Abraham Monterrubio Jimenez

Expediente 150/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
150/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
26/03/2018

Partes del expediente

  • Abraham Monterrubio Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    i) Toluca, Estado de México; veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el cinco de marzo de dos mil dieciocho, por la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues en el presente asunto se sobreseyó sin embargo se concedió la suspensión de plano del acto reclamado (punto vigésimo primero, fracción III, segundo y cuarto). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    I. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 150/2018-I; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado el cuatro siguiente a este órgano jurisdiccional, Julio Reyes Gutiérrez y Víctor Manuel González Escutia, en representación de Abraham Monterubio Jiménez; solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: III. AUTORIDADES RESPONSABLES A) EL JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE MÉXICO,.. B) EL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO Y REINSERCIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO",." IV. ACTOS RECLAMADOS. DEL JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE MÉXICO, como acto reclamado: la omisión de notificar inmediatamente la libertad al Centro Penitenciario de Reinserción Social "Santiaguito", derivado de la audiencia de tres de febrero de dos mil dieciocho, celebrada dentro de la causa penal 30/2018, en donde se dictó AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO, y se dejó sin efectos la PRISIÓN OFICIOSA. DEL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO Y REINSERCIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO", la ejecución material de INCOMUNICAR al quejoso ABRAHAM MONTERUBIO JIMÉNEZ y NO PONER EN LIBERTAD, al estar afectando de manera irreparable su derecho humano a la libertad personal." SEGUNDO. Derechos humanos violados. La parte quejosa señaló como derechos humanos violados, el contenido en de los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del amparo. Recibida el cuatro de febrero de dos mil diecisiete la demanda por el Secretario autorizado para recibir promociones de término y demandas urgentes en este Juzgado de Distrito, se registró con el juicio de amparo indirecto 150/2018-I; se previa ratificación de la misma fecha se admitió a trámite; asimismo, se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y se señaló hora y día para la audiencia constitucional; la cual, previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 51, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado es una omisión atribuida a una autoridad con residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito (Toluca, Estado de México). SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, tal como lo prevé el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo; realizando para tal efecto, un análisis conjunto de la demanda de garantías que atienda a lo que materialmente se pretende, tal y como lo ha dispuesto nuestro máximo Tribunal de la República. Es aplicable en este sentido, la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, cuyo contenido es: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004 consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epílogo y sinopsis son: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo se deduce que el quejoso reclama: DEL JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE MÉXICO, la omisión de notificar la determinación de tres de febrero de dos mil dieciocho a la DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO Y REINSERCIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO autoridad penitenciaria. DEL", la omisión de dejar en libertad al quejoso ABRAHAM MONTERUBIO JIMÉNEZ. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE MÉXICO, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado (foja 40). Empero, y al tratarse de actos omisivos, debe verificarse si dentro de sus facultades se encuentra la de informar a la autoridad penitenciaria DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO Y REINSERCIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO", lo resuelto en la continuación de la audiencia de tres de febrero de dos mil dieciocho, en la que se determinó dictar auto de no vinculación a proceso al ahora quejoso a las dieciocho horas con cuarenta y cuatro minutos y cincuenta y seis segundos; y por ende, dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que se ordenaba su inmediata libertad únicamente respecto a la causa penal 30/2018 de su índice. Ahora bien, el artículo 319 del Código Nacional, dispone lo siguiente: Artículo 319. Auto de no vinculación a proceso En caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en este Código, el Juez de control dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y, en su caso, ordenará la libertad inmediata del imputado, para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubiesen decretado. El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule nueva imputación, salvo que en el mismo se decrete el sobreseimiento." De lo anterior se desprende que dentro de las obligaciones del "JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE MÉXICO" está la de dejar insubsistente la medida cautelar cuando decrete la no vinculación, la cual debe informarse a la autoridad penitenciaria donde se encuentra recluido el inculpado; y de las constancias de autos se advierte que éste mediante oficio número 775, de tres de febrero de dos mil dieciocho informó al DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO Y REINSERCIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO", lo resuelto en audiencia de la misma fecha, del que obra el acuse de recibo a las veinte horas con veinte minutos de ese día, por lo que debe decirse que no se puede tener por cierto el acto reclamado, pues con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda, ya había cumplido su obligación legal, de ahí que la omisión imputada es inexistente. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO Y REINSERCIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO, EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO, al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuye (foja 38); sin embargo, la omisión reclamada se tiene por existente, ya que a la fecha de presentación de la demanda no había puesto en libertad al ahora quejoso. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas del expediente laboral 093/2018; constancias a las cuales se les concede valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, de las que se aprecia que a la fecha de presentación de la demanda, existía la omisión atribuida a la responsable. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, antes que cualquier otra cuestión, en conformidad con lo dispuesto artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese tenor, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone la actualización del sobreseimiento si durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contendidas en el artículo 61 del cuerpo legal mencionado. Este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque dicha causa de improcedencia establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (. . .)" La cesación de efectos del acto reclamado, de manera abstracta, consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, realizada de forma general por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Por ende, la razón justificatoria de la improcedencia de mérito, no es la paralización simple del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, el cual tampoco dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En este sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, Tomo IX, Materia Común, número de registro 193758, cuyos texto y rubro son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Si la autoridad responsable deja sin efectos el acto reclamado, de forma principal, al revocarlo, anularlo o declararlo sin materia, aunque puede ser también por cualquier determinación semejante. b) Al interponerse recurso ordinario contra el acto reclamado, pues la resolución nueva, substituye al acto impugnado en el juicio constitucional. Por su aplicación al caso se cita, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, publicada en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 1998, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 196820, del contenido siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Precisado lo anterior, el acto reclamado materia del presente considerando encuadra en el supuesto señalado en el inciso a), pues es: la omisión de poner en libertad al ahora quejoso derivado del auto de no vinculación a proceso emitido por el JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE MÉXICO, y la autoridad señalada como responsable, mediante boleta de egreso de cuatro de febrero de dos mil dieciocho, puso en libertad al ahora quejoso, lo que se corrobora con la razón de imposibilidad de doce de febrero de dos mil dieciocho suscrita por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional mediante el que señaló que le informaron en el centro preventivo que el quejoso ya había sido puesto en libertad (fojas 11 y 33). Así las cosas, lo detallado tiene relevancia singular, al considerar de forma primordial lo establecido en el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues para el caso de haberse concedido la protección constitucional, los efectos serían, que la autoridad responsable dejara en libertad al ahora quejoso; por lo que es inconcuso que la omisión reclamada ha cesado, pues las violaciones que en determinado momento pudieron cometerse contra sus derechos fundamentales, fueron reparadas de forma por las propias responsables, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior sirve de apoyo, la tesis P.CL/97, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 197367, que dispone: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En esas condiciones, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo instado por Abraham Monterubio Jiménez, contra la omisión atribuida al DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO Y REINSERCIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO, EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 119, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Abraham Monterubio Jiménez, contra los actos y autoridades precisadas en el segundo considerando, y por las razones expuestas en el tercer y quinto considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparos y Juicio Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe. Doy fe

  3. Principal

    I. Toluca, Estado de México; dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Por recibidos los oficios de cuenta, a través de los cuales el director Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México, y el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, rinden informe justificado, y para acreditar su dicho, el último de ellos remite constancias de la causa penal 30/2018 y un disco en formato DVD. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con los informes de mérito, así como de las constancias adjuntas, para que manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de dar nueva cuenta con los mismos en la celebración de la audiencia constitucional. Sobre el particular se invoca la tesis publicada en la página 1081, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, número de registro 189948, cuyo rubro y texto son: INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    I. Toluca, Estado de México; trece de febrero de dos mil dieciocho. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón signada por el Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, a través de la cual manifiesta la imposibilidad de notificar a la parte quejosa el auto de siete de febrero del año en curso por los motivos expuestos en la misma. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Al caso es aplicable, la jurisprudencia publicada en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, mayo de 1995, materia común, novena época, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Atento a lo anterior se comisiona al actuario de la adscripción a efecto de que notifique al quejoso los autos de siete y ocho de febrero de año en curso en el domicilio señalado por el quejoso en su escrito de inicial de demanda. Notifíquese personalmente en los términos antes precisados. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.

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