Abelardo Alvarez Pablo

Expediente 738/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
738/2020
Año
2020
Actuaciones
26
Última actuación
12/05/2022

Partes del expediente

  • Abelardo Alvarez Pablo
  • Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita le sea devuelta, la carpeta de ejecución ********************, que remitió mediante diverso oficio 602 de veintisiete de octubre de dos mil veinte. En virtud de lo anterior y como lo solicita la autoridad responsable, devuélvase la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Asimismo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el original del incidente de suspensión. Devuélvase a la autoridad responsable Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, las documentales que allegó al presente asunto, mismas que obran en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Abelardo Álvarez Pablo, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en el artículo 1, 5º, 14, 16, 17, 19, 20 apartado A, fracciones I, II, III, IV y V, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, por lo que se registró con el número 738/2020, y previo cumplimiento a la prevención formulada, se admitió mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil veinte, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Luego, en proveído de cuatro de junio de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de terceros interesados a Javier Giovanni Ramos Ponce y Pedro Ramos Morales en cuanto víctimas directa del delito dentro del procedimiento ordinario de ejecución POSA-93/2020, así como al Agente del Ministerio Público adscrito a la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, por lo que se ordenó su emplazamiento. Seguido el juicio por sus cauces legales, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo al tenor de las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad jurisdiccional con residencia en esta ciudad. Segunda. Fijación de los actos reclamados. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por el quejoso al Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, es: La sentencia de once de septiembre de dos mil veinte, dictada dentro del toca penal XI-33/2020, que confirmó la resolución pronunciada por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Morelia, en la audiencia oral de trece de marzo del mismo año, dentro del cuaderno de ejecución POSA-93/2020, por la que se establecieron las condiciones que debería cumplir el sentenciado Abelardo Álvarez Pablo, para acogerse al beneficio de la suspensión condicional. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le atribuye. Lo que se corrobora con el cuaderno original relativo al toca de apelación XI-33/2020 del que deriva la resolución reclamada, así como del expediente POSA-93/2020 [dos tomos]; documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° (un tomo de pruebas). Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, registro: 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación; ello, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso las partes no invocaron causal de improcedencia de la acción constitucional ni de manera oficiosa se advierte la existencia de alguna; por tanto, procede realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinta. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Precisado lo anterior, y analizados que fueron los motivos de inconformidad que aduce la parte quejosa, se concluye que resultan infundados. Se afirma lo anterior, pues al respecto, en los dos conceptos de violación que vertió en su demanda constitucional, sostiene medularmente: Que la sentencia de segunda instancia le causa agravios por su indebida fundamentación y motivación al confirmar la resolución del juez de ejecución, porque el magistrado responsable no valoró las circunstancias del caso concreto, como dispone el artículo 83 del Código Penal del Estado, en el caso, que siempre estuvo presente cuando lo requirió la autoridad, que no trató de obstaculizar las audiencias ni la impartición de justicia y cumplió cabalmente con la medida cautelar decretada en el juicio. Que es cierto que la sanción deviene de una sentencia firme del juez de control, pero el citado artículo 83 precisa que en cuanto a las demás sanciones impuestas, el juez resolverá según las circunstancias del caso, mas no dice que se negará la suspensión de las sanciones diferentes a la de la pena de prisión y multa, y lo que no está prohibido, se entiende legalmente que está permitido, es decir, que la suspensión abarca todas y cada una de las sanciones que fueron impuestas al sentenciado. Que en la sentencia se concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena y no se mencionó que los accesorios como es la destitución del empleo no se concediera, sino únicamente se limitó a conceder dicho beneficio, por lo que debe aplicarse en favor del sentenciado el principio pro-persona ya que al no haberse prohibido que también se suspendiera la baja del empleo, los accesorios de la sentencia deben seguir el mismo curso que la suspensión de la pena privativa de la libertad y la multa. Que la resolución reclamada es violatoria de garantías porque el magistrado confunde sus agravios en el sentido de que presume se pretende variar la sentencia del juez de ejecución de sanciones, pero lo cierto es que sólo pretende que se conceda el beneficio de la suspensión total de los efectos de la sentencia en general, porque en la referida resolución no dice que dicho beneficio sea única y exclusivamente sobre la pena de prisión y multa, pues en caso contrario habría apelado de inmediato esa resolución, razón por la cual sostiene que el magistrado responsable no entró al estudio de las circunstancias del caso y mucho menos de sus agravios. Que en caso de ejecutarse como se pretende la ejecución de la pena, se conculcarían sus derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 5º, 14, 16, 21 y 123 de la Constitución, pues se estaría violentando que pueda gozar una suspensión de manera completa sobre la sentencia emitida por el juzgador del proceso abreviado. Al efecto, como ya se adelantó, los anteriores motivos de disenso deben calificarse de infundados. Sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso lo perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo. En efecto, este órgano de control constitucional estima apegada a derecho y a la constitución la determinación reclamada, pues contrario a lo que afirma el peticionario del amparo, una vez que el Magistrado responsable realizó el estudio de los agravios, correctamente determinó que son infundados. Al respecto, estableció primeramente como antecedentes del caso, que el seis de febrero de dos mil veinte el juez de control y enjuiciamiento del sistema de justicia penal acusatorio y oral, región Morelia, emitió sentencia condenatoria contra Abelardo Álvarez Pablo y otros, imponiéndoles las sanciones siguientes: En total 5 años de prisión, por la comisión de los delitos de abuso de autoridad y lesiones, cometidos en agravio de Javier Giovanni Ramos Ponce y Pedro Ramos Morales; El pago de $85,000.00 por concepto de reparación del daño a favor de las víctimas directas, suma que en la fecha de la audiencia fue cubierta por los sentenciados; Multa por la cantidad de $14,194.32.00, a cada uno; Se determinó la suspensión de sus derechos políticos, por el mismo tiempo de la pena de prisión; Se les sancionó con la destitución del empleo que ostentaban como policías municipales de Pátzcuaro, Michoacán; Restricción de entablar comunicación con las víctimas u de aproximarse a éstas y sus domicilios a una distancia mínima de 50 metros, por el mismo término de la duración de la sanción de prisión; y, Se les concedió el sustitutivo penal establecido en el artículo 81 del Código Penal del Estado, consistente en la suspensión condicional de la ejecución de la pena por la sanción de prisión impuesta, quedando a salvo su derecho de tramitarlo ante el juez de ejecución competente. Luego, precisó que en la resolución impugnada, el juez de ejecución dijo que: En razón de que el juez de control mediante resolución definitiva concedió al sentenciado el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por lo que bastaba complementar dicho beneficio en la fase de ejecución para que pudiera acogerse al mismo. Estableció las dos modalidades previstas en la fracción I, del artículo 82 del Código Penal (otorgar garantía o sujetarse a medidas). Determinó que el artículo 83 de la codificación sustantiva estatal prevé que la suspensión comprenderá únicamente la pena de prisión y la multa, por tanto, las demás sanciones impuestas al sentenciado deberá cumplirlas, entre ellas la destitución y la suspensión de sus derechos políticos, pues los promoventes consintieron la sentencia condenatoria que fue declarada ejecutoriada y constituye cosa juzgada. Declaró improcedente la solicitud de la defensa respecto a que también se suspendiera el cumplimiento de la destitución del empleo de policía municipal de Pátzcuaro, Michoacán, que ostentaba el recurrente, por carecer de facultades para modificar las sanciones impuestas en sentencia. Por tanto, en atención a lo decidido en la resolución impugnada y los motivos de disenso del apelante, el magistrado responsable acertadamente estableció que, conforme a los artículos 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 25, 116, 188 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que la jurisdicción del juez de ejecución se encuentra limitada a garantizar el efectivo cumplimiento de las sanciones penales, sean o no privativas de la libertad, y de la prisión preventiva, salvaguardando la invariabilidad de la cosa juzgada, es decir, le corresponde supervisar la ejecución de las sentencias en los términos en que fueron dictadas, teniendo vedado modificarlas, a no ser que con posterioridad la punibilidad de algún delito fuera disminuida por el legislador o la conducta dejara de tener el carácter de delictiva. Asimismo, quien esto resuelve estima ajustado a derecho lo que sostuvo la autoridad responsable, en el sentido de que el juez carece de atribuciones para, en la etapa de ejecución, resolver sobre la procedencia o no de la suspensión de las demás sanciones impuestas por el juez de control, respecto de las que no determinó la suspensión con el beneficio concedido a los sentenciados, como dispone el numeral 83, primer párrafo, del Código Penal del Estado y que, incluso, no estableció como comprendida dentro de los alcances del beneficio de la suspensión condicional de la pena, sino únicamente en lo que hace a la ".sanción de la prisión." Por lo mismo, también resulta acertado lo expuesto por el tribunal de alzada, en el sentido de que si la suspensión de la destitución del empleo de los sentenciados y la suspensión de derechos políticos por el lapso de la duración de la sanción de prisión no fue establecida en la sentencia del procedimiento abreviado para ejecutarse como parte integrante del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, no causa agravio al quejoso lo resuelto por el juez de ejecución, pues su determinación deriva de una sentencia que no fue impugnada en apelación y, por ende, sin posibilidad legal de modificar los términos y alcances del beneficio de la suspensión condicional ejecución de la pena; máxime que las sanciones fueron pactadas por los interesados y las consintieron al dictarse la resolución que adquirió la cualidad de cosa juzgada, como bien lo estimó el juzgador. En esa virtud, en oposición a lo que aduce el quejoso, es correcto que el magistrado responsable estableciera que dentro de las funciones del juez de ejecución no se encuentra la de revisar sentencias de otros jueces, ni modificar sus determinaciones, por tanto, al no haber concedido el juez de control la suspensión de la destitución de empleo de los sentenciados y la suspensión de sus derechos políticos, la única vía para modificar el cumplimiento de esas sanciones era el recurso de apelación, a efecto de que el órgano de segunda instancia se pronunciara sobre la procedencia o no de la referida suspensión con motivo de la concesión del beneficio en comento. Ello, -puntualizó la autoridad responsable- de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 83 del Código Penal del Estado, en la parte donde dispone que las demás sanciones diversas a la pena de prisión y multa, se resolverán por el juez según las circunstancias del caso, esto es, de inicio el único facultado para determinar la inclusión de la suspensión de las sanciones en mención en la concesión del beneficio examinado es el juez que las impuso, o bien, la autoridad de segundo grado al momento de revisar la resolución de primera instancia. Por otro lado, -en concepto de quien resuelve- es correcto que se estableciera dentro de las modalidades el cumplimiento de la sanción, la consistente en la suspensión de derechos del sentenciado Abelardo Álvarez Pablo, en atención a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó que atendiendo a la naturaleza accesoria de aquella a la pena de prisión, como esta no se modifica con la concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, deben permanecer suspendidos los derechos políticos del sentenciado hasta en tanto se extinga la sanción privativa de libertad, supuesto que no acontece en la sustitución de la pena de prisión, ya que en esta hipótesis ésta se extingue y en consecuencia, la suspensión de derechos políticos sigue la misma suerte por tener el carácter de accesoria. Lo anterior así se advierte de la contradicción de tesis 15/2010, -invocada por el tribunal de apelación- misma que dio origen a la jurisprudencia del rubro "SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. CONTINÚA SURTIENDO EFECTOS AUNQUE EL SENTENCIADO SE ACOJA AL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA". Finalmente, concluyó el magistrado de apelación, que el pronunciamiento impugnado respetó los principios de igualdad ante la ley y entre las partes, juicio previo debido proceso, al observarse que se garantizó el derecho del quejoso de defensa adecuada, le concedió oportunidad de ofrecer pruebas, las admitió y desahogó y al momento de resolver aplicó la ley correspondiente sin que se actualizara el supuesto del principio pro persona al no existir controversia en la aplicación de dos normas que establecieran un mismo derecho, y que la consecuencia de uno de ellos resultara más favorable al sentenciado. En esa virtud, quien esto resuelve advierte que contrario a lo que afirma el peticionario del amparo, no correspondía al magistrado responsable valorar las circunstancias del proceso a que alude el enjuiciado, pues las mismas quedaron establecidas en la sentencia dictada en el procedimiento abreviado llevado a cabo ante el juez de control, sin que el quejoso se hubiere inconformado con ella, por lo que en ese sentido, lo determinado en dicha resolución es cosa juzgada y la decisión de confirmar la determinación impugnada, es ajustada a derecho. En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación aducidos y no advertirse deficiencia alguna que deba suplirse de oficio, procede negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Abelardo Álvarez Pablo, por su propio derecho, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en la consideración quinta de la presente resolución. Segundo. Publíquese este fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

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