Abraham Quiroz Rodríguez

Expediente 371/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
371/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
25/07/2022

Partes del expediente

  • Abraham Quiroz Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación secretarial de cuenta y toda vez que no fue impugnada en legal término la sentencia dictada en el presente asunto, que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ORDEN DE ARCHIVO Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. En consecuencia, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio principal conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento toda vez que en el presente asunto no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las nueve horas con un minuto del seis de julio de dos mil veintidós, el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 371/2022, en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Y, relaciona como principales constancias del expediente: La demanda, Informes justificados; y, Emplazamiento de la parte tercero interesada. Al respecto, el Juez acuerda; téngase por hecha la relación de las constancias que anteceden. Acto seguido, el Juez, declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las constancias que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan anexó a su informe de ley, consistente en un disco compacto (DVD). A lo que el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, presentó sus alegatos; a lo que el Juez acuerda: ténganse por hecha la anterior constancia, con lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, por lo que se procede a dictar la siguiente:S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 371/2022, promovido por Abraham Quiroz Rodríguez, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el trece de junio de dos mil veintidós, turnado en esa misma data al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, Abraham Quiroz Rodríguez, a través de su defensor privado, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de la autoridad que hizo consistir en: "AUTORIDAD RESPONSABLE. Lo es el ciudadano juez de control y enjuiciamiento del sistema de justicia penal acusatorio y oral del fueron común, de la Región de Uruapan, Michoacán, con domicilio conocido en las salas de oralidad, ubicadas en el edificio anexo a las instalaciones del Centro de Reinserción Social "Licenciado Eduardo Ruíz", de Uruapan, Michoacán. ACTO RECLAMADO. Se reclama el auto de vinculación a proceso del 01 de junio del presente año 2022, dictado dentro de la causa penal número 139/2021, instruida en contra de Abraham Quiroz Rodríguez. El promovente expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado, señaló la existencia del tercero interesado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito a este órgano de control constitucional, por lo que en proveído de trece de junio de dos mil veintidós, se radicó con el número 371/2022, se admitió a trámite, se solicitó el informe de ley, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; así como, dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a emitir la siguiente determinación. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama un acto de autoridad, con ejecución dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan, con sede en esta ciudad. El auto de vinculación a proceso de uno de junio de dos mil veintidós, emitido dentro de la causa penal número 139/2021, instruida contra Abraham Quiroz Rodríguez, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio culposo. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan, con sede en esta ciudad, al rendir su informe de ley, reconoce la existencia del acto que se le reclama. En tal virtud, se encuentra probada la existencia de los actos impugnados, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo anterior se corrobora con el disco digital que contiene la audiencia de vinculación a proceso, dictada dentro de la causa penal 139/2021; medios de convicción que tienen pleno valor probatorio de documentales públicas, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 43/2013 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, antes de proceder al estudio de los motivos de disenso que atañen el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia cuya materialización aleguen las partes o se aprecian actualizadas oficiosamente, ya que ello implica una cuestión de orden público, tal y como se establece en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Realizado el examen oficioso de las constancias, se desprende que no se actualiza causa de improcedencia alguna; tampoco, las partes alegaron alguna de ellas, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACION. Procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer" SEXTO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. A fin de dar claridad al problema planteado, resulta necesario hacer una narración de antecedentes del acto reclamado, los cuales de desprenden de las constancias (disco versátil digital) que remitió la autoridad responsable: En audiencia de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal 139/2021, dictó auto de vinculación a proceso contra Abraham Quiroz Rodríguez, por hechos constitutivos del delito de homicidio culpado cometido en perjuicio de J.J.R. Inconforme con tal determinación el imputado, interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer al Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, quien en resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en el toca de apelación dictó sentencia en la que revocó el auto de vinculación recurrido y ordenó la reposición parcial del procedimiento para que el Juez de Control, en audiencia inicial procediera en términos del artículo 331, párrafo segundo del Código Nacional; es decir, preguntara al imputado en qué momento deseaba se resolviera su situación jurídica, y una vez que el justiciable, previa asesoría de su defensa, decidiera si se acogía o no al plazo a que el artículo 19 constitucional, resolviera con plenitud de jurisdicción sobre la solicitud de vinculación a proceso solicitada por la fiscalía. En cumplimiento a tal determinación, el Juez de Control responsable, el uno de junio de dos mil veintidós, emitió nuevamente auto de vinculación a proceso contra el imputado aquí quejoso. Determinación ésta última que constituye el acto reclamado. De la lectura de la demanda de garantías, se desprende que en síntesis, a modo de conceptos de violación, la parte quejosa sostiene: Que existe violación al debido proceso, al no aplicar las excluyentes del delito y de responsabilidad a favor de Abraham Quiroz Rodríguez, ya de los datos de prueba, únicamente se advierte la entrevista de José Alejandro Esquivel, quien es amigo de la persona fallecida Juan Jiménez, manifestando que eran vecinos de Tancitaro y que solo tuvo conocimiento de que fue internado en un centro contra las adicciones, que jugaban baraja juntos y que ningún amigo del centro fue al funeral. Que Patricia Jiménez Nava, manifestó ser hija del señor Juan Jiménez y que éste se internó en el centro de rehabilitación y después se quedó apoyar a la comunidad por más de un año. Que esos datos de prueba, se tomaron en consideración para referir que no existía la amistad del señor Abraham ahora vinculado a proceso y Juan Jiménez persona fallecida en el accidente, porque ninguna persona del centro de adicciones o comunidad terapéutica asistieron al funeral de éste, no obstante que la propia hija de la víctima manifestó que su padre Juan Jiménez consideraba como su hogar a la comunidad terapéutica en la cual vivía. Que la defensa, presentó la entrevista de Erick Díaz Molina, quien era el director de la comunidad terapéutica de dos mil diecisiete a dos mil veinte, manifestando que el tiempo de internación era de tres a seis meses en los cuales se desarrollaban diversas actividades con la finalidad de crear lazos de amistad, que el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, ingreso el señor Juan Jiménez por su sobrino Agustín, para la cual tuvo que trabajar en el mismo centro de adicciones para pagar su tratamiento ya que se encontraba en total estado de abandono por su familia ya que durante su estadía nunca recibió visita por sus familiares, de igual manera fue testigo de cómo el día del accidente el señor Juan Jiménez quería acompañar al imputado. Que de igual forma, presentó la entrevista de Fernando Ruelas Rivera, quien era el coordinador y operador de la comunidad terapéutica y refirió que el seis de marzo de dos mil diecinueve, recibió a Abraham en compañía del Señor Juan y que desde que ingreso se quedó a vivir en el centro por el estado de abandono de su familia y observaba que siempre se la pasaban juntos Abraham y el señor Juan, de igual manera refiere que el día del accidente el señor Juan no quiso ponerse el cinturón de seguridad. Así como, de Rosa Elia Estrella Córdoba, en su carácter de trabajadora social de la comunidad terapéutica en la cual manifiesta que al revisar los expedientes del Señor Juan Jiménez y Abraham detecto adeudos del tratamiento y por eso trabajo y después se quedó a vivir en el centro terapéutico el señor Juan Jiménez, de igual manera refiere que no obran en el expediente visitas de familiares directos del señor Juan y adjunta diversas placas fotográficas de las actividades y cumpleaños en las cuales se observa al señor juan con sus compañeros y amigos de la comunidad terapéutica y por eso su estadía por más de un año por lo cual es lógico que se generaran lazos de amistad ya que como lo refirió su propia hija era su hogar. Que con base en esos datos de prueba, se solicitó se aplicara la excluyente de responsabilidad contenida en el artículo 136 del Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo, en lo relativo a que no se aplicara pena ni medida de seguridad cuando se cause homicidio culposo y exista amistad entre las partes como en el presente caso; así como, la excluyente del delito de caso fortuito contenida en el artículo 27 fracción III de la ley sustantiva del Estado, ya que existen circunstancias no previsibles como lo es las condiciones de la carretera por la existencia del talud de tierra y trozos de rocas en la carretera, la presencia de lluvia y aceite proveniente de un tráiler que se encontraba a un costado de la carretera, circunstancias que obviamente no tenía conocimiento no eran previsibles por el ahora vinculado a proceso. Que el juez sólo otorgó valor a los datos de prueba consistentes en la noticia criminal, el acta de reconocimiento de cadáver, la pericia de necropsia, la pericial de levantamiento de cadáver y recolección de indicios. Que por parte de la defensa obran datos que la carretera estaba húmeda por causa de la lluvia y la existencia de un líquido negruzco (aceite), tal y como lo refirió el señor Abraham en su declaración, las entrevistas de los policías, pericial de causalidad por hechos de tránsito en la cual resalta la velocidad prudente entre cincuenta y sesenta kilómetros por hora, sin limitar pero tampoco sin exceder por la cual se impactó con el talud de tierra tan es así que por ese motivo no se aplicaron las agravantes de peligro ni temeridad que solicitara el fiscal al momento de la formulación de imputación, así determinado por el propio juez. Que la supuesta valoración del Juez en base a las reglas de la lógica y máximas de la experiencia para lo cual fundamenta que los datos demuestran que la persona fallecida iba en compañía del imputado Abraham y demuestran el homicidio culposo valora la declaración de Abraham en diversa audiencia solamente en lo que le perjudica porque supuestamente no se respeta la velocidad de conducir y deriva que se estrelle con un talud de tierra en el lugar, sin existir dato objetivo que demuestre la velocidad solo la declaración de Abraham. Que referente a la excluyente del delito de caso fortuito menciona que debe estar plenamente justificada sin observar o pasar por alto las propias circunstancias de la pericial de causalidad e indicios que corroboraron lo mencionado por el imputado de las condiciones de la carretera, la lluvia y la existencia de aceite derramado por el tráiler que se encontraba en el lugar del accidente. Que la responsable, se contradice, ya que por un lado mencionada que obró con culpa por la velocidad normal mencionado en el minuto dos con cincuenta minutos, el cual se contradice con su propio argumento de no aplicar las agravantes que solicitaba el fiscal en su imputación, respecto de la excluyente de responsabilidad del artículo 136 de la ley sustantiva, en lo que menciona que la amistad que se atiende por el contexto, que los datos solo demuestran que estuvieron internados y realizaron actividades motivo estrictamente de la rehabilitación. Que existe evidencia que para la víctima el centro terapéutico, era su hogar y por ello, existía convivencia por más de un año, sin que en el caso, la simple convivencia no se de la amistad. Que se contradice, al mencionar por una parte que el señor Juan estaba por su propia voluntad y por eso no tenía opción de acompañar o no en el viaje al imputado. Que el hecho que no hubiera acudido nadie del centro de rehabilitación, al velorio del señor Juan, no significa que no hubiera amistad, sino más bien fue temor a las represalias de la familiar de éste por la posible culpabilidad del imputado. Los motivos de disenso antes relacionados y sinterizados, resultan infundados, sin que se adviertan motivos para suplir la deficiencia de la queja en términos del numeral 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. El primer párrafo de los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso, los cuales, en su orden, a la letra dicen: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". De lo recién transcrito, se desprende que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario reunir los requisitos siguientes: 1) Haberse formulado la imputación. 2) El imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo. 3) Pronunciarse dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado a petición del implicado o su defensa. 4) Que esté fundado y motivado. 5) Expresar el delito que se le impute; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. 6) Dictarse, únicamente, por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación. 7) De los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes para poder establecer la comisión de un hecho determinado por la ley como hecho delictuoso y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sirve de ilustración, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 1940, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).- En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos". El juez de control, ubicó la conducta del aquí quejoso, en las siguientes hipótesis normativas: El hecho que la ley señala como delito de homicidio culposo, previsto y sancionado por los numerales 117, 69, con relación en el artículo 24, fracción II todos del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo. Los datos de prueba en que se sustentó el auto de vinculación a proceso, según se desprende de los registros de la audiencia respectiva celebrada el uno de junio de dos mil veintidós, ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Uruapan, dentro de la causa penal 139/2021, son: Informe policial homologado de uno de junio de dos mil diecinueve, de la Dirección de Tránsito de San Juan Nuevo, Michoacán de Ocampo, en el que se refiere que siendo aproximadamente las catorce horas con cincuenta y seis minutos de ese día, se recibió el reporte de la cabina de radio de San Juan Nuevo, sobre la existencia de un accidente vehicular, para ello arriba la unidad 05254, a cargo de Gerardo Zúñiga Guerrero, a las quince horas, quien se percata efectivamente que se encontraba el vehículo mencionado, Ford modelo dos mil cinco, con placas PFH102H, que circulaba sobre la carretera Tancitaro-San Juan Nuevo, que era conducido por Abraham Quiroz Rodríguez, de veinticuatro años de edad, quien mencionó su domicilio. Que había una persona de setenta y tres años de edad, misma que se encontraba sobre la cinta asfáltica, sin signos vitales. Que se procedió a la detención del señor Abraham, por homicidio imprudencial, siendo las quince horas con cinco minutos y puesto a disposición de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán. Dictamen médico de integridad corporal de uno de junio de dos mil diecinueve, practicado en la persona de Abraham Quiroz Rodríguez, en el que se determina que no presenta lesiones físicas externas visibles. Acta de reconocimiento de cadáver, de uno de junio de dos mil diecinueve, de la persona que en vida respondiera al nombre de Juan Jiménez Ramos, presentándose Juan Jiménez Nava, expresando que la víctima era su padre, que tenía la edad de setenta y dos años, que la última vez que lo vio con vida fue el veintiséis de mayo de dos mil diecinueve, que el uno de junio se comunicó su prima Jazmín Gutiérrez Jiménez, diciéndole que su papá había tenido un accidente en la carretera San Juan Nuevo-Tancitaro y que había fallecido, que se trasladaron al lugar del accidente, por lo que vio que el área estaba acordonada, por lo que pidió informes al policía que se encontraba en el lugar, diciéndole que tenía que ir a la SEMEFO de Uruapan, para reconocer el cuerpo de su padre, por lo que se traslado a Uruapan, que teniendo a la vista a Juan Jiménez Ramos, que dijo que en ese momento no quería presentar la denuncia que tenía que platicarlo con sus hermanos, porque sabía que eran compañeros de un centro de rehabilitación que se encuentra en Tancitaro, desde hace aproximadamente un año. Denuncia de quince de junio de dos mil diecinueve, presentada por Juan Jiménez Nava. Acta de nacimiento de Juan Jiménez Ramos, de la que se advierte que nació el veintiocho de junio de mil novecientos cuarenta y seis. Necropsia médico legal, de uno de junio de dos mil diecinueve, levantada por la Perito médico de esa fiscalía, en la que asentó que contaba con lesiones equimosis perimetral derecha, equimosis perimetral izquierda, equimosis localizada en línea frontal, que la causa de la muerte del señor Juan Jiménez Ramos, se debió a hemorragia intracraneana, secundaria por traumatismo craneoencefálico, lesiones que se clasifican mortales por sí mismas. Dictamen de inspección del lugar de uno de junio de dos mil diecinueve, en el que el perito concluyó que arribó al lugar de los hechos, que se encontraba un cuerpo sin vida, que la forma en que fue localizado no corresponde a la situación inmediata posterior a su fallecimiento. Entrevista de uno de junio de dos mil diecinueve de Carla María Fichil Béjar. Entrevista de uno de junio de dos mil diecinueve de Eduardo Zúñiga Herrera y Luis Farías, elementos de la policía de Michoacán de Ocampo, los que son coincidentes con el informe homologado. Entrevista de Juan Jiménez Nava, de uno de junio de dos mil diecinueve, donde hace mención que su padre se dedicaba a trabajar las huertas, que estuvo anexado un cierto tiempo, que de manera voluntaria se quedó a laborar en ese centro, que el uno de junio de dos mil diecinueve, cuando trabajaba su prima Jazmín, le comunicó que su padre había tenido un accidente y que había fallecido. Dictamen químico toxicológico, en el cuerpo de quien en vida respondiera al nombre de Juan Jiménez Ramos, realizado por la perito química, quien asentó que no se advierte la sustancia de etanol o drogas en su corporeidad. Denuncia de diecisiete de febrero de dos mil veinte, por Patricia Jiménez Nava, en la que refiere que presenta denuncia en contra de Abraham Quiroz Rodríguez, por el hecho constitutivo del delito de homicidio culposo. Acta de nacimiento, de Patricia Jiménez Nava, de la que se desprende que su progenitor es Juan Jiménez Ramos. Dictamen de causalidad de hechos de tránsito, practicado por el perito criminalista, de dieciséis de junio de dos mil veinte, en el que asentó que el conductor del vehículo Ford, por el carril de circulación San Juan Nuevo Tancitaro, que no limitó su velocidad, considerando las condiciones de la vía y las del vehículo, por las cuales perdió el control de la dirección hacia su izquierda, impactándose con un vértice anterior izquierdo contra el talud de tierra, intentando retomar el control de la dirección del vehículo hasta volcarse sobre el toldo por colisión terminando su circulación sobre superficie de rodaje. Como conclusión refirió que determinando la causa que dio origen al hecho fueron la pérdida de control de la dirección del vehículo del conductor que circulaba sobre la carretera San Juan Nuevo-Tancitaro, con dirección a Tancitaro, el cual impacta con su vértice anterior izquierdo con el talud de tierra y vuelve sobre su toldo. Dictamen de inspección vehicular de dos de junio de dos mil diecinueve. Entrevistas de Erick Díaz Molina, Fernando Ruelas Rivera, Rosa Elia Estrella Córdoba, de veintiocho de mayo de dos mil veintidós. Entrevistas de José Alejandro Esquivel Álvarez, Margarita Jiménez Ramos, Patricia Jiménez Nava, de veintinueve de mayo de dos mil veintidós. Datos de prueba, con los cuales el fiscal, sustentó, el siguiente cuadro fáctico, consistente en: Que el uno de junio de dos mil diecinueve, aproximadamente entre las catorce y las catorce horas con cincuenta y seis minutos, el imputado conducía un vehículo Ford, escape modelo 2011, color gris con placas PF-10H, sobre la carretera San Juan Nuevo a Tancitaro a la altura del kilómetro 02-200, perteneciente a San Juan Nuevo, Michoacán, en compañía de Juan Jiménez Ramos, como copiloto por lo que sobre dicho tramo carretero y atendiendo a que no limita la velocidad que conducía el automotor y a consecuencia de ello, perdió el control del mismo, impactándose con un talud de tierra que se encontraba en el lugar, para posteriormente volcarse el vehículo quedando el toldo sobre la carretera, perdiendo la vida el señor juan que iba de copiloto en el vehículo, por hemorragia intra craneana, secundario a traumatismo cráneo encefálico ello a consecuencia de una violación de un deber de cuidado. Hechos que, el Juez de Control, encuadró en el delito de homicidio culposo, previsto y sancionado por los numerales 117, con relación a los artículos 20, 24, fracción II y 69 todos del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo. Determinación que se estima ajustada a derecho, pues de los datos de prueba, se advierte que Abraham Quiroz Rodríguez, el uno de junio de dos mil diecinueve, aproximadamente entre las catorce y las catorce horas con cincuenta y seis minutos, conducía un vehículo Ford, escape modelo 2011, color gris con placas PF-10H, sobre la carretera San Juan Nuevo a Tancitaro, en compañía de Juan Jiménez Ramos, como copiloto, que cerca de la altura del kilómetro 02-200, al no limitar la velocidad con la que conducía el automotor, perdió el control del mismo, impactándose con un talud de tierra que se encontraba en el lugar, para posteriormente volcarse el vehículo quedando el toldo sobre la carretera, perdiendo la vida el señor Juan a consecuencia de una hemorragia intra craneana, secundario a traumatismo cráneo encefálico ello a consecuencia de una violación de un deber de cuidado. Con lo que se encuentra corroborado la existencia del hecho constitutivo del delito de homicidio culposo. De igual, forma existe la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos constitutivos del delito de homicidio culposo, pues de los datos de prueba relacionados, se pone en evidencia ser la persona que conducía el vehículo de mérito, en el que la víctima iba como copiloto y que el aquí quejoso, al perder el control del automotor se impactó con un talud de tierra y posteriormente volcarse, evento en el que perdió la vida Juan Jiménez. Además; el quejoso, no controvierte aspecto alguno en torno a la existencia del hecho imputado por la fiscalía consistente en el deceso del señor Juan Jiménez Ramos, la causa del mismo, ni su probable participación en los referidos hechos, por lo que, al no advertirse de oficio, que en ese aspecto se vulneren derechos fundamentales y humanos, este órgano de control constitucional, no hace mayor pronunciamiento al respecto. En la inteligencia que para el dictado del auto de vinculación a proceso, solo se requiere que de los antecedentes de la investigación expuestos por el ministerio público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por lo que el auto de vinculación a proceso; respecto a ese tema, se encuentra debidamente fundado y motivado, esto es así ya que, se realizó un análisis razonado de los datos de prueba recabados por el órgano técnico investigador que se tomaron en cuenta para llegar a la conclusión de que está demostrado que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito de homicidio culposo y existió la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Cobra aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto 2017, con número de registro digital 2014800, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí - como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." También, la resolución en estudio, se encuentra ajustada a lo dispuesto en el artículo 16, de la Constitución Federal, porque la responsable, precisó correctamente los artículos aplicables al caso concreto y expuso los motivos o justificaciones de sus consideraciones. Es decir, estimó colmados los requisitos que para el dictado de una vinculación a proceso se exigen, procediendo a enunciar los datos de prueba que obran en la indagatoria a través de los cuales tuvo por acreditado los hechos del ilícito en cuestión, a los que confirió el valor probatorio que a su juicio merecían, para posteriormente señalar que existen elementos suficientes para acreditar la posibilidad que el imputado participó en su comisión. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 166, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En otras palabras, la responsable relacionó, analizó y valoró los datos de prueba aportados en la indagatoria por el Ministerio Público, destacó la razón del por qué les otorgó eficacia probatoria, para lo cual precisó los datos y circunstancias que de ellas derivan, citando el fundamento legal para ello; asimismo, expresó las circunstancias especiales, razones particulares, así como causas inmediatas que tuvo en consideración para su emisión, cumpliendo con ello, la obligación de motivar la vinculación a proceso reclamada. Y, si bien, el quejoso vía conceptos de violación en forma genérica y subjetiva aduce que no se valoraron correctamente los datos de prueba, y que el Juez de Control se contradijo, del auto de vinculación a proceso se advierte que el juez responsable sí sostuvo que no existía controversia sobre los datos de prueba, que por ello los analizaba en términos de los numerales 265 y 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que resulta totalmente apegado a la ley. Más, aún, el hecho que el juez de control, haya determinado que no se actualizaban las agravantes expuestas por el fiscal y a la vez, haya sostenido que no se actualizaba la causa excluyente de responsabilidad hecha valer por el imputado; ello en forma, alguna de crea una contradicción en su resolución, pues la agravante, aumenta el grado de responsabilidad de quien participa en los hechos constitutivos del delito, la excluyente, lo libera de esa responsabilidad. Ahora, en esencia los aspectos controvertidos en los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, se pueden resumir en: Que se actualiza la causa de exclusión del delito, a que se refiere el artículo 27, fracción III, del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo, virtud a que la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio culposo, previsto y sancionado por los numerales 117, con relación a los artículos 20, 24, fracción II y 69, todos del código sustantivo invocado, virtud a que se realizó fortuitamente, sin dolo ni culpa. En todo caso, se actualiza la excluyente de responsabilidad del delito a que se refiere el numeral 136, del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo, en la hipótesis que no se aplicará pena o medida de seguridad quien en forma culposa ocasione homicidio en agravio, entre otros, de un amigo. Es cierto que en el contenido de la fracción IV, del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, obliga al juzgador, en la audiencia de vinculación a proceso, a verificar que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Es decir, el juzgador puede analizar, de oficio, una causa de exclusión del delito; de igual forma puede ser estudiada a petición de parte, pues las causas de exclusión constituyen el aspecto negativo del delito, de forma que cuando acontezca alguna de las hipótesis por virtud de las cuales, la ley excluya una conducta humana considerada como típica, antijurídica y culpable, no es dable continuar con la actividad de investigación o jurisdiccional, según sea el caso, ya que aun de existir, de cualquier manera esa conducta constituirá un acto jurídico irrelevante para el derecho penal, porque ante la actualización de alguna de esas hipótesis, no se justifica ejercer el ius puniendi, en la medida en que la facultad sancionadora del Estado queda abolida por la disposición legal que llegue a concretarse, dependiendo del caso concreto. Por lo que, aun cuando para el dictado de un auto de vinculación a proceso, como requisitos de fondo, solamente se exige que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, la norma sustantiva obliga a verificar que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, ya que cuando se advierta una hipótesis por virtud de la cual se excluya, el Juez debe declararla de oficio en cualquier fase del procedimiento penal, lo que lógicamente incluye la audiencia inicial donde se discuta la vinculación a proceso. Sirve de ilustración, la Tesis: XV.3o.10 P (10a.), Registro digital: 2015188, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, página 1810, del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PROCEDE SU ESTUDIO DE FONDO CUANDO EN ELLOS SE EXPRESA QUE LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO EN QUE SE DISCUTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, DEMUESTRAN UNA CAUSA DE EXCLUSIÓN DEL DELITO. Tratándose de las hipótesis en las que la ley sustantiva considere que se excluye el delito, es necesario que en cualquier estado del procedimiento, de oficio o a petición de parte, el órgano del Estado respectivo (agente del Ministerio Público u órganos jurisdiccionales), emita un pronunciamiento. En efecto, desde el punto de vista de la dogmática jurídico penal las causas de exclusión constituyen el aspecto negativo del delito, de forma que cuando acontezca alguna de las hipótesis por virtud de las cuales la ley excluya una conducta humana considerada como típica, antijurídica y culpable, no es dable continuar con la actividad de investigación o jurisdiccional, según sea el caso, ya que aun de existir, de cualquier manera esa conducta constituirá un acto jurídico irrelevante para el derecho penal, porque ante la actualización de alguna de esas hipótesis, no se justifica ejercer el ius puniendi, en la medida en que la facultad sancionadora del Estado queda abolida por la disposición legal que llegue a concretarse, dependiendo del caso concreto. De modo que, de darse alguna causa de atipicidad, de justificación o de inculpabilidad, cesa el derecho del Estado para proseguir con la investigación, ya sea en la fase judicial o ministerial, pues la propia norma sustantiva establece que ante el acaecimiento de alguna de éstas, el delito se excluye, lo cual justifica que en cualquier parte del procedimiento debe analizarse y estudiarse cuando sea invocada o se descubra de oficio. Por lo que aun cuando para el dictado de un auto de vinculación a proceso, como requisitos de fondo, solamente se exige que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, la norma sustantiva obliga a verificar que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, ya que cuando se advierta una hipótesis por virtud de la cual se excluya, el Juez debe declararla de oficio en cualquier fase del procedimiento penal, lo que lógicamente incluye la audiencia inicial donde se discuta la vinculación a proceso. Por consiguiente, en el amparo indirecto no deben declararse inatendibles los conceptos de violación en los que se exprese que las pruebas desahogadas en esa audiencia del procedimiento penal acusatorio demuestran una causa de exclusión del delito, sino proceder a su examen de fondo." En el caso, el juez de control responsable; incluso, a petición de parte, estudio, analizó, valoró y resolvió sobre las causas de exclusión del delito y excluyentes de responsabilidad planteadas. Entonces, aquí es importante dejar establecido que en relación a las causas de exclusión del delito y las excluyentes de responsabilidad a que se refiere la parte quejosa, los artículos 27, fracción III y 136, del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo, disponen: "Artículo 27. Causas de exclusión del delito. El delito se excluye cuando: La actividad o la omisión se realice sin intervención de la voluntad del agente; Falte alguno de los elementos del tipo penal; Se realice fortuitamente un hecho, sin dolo ni culpa; IV..." "Artículo 136. Excluyente de responsabilidad. No se impondrá pena o medida de seguridad alguna, a quien de forma culposa ocasione lesiones u homicidio en agravio de un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta; hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina, concubinario, o cuando entre el sujeto activo y el pasivo exista relación de pareja, amistad o de familia, salvo que el sujeto activo se encuentre bajo el efecto de bebidas embriagantes, de estupefaciente o psicotrópicos, sin que medie prescripción médica, o bien que se diere a la fuga y no auxiliare a la víctima." De los numerales recién transcritos, se desprende que por un lado el precepto 27, fracción III, del código punitivo del Estado de Michoacán de Ocampo, dispone que el delito se excluye cuando se realice fortuitamente, sin dolo ni culpa; mientras, que el diverso 136, de la codificación en cita, señala que existe excluyente de responsabilidad, por ende, no se aplicarán penas o medidas de seguridad a quien en forma culposa ocasione homicidio en agravio, entre otros, de un amigo. Así, cuando la defensa alega la actualización de una causa de exclusión de delito, como en el caso, para su verificación, es necesario atender a que se impone al imputado la carga probatoria respecto de la causa de exclusión del delito que haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene de forma patente y plena. Sirve de apoyo, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 1810, del Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PROCEDE SU ESTUDIO DE FONDO CUANDO EN ELLOS SE EXPRESA QUE LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO EN QUE SE DISCUTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, DEMUESTRAN UNA CAUSA DE EXCLUSIÓN DEL DELITO. Tratándose de las hipótesis en las que la ley sustantiva considere que se excluye el delito, es necesario que en cualquier estado del procedimiento, de oficio o a petición de parte, el órgano del Estado respectivo (agente del Ministerio Público u órganos jurisdiccionales), emita un pronunciamiento. En efecto, desde el punto de vista de la dogmática jurídico penal las causas de exclusión constituyen el aspecto negativo del delito, de forma que cuando acontezca alguna de las hipótesis por virtud de las cuales la ley excluya una conducta humana considerada como típica, antijurídica y culpable, no es dable continuar con la actividad de investigación o jurisdiccional, según sea el caso, ya que aun de existir, de cualquier manera esa conducta constituirá un acto jurídico irrelevante para el derecho penal, porque ante la actualización de alguna de esas hipótesis, no se justifica ejercer el ius puniendi, en la medida en que la facultad sancionadora del Estado queda abolida por la disposición legal que llegue a concretarse, dependiendo del caso concreto. De modo que, de darse alguna causa de atipicidad, de justificación o de inculpabilidad, cesa el derecho del Estado para proseguir con la investigación, ya sea en la fase judicial o ministerial, pues la propia norma sustantiva establece que ante el acaecimiento de alguna de éstas, el delito se excluye, lo cual justifica que en cualquier parte del procedimiento debe analizarse y estudiarse cuando sea invocada o se descubra de oficio. Por lo que aun cuando para el dictado de un auto de vinculación a proceso, como requisitos de fondo, solamente se exige que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, la norma sustantiva obliga a verificar que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, ya que cuando se advierta una hipótesis por virtud de la cual se excluya, el Juez debe declararla de oficio en cualquier fase del procedimiento penal, lo que lógicamente incluye la audiencia inicial donde se discuta la vinculación a proceso. Por consiguiente, en el amparo indirecto no deben declararse inatendibles los conceptos de violación en los que se exprese que las pruebas desahogadas en esa audiencia del procedimiento penal acusatorio demuestran una causa de exclusión del delito, sino proceder a su examen de fondo". Y, la diversa sustentada por el mismo Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en la página 2167, del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2013695, de epígrafe y contenido: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente". En esos término, al corresponder a la defensa el acreditar plenamente en esa etapa procesal que se actualizó, sin lugar a duda, alguna de las causas que excluyen el delito, que propicia un estudio más escrupuloso acerca del punto en debate, el que giró en torno a que la conducta desplegada por el imputado resultaba atípica, lo que implica un estudio pormenorizado para determinar si la conducta encuadra o no en los hechos constitutivos del ilícito, al encontrarse vinculados con la causa de exclusión alegada. Lo que no aconteció en la especie. Siendo infundado el concepto de violación en el que el quejoso alega se actualiza la causa de exclusión del delito a que se refiere el artículo 27, fracción III, del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo, en la hipótesis de "caso fortuito", bajo el argumento toral que existen circunstancias no previsibles como lo es las condiciones de la carretera por la existencia del talud de tierra y trozos de rocas en la carretera, la presencia de lluvia y aceite proveniente de un tráiler que se encontraba a un costado de la carretera, circunstancias que -dice- al no tener conocimiento obviamente no eran previsibles. Empero, como con tino jurídico lo determinó el Juez de Control, no presentó dato de prueba que sirviera para desvirtuar lo establecido por el perito, al momento de realizar el dictamen de causalidad; en el que en lo que interesa concluyó que la causa que dio origen al hecho fue la pérdida de control de la dirección del vehículo que conducía el aquí quejoso. De ahí que el juez responsable, resolvió que para justificar la causa de exclusión del delito -que hizo valer la defensa-, tendría que estar plenamente probado que el imputado (aquí promovente del amparo), causó un daño accidentalmente sin intención ni culpa. En otras palabras, como bien lo preció el Juez de la causa, que no faltó a un deber de cuidado. Lo que no aconteció en el caso. Por tanto, resulta infundado el concepto de inconformidad analizado. En otro aspecto, en relación a lo alegado como concepto de violación en torno a la violación al debido proceso, al no aplicar la excluyente de responsabilidad a que se refiere el artículo 136, del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo, a favor de Abraham Quiroz Rodríguez, bajo el argumento que existe la causa de excluyente de responsabilidad virtud a que está acreditado que entre el activo y el pasivo existió un laso de amistad, por lo que no se debe aplicar una pena o medida de seguridad por el homicidio culposo. Es verídico que el laso de amistad a que se refiere el precepto 136, del código punitivo invocado, es una causa de excluyente de responsabilidad; incluso el concepto de "amistad", se de naturaleza cultural, lo que en el caso, no está en duda, porque la amistad válidamente se puede ampliar a muchos otros supuesto diferentes al de "familia", entiendo por amistad el laso de unión entre dos personas que se origina con motivo de una convivencia sana y cotidiana; en la que comparten gustos y placeres. De esa forma, cuando con motivo del tránsito de vehículos el agente causa una lesión o la muerte de un amigo, se actualiza en su favor la excluyente de responsabilidad mencionada, por tener el afectado el carácter de amistad. Sirve de ilustración, la tesis con Registro digital: 163610, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Penal, Tesis: VI.2o.P.136 P, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Octubre de 2010, página 3115, del rubro y texto siguiente: "LESIONES Y HOMICIDIO CULPOSOS CON MOTIVO DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS. SE ACTUALIZA LA EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD PENAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 92 DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA SI EL CONDUCTOR IMPRUDENTE ES PARIENTE POR AFINIDAD DEL AFECTADO. La disposición mencionada establece que no incurre en responsabilidad penal quien conduciendo un vehículo imprudentemente lesione o cause la muerte de uno de sus familiares, cónyuge, persona con la que viva en concubinato o con la que esté unido por afecto, siempre y cuando se encuentren en el mismo vehículo; ahora bien, al no existir en la codificación penal una definición sobre qué debe entenderse por "familiares", para determinar el significado de ese elemento normativo habrá que remitirse a la legislación que regula la figura de la familia, y aunque del análisis del artículo 291 del Código Civil del Estado no se advierte una definición taxativa sobre quiénes forman parte de ella, tomando en consideración que dicho dispositivo, en su fracción IV, señala la obligación a cargo de todas las personas de evitar las conductas que generen violencia familiar, la cual se define como aquella que se ejercita contra un miembro de la familia, citando entre otros, a un pariente por afinidad hasta el cuarto grado, se concluye que la connotación de "familiares" a que se refiere el mencionado artículo 92, no se limita a un mero núcleo compacto formado por progenitores e hijos unidos por consanguinidad, sino que se amplía a muchos otros supuestos, entre los que se encuentra, precisamente, el parentesco por afinidad. De esa forma, cuando con motivo del tránsito de vehículos el agente imprudentemente causa una lesión o la muerte de los parientes del hombre o de la mujer con quien contrajo matrimonio, se actualiza en su favor la excluyente de responsabilidad mencionada, por tener los afectados el carácter de familiares." Sin embargo, resulta infundado el concepto de violación aludido, porque si bien, la defensa presentó la entrevista de Erick Díaz Molina, Fernando Ruelas Rivera y Rosa Elia Estrella Córdoba, con la finalidad de poner en evidencia los fines del centro de rehabilitación en el que se encontraban junto con la víctima, así como las actividades que realizaban a fin de crear lazos de amistad, y con base en ellos, solicitar la causa de excluyente de responsabilidad contenida en el numeral 136 del código sustantivo invocado, debe decirse que tampoco le asiste la razón al quejoso, porque como bien lo refirió el juez de control responsable, existen las entrevistas de José Alejandro Esquivel, Margarita Jiménez Ramos y Patricia Jiménez Nava, a fin de desvirtuar que no existía una amistad entre el imputado y al víctima. Y, en relación a los datos de prueba relativos a las entrevistas Erick Díaz Molina, Fernando Ruelas Rivera y Rosa Elia Estrella Córdoba, como lo sostuvo el juez de control, resultan insuficientes para acreditar la relación de amistad que sostiene el imputado con la víctima. Tampoco es de trascendencia en el ámbito jurídico el hecho que como lo refiere el quejoso, no hubiera acudido nadie del centro de rehabilitación, al velorio del señor Juan, no significa que no hubiera amistad, pues ello, pudiera haber sido más bien por temor a las represalias de la familia; empero, como bien lo señaló el juez de control, ello es insuficiente para corroborar la amistad entre ambos (víctima y ofendido). La misma surte corre, lo manifestado por la hija de la víctima en el sentido que su padre consideraba al centro de rehabilitación como su hogar; sin embargo, ello también resulta insuficiente como lo dijo la responsable a fin de acreditar esa relación de amistad alegada y con ello la causa de excluyente de responsabilidad. Sirve de apoyo, la tesis VI. 2o. 242 P, con Registro digital: 209850, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Materias(s): Penal, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Diciembre de 1994, página 455, que literalmente dice: "VEHICULOS, HOMICIDIO IMPRUDENCIAL COMETIDO POR EL TRANSITO DE. REQUISITO PARA QUE OPERE LA EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD DEL ACTIVO, TRATANDOSE EL OFENDIDO DE LA PERSONA CON LA QUE SE HAYA UNIDO POR AFECTO. El artículo 92, primer párrafo, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, prevé una excusa absolutoria en favor del conductor de un vehículo cuya imprudencia cause lesiones u homicidio de las personas que viajen con él, siempre que las víctimas sean: 1. Sus familiares; 2. Cónyuge; 3. Persona con la que viva en unión libre; 4. Con la que esté unida por afecto. Ahora bien, es cierto que la última hipótesis no alude expresamente a aquéllos que sean amigos del sujeto activo; sin embargo, no puede ser de otra manera habida cuenta que se presume la liga afectiva que lo vincula con las demás personas a que se refiere en sus diversos tres casos, es decir familiares, cónyuge o persona con la que viva en la situación a que se refiere el artículo 297 del Código Civil para el Estado de Puebla; y así se puede concluir fundadamente que la idea del legislador es que la persona aludida en el cuarto supuesto deba ser alguien con la que el activo guarde una íntima relación de amistad lo cual no se da necesariamente por el solo hecho de que las víctimas viajen a bordo del mismo vehículo que el inculpado." En suma, no basta alegar que se actualiza una causa excluyente de responsabilidad, es necesario; en esta etapa procesal (vinculación a proceso), aportar datos de prueba que la acrediten, para que el juzgador de control este en aptitud de resolver su actualización o no; y, en el presente caso, como lo refirió la responsable, la parte ahora quejosa, no aportó elementos necesarios para acreditar el laso de amistad entre el activo y el pasivo, para considerar actualizada dicha hipótesis jurídica, determinación que está totalmente apegada a derecho, y en nada agravia al peticionario de amparo. En consecuencia, al haber quedado evidenciado lo infundado de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, lo procedente es NEGAR el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Resulta innecesario entrar al estudio de los alegatos que formuló la parte tercero interesada, atento al sentido del presente fallo y por las razones que se dan la jurisprudencia 27/94, del rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Finalmente, no es el caso de atender el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación, atendiendo al sentido de la presente sentencia; máxime que no invoca causales de improcedencia. Tiene aplicación, el criterio de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO". SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Abraham Quiroz Rodríguez, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, por las razones expuestas en el considerando sexto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, ante Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, cinco de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: ALEGATOS Visto lo de cuenta, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a Mario Magaña Díaz asesor victimal de los terceros interesados a Juan Jiménez Nava y Patricia Jiménez Nava formulando alegatos; por tanto, se tienen por formulados para el efecto legal conducente, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: SE RECIBE OFICIO Visto lo de cuenta, incorpórese al sumario el oficio suscrito por el Director de Litigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad; sin que haya lugar a tener por rendido el informe justificado a que refiere en su ocurso de cuenta, toda vez que dentro del presente juicio constitucional le reviste el carácter de tercero interesado, no así de autoridad responsable. Notifíquese.

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