Abimael García García
Expediente 499/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 499/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Abimael García García
- Agente Tercero del Ministerio Público de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del treinta de julio de dos mil dieciocho, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 499/2018, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio se da cuenta al juez con la documental allegada por la parte quejosa así como las ofertadas por el Agente Tercero del Ministerio de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. El juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales allegadas por la parte quejosa así como las ofertadas por la citada autoridad responsable; asimismo, a las demás partes se les tiene por precluído el derecho para ofrecerlas. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez provee: Se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Abimael García García, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes: Autoridades responsables: Agente Tercero del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán; y, Coordinador General de la Agencia de Investigación y Análisis de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. Ambos residentes en esta ciudad. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de once de junio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la presente demanda de amparo, registrándose en el libro de gobierno con el número 499/2018, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado a las autoridades responsables, se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama un acto de naturaleza omisiva y la demanda se presentó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie, el acto reclamado consiste en: El citatorio de cuarto de junio del año en curso, en el que se requiere al quejoso Abimael García García, para que comparezca ante el Agente Tercero del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, en cuanto su probable responsabilidad por el delito de extorsión, dentro la carpeta de investigación MOR/053/10418/2017, NUC 1003201720849, así como su ejecución. Tercera. Estudio de las causales de improcedencia. Las autoridades responsables al momento de rendir sus informes justificados manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman. No pasa desapercibido para este juzgador, que el quejoso adjuntó un citatorio de cuarto de junio del año en curso, en el que se requería al quejoso Abimael García García, para que compareciera ante el Agente Tercero del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, para el efecto de que rindiera su entrevista, en cuanto su probable responsabilidad por el delito de extorsión, dentro la carpeta de investigación MOR/053/10418/2017, NUC 1003201720849. Asimismo, de las documentales que con posterioridad allegó el Agente Tercero del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, se advierte que el seis de junio del dos mil dieciocho, el quejoso compareció ante las instalaciones de la Agencia Tercero del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, lugar en que se llevó a cabo su entrevista como imputado. Documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. Cuarta. Estudio de las causales de improcedencia. En el presente asunto, este juzgado de Distrito estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo que, durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior, revela que al momento de promover la demanda de amparo (ocho de junio de dos mil dieciocho) existía el acto reclamado por la parte quejosa consistente en pretender privar de la libertad al quejoso y su ejecución; sin embargo, durante la substanciación del presente juicio, cesaron los efectos de dicho acto ya que el seis de junio del dos mil dieciocho, el quejoso compareció ante las instalaciones de la Agencia Tercero del Ministerio Público de la Unidad Especializado en Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. Por lo anterior, debe considerarse que el acto positivo reclamado cesó en sus efectos, en virtud de que cesó en sus efectos al haber comparecido al quejoso ante la autoridad responsable. Apoya por analogía la Jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos el acto reclamado. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en la consideración cuarta de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Abimael García García, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el resultando primero de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que en proveído de cuatro de julio del año en curso, se dio vista a las partes con el contenido del oficio remitido por el Agente Tercero del Ministerio Público de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, con el que allegó las documentales relacionadas con los actos reclamados. Por tanto, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las diez horas con treinta minutos del treinta de julio de dos mil dieciocho, para su verificativo. Apoya a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Por otro lado, se tiene por recibido el escrito firmado por Edgar Mujica Aguilar, autorizado de la parte quejosa, y como lo solicita con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles expídase a su costa la copia en los términos que solicita, previo recibo que se deje en autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Abimael García García, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en torno al informe justificado rendido por la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la documental que anexa en apoyo a su informe la autoridad responsable en cita, la cual se ordena relacionar en la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que el quejoso anexa un citatorio de cuatro de junio de dos mil dieciocho, firmado por el Agente Tercero del Ministerio de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, en el que requiere al quejoso para que comparezca ante él, a efecto de que rinda su entrevista, en cuanto probable responsabilidad del delito de extorsión, dentro de la carpeta de investigación MOR/053/10418/2017, NUC 1003201720849. Por otro lado, del informe justificado rendido por el Agente Tercero del Ministerio de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se limitó a decir que no era cierto el acto que la parte quejosa le reclama en el presente juicio. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo, y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días previsto en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, contado a partir de surta efecto la notificación del presente auto, remita a este juzgado copia certificada y legible de las principales constancias que integran la carpeta de investigación MOR/053/10418/2017, NUC 1003201720849. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, o bien, no informar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedora a una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo con el artículo 237, fracción II, en relación con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe. Finalmente, téngase al promovente de referencia objetando el informe justificado rendido por la autoridad responsable, en cuanto a su contenido; mismo que será valorado al resolver en definitiva este juicio. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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