AdàN ChàVez Mendoza
Expediente 466/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 466/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- AdàN ChàVez Mendoza
Actuaciones
- Principal
En Uruapan, Michoacán de Ocampo, siendo las nueve horas con cuarenta y seis minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintidós,José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria Nubia Miranda Ramírez, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 466/2022, en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado sus labores acorde al citado Acuerdo General 16/2022. Posteriormente, da cuenta al juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: Demanda de amparo; Informe justificado; El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias que antecede para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta al Juez con las documentales de la parte quejosa y la autoridad responsable. El Juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las referidas documentales en razón de su naturaleza. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que el agente del Ministerio Público adscrito no formuló pedimento ministerial, mientras que las partes fueron omisas en emitir alegatos. A lo anterior el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a las partes por precluido su derecho de formular alegatos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictado de la resolución correspondiente, lo que se hace a continuación. SENTENCIA Visto, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 466/2022, promovido por Damián Medina Churape y Adán Chávez Mendoza, contra actos del Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Damián Medina Churape y Adán Chávez Mendoza, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto de la autoridad que a continuación se describe: AUTORIDAD RESPONSABLE. Se señaló como autoridad responsable la siguiente: Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo. ACTO RECLAMADO: " La omisión y negativa de no dar contestación por escrito al oficio que los suscritos presentamos el día 18 del mes de noviembre del año 2021, en las oficinas de atención ciudadana del gobierno del estado de Michoacán, (escrito que exhibimos como prueba), al presente escrito." Los promoventes expusieron que se violaron sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 2, 8, 17 y 20 inciso a), fracción I, inciso c), fracciones II, VI y VII y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narraron los antecedentes del acto reclamado; y expresaron los conceptos de violación que estimaron pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. El veintiocho de julio de dos mil veintidós, se turnó la demanda de que se trata a este órgano de control constitucional, y en proveído de esa misma data, se registró con número de expediente 466/2022; se admitió a trámite, se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, se dio la intervención que compete al Fiscal de la adscripción; y, señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclaman actos omisivos a una autoridad dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia: La omisión de dar contestación al escrito presentado ante la responsable, el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual solicitan la reinstalación de Alfonso Sanabria Vargas, Oficial del Registro Civil, de Nuevo Zirosto, municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, dado que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se reclama. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". El precepto transcrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se probare su existencia. Así, la prueba de la inexistencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de su existencia conduce al sobreseimiento. Ello, porque la determinación de la existencia de los actos atribuidos a la autoridad responsable atañe a cuestiones fácticas; esto es, a la comprobación en autos, con cualquiera de los medios legales, de la realización de esos actos por tal autoridad, o sea, si han efectuado un hecho voluntario, positivo o negativo, consistente en una decisión, ejecución u omisión concretos y no probables o eventuales. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Cobra puntual aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la aludida Segunda Sala, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Así como, en la jurisprudencia 1a./J. 36/98 de la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Por otra parte, el artículo 8o. de la Carta Magna, que establece lo siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De lo anterior, se deduce que toda persona tiene la facultad de acudir ante cualquier autoridad, a formular una solicitud o instancia escrita de diversa índole, la cual adopta, específicamente, el carácter de simple petición administrativa; de manera que el Estado y las autoridades (funcionarios y empleados), en razón a la relación jurídica consignada en el numeral citado, tienen como obligación de dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado eleve. Dicho acuerdo no es sino la respuesta que emite el órgano estatal sobre la petición formulada, sin que ello implique que necesariamente deba resolver de conformidad con los términos de la solicitud, sino basta con que sea congruente con dicha instancia. Por lo tanto, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto, al dictar un acuerdo expresando por escrito, una respuesta respecto de la solicitud que se le haya elevado, independientemente del sentido y términos en que esté concebido, y además, que lo haga del conocimiento del solicitante; pero no solamente debe pronunciar dicho acuerdo y notificar su contenido, sino que la respuesta debe ser congruente con lo solicitado. Ciertamente, de la redacción del referido numeral 8o. de la Constitución Federal, se desprende que para dar debido cumplimiento a lo preceptuado en el mismo debe reunirse los siguientes requisitos formales: a) A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. b) Que la respuesta sea congruente con la petición planteada. c) Hacerlo conocer en breve término al peticionario. En relación con el último punto, debe destacarse que si bien, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; no obstante, para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 98/2004 de la Segunda Sala, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse". En el asunto, el Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, por conducto del Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador de la entidad, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado. Ello virtud a que, informó que mediante escrito de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dio contestación a la petición presentada por la parte quejosa el dieciocho del mismo mes y año, en el cual hizo de su conocimiento que el Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, para el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo tendrá dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada, y que el Registro Civil depende administrativamente de la Secretaría de Gobierno, por lo que cualquier petición debe ser dirigida a la citada secretaría. Asimismo, refirió que no le fue posible notificar la referida contestación a la parte quejosa, debido a que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. Lo que se corrobora con las documentales anexas al escrito inicial de demanda e informe justificado, mismas que por su naturaleza tienen pleno valor probatorio en los términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2° de la Ley de Amparo. De lo anterior se observa que resulta inexistente la omisión reclamada por la parte quejosa, en virtud que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintiocho de julio de dos mil veintidós), la autoridad responsable ya había dado respuesta a la petición (veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. No se soslaya que no obra constancia de notificación a los interesados, pues dicha obligación sólo se actualiza cuando éstos hayan señalado un domicilio o medio de contacto para ese fin, pues de lo contrario, la autoridad que emite la respuesta a la petición no está obligada a notificarla, ni a investigar el domicilio del interesado; por tanto, si, como se indicó, la respuesta se emitió el veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno, y la demanda se presentó el veintiocho de julio de dos mil veintidós, es evidente que la omisión reclamada no existía a la fecha de presentación de la demanda. De lo anterior, resulta evidente que la omisión reclamada a la autoridad responsable era inexistente al momento en que presentó su demanda; por lo que no es posible estudiar la legalidad o constitucionalidad de un acto u omisión que jurídicamente no existía al momento en que se dolió de él; y tampoco desvirtuó las manifestaciones de inexistencia vertidas por la responsable. Por ende, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano de control constitucional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 335, Séptima Época, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por Damián Medina Churape y Adán Chávez Mendoza, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando tercero. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese
- Principal
En veinticinco de agosto de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: Que en el correo institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, se recibió un oficio y anexo, el cual quedó registrado bajo el folio 11298. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha con la certificación que antecede y con el diverso oficio recibido en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y registrado bajo el folio 11280 se da cuenta a la secretaria encargada del despacho. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: INFORME JUSTIFICADO. Agréguense a los autos, los oficios signados por el Director y Subdirector de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, en representación del Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo; en atención a su contenido y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se les tiene rindiendo su respectivo INFORME JUSTIFICADO, con los que se ordena dar vista a las partes, para el efecto legal conducente. DELEGADOS. Asimismo, como lo solicitan, en términos del artículo 9 del referido ordenamiento, se les tiene designando como delegados a los profesionistas que refieren. DIFERIMIENTO. Para dar margen a que las partes se impongan del contenido del informe justificado, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS, DEL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese.
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