Abundia Ayala López

Expediente 385/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
385/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
11/05/2018

Partes del expediente

  • Abundia Ayala López
  • Antonio Ayala Santiago
  • Antonio Ayala Santiago y Otros.
  • Abundia Ayala López y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.385/2018-7A-´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil dieciocho. Se declara que ha causado estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho (fojas 33 a 38), en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo origen de este juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la nueva Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho acuerdo. Publicación de datos. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo del expediente. En otro orden de ideas, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Se glosan escritos. Agréguense a los autos los escritos de cuenta, por medio de los cuales los quejosos Tomas Perfecto Coronel Vásquez y Santos Pablo Ayala López cumplen con los requerimientos efectuados en auto inicial (fojas 24 a 26), ya que, respecto del escrito de Santos Pablo Ayala López, éste manifiesta que hace suya la demanda de amparo promovida por Antonio Ayala Santiago; y respecto del escrito firmado por Tomas Perfecto Coronel Vásquez, éste manifiesta que ése es su nombre correcto, y no Tomas P. Coronel Santiago; en consecuencia, se provee: SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. El dispositivo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente, mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sustenta lo expuesto, el criterio de jurisprudencia, que lleva por rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, se considera que se actualiza la causal de improcedencia que atiende en los numerales 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como 61, fracción XXIII, y 6°, de la Ley de la Amparo. El referido artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por su parte, el diverso numeral 61 de la ley de la materia establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". Por su parte, el artículo 6° de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De lo antes transcrito, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada, por ello la representación de quien acude ante esta vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos arriba anotados. Así, para acudir al juicio de amparo debe estar comprobada la legitimación de lo que se representa; en el caso, los quejosos 1) Antonio Ayala Santiago, 2) Abundia Ayala López, 3) Placido Ayala Santiago, 4) Tomás Juan Ayala Ortiz, 5) Antonia Ayala López, 6) Oscar Coronel Santiago, 7) Tomás Perfecto Coronel Vásquez, 8) Victoria Alberta Coronel Vásquez, 9) Genaro Jesús León Reyes, 10) Aristeo Abraham Ayala Reyes, 11) Jaime Ayala Reyes, 12) Mateo López Ayala, 13) Juan Ayala Reyes, 14) Francisco López Chávez, 15) Martín López Chávez, 16) Andrés López Chávez, 17) Celso León Mejía, 18) Pascual Anselmo López Coronel, 19) Emilia Ayala Rojas, 20) Claudio León Mejía, 21) Anastacia Alberta León Reyes, 22) Verónica León Reyes, 23) Alejandro León Mejía, 24) Ángel López Aguilar, 25) Juan Arturo Ayala López, 26) Juan Antonio Ayala León, 27) Gerardo Ayala León, 28) Rigoberto Coronel Santiago, 29) Pascual Ayala López y 30) Santos Pablo Ayala López, quienes se ostentan como comuneros del Núcleo Agrario denominado Santa María Cuquila, Tlaxiaco, Oaxaca, acuden por propio derecho ante esta instancia constitucional a defender tierras de uso común del citado núcleo, como consecuencia de las resoluciones de los juicio agrarios 815/2011 y 786/2012 del índice del Tribunal Agrario del Distrito 46, con residencia en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. Pues así lo señalan bajo protesta de decir verdad (se copia imagen): Empero, dichos promoventes no tienen la representación del Núcleo Agrario denominado Santa María Cuquila, Tlaxiaco, Oaxaca, por lo que solo los representantes del citado núcleo agrario son los legitimados para actuar, en términos de lo dispuesto por los numerales 21, 32, 33, 99, fracción II, y 107 de la Ley Agraria. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 419, tomo XII, Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 1993, Octava Época, registro 214672, que a la letra dice: "DERECHOS COLECTIVOS DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN, AFECTACIÓN DE. AMPARO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS POR SU PROPIO DERECHO. FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA. Si unos ejidatarios promueven por su propio derecho el juicio de garantías y los actos reclamados son de aquellos que afectan derechos agrarios colectivos del núcleo de población con fundamento en los artículos 4o. y 73 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 74, fracción III, del mismo ordenamiento, debe sobreseerse el juicio porque los quejosos carecen de legitimación procesal activa para ejercitar la acción que intentan. En efecto, el artículo 48, fracción I, del Código Agrario, atribuye a los comisariados ejidales la representación de los núcleos de población ante las autoridades administrativas, y judiciales, con las facultades de un mandatario general, y aun cuando el artículo 213, fracción II, de la Ley de Amparo reconoce la representación substituta para promover el juicio de garantías a nombre de un núcleo, a los miembros del comisariado o del consejo de vigilancia, o a cualquier ejidatario perteneciente al núcleo de población perjudicado, tal representación únicamente opera si, después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado no ha promovido juicio de amparo, y siempre que los que lo interpongan lo hagan ostentando la representación substituta prevista legalmente." Por tanto, los promoventes carecen de legitimación procesal activa para acudir al juicio de amparo, ya que esa legitimación la tiene, en la especie, el Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Cuquila, Tlaxiaco, Oaxaca, constituido por su presidente, secretario y tesorero, sus respectivos suplentes y, en su caso, por las comisiones y los secretarios auxiliares que, para tal efecto señalen. Es aplicable al respecto la tesis XI.1o.3 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 688, Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, con registro 198001, de rubro y texto siguiente: "COMISARIADO EJIDAL. LEGITIMACIÓN PARA EJERCITAR LA ACCIÓN QUE TIENDA A PROTEGER BIENES DE USO COMÚN. En términos del artículo 33, fracción I, de la Ley Agraria, sólo los integrantes del Comisariado Ejidal están legitimados para actuar en nombre y representación del ejido; por tanto, un ejidatario en lo particular carece de interés jurídico para promover en representación del núcleo de población, alguna acción que tienda a proteger los bienes de uso común, a lo que debe agregarse que la ley de la materia no establece la posibilidad de representación sustituta y que el quejoso no promovió ostentando dicha representación, sino por su propio derecho y reclamando para sí un bien de uso común." Cabe señalar que aun cuando lo que se pretenda en su caso sea la "representación sustituta" que establecía el artículo 213, fracción II, de la anterior Ley de Amparo, que permitía la defensa de los núcleos agrarios por conducto de personas diversas a los órganos de representación (comuneros y ejidatarios en lo individual), dicha figura fue derogada por el legislador y suprimida en la actual Ley de Amparo, a efecto de dotar de unidad a la dirección jurídica de los núcleos agrarios. Similar criterio lo confirmó el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito al resolver el recurso de queja 239/2017, mediante ejecutoria de siete de diciembre de dos mil diecisiete. En consecuencia, por ser la representación un presupuesto procesal que se debe calificar al momento de proveer sobre la precedencia de la demanda de amparo, se determina que se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 6° de la misma Ley; causal que se considera indudable y manifiesta; por ende, con fundamento en el diverso 113 de la ley en cita, SE DESECHA, DE PLANO, la demanda de amparo. Conviene dejar en claro que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para los promoventes a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa; el quejoso debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permitiera al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como el generar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, la causa de improcedencia analizada constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ello, no configura una denegación de justicia. Sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables; máxime que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, tomo 2, página 1587, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." También es aplicable a lo considerado, el criterio que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito plasmó en la tesis número 15 K (10a.), editada en la página 2274 del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que establece: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de su representante común.

  3. Principal

    PRAL.385/2018-7A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de su representante común. ...

  4. Principal

    PRAL.281/2017-2B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil dieciocho. Glose de oficio. Agréguese el oficio número 21244/2018, firmado por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, mediante el cual informa que por auto de veintidós de marzo del año en curso, ordenó la diligenciación del exhorto 105/2018 (origen 27/2018) del índice de este Juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Alejandro Ruiz Korsi, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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