Abelardo Ayala Villaseñor
Expediente 187/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 187/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Abelardo Ayala Villaseñor
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada el dos de octubre de la presente anualidad, en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 187/2020. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El veinticuatro de febrero de dos mil veinte, Abelardo Ayala Villaseñor, por su propio derecho presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de veinticinco de febrero siguiente, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 187/2020, por lo que se ordenó el emplazamiento de la autoridad responsable. TERCERO. En cumplimiento a lo establecido en los Acuerdos Generales 04/2020, 06/2020, 08/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública COVID-19, se suspendieron las labores en los órganos del Poder Judicial de la Federación, en el periodo comprendido del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. En proveído de veinte de agosto de este año, se ordenó la reanudación del trámite en el presente juicio, con fundamento en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Así las cosas, previo los trámites de ley, el día de hoy se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado, el cual, una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo y las constancias que integran el presente juicio de derechos fundamentales, se concluye que consiste en el siguiente: De la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad: La omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral 2A-3131/2017. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el reclamado a la autoridad responsable pues así lo reconoció al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas que remitió con su informe de ley, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. CUARTO. Procedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, sea que lo hagan valer las partes o se advierta de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Este órgano jurisdiccional de oficio advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo. La fracción XXI del referido numeral 61 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. .". La causal de improcedencia en comento tiene dos hipótesis de actualización, a saber: a. Por revocación, cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, siendo el gobernado restituido en el goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. b. Por sustitución, cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. Criterio que se sustenta en la tesis I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Para que se actualice la causal de improcedencia en alusión, es menester que la autoridad responsable emita un nuevo acto que no solo revoque o derogue el acto combatido por la vía constitucional, o que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular. Al respecto se invoca, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De tal manera que la cesación de efectos no es más que el hecho de que la autoridad a la que se le imputa el acto reclamado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que esa afectación no sólo debe ser definitiva sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Entonces, la citada hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a las autoridades responsables a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En ese contexto, como se precisó, el quejoso reclamó de la autoridad responsable la omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral 2A-3131/2017. La autoridad responsable con su oficio J-II-804/2020 que presentó ante este juzgado en esta propia fecha, remitió copia certificada del laudo que emitió el diecisiete de marzo del año en curso, dentro del referido juicio laboral. Dicha constancia cuenta con valor probatorio de acuerdo a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, al ser un documento público. Lo anterior patentiza la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 62 de la Ley de Amparo, dado que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado. Se considera de tal manera ya que el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de la responsable de emitir el laudo dentro del juicio laboral en el cual el quejoso es actor, y de la información y constancias que allegó la autoridad responsable se obtiene que posterior a la presentación de la demanda de amparo emitió el laudo correspondiente, esto es, resolvió el fondo del ordinario laboral. Ante ello resultaría ocioso examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pues dejó de tener eficacia en la esfera jurídica del impetrante de garantías; y ante ello, no existe agravio alguno que deba ser reparado en esta instancia constitucional. Por lo anterior, se estima acreditada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, con fundamento en el numeral 63 fracción V, de la misma norma, procede SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO. QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Abelardo Ayala Villaseñor, por los razonamientos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, KATIA OROZCO ALFARO, ante la secretaria Maira Flor López Valencia, con quien actúa y da fe.
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