Abraham Hernandez Mendoza

Expediente 1131/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1131/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
13/09/2019

Partes del expediente

  • Abraham Hernandez Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; trece de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se obtiene que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de tres de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, pues el mismo se resolvió mediante una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa adjuntó documentos originales en su escrito inicial de demanda, se hace de su conocimiento que se dejan a su disposición, para comparecer a recogerlos si así lo estima conveniente. De igual forma, para los efectos legales conducentes hágase de su conocimiento que en términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, tales documentos podrán ser destruidos junto con el expediente si no comparece a recogerlos dentro del plazo de noventa días. En el entendido que deberá dejarse en su lugar copia simple de los mismos, por ser un asunto concluido; por lo que, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de ser certificada y glosada para debida constancia legal. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en alguno de los supuestos a que hace referencia el párrafo último del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, se le comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de septiembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Abraham Hernández Mendoza, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto Mercantil de Primera Instancia, Estado de México y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1131/2019-I. DESECHAMIENTO. Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: [...] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: [...] El peticionario de amparo señala como acto reclamado lo siguiente: "Reclamo de las autoridades señaladas como responsables los actos de molestia que se pretende realizar en mi domicilio (calle Cuitláhuac # 100, Santa Cruz Cuauhtenco Municipio de Zinacantepec, Estado de México) por parte de dichas autoridades, al ordenar la realización de unas diligencias del expediente 322/2019 tramitado ante la Responsable Ordenadora, por conducto de la autoridad ejecutora a través del exhorto número 341/2019 en el cual el suscrito no soy parte en dicho juicio, de ahí que se viole en mi perjuicio mis garantías individuales. Como consecuencia de ello reclamo la tramitación indebida del expediente número 322/2019 tramitado ante el C. Juez Sexto Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México y por ende la indebida tramitación del exhorto 341/2019 tramitado por el C. Juez Civil de Cuantía Menor de Zinacantepec, Estado de México, donde se derivan los actos reclamados." Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo y sus anexos, se obtiene que el acto respecto del cual insta el quejoso el presente juicio es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia que establece el artículos 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que refieren: [...] De lo contrario, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Cabe destacar que existe una estrecha vinculación del interés jurídico con la legitimación, pues el medio de control constitucional puede promoverlo la persona que se vea afectada por la norma o el acto, siempre y cuando exista una afectación real y actual a un derecho o interés, la cual debe ser personal y directa. Apoya lo anterior, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia visible en la página 135, Volumen 199-204, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: [...] Así como la tesis aislada, visible en la página ciento veintitrés, Séptima Época, Volumen 97-102, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el mismo órgano supremo, de texto siguiente: [...] De ahí que no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que se tenga por acreditado el interés jurídico de la parte promovente, pues para ello es necesario que se demuestre que el acto reclamado lesiona sus intereses jurídicos. Sobre el particular, es aplicable el criterio jurisprudencial 3a./J. 28/90, Octava Época, visible en la página doscientos treinta, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: [...] Así como la jurisprudencia P./J. 50/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, registro 2007921, que indica: [...] Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Tales elementos son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. En este sentido, la procedencia requiere además de la demostración de un acto de autoridad posiblemente violatorio de algún derecho, que produzca una afectación real, actual, personal y directa, así como que el peticionario sea titular de ese derecho que según él se pudiera ver afectado por aquél. Esto implica, que el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. En este orden de ideas es dable concluir que el quejoso no está legitimado para instar la presente acción constitucional porque el documento del que hace depender la posibilidad de que se lleven a cabo diligencias judiciales en su domicilio y que se tiene a la vista al momento de resolver, en principio no está dirigido a él, aunado a que no le causa un agravio personal y directo, que se estime pudiese afectar de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo, en su perjuicio. Ello es así pues del citatorio de notificación agregado al escrito de demanda se advierte que la Ejecutora adscrita al Juzgado Civil de Cuantía Menor de Zinacantepec, Estado de México, buscaba a Arturo Hernández Paredes, persona diversa al hoy quejoso. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, al existir disposición expresa que delimita la procedencia del juicio de amparo, en cuanto a los actos de autoridad que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados, circunstancia que en el caso particular no acontece porque como se vio dicha actuación no está dirigida a los quejosos y tampoco a sus bienes, siendo responsabilidad de la autoridad judicial que en determinado momento, pudiese tratar de dar cumplimiento al referido mandato, cerciorarse de efectuarse en los términos señalados; es decir, sobre los bienes del buscado; y, solo en caso que no lo hiciere, instar la acción constitucional correspondiente pero no cuando ello aún no acontece. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista conforme al artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, párrafo primero, 6 y en relación al diverso 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede desechar la presente demanda de amparo promovida por Abraham Hernández Mendoza, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto Mercantil de Primera Instancia, Estado de México y otra autoridad. DOMICILIO. En otro orden, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el proemio de la demanda de amparo. AUTORIZADOS. Téngase por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Roberto Gómez Arizmendi y de Roberto Gómez Castro, por tener registradas sus patentes para ejercer la profesión de licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que a las demás personas mencionadas se les tiene por autorizados en términos de la última parte del citado numeral al no contar con el registro correspondiente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este o pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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