Abraham Huitrón López
Expediente 279/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 279/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 27/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Abraham Huitrón López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
En veintisiete de julio de dos mil veintidós, el secretario certifica: que el plazo de diez días con que contaba la parte quejosa para recurrir la sentencia de ocho de julio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio, transcurrió del trece al veintiséis de julio del año en curso, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiere hecho, toda vez que fue notificada en once del mismo mes y anualidad. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe.********************Con lo anterior, y con el estado que guardan los autos, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de julio de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente:********************1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se advierte que no fue impugnada la resolución de ocho de julio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el juicio de amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 81 fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. ********************2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como que las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. ********************2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.********************2.2. Incidente de suspensión. Asimismo, acorde con el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. ********************2.3 Una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, así como el original del incidente de suspensión, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, del mencionado acuerdo. ********************2.4. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del Acuerdo General, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. ********************3. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes.********************4. Devolución de constancias. Toda vez que resulta innecesaria la permanencia de los dos tomos de pruebas que envió como justificante de sus informes el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Judicial Uruapan, Michoacán de Ocampo, devuélvanse los referidos tomos, para lo cual se comisiona al actuario de la adscripción.********************Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las doce horas con cincuenta y nueve minutos del ocho de julio de dos mil veintidós, el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria Nubia Miranda Ramírez, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 279/2022, en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Y, relaciona como principales constancias del expediente: ? La demanda; ? Informes justificados; y, ? Emplazamiento de la tercera interesada. Al respecto, el Juez acuerda; téngase por hecha la relación de las constancias que anteceden. Acto seguido, el Juez, declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las documentales que exhibieron la parte quejosa y la autoridad responsable. A lo que el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; a lo que el Juez acuerda: ténganse por asentada la constancia anterior y por precluido tal derecho para las partes restantes, con lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 279/2022, promovido por Abraham Huitrón López, contra actos del Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Judicial Uruapan, Michoacán y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante demanda presentada el doce de mayo de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, Abraham Huitrón López, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de la autoridad que hizo consistir en: "AUTORIDADES RESPONSABLES.- ORDENADORAS: 1.- EL JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL CON DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE Av. Benito Juárez #105 Col VERGEL. 2.- JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL CON DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE Av. Benito Juárez #105 Col VERGEL. 3.-EL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL CON DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE América # 108 Col Morelos. 4.- EL JUEZ PRIMERO MENOR EN MATERIA PENAL CON DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE Américas #108 col Morelos. 5.- EL JUEZ SEGUNDO MENOR EN MATERIA PENAL CON DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE Américas #108 col Morelos. TODOS CON SEDE EN ESTA CIUDAD DE URUAPAN, MICHOACAN. AUTORIDADES EJECUTORAS.- 6.- Al DIRECTOR DE LA POLICIA MICHOACAN, con domicilio en la calle LIMON SIN NUMERO DE LA COLONIA JARDINES DE SAN RAFAEL DE ESTA CIUDAD DE URUAPAN, MICHOACAN, 7.- JUEZ DE EJECUCION DE SANCIONES con residencia en las instalaciones del CERESO en la calle Leona Vicario sin número de la colonia San Rafael de esta ciudad de Uruapan, Michoacán. ACTO RECLAMADO: LA ORDEN DE DESALOJO DE MI PROPIEDAD." El quejoso expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO EN ESTE JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. El doce de mayo de dos mil veintidós, se turnó la referida demanda a este órgano de control constitucional, por lo que en proveído de esa propia fecha, se radicó con el número 279/2022, se admitió a trámite, se solicitó el informe de ley, se ordenó dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El dieciséis de junio de dos mil veintidós, se admitió la ampliación de demanda única y exclusivamente en cuanto a los conceptos de violación formulados por el quejoso, por lo que es solicitó el informe a la autoridad responsable; y una vez realizados los trámites de ley, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a emitir la siguiente determinación. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama un acto con ejecución en esta ciudad, donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: De los Jueces Primero, Segundo y Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad; Jueces Primero y Segundo Menores en Materia Penal, Juez de Ejecución de Sanciones Penales y Encargado de Despacho de la Comisaría Región Uruapan de la Policía Michoacán, todos con residencia en esta ciudad, todos con residencia en esta ciudad. La orden del desalojo del inmueble ubicado en la calle Prolongación Carlos Salazar número 37, anteriormente lote "1" manzana M, colonia Plan de Ayala de esta ciudad. TERCERO. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Respecto de las autoridades responsables Jueces Primero, Segundo y Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad; Jueces Primero y Segundo Menores en Materia Penal, y Encargado de Despacho de la Comisaría Región Uruapan de la Policía Michoacán, todos con residencia en esta ciudad, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo en relación con el acto reclamado a las referidas autoridades, dado que no se acreditó su existencia. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El precepto trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se pruebe su existencia. Así pues, la prueba de la inexistencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por el quejoso, conduce al sobreseimiento. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables en referencia negaron la emisión de la orden de desposesión y su ejecución respecto del inmueble que aduce de su propiedad. Ahora, tomando en cuenta el contenido negativo de los informes relacionados, correspondía al quejoso acreditar la existencia de los actos reclamados, sin que en el caso lo hubiere hecho. En efecto, del estudio de las constancias que obran en el sumario, se advierte que el promovente del amparo no rindió prueba suficiente tendente a demostrar la existencia del acto reclamado y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por la autoridad responsable, no obstante el conocimiento oportuno que tuvo de aquél. Por ello, si la autoridad responsable niega el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, porque los actos negativos no están sujetos a prueba; además de que cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, lo que en la especie no ocurrió. Y, del análisis de las constancias allegadas a esta instancia constitucional y que integran el presente juicio de amparo no se advierte que dentro del procedimiento de ejecución de origen, hubieran tenido intervención las citadas autoridades. En ese orden de ideas, si las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado, y por su parte, las pruebas ofrecidas por el quejoso no son suficientes para desvirtuar la negativa informada por éstas, se concluye que en la presente instancia constitucional no se acreditó la existencia de los actos reclamados a dichas autoridades, pues estas negaron su existencia, sin que la parte quejosa hubiera desvirtuado tal negativa. No es óbice que el Encargado de Despacho de la Comisaría Región Uruapan de la Policía Michoacán, todos con residencia en esta ciudad, tenga el carácter de autoridad ejecutora, no obstante de la constancias de autos no se advierte que dicha autoridad hubiera tenido intervención en la ejecución del acto reclamado. En consecuencia, se sobresee en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página seiscientos veintisiete, del tomo IV, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 755, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." También, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 748, del tomo XC, de la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado". CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo, al rendir su informe de ley, negó la existencia del acto reclamado, pero de su lectura, advierte que realizó manifestaciones que evidencian su existencia, al referir que por diligencia de veintiocho de abril de este año, restituyó a la ofendida en la causa penal de origen, del inmueble ubicado en la calle Carlos Salazar número treinta y siete, por lo que debe desvirtuarse dicha negativa y tenerse como cierto, el acto reclamado. Tiene aplicación, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto y rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Además, su certeza se corrobora, con las constancias que dicha autoridad adjuntó a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de la causa penal 8/2018 y el expediente de ejecución POSI 24/2019, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, atendiendo a su naturaleza de documental pública. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal , de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, antes de proceder al estudio de los motivos de disenso que atañen el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia cuya materialización aleguen las partes o se aprecian actualizadas oficiosamente, ya que ello implica una cuestión de orden público, tal y como se establece en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No obstante la existencia del acto reclamado, en los términos que se precisan en el considerando anterior, no será sometido a análisis constitucional, en razón que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, en términos de lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. A fin de dar claridad al problema planteado, resulta necesario hacer una narración de antecedentes del acto reclamado, los cuales de desprenden de las constancias que remitió la autoridad responsable: 1. El cinco de marzo de dos mil diecinueve, el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de esta ciudad, recibió copia certificada de fallo emitido en la causa penal 8/2018, seguida contra Bernardino Boteyo Boteyo, por el delito de despojo de inmueble en agravio de Sidronia Botello Ortega, del índice del Juzgado Primero Menor Mixto de este distrito judicial; por lo que en la propia fecha se requirió al sentenciado a fin que diera cumplimiento a las sanciones impuestas siguientes: ? 10 meses de prisión. ? Multa de diez mil doscientos cuarenta y dos pesos. ? Pago de la reparación del daño de forma genérica y la restitución del inmueble ubicado en calle Carlos Salazar número 37, actualmente Privada de Carlos Salazar número 37 letra "A", colonia Plan de Ayala, en esta ciudad. ? Se le concedió el benefició de la conmutación de la pena de prisión por multa de dos mil pesos. ? Se ordenó la suspensión de sus derechos políticos. 2. El veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, el sentenciado compareció a manifestar su conformidad con la restitución del inmueble, por lo que se señaló fecha y hora para la diligencia de entrega del inmueble, para las once horas del ocho de mayo de dos mil diecinueve, sin que se hubiera llevado a cabo dicha diligencia, a virtud que no se encontró localizable el inmueble en referencia; por lo que se realizaron las gestiones correspondientes para su identificación, entre ellas, lo que se desprende del oficio suscrito por Secretario de Desarrollo Urbano, por el que informó que el predio denominado como calle Salazar número treinta y siete, Privada Carlos Salazar número treinta y siete letra A, Prolongación Carlos Salazar número treinta y siete, son el mismo; y que anteriormente se denominaba lote 2, Manzana M, todos de la colonia Plan de Ayala, de esta ciudad. 3. El ocho de junio de dos mil veintiuno, se ordenó requerir al sentenciado el cumplimiento de la condena, pero al momento de su notificación el Actuario de su adscripción fue informado que había fallecido el veintitrés de octubre de dos mil veinte, lo cual se constató con la documental correspondiente. 4. El veintidós de febrero de dos mil dos, el Juez responsable decretó el sobreseimiento por muerte del sentenciado y ordenó la restitución forzosa del inmueble materia de la causa penal de origen. 5. El veintiocho de abril de do mil veintidós, se llevó a cabo la referida diligencia. Lo anterior constituye la materia de reclamo en esta instancia constitucional. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción Xll, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados no afectan el interés jurídico de la parte quejosa. Al respecto, conviene destacar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 5o., fracción I, de la Ley de Amparo establecen que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter el quejoso, quien aduce ser titular de un derecho; y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el concepto de "interés jurídico" tiene un amplio abanico de pronunciamientos, por los cuales es posible entender que, detrás de él, hay referencia a la existencia de derechos objetivos que, conforme han sido reconocidos en el marco constitucional, otorgan a los individuos un interés jurídico de acuerdo a la posición particular que mantengan en relación con las normas del ordenamiento jurídico; cuestión que, atendiendo a la situación particular del quejoso, puede otorgar facultad para acudir al amparo. Por tanto, para verificar la procedencia del juicio resulta insuficiente advertir la presencia de un derecho subjetivo, ya que también es necesario constatar si existe algún derecho objetivo que otorgue interés para acudir a tal juicio; en ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto sobre el inmueble de su propiedad , porque la afectación a su esfera jurídica se produce al existir la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad o posesión e inviolabilidad del domicilio injustificadamente. Lo anterior, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble o poseedora y tener su domicilio en éste. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/2002 , sostuvo que del artículo 14 de la Constitución no se desprenden datos o elementos que sirvan para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo; esto es, si se trata de aquélla que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, además, concluyó que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común, esto es, la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas. Por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio de origen, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Por ende, para acreditar el interés jurídico es necesario que el solicitante del amparo demuestre los siguientes supuestos: a) La causa generadora de la posesión, contenida en un documento de fecha cierta; b) La detentación material del bien; y, c) La identidad entre el bien objeto del juicio de origen, y del que el quejoso asegura tener la posesión. Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido el criterio jurídico consistente en que un documento privado tiene fecha cierta, a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un registro público, o bien, desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de oficio y, finalmente, a partir de la muerte de cualesquiera de los firmantes. En el caso, el quejoso no logró demostrar la totalidad de esos requisitos, derivado de lo siguiente. De la demanda de amparo se advierte que el quejoso acude al amparo indirecto ostentándose como tercero extraño a juicio stricto sensu, ya que aduce ser poseedor y propietario del inmueble ubicado en calle Prolongación Salazar número treinta y siete, anteriormente lote "1", manzana "M", de la colonia Plan de Ayala, de esta ciudad, el que refiere, ahora se identifica en los planos de urbanismo correspondientes como lotes 23 y 24, de la manzana 5 de dicha colonia. Ahora, para acreditar el derecho que defiende en esta instancia constitucional adjuntó lo siguiente: 1. Copia cotejada de la constancia de hechos y solicitud de regularización de la tenencia de la tierra, de cuatro de febrero de mil novecientos noventa y uno; de la que se desprende que el quejoso manifestó ante el Delegado de la Residencia de la Secretaría de Urbanismo del Estado de Michoacán de Ocampo, que desde mil novecientos ochenta posee el LOTE NÚMERO UNO, DE LA MANZANA M, DE LA COLONIA PLAN DE AYALA. 2. Oficio de quince de junio de dos mil veintidós, relativa a la contestación de solicitud para la ubicación, medidas y colindancias del predio lote 2, manzana M. 3. Copias certificadas del plano de lotificación y vialidad del fraccionamiento habitacional tipo interés social de urbanización progresiva Plan de Ayala, de esta ciudad. 4. Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, en favor del quejoso. Documentales que tienen valor probatorio en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo, no obstante, son ineficaces para demostrar los extremos pretendidos por el quejoso. Es así, porque de ellas no se advierte que se hubiera reconocido en favor del quejoso la propiedad del lote número 2, manzana M, de la Colonia Plan de Ayala, de esta ciudad; pues el documento con el pretende acreditar la propiedad, únicamente refiere que manifestó ante la autoridad correspondiente, que es poseedor del LOTE NÚMERO UNO, DE LA MANZANA M, DE LA COLONIA PLAN DE AYALA, el cual, según informes de la autoridad municipal del ramo, informó que corresponde al que ahora se denomina como calle Salazar número treinta y siete, Privada Carlos Salazar número treinta y siete letra A, Prolongación Carlos Salazar número treinta y siete, indistintamente. De lo anterior, se advierte que el inmueble que la autoridad responsable adujó fue materia de la diligencia de desposesión y que consta en las constancias remitidas en apoyo a su informe justificado, difiere de aquel cuya posesión ostenta el quejoso; ello sin prejuzgar sobre la idoneidad de los documentos exhibidos para acreditar la causa generadora de la posesión, lo cual resulta intrascendente ante la falta de identidad de ambos inmuebles. No pasa inadvertido que, en su escrito de ampliación de demanda, el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el inmueble que defiende se identifica con los predios 23 y 24 de la manzana 5, de los planos de urbanismo que exhibió relativos a la Colonia 28 de Octubre, de esta ciudad; no obstante, no existe algún medio de convicción del que se advierta que éstos correspondan a los que detenta su posesión y a los afectados en el expediente de ejecución penal de origen. Por lo que para acreditar su identidad plena era necesario desahogar prueba pericial, en la que se precisara si la ubicación, las medidas y colindancias del predio defendido por el peticionario y aquel inmueble materia de entrega y desocupación en el expediente de origen son el mismo; así como si los lotes que refiere como número 23 y 24, manzana 5, corresponden al que ampara la constancia de hechos que exhibió. Es así, porque con esa probanza podía identificarse plenamente el predio y su localización topográfica y demostrar que, efectivamente, el bien que defiende corresponde al que fue materia de la diligencia reclamada. En cambio, las documentales ofertadas por el quejoso, no identifican plenamente que el bien inmueble materia del expediente de ejecución penal subyacente se trate precisamente del mismo o que en él, se encuentre comprendido el que el quejoso defiende en esta instancia. De modo que, a efecto que el peticionario pudiera acreditar que el bien cuya propiedad alega se trata exactamente del que fue materia del referido expediente, era necesario que ofreciera y se desahogara la pericial para demostrar la identidad y, por ende, determinar cuál es la ubicación, superficie real y colindancias; al no haberlo hecho así, no probó que lo determinado en ese expediente le afecte el derecho subjetivo aducido. Cobra puntual aplicación, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado." Así como, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito , del siguiente tenor: "IDENTIDAD DE INMUEBLES. LA PERICIAL ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA LA.- La prueba idónea para acreditar el elemento identidad de un bien inmueble, en un juicio reivindicatorio, es la pericial, en materia de Ingeniería Topográfica, a fin de que se determine si el predio controvertido se encuentra dentro de la superficie manifestada por la contraparte y así poder precisar cuál es esa área". De ahí que si el quejoso, como tercero extraño en el juicio natural, no demuestra la identidad de los predios en mención; esto es, respecto del inmueble que dice es de su propiedad y posesión con el que es materia del expediente de ejecución de origen, por lo que, es evidente que no puede afirmarse que dicho acto le cause perjuicio y, por ende, cabe concluir que el mismo no afecta su interés jurídico. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia número VI.3o. J/2, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , que dispone: "POSESIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL BIEN RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMA LA PRIVACIÓN.- Si el quejoso como tercero extraño en el juicio natural, no demuestra la identidad del inmueble materia del juicio de usucapión de donde deriva el acto reclamado, con la del inmueble cuya posesión ostenta, es evidente que no puede afirmarse que dicho acto le cause perjuicio y, por ende, cabe concluir que el mismo no afecta su interés jurídico, razón por la que resulta literalmente aplicable la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo lo cual conduce al sobreseimiento del juicio de garantías". También, la jurisprudencia número VI. 2o. J/340, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que textualmente señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA LA DESPOSESIÓN DE UN PREDIO DEBE ACREDITARSE SU IDENTIDAD, PARA QUE SE DEMUESTRE EL.- El artículo 4 de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, causen un perjuicio al quejoso; por lo que si en autos no está demostrada la identidad entre el predio a que se refiere la quejosa cuya propiedad y posesión dice ostentar con el que se va a ejecutar la orden desposesoria reclamada, surge en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, la que se refiere a la titularidad que a la quejosa corresponde en relación con los derechos o posesiones que alega les son conculcadas por la autoridad responsable". Máxime, que es al quejoso a quien correspondía la carga de probar que, efectivamente, el predio motivo de esta litis constitucional fue afectado con la determinación de la autoridad responsable, ya que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, circunstancia que en el presente asunto no sucede. Sin que sea obstáculo que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, lo haya hecho "bajo protesta de decir verdad", pues esta afirmación, por sí sola, no acredita el interés jurídico que tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés; lo que como se ha visto, no ocurre en el presente caso. Resulta aplicable, la jurisprudencia emitida por la Otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACION DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés. En las referidas condiciones, al actualizarse al causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento. Se precisa que dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio, este órgano de control constitucional se encuentra impedido para examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que los mismos constituyen el problema de fondo. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Abraham Huitrón López, contra actos de las autoridades responsables precisados en la consideración segunda, por las razones expuestas en el considerando tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese.
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En veintiocho de junio de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con un oficio y anexo, registrado bajo el folio 8885. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de junio de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente:********************Se recibe el oficio y anexo que remite el Juez de Ejecución de Sanciones Penales Región Judicial Uruapan, Michoacán de Ocampo; en su atención, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, téngasele rindiendo informe justificado a la ampliación de demanda, con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente.********************Asimismo, fórmese un segundo tomo de pruebas por separado, con la copia autentificada del expediente de ejecución ********************, que acompaña a su informe de cuenta.********************Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación
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En dieciséis de junio de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con un escrito, registrado bajo el folio 8264. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de junio de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente:********************Se recibe escrito. Incorpórese al sumario el escrito de ********************, mediante el cual, en atención a la vista que se le dio en proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, comparece a ampliar la demanda en sus conceptos de violación, respecto del informe justificado que rindió el Juez de Ejecución de Sanciones Penales Región Judicial Uruapan, Michoacán de Ocampo. ********************1.1. Desechamiento. Se desecha la ampliación de mérito por lo que respecta a las autoridades responsables y los actos señalados en el escrito de cuenta, toda vez que los mismos ya se encuentran reconocidos como tales y emplazados al presente juicio, asimismo, rindieron sus respectivos informes justificados en atención a los actos reclamados que se precisaron en el escrito inicial de demanda. ********************1.2. Ampliación de demanda. Con fundamento en los artículos 111 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de la demanda en cuanto a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa.********************1.3. Audiencia constitucional. Hágase saber a las partes, que se encuentran señaladas las doce horas con cincuenta y nueve minutos del ocho de julio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional.********************1.4. Informe justificado. Pídase informe justificado al Juez de Ejecución de Sanciones Penales Región Judicial Uruapan, Michoacán de Ocampo, quien deberá:********************1.4.1. Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional; y, a fin de que la supracitada autoridad responsable se encuentre en condiciones de dar cumplimiento a lo anterior, remítasele copia del escrito de ampliación de demanda.********************Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas unidades de medida y actualización, equivalente a ********************, en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo.********************Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 66/2019 (10a), Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, registro digital 2019915, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes:********************"INFORME JUSTIFICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SE DEBE SOLICITAR CUANDO EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA SE FORMULAN NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. De acuerdo con los artículos 111 y 117 de la Ley de Amparo, el quejoso puede ampliar su demanda para formular nuevos conceptos de violación respecto del acto reclamado en la demanda inicial, siempre que no haya fenecido el plazo para presentarla, caso en el cual, se debe solicitar a las autoridades responsables su informe con justificación, a efecto de que estén en posibilidad de expresar las razones y ofrecer las pruebas que estimen conducentes para desvirtuar los argumentos enderezados a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de su actuación, en la inteligencia de que la omisión de rendir el informe relativo únicamente conllevará imponer la multa prevista en la fracción II del artículo 260 del citado ordenamiento legal, habida cuenta que la existencia del acto reclamado se presumirá sólo si omiten rendir el informe correspondiente a la demanda inicial.".********************1.5. Pruebas. En relación a las pruebas que ofrece la parte quejosa en su escrito de ampliación, se provee lo siguiente:********************I. Se desecha la prueba testimonial, en virtud a que fue omiso en adjuntar el interrogatorio al tenor del cual debía examinarse a los testigos, de igual manera omitió proporcionar el nombre de dichos atestes, así como sus domicilios en caso de que no pudiera presentarlos; por lo tanto, al no ofrecerse en términos de lo dispuesto por el párrafo quinto del artículo 119 de la Ley de Amparo, se desecha la prueba testimonial ofrecida.********************II. No ha lugar a admitir la prueba confesional, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo antes invocado, dicha prueba no es admisible en el juicio de amparo. ********************III. Se admiten las pruebas documentales ofertadas, las cuales se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza jurídica.********************Notifíquese personalmente; y, publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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