Abraham Luciano Valero Ibarra

Expediente 1173/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1173/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/08/2022

Partes del expediente

  • Abraham Luciano Valero Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México a cuatro de agosto de dos mil veintidós. De conformidad con el Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia; se provee: Causa estado. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veinticinco de julio de la presente anualidad, a través del cual se desechó la demanda de amparo, por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Anotaciones y archivo. En el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Calificación del expediente. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, consultable en el Diario Oficial de la Federación, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Tercero inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. 2..

  2. Principal

    Toluca, Estado de México a veinticinco de julio de dos mil veintidós. De conformidad con el Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia; se provee: Radicación de la demanda. Por recibida la demanda de amparo, promovida por Abraham Luciano Valero Ibarra, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa tercera de Toluca de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Electrónicos, bajo el número 1173/2022-VII. DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: ... En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie el acto reclamado en el presente asunto consiste, esencialmente, en lo siguiente: * La negativa del ministerio público de la mesa tercera de Toluca de la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, de judicializar la carpeta de investigación por el delito de tortura, cometido en agravio del quejoso. Establecido lo anterior, este Órgano de Control Constitucional advierte que respecto de los actos materia de estudio en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen, respectivamente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De lo transcrito se advierte que los citados preceptos legales establecen que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues acorde con lo establecido en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las omisiones del Agente del Ministerio Público, son susceptibles de ser impugnadas ante el Juez de Control, quien podrá analizar si dicha situación es legal. Dicho en otro modo, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se deben impugnar ante la autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. A su vez, el diverso artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla como derechos de la víctima u ofendido, el impugnar ante el Juez de Control las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. En esas condiciones, se considera que la parte quejosa debió impugnar los actos reclamados ante la autoridad judicial correspondiente, en el caso, ante el Juez de Control. En ese orden, sería la resolución del Juez de Control que decida en definitiva sobre las actuaciones atribuidas al Agente del Ministerio Público responsable, la que podría combatirse en el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. Ahora bien, este Juzgado de Distrito no soslaya que el presente caso no se ajusta a las hipótesis que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, esto es, no se trata de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, lo que en la especie no acontece, al impugnarse un acto omisivo por parte del Agente del Ministerio Público, en demérito de la obligación constitucional que le atañe conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, no pasa desapercibido que tales actos tampoco se ajusta a los supuestos de la fracción XX del referido precepto legal, donde se dispone que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la ley de la materia y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en razón de que el propio precepto 61, en su fracción XXIII, establece que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues se reitera, acorde con el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, se establece que las omisiones del agente del Ministerio Público en la investigación de los delitos, o en su caso, la negativa de acordar favorable las peticiones del quejoso, son susceptibles de ser impugnadas ante la autoridad judicial, en la que se podrá determinar lo referente a dichas actuaciones en la investigación de los delitos. En ese orden de ideas, la prerrogativa que constitucionalmente se otorga al pasivo del delito, no es opcional, sino que se le reconoce ese derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley, ello se advierte de la exposición de motivos, que dio origen a la redacción actual del precepto constitucional citado, en que, entre otras cosas se dijo: "El Apartado C del artículo 20 constitucional confiere ahora nuevos derechos a las víctimas u ofendidos de los delitos. Fundamentalmente, una participación más activa en el proceso mediante la introducción de novedosas figuras. En esta reforma se conservan importantes derechos que ya han sido reconocidos con anterioridad." "Se establece una nueva dimensión constitucional de la coadyuvancia para los efectos de que la víctima pueda intervenir directamente en el juicio e interponer los recursos en los términos que establezca la ley." "Esta figura se incorpora ahora como una nueva garantía constitucional, con el objeto de que exista la posibilidad para las víctimas de defender directamente sus intereses. Ello no significa por supuesto que el Ministerio Público no esté obligado a dar un efectivo servicio de calidad a las víctimas y a representar sus intereses." "Además de lo anteriormente indicado, se amplía el alcance del derecho a impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción penal para los efectos de que comprenda todas las formas en que ello puede suceder, es decir, cuando se trate del desistimiento y de la reserva. Diversos criterios jurisprudenciales ya preveían esos extremos, los cuales ahora se reconocen expresamente en la Constitución." Como se advierte, se incorporó la posibilidad para los pasivos del delito, de defender directamente sus intereses, esto es, se amplió el alcance del derecho a impugnar no solo las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, sino también de manera relevante su derecho fundamental a impugnar ante el órgano jurisdiccional las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; lo que igualmente se encuentra tutelado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por ello, que al incorporarse en la Constitución este derecho para la víctima u ofendido, de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo, produciéndose, inclusive su abuso. En esas condiciones, de lo expuesto se advierte que la parte quejosa debió agotar el recurso que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna a su favor en términos de lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y al no haberlo hecho opera en su perjuicio el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima a la recurrente de la interposición de los medios de impugnación contemplados para la legislación procesal penal, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), que aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 943, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, Materias Común y Penal, con el registro 2017640, que establece: 0... Por otro lado, en la presente determinación no se sostiene que el acto reclamado no sea un acto de imposible reparación, si no que tal determinación no constituye una excepción al principio de definitividad, como quedó demostrado con antelación, por ende, el quejoso debió agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación que rige el acto reclamado para combatir tal determinación. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 1a./J.44/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, del tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2012, Décima Época, con número de registro 2001155, que establece: ... De igual forma, es aplicable en lo conducente la Tesis Aislada I.6o.P.123 P (10a.), aprobada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2375, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materias Común y Penal, Décima Época, con el registro 2018154, que establece: ... Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Abraham Luciano Valero Ibarra, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa tercera de Toluca de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por notoriamente improcedente. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene como autorizado a Víctor Torres Rodríguez, en términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de amparo, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las restantes personas que refiere en su escrito inicial de demanda, en términos restringidos, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos. Domicilio procesal. Acorde con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2° y 29 de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones aun las que deban ser en forma personal, por la lista que se publica en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal, y colóquese en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita tal y como lo prevé al artículo 21 del Acuerdo General aludido. Correo electrónico. Ahora, por cuanto hace al correo electrónico que proporciona no obstante que la Ley de Amparo no contempla las notificaciones por esa vía, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, articulo 23, fracción III, téngase por señalado, ello a fin de poder hacerle del conocimiento las actuaciones trascendentes y/o establecer el contacto respectivo en los casos en que por su trascendencia se estime necesario. ...Notifíquese.

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