideicomiso relacionado con el reconocimiento económico vitalicio ordenado en el artículo 67 de la derogada Ley de Cultura Física y Deporte. Del gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, secretario General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca: La omisión de otorgarle el reconocimiento económico vitalicio al que afirma tiene derecho desde el cinco de febrero de dos mil diecisiete. Del gobernador Constitucional, secretario General de Gobierno, Congreso y director del Periódico Oficial del Gobierno, todos del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: El contenido de los artículos transitorios primero, segundo y tercero de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Oaxaca, que derogó la diversa de Cultura Física y Deporte de dos mil cuatro, al no prever el reconocimiento económico vitalicio, así como la falta de consulta en la construcción de la nueva ley. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El a) secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la directora jurídica de la Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Religiosos, b) gobernador del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y c) jefe de la Unidad del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, ambos por conducto del director General de Trámite y Substanciación de Procesos Jurídicos del Gobierno del Estado y d) secretario General de Gobierno, a través de la directora jurídica de la Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Religiosos, al rendir su informe justificado, negaron la omisión que se les atribuye (omisión de otorgarle el reconocimiento económico vitalicio al que la parte quejosa afirma tiene derecho desde el cinco de febrero de dos mil diecisiete); sin que se desvirtuara dicha negativa, no obstante su conocimiento. Además, el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca manifestó, en la parte sustancial, que para que la dependencia que representa tenga injerencia en el cumplimiento del decreto número 2003, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el cinco de agosto de dos mil dieciséis, primeramente, el Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca debe realizar las acciones correspondientes y pertinentes de conformidad con los artículos 176 y 177 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Oaxaca, pues dicho instituto tiene la calidad de ejecutor de gasto, al ser un órgano público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Oaxaca. En ese contexto, debe estimarse que las autoridades responsables mencionadas en este apartado no son a quienes les compete promover y gestionar la constitución de fideicomisos destinados al otorgamiento de un reconocimiento económico vitalicio, a los deportistas discapacitados oaxaqueños de alto rendimiento que en representación oficial obtengan o que hayan obtenido una o más medallas en Juegos Paralímpicos, Mundialista y Parapanamericanos, que es el objetivo por el cual se emitió el referido decreto 2003, pues, en todo caso, correspondería al órgano rector de la Cultura Física y el Deporte en el Estado de Oaxaca. En esas condiciones, como la parte quejosa tiene la carga de la prueba para demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas que éstos sean inconstitucionales, sin haberlo hecho, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo procede sobreseer en el juicio respecto al acto y autoridades, materia de estudio en este apartado. Es aplicable, la jurisprudencia 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como la diversa VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La diversa responsable, e) directora General del Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la existencia de las omisiones que le atribuye la parte quejosa; sin embargo, realiza manifestaciones de las que se advierte su existencia, lo que conlleva a desvirtuar dicha negativa y se tienen por ciertos dichos actos reclamados a dicha autoridad. Es aplicable al particular la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página trescientos noventa y uno, materia común, tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Respecto a la emisión del contenido de los artículos primero, segundo y tercero transitorios de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Oaxaca, que derogó la diversa de Cultura Física y Deporte de dos mil cuatro, al no prever el reconocimiento económico vitalicio, así como la falta de consulta en la construcción de la nueva ley, el gobernador del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y jefe de la Unidad del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, por conducto del director General de Trámite y Substanciación de Procesos Jurídicos del Gobierno del Estado, así como el f) presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, aceptaron la existencia de los actos reclamados, por lo que hace a la promulgación, publicación y aprobación de la citada ley, respectivamente. QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en principio se analizan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Con relación a los actos consistentes en el oficio *****, de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, emitido por la directora General del Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca, mediante el que dio contestación al ocurso de la parte quejosa; y la consecuencia de ello que el quejoso indica se traduce en las omisiones de otorgarle el reconocimiento económico vitalicio al que afirma tiene derecho desde el cinco de febrero de dos mil diecisiete, y crear el Sistema Estatal de la Cultura Física y el Deporte para hacer posible la constitución del fideicomiso relacionado con el reconocimiento económico vitalicio ordenado en el artículo 67 de la derogada Ley de Cultura Física y Deporte, así como la emisión del contenido de los artículos primero, segundo y tercero transitorios de la nueva Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Oaxaca, que derogó la diversa de Cultura Física y Deporte de dos mil cuatro, que no prevé el reconocimiento económico vitalicio, y la falta de consulta en la construcción de la nueva ley, se puntualiza lo siguiente: Al tratar este juicio de amparo sobre el análisis de la constitucionalidad de una norma con motivo de un acto de aplicación, que el quejoso afirma trastoca su esfera jurídica, es necesario señalar que debido a la estrecha vinculación existente entre el ordenamiento jurídico y el acto concreto de aplicación, es indispensable su estudio de manera conjunta; así: a) La improcedencia del juicio respecto del acto concreto de aplicación, necesariamente, comprende la norma general abstracta; b) En caso de que se niegue la protección constitucional respecto de la norma, ésta abarca al acto concreto de aplicación siempre y cuando éste no se combata por vicios propios; y c) La concesión del amparo respecto del ordenamiento general -por considerarla inconstitucional-, debe comprender también al acto concreto de aplicación. Ello, en observancia a la jurisprudencia 2a./J.71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y cinco del Tomo XII, del Semanario Judicial de Federación, agosto de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de Federación, bajo el número de registro 191311, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." De igual manera, resulta aplicable la tesis 2a. XCII/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos sesenta y seis, tomo X, julio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, registro 193715, que enseguida se cita: "LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE CONTROVIERTEN CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉLLAS DEBE REALIZARSE ANTES QUE EL DE ÉSTE, EN ARAS DE TUTELAR LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. Conforme a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se controvierte una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio respecto de ambos actos de autoridad, debe abordarse el estudio de constitucionalidad de la disposición general impugnada y, posteriormente, en su caso, es factible analizar los vicios propios atribuidos al acto de aplicación; sistema cuya justificación se ubica tanto en la dependencia lógico-jurídica de éste respecto de aquélla, como en que a través de él se permite tutelar la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 de la Carta Magna, pues de condicionarse el análisis de constitucionalidad de una norma a que su aplicación sea correcta, aun cuando esa disposición fuera transgresora del marco constitucional, la autoridad aplicadora podría continuar concretando sus efectos en perjuicio de un gobernado y, solamente hasta que ello se realizara de manera fundada y motivada, éste obtendría la protección respectiva, a lo cual tuvo derecho desde el primer acto de aplicación que trascendió a su esfera jurídica.". Ahora, a manera de antecedentes de los actos reclamados, es necesario hacer referencia a los siguientes: En la demanda de amparo, ***** afirma que obtuvo una medalla de oro en la disciplina de powerlifting en categoría hasta 52 kg en los juegos paralímpicos de Caracas. Venezuela, realizados del treinta de agosto al diez de septiembre de mil novecientos noventa. Para acreditar lo anterior, anexa a la demanda, exhibió copia certificada de a) acta de nacimiento, b) clave única de registro de población, c) credencial para votar, d) recibo de energía eléctrica expedido por la empresa Comisión Federal de Electricidad, e) constancia de participación de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, f) oficio *****, de veintiséis de abril de dos mil veintiuno y g) constancia de discapacidad, fechada el veintiuno de marzo de dos mil veintiuno; así como de la h) recomendación *****, de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, firmado por *****, defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Por decreto cuatrocientos cuarenta y siete, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el ocho de mayo de dos mil cuatro se expidió la Ley de Cultura Física y el Deporte para el Estado de Oaxaca. Mediante decreto dos mil tres, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el cinco de agosto de dos mil dieciséis, se adicionó el párrafo segundo, al artículo 67 de la citada ley, en los siguientes términos: "Artículo 67. (segundo párrafo) .El Sistema Estatal promoverá y gestionará la constitución de fideicomisos destinados al otorgamiento de un reconocimiento económico vitalicio, a los deportistas discapacitados oaxaqueños de alto rendimiento que en representación oficial obtengan o hayan tenido una o más medallas en Juegos Paralímpicos, Mundialista o Parapanamericanos". TRANSITORIOS: PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor en un plazo de 6 meses a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. SEGUNDO. Se derogan las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley. TERCERO. El Sistema Estatal implementará las acciones y procedimientos necesarios para el cumplimiento del presente Decreto. CUARTO. Se faculta a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado para que en ámbito de sus respectivas competencias den cumplimiento al presente Decreto. Después, por Decreto setecientos noventa y cinco de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se expidió una nueva Ley de Cultura Física y Deporte, que abrogó la anterior ley, y que no contempla en alguno de sus numerales el contenido del artículo 67 citado en supralíneas. El quince de abril de dos mil veintiuno, ante la directora General del Instituto de la Cultura Física y Deporte de Oaxaca, el quejoso presentó escrito en el cual solicitó se le otorgara el reconocimiento económico vitalicio contenido en el artículo 67 de la ley abrogada. En atención a la petición formulada, el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio *****, la directora General de dicho Instituto negó al quejoso el apoyo económico vitalicio, atendiendo a que la disposición que contemplaba tal prestación había sido abrogada. Así, en cuanto al contenido del oficio *****, de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, emitido por la directora General del Instituto de la Cultura Física y Deporte de Oaxaca, y las omisiones de otorgarle el reconocimiento económico vitalicio y crear el Sistema Estatal de la Cultura Física y el Deporte para hacer posible la constitución del fideicomiso relacionado con el reconocimiento económico vitalicio ordenado en el artículo 67 de la derogada Ley de Cultura Física y Deporte, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia J/99, visible en la página noventa y seis del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, febrero de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, registro 223476, que enseguida se transcribe: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". Lo que se afirma, porque si la ley del deporte que contenía el reconocimiento económico vitalicio fue abrogada por una diversa que entró en vigor el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, y el quejoso solicitó tal prestación hasta el quince de abril de dos mil veintiuno; se estima que al momento de la petición, el derecho solicitado no estaba vigente; de esta forma, al no solicitar el beneficio de pensión vitalicia durante la vigencia de la norma que lo establecía, es inconcuso que el contenido del oficio *****, de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, así como las omisiones de otorgarle el reconocimiento económico vitalicio y crear el Sistema Estatal de la Cultura Física y el Deporte para hacer posible la constitución del fideicomiso relacionado con el reconocimiento económico vitalicio ordenado en el artículo 67 de la derogada Ley de Cultura Física y Deporte, son actos que derivan de no impugnar su derogación. Sin que sea óbice a lo anterior que el quejoso refiera que el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, cuando se le notificó el oficio *****, tuvo conocimiento de la derogación de la ley que establecía el reconocimiento económico vitalicio, pues el desconocimiento de la ley no le puede beneficiar, sobre todo porque no está acreditado que tenga un extremo atraso cultural o aislamiento social. Además, no obsta que parte la quejosa ofreciera como prueba de su parte copia certificada de la recomendación *****, de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, firmado por *****, defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en la que se indicó al gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y otras autoridades la creación de un fideicomiso destinado al reconocimiento económico vitalicio; por las siguientes razones: 1° El procedimiento ante la defensoría de los Derechos Humanos lo inició la Asociación de Medallistas Paralímpicos Mundialistas Panamericanos Internacionales del Estado de Oaxaca, A.C; y de la que no se advierte que la parte quejosa pertenezca a esa asociación o, al menos, no se aprecia en la recomendación. 2° En términos del artículo 57 de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la formulación de peticiones, así como los pronunciamientos y recomendaciones que emita la Defensoría, no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados o afectadas conforme a las leyes; además, no suspende ni interrumpe plazos, prescripción o caducidad. Es decir, el procedimiento ante la defensoría no fue impedimento para que la parte quejosa presentara su petición durante la vigencia de la Ley que contenía el reconocimiento económico vitalicio. En otro aspecto, por lo que hace a la emisión del contenido de la nueva Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Oaxaca, que derogó la diversa de Cultura Física y Deporte de dos mil cuatro, que no prevé el reconocimiento económico vitalicio, así como la falta de consulta en la construcción de la nueva ley, se estima que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, relacionada con los artículos 5º y 6º, todos de la Ley de Amparo, que establecen. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 61.- "El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: Tratándose del interés jurídico, es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. Por lo que respecta al interés legítimo, se debe acreditar 1º la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; 2º la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y 3º la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. En esas condiciones, para demostrar la afectación a la esfera jurídica de un gobernado se requiere que éste acredite plenamente el interés jurídico que le asiste para el ejercicio de la acción constitucional, y no inferirse con base en presunciones, ya que corresponde a la parte quejosa la carga de la prueba para demostrar la existencia del derecho que manifiesta se le transgrede con la actuación de las autoridades señaladas como responsables. En el caso, ***** reclama la emisión del contenido de la nueva Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Oaxaca que derogó la diversa de Cultura Física y Deporte de dos mil cuatro (que establecía un reconocimiento económico vitalicio), así como la falta de consulta en la construcción de la nueva ley. El reconocimiento vitalicio, se encontraba previsto en el segundo párrafo del artículo 67 de la derogada Ley de Cultura Física y Deporte, que establecía: ". El Sistema Estatal promoverá y gestionará la constitución de fideicomisos destinados al otorgamiento de un reconocimiento económico vitalicio, a los deportistas discapacitados oaxaqueños de alto rendimiento que en representación oficial obtengan o hayan tenido una o más medallas en Juegos Paralímpicos, Mundialista o Parapanamericanos." Sin embargo, como se expuso en los antecedentes de los actos reclamados, para acreditar su interés la parte quejosa sólo aportó copia certificada del a) acta de nacimiento, b) clave única de registro de población, c) credencial para votar, d) recibo de energía eléctrica expedido por la empresa Comisión Federal de Electricidad, e) constancia de participación de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, f) oficio *****, de veintiséis de abril de dos mil veintiuno y g) constancia de discapacidad, fechada el veintiuno de marzo de dos mil veintiuno; así como de la h) recomendación *****, de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, firmado por *****, defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Documentales que son ineficaces para los fines que pretende la parte quejosa, en razón de que el a) acta de nacimiento sólo acredita su nombre, sexo y nacionalidad, la fecha y lugar de nacimiento; así como la filiación con sus progenitores. La b) clave única de registro de población y c) credencial para votar sólo acreditan en todo, su identidad, pues contienen datos personales. El d) recibo de energía eléctrica expedido por la Comisión Federal de Electricidad, únicamente acredita, en su caso, el pago de un servicio público contratado y el lugar donde reside. En relación a la e) constancia de participación de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, expedida por el Comisionado Técnico de la Federación Mexicana de Deportes Sobre Silla de Ruedas A.C., f) oficio *****, de veintiséis de abril de dos mil veintiuno y g) constancia de discapacidad, fechada el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, correspondiente a la parte quejosa; se estima que sólo acreditan la participación del quejoso en eventos deportivos, así como el reconocimiento por ello, en el deporte inclusivo; además de las capacidades diferentes que presenta el quejoso; empero, de ningún modo se acredita que tuviera un derecho, con los requisitos respectivos, para obtener de manera permanente un reconocimiento económico vitalicio; ni acreditó con esas documentales, en su caso, que para la obtención del referido beneficio no tuviera que cumplir ningún requisito. Finalmente, la h) recomendación *****, de dos de octubre de dos mil diecinueve, firmado por *****, defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, tampoco generó algún derecho a su favor, por no ser vinculatoria para la autoridad o servidor público a quien se dirige y no puede, jurídicamente, por sí misma anular, modificar o revocar los actos o resoluciones impugnados o denunciados. De manera que sólo se trata de una resolución mediante la cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos, después de haber concluido las investigaciones del caso, de acuerdo al análisis y evaluación de los hechos, argumentos y pruebas que constan en el expediente, determina si alguna autoridad o servidor público incurrió en violaciones a Derechos Humanos, al haber efectuado actos u omisiones ilegales, injustos, irrazonables, inadecuados o erróneos, determinando las medidas procedentes para restituir de sus derechos fundamentales a los afectados y, de ser necesario, alguna medida sancionatoria aplicable a la responsable. Por lo anterior, las documentales ofrecidas, por sí solas, carecen de valor probatorio pleno para demostrar la afectación que le ocasiona en su esfera de derechos la Ley de Cultura Física y Deporte vigente, expedida mediante decreto 795 de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el veintidós de octubre de dos mil diecinueve; aun cuando no fueron objetadas en el juicio. Por tanto, al quejoso no le asiste interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional a defender los derechos como deportista discapacitado oaxaqueño de alto rendimiento que, en representación oficial, haya obtenido una medalla en Juegos Paralímpicos, Mundialista o Parapanamericanos. Incluso, de haber exhibido la medalla que dice fue obtenida, en la audiencia constitucional, ello tampoco acreditaría el interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional a defender los derechos como deportista discapacitada, pues no se podría concluir que, efectivamente, se trata de una medalla de ese tipo o que ello fuera el único requisito para que fuera candidato a la obtención de ese beneficio. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo VI, materia común, página 242, del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.- En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En consecuencia, con fundamento, además, en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de amparo. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados, como lo establece la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 y 74, de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *****, contra el oficio *****, de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, emitido por la directora General del Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca, mediante el que dio contestación al ocurso de la parte quejosa; y la consecuencia de ello que el quejoso indica se traduce en las omisiones de otorgarle el reconocimiento económico vitalicio al que afirma tiene derecho desde el cinco de febrero de dos mil diecisiete; y crear el Sistema Estatal de la Cultura Física y el Deporte para hacer posible la constitución del fideicomiso relacionado con el reconocimiento económico vitalicio ordenado en el artículo 67 de la derogada Ley de Cultura Física y Deporte, así como la emisión del contenido de los artículos primero, segundo y tercero transitorios de la nueva Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Oaxaca, que derogó la diversa de Cultura Física y Deporte de dos mil cuatro, que no prevé el reconocimiento económico vitalicio, y la falta de consulta en la construcción de la nueva ley; en términos de los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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