Abel Olivares Murguia

Expediente 855/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
855/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
04/12/2018

Partes del expediente

  • Abel Olivares Murguia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de trece de noviembre de dos mil dieciocho por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto causa estado. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, del estado de autos se advierte que mediante proveído de cinco de noviembre actual, se tuvo al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, rindiendo su informe justificado, del cual se advierte lo siguiente: ".Que no es cierto el acto reclamado, toda vez que del análisis de autos del expediente en que se actúa, se desprende que mediante proveído dictado con fecha 17 diecisiete de octubre del año en curso, este Tribunal señaló las 09:00 nueve horas del día 20 veinte de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, para la celebración de la Audiencia de Pruebas, Alegatos y Resolución." Ahora bien, si bien es cierto que la autoridad responsable rindió su informe justificado (fojas 49-51), también lo es que no remitió la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado que dio origen al presente juicio en que se actúa. En consecuencia, se requirió al Presidente responsable para que dentro del término de tres días, contado a partir de su notificación, remitiera copia certificada, completa y legible de la totalidad de constancias relacionadas con el expediente del que deriva el acto reclamado. Atento a lo anterior, mediante proveído de nueve de noviembre actual, se tuvo por recibido el oficio suscrito por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en auto cinco de noviembre del año en curso, remitió copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral número 339/2015. Ahora bien, de los autos que integran el juicio de amparo, se aprecia que el ocho de octubre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda en la que se tuvo a la parte quejosa compareciendo a esta instancia constitucional a reclamar del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de la autoridad responsable de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, dentro del expediente laboral número 339/2015. Al momento de rendir su informe justificado, la autoridad responsable manifestó que no era cierto el acto que se le atribuye, toda vez que en auto de treinta y uno de agosto de dos mil quince (65), se admitió a trámite la demanda promovida por el aquí quejoso Abel Olivares Munguía, a través de su apoderada jurídica Laura Lilia García González y por auto diecisiete de octubre actual, señaló las nueve horas del veinte de noviembre del año en curso, para la celebración de la Audiencia de Pruebas, Alegatos y Resolución (foja107 vuelta) dentro del expediente de origen. Ahora bien, de las constancias que remitió el Presidente responsable como complemento a su informe justificado se advierte que el diecisiete de octubre actual la autoridad responsable señaló las nueve horas del veinte de noviembre del año en curso, para la celebración de la Audiencia de Pruebas, Alegatos y Resolución (fojas 50 y 107) dentro del expediente laboral número 339/2015, del cual reclamó la omisión de la autoridad responsable de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, dentro del juicio de origen, se estableció como acto reclamado por la parte quejosa en su escrito de demanda, lo cual se advierte de la copia certificada que acompañó a su oficio la autoridad en cita. En la especie, de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de su derecho, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior revela que, al momento de promover la demanda de amparo, existía el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión referida en párrafos precedentes; sin embargo, durante la substanciación del presente juicio, cesaron los efectos de dicho acto al haberse señalado fecha para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución en el juicio de origen, destruyendo en forma inmediata, total, incondicional y material sus efectos, restituyendo en el pleno goce del derecho violado al quejoso como si le hubiera concedido la protección constitucional. Por tanto, resulta claro que al haber señalado la autoridad responsable la fecha para la celebración de la Audiencia de Pruebas, Alegatos y Resolución dentro del juicio de origen, cesó la omisión reclamada; actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por haber cesado en sus efectos jurídicos la omisión reclamada a la autoridad responsable. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en el mes de febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues es claro que el acto reclamado dejó de existir, por tanto, estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Hágase relación de lo anterior en la audiencia respectiva. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la prueba ofrecida por el presidente señalado como autoridad responsable. Por otra parte, del informe justificado que rinde la autoridad referida, se advierte que no remitió la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado que dio origen al presente juicio en que se actua. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo requiérase nuevamente a la autoridad en cita para que dentro del improrrogable término de tres días, contado a partir de su legal notificación, remita copia certificada, completa y legible de la totalidad de las constancias relacionadas con el expediente del que deriva el acto reclamado, a fin de que este juzgado se encuentre en condiciones de resolver el presente juicio, apercibida que de no cumplir con ello se harán efectivos los apercibimientos formulados en el auto de doce de junio de dos mil diecisiete. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene por formulado el pedimento de la agente del Ministerio Público Federal, con éste dese cuenta en la audiencia constitucional. En relación con la solicitud de copia de la resolución que se dicte en el presente asunto, una vez que sea pronunciada expídasele la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistida del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.JMG/jjsg*

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