Abraham González Díaz
Expediente 434/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 434/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 16/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Síndico Procurador Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo
- Abraham González Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
En dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta al Juez, con un oficio y anexo, registrado bajo el folio 15014, dentro del juicio de amparo indirecto 434/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. 1. Se recibe oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, sobrecarta el diverso 12024, firmado electrónicamente por el apoderado del Ayuntamiento Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo. 2. Sin mayor acuerdo. En atención a lo anterior, intégrese a los autos el oficio de referencia, únicamente para que obre como corresponda, virtud a que por auto ocho de agosto de este año, se recibió diversa misiva con similar contenido, y se acordó lo conducente, aunado a que el presente asunto ya se encuentra concluido. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Nubia Miranda Ramírez, quien da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las doce horas con veinticuatro minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintidós, la Licenciada Albina Alvarado Santos, secretaria encargada del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3388/2022, de once de julio de dos mil veintidós, para actuar en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistida de la secretaria Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 434/2022, en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Y, relaciona como principales constancias del expediente: La demanda; y, Informes justificados, Acto seguido, la Secretaria Encargada del Despacho declara abierto el periodo probatorio y la secretaria da cuenta con la prueba documental que la parte quejosa anexó a su libelo constitucional. A lo que la Secretaria Encargada del Despacho: Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de la prueba que, en su oportunidad, fue admitida y desahogada conforme a su naturaleza. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, presentó sus alegaciones. A lo anterior la Secretaria Encargada del Despacho: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por realizada la anterior constancia. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictar la siguiente: S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 434/2022, promovido por Abraham González Díaz, contra actos del Síndico Procurador Municipal, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el trece de julio de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad y turnado el catorce de julio siguiente al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, Abraham González Díaz, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de la autoridad que hizo consistir en: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: a) C. Síndico Procurador Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán. B) C. ELIGIO BARRERA QUINTANA, Jefe del Departamento de Patrimonio Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán. EJECUTORAS: a) Inspector del departamento de Patrimonio Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán; b) C. Director de Reglamento Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán; y) C. Director de Seguridad pública Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Con domicilio oficial sobre la carretera Federal Lázaro Cárdenas-La Orilla, frente a la Colonia Comisal Morelos del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y las otras dos autoridades ejecutoras, como asimismo las ordenadoras con domicilio oficial en el Palacio del H. Ayuntamiento Municipal ubicado en la esquina de la Avenida Lázaro Cárdenas, con Av. H. Escuela Naval Militar de la Colonia Centro de la Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán. IV. ACTO RECLAMADO. La orden de ejecución o inmediata de la remoción del carrito de tacos y estructura metálica o toldo de lona armable y desarmable, ubicado en la calle Pinzanes, esquina con la Avenida Melchor Ocampo del Segundo Sector del Fideicomiso de ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán. Dictada por las autoridades responsables ordenadoras, y que en 24 veinticuatro horas ejecutoras en removerla las autoridades responsables ejecutoras antes mencionadas". Derechos fundamentales transgredidos. La promovente expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado, señaló la inexistencia del tercero interesado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO EN ESTE JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. Radicación y admisión. En auto de catorce de julio de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional, ordenó radicar la demanda de amparo con el número 434/2022, admitirla a trámite, requerir los respectivos informes de ley y dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y posteriormente en auto de cinco de agosto del año en curso, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que una vez realizados los trámites de ley, tuvo verificativo en esta misma data, al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a emitir la siguiente determinación. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama un acto de autoridad, con ejecución en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, lugar donde este Órgano de Control Jurisdiccional, ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, la jurisprudencia 40/20001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Es de hacer notar, que para la fijación de los actos reclamados no se tendrán en consideración los calificativos sobre la constitucionalidad de los actos reclamados que la parte quejosa expuso. Es aplicable, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación. Volumen 18, Tercera Parte, página 159, Séptima Época, registro 239099, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto, se advierte que la parte quejosa reclama de las siguientes autoridades: Síndico del Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo; y. Jefe del Departamento de Patrimonio Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo. La orden de remoción del carrito de tacos y de la estructura metálica o toldo de lona armable o desarmable sobre el mismo, ubicado en la calle Pinzanes esquina Avenida Melchor Ocampo, colonia Segundo Sector de Fidelac, de Lázaro Cárdenas Michoacán. Inspector del departamento de Patrimonio Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo. Director de Reglamento Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo. Director de Seguridad Pública Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo. La ejecución de la mencionada orden. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Síndico Municipal, Jefa del Departamento de Reglamentos Municipales, Jefe del Departamento de Patrimonio Municipal, Inspector de Patrimonio Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, todos del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, al rendir su respectivo informe de ley negaron la existencia del acto reclamado consistente en la orden de remoción del puesto de tacos y la estructura metálica o toldo de lona armable o desarmable sobre el mismo, ubicado en la calle Pinzanes esquina Avenida Melchor Ocampo, colonia Segundo Sector de Fidelac, de Lázaro Cárdenas Michoacán, así como, su ejecución; empero, después de su negativa realizan manifestaciones de las que se desprende su existencia, de ahí que, lo procedente es tener como ciertos los actos de referencia. Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con la constancia que el quejoso adjuntó a su demanda de amparo, consistente en la notificación de ocho de julio de dos mil veintidós, emitida por el Jefe del Departamento de Patrimonio Municipal, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, la cual tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º., atendiendo a su naturaleza de documental pública. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Al tenerse por ciertos los actos reclamados, no se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que hace valer el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Órgano de Control Constitucional. CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, antes de proceder al estudio de los motivos de disenso que atañen el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia cuya materialización aleguen las partes o se aprecian actualizadas oficiosamente, ya que ello implica una cuestión de orden público, tal y como se establece en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Análisis oficioso de la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, la fracción XII, en relación con el primer párrafo de la fracción I del artículo 5° ambos de la Ley de Amparo. Este Órgano de Control Constitucional, estima que respecto del acto reclamado consistente en la orden de remoción del puesto de tacos y la estructura metálica o toldo de lona armable o desarmable sobre el mismo, ubicado en la calle Pinzanes esquina Avenida Melchor Ocampo, colonia Segundo Sector de Fidelac, de Lázaro Cárdenas Michoacán, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 en relación con el numeral 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, virtud a que la parte quejosa no acredita la afectación a sus intereses jurídicos o legítimos, esto es, no demuestra, ser titular de un derecho subjetivo o contar con un interés legítimo individual o colectivo frente al acto reclamado. El interés jurídico o legitimo constituye un presupuesto de procedencia en el juicio de garantías, por ello, es obligación del quejoso demostrar la titularidad del derecho subjetivo o contar con un interés legítimo individual o colectivo, y que éste, se vio afectado por un acto de autoridad, bien de forma directa, o bien en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, de la interpretación literal y sistemática de los artículos 5o. fracción I, 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Al respecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, determinó que, los elementos constitutivos del interés jurídico; son demostrar: La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En tanto, los elementos constitutivos del interés legítimo, son: a) Que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) Que el promovente pertenezca a esa colectividad. Tiene aplicación, la jurisprudencia 51/2019, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". De esta manera, la demostración del agravio que la parte quejosa aduzca le causa la responsable al emitir el acto reclamado, así como la legitimación para reclamarlo, conforme al artículo 107, fracción I, constitucional citado; y acorde a sus normas reglamentarias, constituye requisito de procedibilidad para el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, pues, como se ha visto, se requiere; en principio, que el acto de autoridad cause perjuicio al promovente y que éste a su vez, se encuentre legitimado para impugnarlo, de tal forma que sólo podrá analizarse el fondo del asunto, es decir, determinar si los actos son o no inconstitucionales, si se satisfacen dichos requisitos. Por consiguiente, el agravio que resienta el gobernado debe ser actual y, por ende, la afectación que se cause también debe existir al momento de intentar la acción constitucional. Sirve de sustento, la jurisprudencia 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecisiete, del Número ochenta y dos, Octubre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En el caso concreto, la parte quejosa en su demanda de amparo, aduce que el acto de autoridad afecta el interés jurídico, ya que afirma que la autoridad actuó en contravención a lo dispuesto por el numeral 14 de la Carta Magna, debido a que se le pretende privar de un derecho sin haber sido escuchada. Empero, el solicitante del amparo carece de tal interés para promover el presente juicio, debido a que no demostró en esta instancia constitucional que el acto reclamado le afecta. En efecto, se estima que no quedó acreditado el interés jurídico del quejoso para impugnar el acto reclamado, virtud a que aun cuando exhibió la notificación de ocho de julio de dos mil veintidós, emitida por el Jefe del Departamento de Patrimonio Municipal (misma que fue valorada en el considerando que antecede) de la que se desprende que la autoridad le requiere a fin de que retire en su totalidad el puesto de tacos y estructura metálica en un plazo de veinticuatro horas, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a la ejecución directa e inmediata de la remoción; empero, fue omisa en exhibir la licencia de funcionamiento que le otorga permiso para instalar el mencionado puesto de tacos y por ende, la estructura metálica de mérito en la vía pública. Luego entonces, si lo que el quejoso impugna es la determinación relativa a que retire el puesto de tacos y la estructura metálica que se encuentran en la vía pública, es inconcuso que debe justificar que cuenta con la determinación administrativa que le permite tener el mismo en la vía pública. Es de esa manera, ya que para acreditar el interés jurídico en el juicio, el quejoso debe demostrar que cuenta con una licencia o permiso correspondiente, ya que tanto el ejercicio de la acción constitucional y por ende, la tutela a la cual puede acogerse, requiere el cumplimiento de las normas respectivas, y que para los giros mercantiles exige la licencia de funcionamiento, como un elemento indispensable para demostrar la existencia de un derecho jurídicamente tutelado. No es óbice a lo anterior, el argumento del quejoso en el sentido de que el Jefe de Reglamentos Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, el ocho de septiembre de dos mil quince, le dio permiso o autorización de manera verbal, para poner el puesto de tacos de referencia; empero, tal manifestación resulta insuficiente para acreditar su interés jurídico en el presente, virtud a que la licencia debe de ser de manera escrita, no verbal. Lo anterior es así, virtud a que el numeral 45 del Reglamento para el Funcionamiento de Actividades Mercantiles, Industriales y de Servicios del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, dispone que los establecimientos comerciales, industriales y de servicios radicados dentro del Municipio de Lázaro Cárdenas, requieren la expedición de una licencia para su funcionamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 3a./J. 27/90, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación8, de rubro, texto y datos de localización siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." Esto es, el hecho de que la persona quejosa no haya exhibido ningún medio de convicción con el que demuestre que con la emisión de la notificación reclamada, en la que se le requiere que retire el puesto de tacos y el toldo, se trasgreden en su perjuicio derechos humanos, por no exhibir la licencia respectiva, se concluye que el acto del cual se duele no causa perjuicio en la esfera de sus derechos, pues, como ya se dijo, o acredita su interés jurídico; y en esas circunstancias, este Juzgado no se encuentra en condiciones de analizar el acto reclamado. Sirve apoyo a lo anterior la jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXXVIII, Tercera Parte, página 45, Sexta Época, registro 264896, de rubro y texto siguiente: "CLAUSURA DE GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS. LA LICENCIA CORRESPONDIENTE ES REQUISITO NECESARIO PARA EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Ante la falta de licencia, la orden de clausura y su ejecución, de un negocio comercial que se encuentra reglamentado y requiere de licencia que autorice su funcionamiento, no son actos que afecten intereses jurídicos del reclamante aun cuando demuestre su propiedad sobre el mismo establecimiento, ya que la clausura no debe considerarse como un acto conculcatorio del derecho de propiedad, sino del de mantener abierto al público en franco funcionamiento del giro, facultad que sólo se tiene con la licencia correspondiente, que es la que engendra la titularidad de ese derecho, y, por ende, un interés jurídico legalmente protegido". No se pasa por alto que el artículo 5º de la Ley de Amparo igualmente dispone que podrá instar la acción constitucional quien aduce tener un interés legítimo individual o colectivo. Sin embargo, en la especie la parte quejosa tampoco acredita un interés legítimo, sino solamente uno simple, pues no corrobora que se encuentre en una situación real y actual de afectación a su esfera de derechos, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En otras palabras, para que proceda el juicio de amparo es indispensable que se pruebe la existencia de un interés jurídico, esto es, un interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que de prosperar la acción se traduzca en un beneficio jurídico en favor del quejoso, lo cual en el caso no acontece, dado que, se insiste, la sola manifestación del quejoso en el sentido de que las autoridades responsables le otorgaron, de manera verbal, el permiso y autorización para instalar su carrito de tacos y un toldo de lona armable y desarmable, no basta para demostrarlo. En consecuencia, al no demostrarse que el acto reclamado, afecte la esfera jurídica de la parte quejosa, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia examinada, motivo por el cual, se decreta el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." El anterior sobreseimiento se hace extensivo a los actos reclamados a las autoridades responsables ejecutoras, por no reclamarse por vicios propios. Lo anterior de conformidad a la jurisprudencia número VI.2o. J/7, publicada en la página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Finalmente, no es el caso de atender el pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación, atendiendo al sentido de la presente sentencia; máxime que no invoca causales de improcedencia y la de sobreseimiento que se hace valer, ya fue desestimada en el considerando tercero de esta sentencia. Tiene aplicación por las razones que informa el criterio, de rubro y contenido siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 434/2022, promovido por Abraham González Díaz, contra actos del Síndico Municipal, Jefa del Departamento de Reglamentos Municipales, Jefe del Departamento de Patrimonio Municipal, Inspector de Patrimonio Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, todos del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve y firma electrónicamente la licenciada Albina Alvarado Santos, secretaria encargada del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3388/2022, de once de julio de dos mil veintidós, para actuar en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de conformidad con el artículo 3°, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo, dando fe, bajo la misma forma de suscripción la secretaria Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno.
- Principal
En ocho de agosto de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta al Juez, con un oficio, registrado bajo el folio 10518, dentro del juicio de amparo indirecto 434/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de agosto de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se recibe oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite el delegado de las autoridades responsables Jefe del Departamento e Inspector Patrimonial Municipal del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, mediante el cual, en atención a lo solicitado en autos, informa que luego de un análisis en los archivos de las autoridades responsables, se advierte que no existe constancia alguna que conforme o derive de la notificación de ocho de julio de dos mil veintidós, únicamente esa notificación. Por lo tanto, con lo anterior dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Nubia Miranda Ramírez, quien da fe.
- Principal
En cinco de agosto de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta al Juez, con un oficio, registrado bajo el folio 10499, y con el estado de autos, dentro del juicio de amparo indirecto 434/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, cinco de agosto de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que suscribe el Director de Seguridad Pública Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, carácter que se reconoce con la copia certificada de su nombramiento que adjunta a su oficio, mediante el cual, rinde su informe justificado, con el que se ordena dar vista las partes para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se le tiene señalando correo electrónico para oír y recibir notificaciones el que indica en el oficio de cuenta; lo anterior como medio de contacto con este órgano de control constitucional. 2. Estado de autos. Por otro lado, del estado de autos se advierte que, mediante oficios 13235/2022 y 13236/2022 de diecinueve de julio de dos mil veintidós, se requirió a Eligio Barrera Quintana, Jefe de Patrimonio Municipal, y al Inspector del Departamento de Patrimonio de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, a fin de que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al que fueran notificados del presente auto, remitieran copias debidamente certificadas, legibles y completas, de las constancias que conforman o derivaron de la notificación de ocho de julio de dos mil veintidós, dictado por esa autoridad. Sin que a la fecha hayan dado cumplimiento con lo solicitado. En consecuencia, requiéraseles de nueva cuenta, a las referidas autoridades responsables, a efecto de que dentro del término de veinticuatro horas, remitan la información que les fue solicitada por oficios 13235/2022 y 13236/2022 de diecinueve de julio de dos mil veintidós. Asimismo, infórmeseles que subsiste el apercibimiento decretado en autos. 3. Se difiere audiencia constitucional. Por lo tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional prevista en autos y en su lugar se fijan LAS DOCE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Nubia Miranda Ramírez, quien da fe.
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