Abraham Varela Fernandez

Expediente 616/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
616/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
21/05/2018

Partes del expediente

  • Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México
  • Abraham Varela Fernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    V La certificación precedente, evidencia que la parte agraviada no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de nueve de mayo pasado, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. Por otra parte, el estado procesal de este asunto se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión de plano (punto vigésimo primero, inciso III, párrafo segundo y cuarto del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Por otro lado, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    VI) Toluca, Estado de México a nueve de mayo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo téngase por recibido el primer escrito signado por José María García Ferrer, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, a través del cual realiza diversas manifestaciones en relación al escrito presentado por la representante del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, respecto a la causa de improcedencia hecha valer, acordada el dos de mayo pasado y el segundo signado por la Administradora de Amparos e Instancias Judiciales "2" de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, a través del cual ofrece una prueba (relacionada con la causa de sobreseimiento hecha valer en alcance al oficio acordado el dos de mayo pasado), señala domicilio para oír y recibir notificaciones y designa delegados. Atento a lo anterior, no es procedente tener por hechas las manifestaciones de la parte quejosa, pues el pasado veinticinco de abril del año en curso se celebró la audiencia constitucional, y si bien, en proveído de dos de mayo actual se acordó favorable el oficio donde se invocó una causa de improcedencia; sin embargo, tratándose de la improcedencia en el juicio sí es procedente analizarlas aún después de celebrada la audiencia constitucional, siempre y cuando no se haya dictado la sentencia correspondiente. Por otra parte, con fundamento en el artículo 64, párrafo primero de la Ley de Amparo, téngase por hecha valer la prueba ofertada por la responsable (relacionada con el sobreseimiento del juicio), consistente en la versión púbica de la sentencia emitida en el amparo en revisión 460/2017, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia P.J. 2a./J. 25/2012 (10a.), publicada en la página 1279, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, cuyo rubro y contenido son: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Finalmente, téngase por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones y por designados a los delegados descritos en el oficio de cuenta. Notifíquese.

  3. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; tres de mayo de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, a través de la cual la Actuaria de este órgano de control constitucional manifiesta la imposibilidad de notificar al agraviado George Khoury Layon, el proveído de veinticinco de abril de este año, por los motivos ahí expuestos. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Al caso es aplicable la jurisprudencia publicada en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, mayo de 1995, materia común, novena época, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Atento a lo anterior, se comisiona al Actuario Judicial Adscrito para que notifique el acuerdo de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, tal y como se estableció en el mismo, es decir, en el domicilio señalado en el ocurso presentado el veinticuatro del mismo mes y año. Cúmplase. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    V Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual remite los autos originales del juicio de amparo 1884/2017-V y testimonio de la resolución dictada el diecinueve del presente mes y año por el pleno del tribunal de su adscripción, relativo al recurso de revisión interpuesto por el quejoso Carlos Andrés Alvarado Marmolejo, en la que determinó modificar la sentencia recurrida, por una parte sobreseer, y por otra conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al impetrante. Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal colegiado revisor, glósese únicamente las constancias que en original obren en el cuaderno de antecedentes formado con motivo de este asunto, toda vez que aquél se encuentra formado, en su mayoría, por copia simple de las actuaciones que fueron devueltas, hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DE AMPARO. Ahora, en el citado fallo protector el Tribunal de Alzada determinó que el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca, Estado de México, de cumplimiento inmediato a la sentencia de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 459/2017, por el Juez Tercero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En consecuencia, con fundamento en los párrafos primo y segundo del artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, solicítese a la autoridad responsable, por ser a quien le compete su cumplimiento, para que realice lo ordenado en el fallo protector dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que reciba la notificación del presente proveído, lo cual deberá informar dentro del mismo término y deberá acompañar las constancias que así lo acrediten. En el entendido que en caso de ser omisa al requerimiento anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 192 y 258 de la citada ley, se les impondrá una multa de cien veces la unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del salario mínimo, y de ser el caso, se enviara el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para continuar con dicho cumplimiento, que puede culminar con la suspensión del cargo y su consignación ante la autoridad competente. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

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