Abelardo Güido Roa
Expediente 254/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 254/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 31/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Abelardo Güido Roa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Juicio de amparo 254/2020 1 ??????????????? SENTENCIA VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 254/2020, promovido por Abelardo Güido Roa, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Morelia, Abelardo Güido Roa, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, y de otras autoridades. Actos que consideró violatorios de los artículos 5º, 8º y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo indirecto. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, por lo que previo cumplimiento a la prevención formulada en proveído de diez de marzo de dos mil veinte, en auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte se admitió a trámite, se registró bajo el número de expediente 254/2020, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 2 dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita1 la intervención legal que le compete. Sin embargo, el procedimiento se suspendió del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, por diversos acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, derivado de la contingencia por el virus COVID-19. Tercero. Reanudación de términos y plazos legales. En auto de diecinueve de agosto de dos mil veinte, se levantó la suspensión del procedimiento, con base en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Finalmente, seguido el juicio por sus trámites tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 de 1 A quien se notificó personalmente la admisión de la demanda el tres de agosto de dos mil veinte. Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 Juicio de amparo 254/2020 3 ??????????????? la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 y modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que se reclama el primer acto de aplicación de una norma de carácter estatal dentro de la demarcación territorial en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 4 Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/20002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/20043, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. 2 Consultable en la página 32, tomo XI, abril de 2000, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 3 Tesis: P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255. Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 Juicio de amparo 254/2020 5 ??????????????? Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda, se advierte que Abelardo Güido Roa, por su propio derecho, reclama: a) Del Congreso del Estado de Michoacán, del Gobernador del Estado, y del Secretario de Gobierno, en el ámbito de sus respectivas facultades, la aprobación, promulgación, expedición y publicación del Decreto 240, por el que se expide la Ley de Profesiones del Estado de Michoacán, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de enero de dos mil veinte; y, b) Del Secretario de Educación en el Estado de Michoacán, y del Director de Profesiones del Estado, la negativa verbal a renovar la autorización de práctico número 009 expedida a favor del quejoso como perito en criminalística, como primer acto de aplicación de la ley que tilda de inconstitucional. Tercera. Inexistencia. Las autoridades responsables Secretario de Educación en el Estado de Michoacán y Director de Profesiones del Estado, negaron la existencia del acto que se les atribuye, consistente en la negativa verbal a renovar la autorización de práctico número 009 expedida a favor del quejoso, como primer acto de Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 6 aplicación de la ley reclamada, con lo cual se dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido. No obstante lo anterior, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables en cita, aun cuando se le dio vista con el informe justificado, a pesar de que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 Juicio de amparo 254/2020 7 ??????????????? que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En efecto, no obstante que en el caso se atribuye a las autoridades responsables la negativa verbal de renovar la autorización de práctico del quejoso, y que de acuerdo a la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS. Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última. Lo que no acontece en la especie, pues el quejoso únicamente acompañó a su demanda un escrito de solicitud con diversos anexos consistentes en copia simple de tres constancias que le fueron expedidas por asistir a un curso, Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 8 una conferencia y un seminario, los cuales aduce que pretendió presentar ante la autoridad responsable Dirección de Profesiones del Estado, quien se negó a recibirlos, sin que al efecto hubiere ofrecido prueba alguna tendiente a acreditar lo anterior, como en el caso podría ser un acta destacada de hechos ante Fedatario Público o una prueba testimonial que corroborara lo antedicho en el sentido de que intentó presentar ante las responsables la documentación de que se trata y estas se negaron a recibirla; asimismo, que en forma verbal le negaron la renovación de la autorización de práctico, en atención a lo que dispone el precepto reclamado. Como sustento del último argumento se cita la tesis CXLI/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, registro 197269 del epígrafe y contenido siguientes: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular - el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 Juicio de amparo 254/2020 9 ??????????????? De modo que, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades señaladas en esta consideración, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta al acto atribuido a las autoridades de que se trata. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarta. Certeza de los actos. El Congreso del Estado de Michoacán4, y el Gobernador Constitucional del Estado5, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman. Por su parte, el Secretario de Gobierno refirió que no son ciertos los actos reclamados; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa pues del decreto impugnado se desprende que la Secretaría de Gobierno es la responsable de su publicación y de igual forma, su firma aparece al final del citado documento. 4 Por medio de la Presidenta de la Mesa Directiva. 5 A través del Subdirector de Asuntos Constitucionales y Amparos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado. Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 10 Certeza que se corrobora con la publicación en el Diario Oficial del Estado, del aludido decreto que contiene Ley de Profesiones del Estado de Michoacán de Ocampo, del que se advierte la participación de las autoridades responsables en la emisión de los actos reclamados, lo cual constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; máxime que la ley no es objeto de prueba. Es aplicable al caso particular, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J.65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 191452, la cual es del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 Juicio de amparo 254/2020 11 ??????????????? Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo 65, Volumen 65, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 233090: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." También resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Quinta. Análisis de causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 12 la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, en el caso no se realizará un análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, respecto de los actos reclamados en estudio, en razón de que se actualiza una causa de improcedencia. En efecto, respecto de los actos consistentes en la discusión y aprobación del decreto 240 por el que se expidió la Ley de Profesiones del Estado de Michoacán, el veinte de enero de dos mil veinte este juzgador, -de oficio- advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el quejoso no acreditó un acto de aplicación de la ley reclamada. A efecto de explicar la premisa planteada, conviene traer a glosa el contenido de los preceptos que contienen el motivo de inejercitabilidad: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 Juicio de amparo 254/2020 13 ??????????????? [.]" La porción normativa transcrita determina que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso y, contra normas de carácter general que, por su sola vigencia, no le causen afectación, sino que necesiten de un acto posterior de aplicación que lo origine. El numeral 5°, fracción I, de dicho ordenamiento legal dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" El numeral 107, fracción I, constitucional, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 14 Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Tales disposiciones revelan que el juicio de amparo es un medio de control constitucional procedente en contra de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5° de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que la solicitud del amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame, teniendo tal carácter, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre acotado a que tal agravio sea real y actual. Es oportuno destacar que, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar siempre que esas normas afectan, de manera real y actual la esfera jurídica de quien solicita la protección Federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (autoaplicativas), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (heteroaplicativas), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 55/97, visible en Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 Juicio de amparo 254/2020 15 ??????????????? la página 5, tomo VI, julio de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que al rubro y texto disponen lo siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Así, para la procedencia del juicio de amparo el promovente deberá acreditar la afectación a su interés Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 16 jurídico, o bien, a su interés legítimo, pues se trata de conceptos jurídicos diversos y su diferencia puede establecerse a partir del tipo de normas que cada uno de ellos tutelan. Dichas figuras (interés jurídico o legítimo) están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas. En el caso del interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. Sobre el tema, el Pleno Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.),6 se ha pronunciado en los términos siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin 6 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60. Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 Juicio de amparo 254/2020 17 ??????????????? que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 18 cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." El contexto anterior evidencia la existencia de elementos constitutivos, tanto del interés jurídico como del interés legítimo, los cuales son concurrentes pues la ausencia de cualquiera de ellos hace que el juicio de amparo sea improcedente. En efecto, para acreditar el interés jurídico necesariamente el promovente del juicio de amparo debe demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. A su vez, para acreditar el interés legítimo el promovente del amparo deberá demostrar: I. La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); II. Que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal; y, Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 Juicio de amparo 254/2020 19 ??????????????? III. La afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o bien que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. En esa tesitura, para lograr que un juicio de amparo sea procedente, quien lo promueva necesariamente se encuentra obligado a acreditar que es titular de un derecho subjetivo y que éste haya sido violado como consecuencia del acto reclamado, o bien la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); así como que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial grupal; y, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Bajo ese contexto, corresponde al juzgador de amparo determinar en función del caso concreto, si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizarse el interés jurídico o el legítimo, para lo cual resulta útil atender a la condición legal del sujeto frente al acto reclamado, en conjunción con las pruebas y la naturaleza jurídica tanto del acto como de la autoridad responsable. En ese sentido, el quejoso reclama la inconstitucionalidad de la Ley de Profesiones del Estado Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 20 de Michoacán con motivo de un acto concreto de aplicación, consistente en la negativa verbal por parte de las autoridades responsables, de renovarle la autorización de práctico número 009, como perito en criminalística (foja 11). Lo cual queda de manifiesto en su escrito de demanda, en el que adujo: "[.] Reclamo de las autoridades ordenadoras señaladas en el párrafo A) que antecede la promulgación, expedición, publicación y entrada en vigor del Decreto número 240 doscientos cuarenta, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, de fecha 20 veinte de Enero del año en curso, y en que se publica la Ley de Profesiones del Estado de Michoacán de Ocampo y de las ejecutoras señaladas ahora en el párrafo B), su ejecución que resulta en mi perjuicio, al negarme la renovación de la Autorización de Práctico número 009 que fuera expedida a mi favor [.]". (foja 3) En este punto cabe precisar que, mediante auto de diez de marzo de dos mil veinte se previno al quejoso para que aclarara si la norma que reclama es con motivo de su entrada en vigor o bien, en relación con su primer acto de aplicación, la fecha exacta y manera en que ello aconteció, así como el o los artículos que en específico reclama. En atención a ello, a través de su escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, el quejoso manifestó: "Mi reclamo en contra del Decreto número 240 doscientos cuarenta, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, de fecha 20 veinte de enero del año en curso, y en que se publica la Ley de Profesiones del Estado de Michoacán de Ocampo, es con motivo del primer acto de aplicación en relación a mi Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 Juicio de amparo 254/2020 21 ??????????????? persona ya que, al no contenerse en la totalidad de dicha ley la situación en que habremos de quedar los peritos que en un nivel técnico nos desempeñamos ante las diferentes instancias de autoridad, es que se me causa el perjuicio que ahora reclamo." Lo resaltado es propio. En el asunto sujeto a regularidad constitucional, el quejoso para acreditar el que denominó "primer acto de aplicación" de la ley que tilda inconstitucional, allegó un escrito fechado el diecisiete de febrero de dos mil veinte, dirigido al Director de Profesiones de la Secretaría de Educación en el Estado, al que acompañó copia simple de la autorización de práctico número 09, de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, de una constancia de asistencia a un curso de balística forense y de dos constancias de asistencia a una conferencia y a un seminario. Pese a esa circunstancia, en el caso específico no es posible tener por acreditado el primer acto de aplicación de la ley reclamada, en atención a que dicho escrito no contiene sello o firma de recibido por parte de la dependencia a la cual se encuentra dirigido, acto respecto del cual, como ya quedó establecido en la consideración tercera de la presente resolución, el quejoso no aportó al presente juicio medio de prueba alguno a efecto de constatar su dicho en el sentido de que tal ocurso no le fue recibido y de que las autoridades responsables -en forma verbal- le negaron la renovación de la autorización de práctico que refiere. Por todo lo expuesto, es evidente que el accionante de tutela constitucional, no acreditó la existencia del acto de Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 22 aplicación y, por ende, su interés jurídico para acudir al presente juicio de amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 12/98, visible a fojas 323, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Marzo de 1998, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia." Por tanto, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que se impone es sobreseer en el juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicha ley. Ante el sobreseimiento decretado, este órgano jurisdiccional está impedido para examinar los conceptos de violación relacionados con la inconstitucionalidad de la ley Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 Juicio de amparo 254/2020 23 ??????????????? reclamada, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". En ese orden de ideas, resulta innecesario el estudio de las diversas causas de improcedencia que invocaron las autoridades responsables, en razón de que no cambiaría el sentido de la presente sentencia. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 54/987, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". 7 Visible en la página 414, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 24 Finalmente, no es inadvertido que el quejoso solicita la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: [.] VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y [.]" Sin embargo, del contenido de dicho numeral y fracción se advierte que el impetrante del juicio de amparo no se encuentra en el supuesto invocado en el que la ley de la materia autoriza la suplencia, por lo que este juzgador está impedido para hacerlo. Ello, porque con el acto reclamado no se advierte que haya habido en contra del quejoso una violación evidente de la ley que lo hubiere dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo primero de la Ley de Amparo. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 Juicio de amparo 254/2020 25 ??????????????? como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Abelardo Güido Roa, por su propio derecho, por los actos, autoridades y razones contenidas en las consideraciones tercera y quinta de la presente resolución. Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 26 Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que al día de hoy se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de los informes justificados del Secretario de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo, ambos con residencia en esta ciudad, toda vez que en proveído de veintiséis de febrero actual se les dio vista con éste. En tal virtud, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las once horas con treinta minutos del veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Secretario de Educación en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Con lo anterior, hágase nueva relación de dicho informe justificado en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte promovente el acceso al expediente electrónico a través del "Nombre de Usuario" que proporciona para tal efecto registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, proporcionado para tal efecto, por lo que se ordena asociarlo al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; lo anterior, en el entendido de que ello no implica que se le realicen las notificaciones de manera electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que se señaló domicilio en esta ciudad para tal efecto. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente del estado procesal que guardan los autos, se advierte que aún no obran el informe justificado, ni el acuse de recibo del oficio por el cual se requirió al Secretario de Educación Pública del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las once horas con cuarenta minutos del nueve de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CR./CJD./015/4283/2020 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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