Adalberto Sánchez Barenca

Expediente 1101/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1101/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Adalberto Sánchez Barenca

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 1101/2023 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra la determinación dictada el quince de noviembre de este año, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra la referida resolución. 2. Causa estado determinación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la determinación estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución de desechamiento, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 17, 20 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Destino y archivo. En términos del artículo 20, fracción IV, y 23 del referido acuerdo general, se comunica a las partes que este expediente es destruible, por lo cual será conservado durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Instrucción a Secretaría. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de destruible. 6. Devolución de documento. Por otra parte, como se advierte de la certificación de cuenta, en este expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, consistentes en los acuses originales de dos de enero y trece de septiembre de dos mil veintitrés; por tanto, se dejan a disposición dichos documentos, para que dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las documentales de referencia; apercibida que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, se procederá a su destrucción, ya que este expediente es destruible. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 1101/2023 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida el catorce de noviembre de este año en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y recibida en este Juzgado el quince de noviembre siguiente, promovida por ***********, por propio derecho, contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de otra autoridad; fórmese el expediente **********. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que en el expediente electrónico sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, la parte quejosa reclama de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: La omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para asegurar y hacer cumplir íntegramente la sentencia dictada el ocho de marzo de dos mil veintiuno en el juicio contencioso administrativo **********. Del responsable de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado de Oaxaca: La omisión de dar cumplimiento a la sentencia dictada el ocho de marzo de dos mil veintiuno en el juicio contencioso administrativo **********. Actos contra los cuales se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario); numerales que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". De acuerdo con los citados numerales, el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos de ejecución de sentencia y no se reclame la última resolución en la que: Se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia. Se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Se ordene el archivo definitivo del expediente. Tratándose de remates, se entiende como última resolución aquella en la que en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado. Para acreditar la causa de improcedencia, resulta necesario citar los antecedentes que bajo protesta de decir verdad manifestó la parte quejosa, a saber: El tres de agosto de dos mil veinte el quejoso presentó demanda de nulidad ante la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contra de la resolución negativa ficta recaída al escrito dirigido a la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; radicándose con el juicio de nulidad **********. El ocho de marzo de dos mil veintiuno la Sala Regional del Sureste emitió la sentencia respectiva, condenando a la autoridad demandada. Mediante escrito presentado el dos de enero de dos mil veintitrés, ante la Sala Regional del Sureste, la parte quejosa promovió queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia. En acuerdo de veinte de enero del año en curso dicha Sala determinó que no había lugar a tener por promovida la queja, en razón de que en auto de once de enero de dos mil veintitrés había iniciado de oficio el procedimiento previsto en el artículo 58, primer párrafo, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que la autoridad demandada diera cumplimiento a la sentencia definitiva de ocho de marzo de dos mil veintiuno. En escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Sala Regional del Sureste, la parte quejosa solicitó el cumplimiento de la sentencia de ocho de marzo de dos mil veintiuno y la imposición de multas, así que la citada sala dictara las providencias necesarias a fin de lograr la ejecución de la referida resolución. En auto de veinte de octubre de dos mil veintitrés la Sala responsable hizo efectivo el apercibimiento e impuso una multa a la autoridad demandada, requiriéndolo nuevamente para que dentro del plazo de tres días informe lo relativo al cumplimiento de la sentencia. De lo anterior, se advierte que aún no se ha agotado totalmente el procedimiento oficioso de ejecución establecido en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues la Sala Regional responsable, con base en lo narrado por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, ha requerido el cumplimiento de la sentencia en dos ocasiones al Instituto demandado, esto es, el once de enero de dos mil veintitrés; fecha en la cual, de oficio, la sala inició el procedimiento de ejecución, y el veinte de octubre de dos mil veintitrés, por solicitud de la parte actora. Ello, toda vez que el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento". Conforme a la porción normativa transcrita, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe actuar de oficio o a petición de parte para asegurar el pleno cumplimiento de sus resoluciones, pero ello una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de la referida ley, esto es, de cuatro meses, a partir de la fecha en que la sentencia quede firme. Entonces, cumplido ese término, debe requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento que hubiere dado a la sentencia; de no hacerlo, decidirá si hubo incumplimiento injustificado y, en tal caso, le impondrá una multa como medida de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario -actualmente unidad de medida de actualización-, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que, en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada, para que la obligue a cumplir, apercibiéndola con multa también. Transcurridos los plazos otorgados, lo pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente a fin de que determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Ahora, como de los antecedentes de los actos reclamados que bajo protesta de decir verdad manifestó la parte quejosa, se advierte que la sala responsable impuso una multa con motivo del apercibimiento decretado en auto de once de enero de dos mil veintitrés, en el cual inició el procedimiento oficioso de ejecución establecido en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sin embargo, tampoco ha requerido a su superior jerárquico para que dentro del plazo de tres días obligue al demandado a cumplir sin demora con el fallo. Y tampoco ha comunicado los hechos a la Contraloría Interna correspondiente, a fin de que ésta determine la responsabilidad del funcionario que haya incurrido en incumplimiento. Medidas de coacción establecidas en el precitado artículo 58, fracción I, que constituyen mecanismos desarrollados por el legislador para conminar a la autoridad a realizar la conducta necesaria, a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia de nulidad. Lo que hace evidente que dicho procedimiento no ha concluido hasta sus últimas consecuencias; además de que tampoco existe resolución alguna en la que se haya aprobado ni reconocido de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia dictado en el juicio de origen, así como tampoco se declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA". Y no se advierte vulneración de derechos sustantivos, ajenos la cosa juzgada, conforme a la jurisprudencia P./J.108/2010, registro digital 163152, cuyo contenido es el siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". No pasa inadvertido el tiempo que puede demorar el cumplimiento de una sentencia de nulidad; sin embargo, es obligación de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa agotar todos los medios legales a su alcance, entre los que se encuentra la imposición de multas a la autoridad demandada y su superior jerárquico cuando omitan cumplir, previa obtención de los datos relativos al RFC y domicilio fiscal del funcionario público que ocupe el cargo respectivo, al momento de la omisión. Ello, pues la procedencia del juicio de amparo indirecto, por regla general implica que la Sala responsable ha concluido la etapa de ejecución, en los términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, sin satisfacer la pretensión de la parte actora, sobre el cumplimiento de la sentencia de nulidad. Además, cabe señalar que, después de concluido el procedimiento oficioso, y antes de promover la demanda de amparo indirecto, contra el incumplimiento de la sentencia de nulidad procede el recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es así, porque de dicho precepto legal se desprende que existe un medio de impugnación ordinario en contra de la omisión a dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala responsable - el recurso de queja- antes de recurrir al amparo indirecto. Procedimiento en el que la parte afectada puede inconformarse acerca del hacer o no hacer de las salas para proseguir con la exigencia de cumplimiento, siendo entonces que la jurisdicción ordinaria termina una vez que se agotó el recurso de queja previamente citado. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA". Dicho criterio se sostiene con las consideraciones expuestas en la ejecutoria emitida en el amparo en revisión ******************** por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito. De ahí que, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO POR IMPROCEDENTE la referida demanda. 3.1. Acceso a la justicia. La actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Y, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". 4. Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en el escrito de demanda; asimismo, de conformidad con el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas señaladas en la demanda de amparo, por así haberlo solicitado expresamente 5. Medios de comunicación no procesal. Se tiene a la parte quejosa proporcionando dos correos electrónicos y un número telefónico, como medios de comunicación para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionado por el referido Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 6. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 7. Publicación de versión pública de sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; pero tratándose de la resolución o sentencia que llegue a dictarse, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Medios tecnológicos y soluciones digitales aplicables a expedientes. Atendiendo a los artículos 252, 253, 261 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vigente, se comunica a las partes que a partir del siete de noviembre del dos mil veintidós este órgano jurisdiccional tramitará e integrará este asunto a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por tanto: 1º Cuando se inicie un asunto y se tramite a través de documentos físicos, sólo se imprimirán las actuaciones que resulten indispensables, como las constancias de notificación, y servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, pues los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes; y, 2º La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, y no se imprimirán ni agregarán al expediente impreso; que será aplicable a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós. 3º Ello, bajo ninguna circunstancia se obstaculiza la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. 4º Las partes podrán consultar este expediente mediante el uso de los dispositivos electrónicos respectivos. 5º Se privilegiará el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. 6º En caso de que alguna de las partes acuda físicamente a este Juzgado o cuando deseen asistir personalmente a consultar los expedientes por no ser posible a través de los dispositivos electrónicos, sólo se llevará a cabo a través del uso del equipo de cómputo que se tiene destinado para el efecto. 7º Y la atención en este órgano jurisdiccional por parte del personal únicamente se realizará a través del teléfono colocado en el área de atención al público, en el que estarán a la vista las extensiones de los servidores públicos para el contacto relativo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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